Ajinomoto del Perú S.A — Res. 211-2023

Mediante Orden de Inspección N° 444-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 228-2020-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante el cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una infracción muy grave a la labor inspectiva por el incumplimiento de su deber de colaboración, al no haber exhibido la documentación solicitada para el día 06 de marzo de 2020.

Mediante Imputación de Cargos N° 154-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI/IC, de fecha 08 de abril del 2021, notificada a la impugnante el 12 de abril de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 251-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, de fecha 11 de mayo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 005-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 05 de enero de 2022, notificada el 07 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 42,570.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 28 de enero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 005-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 063-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 31 de marzo de 20222, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 25 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 063-2022- SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000300-2022- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 28 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que AJINOMOTO DEL PERU S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 063-2022- SUNAFIL/IRE-CAL, que confirmó la sanción impuesta de S/ 42,570.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 05 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por AJINOMOTO DEL PERU S.A.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento9, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa10, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Por su parte el artículo 44 inciso a) de la LGIT, establece como uno de los principios del procedimiento sancionador a la observancia al debido proceso. Se trata de un derecho material “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Asimismo, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, precisa que, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento, tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En el presente caso, desde un análisis formal, se aprecia que las instancias de mérito dieron respuesta a los argumentos de defensa expuestos en el recurso presentado, al emitir pronunciamiento tanto sobre lo resuelto en la Resolución de Sub Intendencia como en la Resolución de Intendencia, señalando las razones que sustentan su decisión. Por lo que, se debe desestimar todos los argumentos dirigidos en este extremo.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa12, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto.

A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material13.

Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí14, se ha expresado lo siguiente: “La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

De la revisión de los actuados, se identifica que, a través del Informe Final de Instrucción, la autoridad instructora sí analizó los descargos presentados por la impugnante, detallando uno a uno los motivos por los cuales éstos no fueron amparados. En similar sentido, la Resolución de Sub Intendencia, también desarrolla el análisis de los descargos presentados por la impugnante. Por consiguiente, no se evidencia la pretendida falta de valoración o motivación sostenida en el recurso de revisión, toda vez que la Resolución de Intendencia también valora los alegatos de la impugnante, desvirtuando los mismos.

Asimismo, se ha evaluado los medios probatorios presentados por la inspeccionada tanto en la etapa inspectiva como en el procedimiento sancionador, sin que se enerve la responsabilidad por el incumplimiento detectado, y tipificando adecuadamente la conducta infractora.

Sobre el particular, del análisis de la Resolución de Intendencia se evidencia que la autoridad de segunda instancia, en sus fundamentos se ha pronunciado sobre los aspectos alegados en el recurso de apelación planteado por la Inspeccionada, en consideración a los hechos corroborados en las actuaciones inspectivas. Adicionalmente, se ha garantizado la debida motivación de las actuaciones y documentos emitidos por la

Por tanto, de la revisión de las resoluciones expedidas tanto por primera y segunda instancia, esta Sala no logra evidenciar una afectación al derecho de defensa ni debido procedimiento de la impugnante, pues las mismas se encuentran debidamente motivadas en relación a los hechos constatados por los inspectores de trabajo, contenidos en el Acta de Infracción, y que, de acuerdo a los artículos 16 y 47 de la LGIT, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Ahora, sobre las disposiciones normativas vigentes de la materia, y a los argumentos y pruebas aportadas por la impugnante, estas no han logrado justificar el incumplimiento normativo en materia de relaciones laborales y a la labor inspectiva en el que ha incurrido la impugnante.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia , como la Resolución de Intendencia , han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa, legalidad, verdad material, igualdad de trato, buena fe y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación. Por lo que no se advierte una Inaplicación del inciso a) del artículo 44 de la LGIT y del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en los términos alegados por la impugnante, correspondiendo no amparar el referido recurso.

Ahora bien, esta Sala valora respecto al principio de licitud, que se encuentra regulado en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual esboza que “las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”.

Respecto a ello, cabe precisar que el comportamiento de la impugnante no constituye una colaboración efectiva a la fiscalización. De esta forma, puede establecerse un comportamiento contrario a la buena fe procedimental; por ello, no resulta amparable dicho proceder conforme al principio invocado en el recurso de revisión.

