Consorcio San Juan 12

Mediante Orden de Inspección N° 216-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 202-2022-SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 386-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, notificado el 30 de noviembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 221-2023-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, notificado el 25 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ucayali, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 297-2023-SUNAFIL/IRE- UCA/SISA, notificada el 12 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 04 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 297-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, presentando argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT2, concordante con el artículo 55° del RLGIT3 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS4, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Ucayali para el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de Intendencia N° 146-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, notificada el 21 de agosto de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali, tras evaluar los argumentos expuestos por la impugnante, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

Con fecha 31 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 146-2023- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 001116-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo7 y modificatorias (en adelante,

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el Consorcio San Juan 12, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 146-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, emitida por la Intendencia Regional de Ucayali, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT, y de una (01) infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° de la norma antes acotada; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el Consorcio San Juan 12.

Previamente, corresponde recordar que el artículo 10° de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la seguridad social, señalando que:

Sobre el particular, el artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97- EF (en adelante, el Decreto Supremo N° 054-97-EF), establece que: “Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, de los trabajadores independientes o de los empleadores. En el primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores” (Énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 30° del Decreto Supremo N° 054-97-EF dispone lo siguiente:

En cuanto al abono de los aportes en la Cuenta Individual de Capitación del afiliado, el artículo 32° del Decreto Supremo N° 054-97-EF, dispone que:

De igual manera, el artículo 34° de la citada norma, prescribe que:

Respecto al pago, el artículo 35° del Decreto Supremo N° 054-97-EF, establece lo siguiente: “Cuando el empleador no cumpla con el pago oportuno de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, deberá formular una "Declaración sin Pago" de los mismos, dentro del mismo plazo que tiene para efectuar el pago de los aportes del trabajador, utilizando el formato que designe la Superintendencia de AFP”.

Conforme a las actuaciones inspectivas de investigación, el personal inspectivo dejó constancia en los numerales 4.19, 4.23 y 4.24 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el sujeto inspeccionado no acreditó el pago de los importes retenidos por el concepto de aportes previsionales correspondientes al ex trabajador. En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.12 del Acta de Infracción, se verificó la existencia de un vínculo laboral entre la impugnante –en su calidad de sujeto inspeccionado al momento de las actuaciones inspectivas– y el referido ex trabajador, en los periodos comprendidos del 27 de junio de 2019 al 18 de marzo de 2020, y del 15 de julio de 2020 al 06 de octubre de 2020, conforme a la constancia de alta y baja en la planilla electrónica proporcionada por el propio inspeccionado.

Asimismo, conforme al numeral 4.14 del Acta de Infracción, el sujeto inspeccionado acreditó, mediante reporte de declaración y pago de aportes previsionales correspondientes a la AFP PRIMA, el pago de los aportes retenidos al ex trabajador por los meses de junio a octubre de 2019. No obstante, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.16 del Acta de Infracción, si bien proporcionó reportes de declaración mensual de importes retenidos por concepto de aportes a la AFP-PRIMA, no acreditó el pago de dichos aportes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019, así como enero, febrero, marzo, julio, agosto, setiembre y octubre de 2020, al no haber presentado las respectivas constancias de pago, circunstancia que se verifica de la documentación aportada en atención a los requerimientos efectuados durante el procedimiento inspectivo. Siendo así, mediante la medida inspectiva de requerimiento se solicitó a la impugnante que acredite el pago de los aportes retenidos al Sistema Privado de Pensiones (AFP PRIMA) correspondientes a los periodos antes señalados; sin embargo, conforme al escrito presentado con fecha 17 de mayo de 2022, el sujeto inspeccionado manifestó encontrarse en espera del ingreso de la valorización para poder cumplir con efectuar el pago de los aportes previsionales adeudados, sin adjuntar medio probatorio que acredite su cumplimiento.

En consecuencia, de la evaluación conjunta de los actuados, se advierte que el sujeto inspeccionado retuvo los aportes previsionales del ex trabajador afiliado al Sistema Privado de Pensiones sin efectuar su pago en la oportunidad que correspondía, respecto de los periodos no acreditados, conducta que se subsume en el tipo infractor previsto en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT.

Posteriormente, en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, la impugnante no presentó medios probatorios idóneos que acrediten el pago de los aportes previsionales correspondientes al ex trabajador, respecto de los periodos observados. En tal sentido, los hechos constatados durante etapa inspectiva no fueron desvirtuados, al no haberse aportado pruebas instrumentales que acrediten el pago oportuno de los aportes retenidos al Sistema Privado de Pensiones, manteniéndose incólume la verificación efectuada por el personal inspectivo.

En cuanto a la alegada inaplicación del supuesto de hecho del tipo infractor previsto en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT, bajo el argumento de una presunta vulneración de los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, de la revisión integral de las actuaciones inspectivas no se advierte una incorrecta subsunción de los hechos al referido tipo infractor. En efecto, el personal inspectivo consignó de manera clara, precisa y verificable los hechos constatados durante la investigación, detallando la existencia del vínculo laboral, la retención de los aportes previsionales correspondientes y la omisión en el pago de dichos aportes, conforme se desprende del Acta de Infracción y de la documentación obrante en el expediente.