Sobre el particular, el TUO de LPAG establece “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”15. (énfasis añadido)

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT, establece: “que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.”

En cuanto a las modalidades de actuación, es propicio indicar que el texto del artículo 11 de la LGIT16, vigente a la fecha de las diligencias inspectivas, contempla que las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan, entre otros, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas podrán proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 36 de la LGIT define que: “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento”.

Concordante con lo anterior, el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT tipifica y califica como infracción muy grave a la labor inspectiva, la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o

En el caso en particular, del expediente inspectivo se verifica que:

No obstante, en la comparecencia realizada el inspector comisionado obtuvo información y documentación incompleta, toda vez que el inspeccionado no exhibió lo requerido en los puntos (4) y (6) y (7) de la citación. Por tal motivo, a efectos de continuar con la Orden de inspección, se procedió a notificar nuevamente al Sujeto inspeccionado con un Requerimiento de comparecencia, en ese sentido, se fijó como fecha de la diligencia para el 06 de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la Oficina de la Intendencia Regional del Callao, ubicada en Av. Sáenz Peña N°214 - Callao; requiriendo que cumpla con presentar la siguiente documentación:

Sin embargo, en la fecha programada la impugnante no presentó la información solicitada por el inspector comisionado en el punto 2; es decir, las Declaraciones de impuesto a la renta, más anexos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Sobre ello, cabe señalar que se le otorgó un plazo razonable al sujeto inspeccionado, a efectos que pueda presentar estos documentos en las oficinas donde se llevó a cabo la diligencia. Asimismo, es pertinente indicar que debido a que la Inspeccionada no exhibió la documentación solicitada en reiteradas oportunidades por el personal inspectivo conllevó a que no se pueda verificar si realizó un pago íntegro o diminuto de las utilidades a sus trabajadores. En ese sentido, impidió que se cumpla con la finalidad de la Orden de inspección, frustrando con ello la idoneidad de la fiscalización.

Dicho ello, repárese que, de conformidad a lo establecido en los artículos 1617 y 4718 de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe; sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.

Por su parte, la impugnante admite en su recurso de revisión no haber entregado la documentación al inspector comisionado en la comparecencia del 06 de marzo de 2020; sin embargo, alega que remitió la referida documentación, en la misma fecha, al correo rduenas1_adm@hotmail.com, afirmando que éste le pertenecería al inspector y que fue consignado en los documentos del procedimiento inspectivo, con lo que completó todo el requerimiento del inspector de trabajo. Del mismo modo, alega vulneración al derecho de defensa, toda vez que el inspector comisionado omitió considerar en el Acta de infracción y en la imputación de cargos la documentación aparentemente presentada, vulnerando su derecho de defensa y al debido procedimiento.

Para emitir un pronunciamiento al respecto, se debe señalar que, sobre el derecho de defensa invocado, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 01147-2012-PA/TC, señala, en sus fundamentos décimo quinto y décimo sexto, lo siguiente:

Ahora bien, en atención a lo alegado por la impugnante, debe mencionarse que, en la comparecencia realizada el 06 de marzo de 2020, la Inspeccionada sólo exhibió la siguiente documentación:

En ese sentido, se colige que la inspeccionada admite, que no exhibió la documentación requerida en el punto (2) del requerimiento de comparecencia programado para el 06 de marzo de 2020, a pesar de tener conocimiento de la misma. Por lo tanto, no hay fundamento alguno esbozado por la impugnante que demuestre la vulneración al derecho de defensa, siendo que la impugnante no ha cumplido con presentar la información requerida en la fecha de la diligencia Inspectiva programada, en ese sentido, corresponde desestimar lo argumentado en este extremo del recurso de revisión.

Adicionalmente, la impugnante insiste en rechazar la conducta atribuida en el presente procedimiento, afirmando que ha colaborado en todo momento con la inspección y que ha presentado toda la información requerida, a través de la información enviada al correo personal del inspector comisionado.