Asimismo, se verifica que la conducta imputada se encuentra debidamente subsumida en el tipo infractor antes mencionado, esto al acreditarse que la impugnante efectuó la retención de los aportes al Sistema Privado de Pensiones del ex trabajador afiliado, sin haber cumplido con su pago respecto de los periodos faltantes, circunstancia que fue corroborada a partir de la evaluación de los reportes de declaración, la ausencia de constancias de pago y la propia manifestación de la impugnante. En tal sentido, no se configura la alegada inaplicación del supuesto de hecho del numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT, no resultando amparable este extremo del recurso.

Por otra parte, en relación con lo sostenido por la impugnante respecto a que el Acta de Infracción no constituye un acto administrativo, sino un acto de administración con valor probatorio, corresponde precisar que, si bien dicha afirmación es correcta, ello no enerva su eficacia probatoria ni la presunción de veracidad que la ley concede. Conforme al artículo 16° de la LGIT11 y el artículo 47° de la LGIT12, los hechos consignados en el Acta de Infracción gozan de presunción de veracidad, siempre que se encuentren debidamente motivados y sustentados, como ocurre en el presente caso, no habiendo el administrado aportados medios probatorios idóneos que desvirtúen los hechos constatados por el personal inspectivo.

En ese contexto, resulta pertinente tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en los fundamentos 6.19, 6.20, 6.21 y 6.22 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, el cual establece lo siguiente:

En efecto, en aplicación al precedente antes mencionado, corresponde señalar que el Principio de Verdad Material impone a la autoridad fiscalizadora y sancionadora la obligación de verificar de manera suficiente y objetiva los hechos que fundamentan sus decisiones. Ello implica una valoración integral de los medios probatorios –tanto directos como indirectos– incorporados al expediente, la cual debe estar debidamente documentada y motivada. En ese sentido, la carga probatoria que pesa sobre la Administración se satisface cuando esta actúa con diligencia en la obtención, incorporación y análisis de los elementos de convicción necesarios para sustentar la imputación de responsabilidad administrativa. En el presente caso, se advierte que la autoridad administrativa ha cumplido con el estándar fijado, al haber valorado de manera conjunta y razonada los medios probatorios actuados durante el procedimiento inspectivo y el procedimiento sancionador, concluyendo válidamente en la existencia de la conducta imputada.

En consecuencia, y conforme al análisis integral de las actuaciones inspectivas y la documentación obrante en el expediente, corresponde confirmar la existencia de la infracción consistente en no acreditar el pago de los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B° del RLGIT. La conducta imputada se encuentra debidamente subsumida en el tipo infractor señalado, toda vez que el sujeto inspeccionado retuvo los aportes correspondientes al ex trabajador sin efectuar su pago en la oportunidad legalmente establecida, incumpliendo así las obligaciones de retención y pago conforme a la normativa aplicable. Dichos hechos han sido constatados de manera clara, precisa y verificable por el personal inspectivo, y no

En cuanto a la presunta ausencia de firma del Supervisor Inspector en determinadas actuaciones inspectivas contenidas en el expediente, alegada por la impugnante con base en el literal g) del artículo 54° del RLGIT, corresponde precisar que dicha disposición no impone, de manera expresa ni automática, la obligación de que el Supervisor Inspector suscriba todos los actos emitidos durante la etapa inspectiva. La emisión y suscripción de cada documento corresponde al inspector actuante que constató directamente los hechos materia de incumplimiento. Asimismo, la interpretación de la impugnante se sustenta en la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, norma que ha sido superada por la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, vigente al momento de los hechos, la cual establece que el Supervisor Inspector ejerce funciones de dirección, coordinación y control de las actuaciones inspectivas, sin que ello implique la exigencia de su firma en cada diligencia o documento emitido.

En tal sentido, la participación del Supervisor Inspector se materializa a través de la supervisión y validación funcional del desarrollo de la inspección, lo cual no requiere la suscripción formal de todas las actuaciones. Por consiguiente, no se configura vulneración alguna al Principio del Debido Procedimiento ni situación de indefensión, toda vez que el sujeto inspeccionado tuvo conocimiento oportuno de los hechos imputados, pudo ejercer plenamente su derecho de defensa y no ha acreditado de qué manera concreta la falta de firma habría afectado el procedimiento administrativo sancionador o la determinación de responsabilidad. Cabe precisar, además, que el Supervisor Inspector sí refrendó el Acta de Infracción, tal como consta en el propio documento. En consecuencia, la alegada irregularidad carece de trascendencia jurídica suficiente para afectar la validez de las actuaciones inspectivas.

De conformidad con el Principio de Buena Fe Procedimental establecido en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG se dispone que: “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (Énfasis añadido).

Del mismo modo, artículo 15° del RLGIT establece que: “15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. 15.2 El Sector Público y quienes ejerzan funciones públicas están obligados a prestar su colaboración a los inspectores del trabajo cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función inspectiva y a facilitarles la información que requieran. Las Autoridades y la Policía Nacional del Perú prestarán el auxilio y colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus facultades de investigación”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. (…)”.