Sobre ello, cabe señalar que estando a que, de la revisión de los actuados, se advierte que la impugnante no ha presentado argumentos ni documentos que desvirtúen el hecho constatado por el inspector comisionado, contenido en los numerales 4.4 y 4.5 de los hechos constatados del Acta de Infracción, referente a que en la comparecencia del 06 de marzo de 2020 obtuvo información y documentación incompleta por parte de la impugnante, al no haber este exhibido lo requerido en el punto (2) de la citación notificada el 02 de marzo de 2020 (Declaraciones de impuesto a la renta más anexos de los años 2015, 2016, 2017 y 2018). Siendo ello así, y habiendo verificado las actuaciones inspectivas realizadas en el caso de autos, ha quedado evidenciado el incumplimiento del impugnante de entregar información requerida al inspector comisionado, hecho que constituye un incumplimiento al deber de colaboración que frustra la realización de la

Respecto al correo electrónico que manifiesta haber remitido al inspector de trabajo, y que según afirma “fue consignado en los documentos del procedimiento inspectivo”, cabe señalar que en ningún extremo de las actuaciones inspectivas se encuentra registrado tal hecho; asimismo, a lo largo del procedimiento sancionador, la inspeccionada no ha probado que ello fuere cierto, remitiéndose a señalar reiteradamente que dicho correo “fue consignado en los documentos del procedimiento inspectivo”, sin indicar en qué documento o dónde se consignó dicho correo; además, como se ha señalado anteriormente, de la revisión del expediente inspectivo, no se corrobora lo afirmado por la inspeccionado, constituyendo una conducta temeraria de parte de la impugnante en el marco del procedimiento sancionador. Cabe precisar además que el referido correo electrónico al que el impugnante señala haber enviado la información requerida en el procedimiento inspectivo, no es el correo institucional del inspector de trabajo Raúl Dueñas Ramos, a cargo de las actuaciones inspectivas.

Asimismo, es importante señalar que todo el procedimiento inspectivo se llevó a cabo mediante comparecencias, por lo que la presentación de documentos era presencial, en ningún momento se estableció que esta presentación podría ser por correo electrónico. Bajo las consideraciones expuestas, se deduce que los argumentos esbozados por la impugnante en su recurso de revisión no cuentan con respaldo probatorio que demuestre lo contrario a lo consignado en el Acta de Infracción y las actuaciones inspectivas desarrolladas; en tal virtud, no se advierte que la Inspeccionada haya cumplido con su deber de colaboración a la función inspectiva, en tanto debía cumplir durante la inspección con la obligación de presentar la información requerida por el inspector comisionado. Por consiguiente, corresponde desestimar dicho argumento de la impugnante vertido en su recurso de revisión.

Sobre el particular, cabe resaltar que las infracciones a la labor inspectiva son de naturaleza insubsanable, como precisa la Resolución Directoral N° 29-2009-MTPE/2/11.4, que aprueba la relación de criterios aplicables en la inspección del trabajo. Infracción que se configura por acción u omisión del sujeto inspeccionado ante un actuar contrario al deber de colaboración con el inspector o inspectores de trabajo, como es la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.” En consecuencia, la conducta de la inspeccionada constatada en autos, frustró la fiscalización sobre la determinación del pago íntegro o diminuto de las utilidades a sus trabajadores, cuya verificación era el objeto de las actuaciones inspectivas.

Así también, es de precisar que, en el presente caso, no sólo se ha merituado la conducta reprochable, constitutiva de infracción, que vulnera el precepto legal que regula la colaboración a la función inspectiva, sino que se puede establecer que dicho comportamiento impidió que el inspector actuante cumpliera con el objeto de la inspección, conllevando a que se termine frustrando la fiscalización.

Entonces, tomando en cuenta que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, deben prestar la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones, por tanto, la impugnante se encontraba en la obligación legal de proporcionar

En ese sentido, la conducta constatada en autos frustró la fiscalización idónea sobre la verificación de pago íntegro o diminuto de las utilidades a sus trabajadores. En ese orden de ideas, se ha verificado la configuración del tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, con la conducta de la impugnante referida al incumplimiento de su deber de colaboración hacia el inspector comisionado, al no exhibir la documentación solicitada programada para el día 06 de marzo de 2020; conforme lo han determinado, adecuadamente, las instancias de mérito.