Cabe señalar que, a través del artículo 1° de la LGIT, se define las actuaciones inspectivas como “las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, con respecto a la función inspectiva señala que, esta es entendida como: “la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, (…)”. Bajo este marco, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad13.

En ese orden de ideas, los inspectores de trabajo están facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las cuales se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

De conformidad con lo señalado, el artículo 14° de la LGIT, establece que: “(…). Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto

En similar sentido, el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT estipula que: “Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. (…)”.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5° de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT ha establecido que, las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas por la inspección del trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Las mismas que pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, consistente en no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo14. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Sumado a ello, debe de tenerse presente los criterios de observancia obligatoria aprobados en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, de los cuales prescribe que, del análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de tales medidas, conforme al siguiente detalle:

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

En el presente caso, de acuerdo con los numerales 4.19, 4.20 y 4.24 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, el administrado no cumplió con presentar documentación que acredite el cumplimiento total de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

Es pertinente precisar que, el cumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento exige, en principio, su atención integral, oportuna y conforme a los términos válidamente establecidos por la autoridad inspectiva. Dado su carácter coercitivo, dicha medida presupone la existencia de mandatos claros, posibles y emitidos dentro del marco normativo aplicable, pues únicamente frente a requerimientos válidamente determinados puede exigirse su acatamiento íntegro dentro del plazo conferido, sin que resulte admisible un cumplimiento fragmentario o condicionado a interpretaciones unilaterales del administrado.

En efecto, aunque la medida inspectiva de requerimiento pueda comprender diversos mandatos específicos, cada uno de éstos responde a un incumplimiento específico y constituye una obligación autónoma que debe ser cumplida de manera independiente. La eventual invalidez o cuestionamiento de alguno de los mandatos no compromete, por sí misma, la exigibilidad de los demás, siempre que éstos hayan sido emitidos conforme a la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental; sin embargo, dicha autonomía no habilita a la Administración a exigir el cumplimiento de mandatos cuyo contenido resulte defectuoso, irrazonable o de imposible ejecución, pues ello afectaría la propia finalidad de la medida inspectiva de requerimiento. En esa línea, el administrado mantiene vigente su deber de colaboración previsto en el artículo 9° de la LGIT, lo que implica dar cumplimiento a las obligaciones válidamente dispuestas, incluso cuando pueda discrepar sobre algún extremo individual. Esta interpretación razonable y proporcional garantiza que la medida sea cumplida con su objetivo sin que la discusión sobre un mandato específico afecte la efectividad y validez de los demás.

En el presente caso, del análisis de los actuados del procedimiento inspectivo corresponde verificar el cumplimiento del contenido mínimo exigido para la validez del Acta de Infracción, conforme a lo previsto en el artículo 46° de la LGIT17 y en el artículo 54° del RLGIT18. Cabe precisar que dichas disposiciones establecen, los elementos

De la constatación del contenido del Acta de Infracción, se aprecia que el personal inspectivo consignó como normas supuestamente vulneradas el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT, los numerales 18.1 y 18.2 del artículo 18° del RLGIT y el numeral 20.3 del artículo 20° del RLGIT. Sin embargo, dichos preceptos constituyen disposiciones que regulan las facultades del personal inspectivo para emitir medidas inspectivas de requerimiento, por lo que no pueden ser considerados como la norma sustantiva infringida por el administrado. En consecuencia, el Acta de Infracción no identifica la norma efectivamente vulnerada por la impugnante, la cual debió ser el artículo 9° de la LGIT, concordante con el artículo 15° del RLGIT, referentes al deber de colaboración con la labor inspectiva. Esta deficiencia afecta la validez del acta al no cumplirse con uno de sus elementos esenciales que esto es, la expresión precisa del mandato jurídico presuntamente transgredido.

En atención a lo previsto en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, corresponde enfatizar que la competencia de esta Sala como instancia excepcional se circunscribe exclusivamente al examen de las infracciones calificadas como muy graves. Por ende, cualquier valoración que se efectúe respecto de las actuaciones inspectivas y del contenido del Acta de Infracción solo puede incidir sobre el extremo vinculado a dicha calificación, quedando fuera del ámbito de revisión los hechos tipificados como infracción grave por las instancias de mérito. En esa medida, cualquier deficiencia detectada en el Acta de infracción genera una invalidez parcial, limitada al extremo correspondiente a la infracción muy grave, sin que esta Sala pueda pronunciarse sobre otros extremos o tipos infractores que exceden su competencia.

Estando a ello, si bien el Acta de Infracción no cumple con los contenidos mínimos exigidos por la LGIT y su reglamento, en lo que respecta a esta infracción muy grave a la labor inspectiva, su validez se rige por las reglas específicas contenidas en la LGIT, su reglamento y la versión 2 de la Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL. Por tanto, al no haberse subsanado tales observaciones antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme a las normas citadas, no puede validarse lo realizado por la Autoridad Sancionadora de primera instancia, advirtiéndose con ello una vulneración al Principio de Legalidad.

Por tales consideraciones, corresponde dejar sin efecto la infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT y declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto, al no resultar procedente mantener una sanción cuando se ha detectado vulneración al Principio de Legalidad.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.