El principio de razonabilidad19 es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y resulta una exigencia en todas las actuaciones que desempeña la Administración Pública.

En esa línea, López González, expresa lo siguiente20: “En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el desenvolvimiento del Derecho Público y por ello también el del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la consagración que formula el principio de legalidad y de la garantía y protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses generales con la menos e indispensable restricción de las libertades”.

De ahí que el principio de razonabilidad fue concebido más bien como un mecanismo destinado a controlar el ejercicio de potestades públicas al momento de imponer

De acuerdo a lo expuesto, y conforme a las atribuciones que orientan a este Tribunal respecto a las infracciones calificadas como muy graves, se observa la imposición de tres (03) multas administrativas; supuesto que ha sido corroborado en la presente resolución, al determinarse que la impugnante ha incurrido en las infracciones imputadas.

Ahora bien, se debe señalar que las multas impuestas han sido determinadas, conforme al cuadro de sanciones establecidos en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, cuyo tenor ha sido diseñado en función a la dimensión del infractor, la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados.

Por tanto, de los actuados se verifica la observancia del principio de razonabilidad al momento de imponer la presente multa administrativa, obedeciendo la misma, a los parámetros legalmente establecidos por el ordenamiento de inspección de trabajo, siendo la medida punible más idónea y de menor afectación para la inconducta verificada en autos y de acuerdo a la dimensión empresarial de la impugnante. Por consiguiente, corresponde a la impugnante asumir la sanción económica impuesta, no resultando amparable dicho extremo del recurso de revisión

Respecto al Principio de objetividad debemos señalar que conforme al numeral 16 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 (en adelante, la LGIT), “El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores:(…) 16. Objetividad, en razón de la cual toda actuación de la inspección de trabajo se realiza sobre la base de una debida e imparcial evaluación de los hechos y fundamentos de derecho, evitando apreciaciones subjetivas”.

Asimismo, es pertinente indicar que, la normativa alegada se encuentra referida a la inspección de trabajo, en dicho sentido, de la revisión del expediente inspectivo, se advierte que la Inspeccionada no cumplió con su deber de colaboración hacia el inspector comisionado, al no exhibir la documentación solicitada programada para el día 06 de marzo de 2020.

Ahora bien, en el acta de infracción, se detalla que dicho incumplimiento es considerado una infracción a la labor inspectiva; lo cual fue consignado, de manera objetiva, por el inspector comisionado en el Acta de infracción. En tal sentido, corresponde no acoger lo alegado en este extremo del recurso de revisión.

El principio de eficacia que establece: “Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados (…)”, invocado en mérito a la supuesta presentación de

Respecto al Principio de informalismo es pertinente señalar que la impugnante, al incumplir con brindar al personal inspectivo la documentación solicitada en el requerimiento de comparecencia pactada para el 06 de marzo de 2020, incurre en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Por lo que, el inspector comisionado al imponer la sanción correspondiente, no vulneró el principio de informalismo, contenido en el numeral 1.622 del artículo IV del TUO de la LPAG. Por tanto, no cabe amparar lo alegado por el Sujeto inspeccionado.

En consecuencia, ha quedado plenamente acreditado el incumplimiento advertido en el Acta de Infracción, configurando su conducta dentro del tipo infractor 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dado que la conducta constatada en autos frustró la fiscalización.

Por otro lado, corresponde indicar que en la Resolución N° 311-2021-SUNAFIL/TFL, la impugnante sí llegó a remitir la información solicitada, por tanto, se pudo cumplir con la finalidad de la Inspección de Trabajo, a diferencia del presente caso, en donde como se ha evidenciado el Sujeto inspeccionado no presentó la información requerida por el personal inspectivo, frustrando la fiscalización. En consecuencia, no estamos ante los mismos supuestos de hecho, no siendo de aplicación el criterio contenido en dicha Resolución. Por tal razón, corresponde desestimar los argumentos en este extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.