Consorcio Alborada y Otro — Res. 497-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados: vacaciones; Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios); Remuneraciones: Gratificaciones; Compensación por tiempo de servicios: depósito de CTS; Certificado de trabajo; Planillas o registros que la sustituyan: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar con el pago íntegro de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad, al ex trabajador Mestas Quispe Fidel, correspondiente al periodo laboral comprendido del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar con el pago de vacaciones truncas, al ex trabajador Mestas Quispe Fidel, correspondiente al periodo laboral comprendido del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios (indemnizaciones), al ex trabajador Mestas Quispe Fidel, correspondiente al periodo laboral comprendido del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la entrega de certificado de trabajo a favor del ex trabajador Mestas Quispe Fidel correspondiente al periodo laboral comprendido del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar con el pago íntegro de las remuneraciones conforme al régimen laboral de construcción civil, al ex trabajador Mestas Quispe Fidel, correspondiente al periodo laboral comprendido del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, tipificada en

Suscrito en fecha 30 de noviembre de 2022

el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 6,908.003.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 11,572.00.

i. Se reitera que, al tratarse de un vínculo de naturaleza civil y no laboral, la SUNAFIL carece de competencia para intervenir en el presente caso, así como tampoco se encuentra facultada para imponer sanciones de naturaleza laboral. Y pese a que se puso en conocimiento a la autoridad administrativa sobre la inexistencia de vínculo laboral mediante los escritos presentados, tales manifestaciones no fueron valoradas en ningún momento del procedimiento. Por el contrario, tanto en el Informe Final como en los demás documentos que sustenta la decisión, no se ha realizado pronunciamiento alguno sobre la naturaleza del vínculo contractual, lo que evidencia una decisión arbitraria al sancionar por presuntas infracciones laborales derivadas de una relación que en realidad es civil. En tal sentido, no puede configurarse infracción alguna por la supuesta omisión de presentar información o documentación que no existe, al no haberse acreditado la existencia de una relación laboral. ii. Por otro lado, el personal inspectivo no respetó los plazos establecidos, incurriendo en una actuación arbitraria que vicia de nulidad en el procedimiento. Dado que, no existe norma específica que establezca el plazo para la presentación de documentación requerida, por lo que corresponde aplicar supletoriamente el plazo de diez (10) días hábiles conforme al numeral 4 del artículo 143° del TUO de la LPAG. Asimismo, la normativa no otorga facultad discrecional al inspector comisionado para fijar plazos reducidos, lo cual contraviene el numeral 2 del artículo II del Título

Cabe señalar que, adicionalmente, el sujeto inspeccionado incurrió en una (01) infracción leve en materia de relaciones laborales, al no acreditar la entrega de las boletas de pago y sus formalidades, respecto del ex trabajador Mestas Quispe Fidel, correspondiente al periodo laboral del 02 de noviembre de 2020 al 05 de setiembre de 2021, configurándose la infracción tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23° del RLGIT. En atención a la concurrencia de infracciones, la Autoridad Sancionadora de primera instancia aplicó el principio de concurso de infracciones, imponiendo la sanción correspondiente a la infracción de mayor gravedad.

Preliminar de la norma antes acotada. Adicionalmente, se ha incumplido lo dispuesto por la R.A. N° 288-2015-CEP-PJ, toda vez que el domicilio del Consorcio se encuentra en Lima y la sede de la entidad fiscalizadora en Puno, por lo que debió aplicarse el término adicional previsto en el numeral 1 del artículo VIII del Título Preliminar y el artículo 146° del TUO de la LPAG. iii. Se ha incumplido el criterio normativo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, al haberse emitido órdenes de inspección únicamente contra el Consorcio Alborada, pese a que la autoridad administrativa tenía pleno conocimiento de las empresas que lo integran. Esta omisión ha generado indefensión, ya que debieron emitirse órdenes de inspección individuales también contra las empresas consorciadas. En consecuencia, corresponde a la autoridad verificar este vicio y declarar la nulidad de oficio del procedimiento, reponiéndolo hasta el estado de emitir nuevas órdenes correctamente dirigidas. Además, la resolución impugnada no ha fundamentado ni acreditado los hechos que sustenten la responsabilidad solidaria atribuida a Contratistas Generales & Minería L y R S.A.C., lo que vulnera el debido procedimiento. iv. Se invoca la prescripción de las infracciones materia del recurso de apelación, al haberse superado el plazo de cuatro (4) años, de acuerdo a lo establecido en el numeral 252.1 del artículo 252° del TUO de la LPAG. v. Finalmente, solicita el uso de la palabra a efectos de sustentar su posición.

i. Al amparo de los artículos 3° y 6° de la LGIT, en el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se desarrolla en el régimen laboral común de la actividad privada y en los regímenes especiales, donde se realiza la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, tales actuaciones se inician por disposición superior, mediante la expedición de una orden de inspección. Siendo así, de los hechos constatados del acta de infracción y de la documentación contenida en el expediente inspectivo se advierte que el ex trabajador afectado se encuentra bajo el régimen laboral especial de construcción4; por lo que, ante dicha situación se ha posibilitado el desarrollo o continuidad de la fiscalización de las materias de la orden de inspección, por haberse acreditado la existencia de vínculo laboral. ii. En mérito al numeral 5.3 del artículo 5° de la LGIT, concordante con el numeral 18.2 del artículo 18° del RLGIT, señala que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad y facultad para requerir, en un plazo razonable, al sujeto responsable que adopte las medidas en cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, caso contrario incurriría en infracción muy grave a la labor inspectiva. Bajo ese contexto, el procedimiento inspectivo se rige por una normativa especial, contenida en la LGIT, el RLGIT y en normas complementarias, tal como la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, siendo así, las actuaciones inspectivas se realizaron conforme al marco legal vigente y especializado, sin que resulte aplicable el plazo supletorio de diez (10) días hábiles previsto en el numeral 4 del artículo 143° del TUO de la LPAG.

Dicho régimen laboral se encuentra regulado por Decreto Legislativo N° 727, así como en otras disposiciones legales (Decreto Supremo del 02 de marzo de 1945; Resolución Ministerial N° 197 D.T del 05 de julio de 1955 y la Resolución Ministerial N° 005 D.T del 05 de enero de 1956.

iii. Asimismo, con relación al término de la distancia, se ha precisado que la notificación se realizó mediante casilla electrónica, conforme al artículo 146° del TUO de la LPAG, la Resolución de Superintendencia N° 103-2020-SUNAFIL y el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, al encontrase esta Administración Pública habilitada para realizar las notificaciones a través de medios electrónicos; más aún, cuando se encontraba en vigencia la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional. Por ello, la R.A N° 288- 2015-CEP-PJ, no resulta aplicable, al no regular notificaciones por esta vía. iv. Por otra parte, como resultado de las actuaciones inspectivas, se advirtió la existencia de una vinculación económica entre el Consorcio Alborada y sus integrantes, quienes, conforme al numeral 42.1 del artículo 42° de la LGIT, resultan responsables solidarios por las infracciones detectadas y sus respectivas sanciones. En este caso, según la Adenda N° 04 al Contrato del consorcio, las empresas consorciadas nombraron a un representante común, por lo que todas las notificaciones y actuaciones del procedimiento administrativo sancionador se realizaron válidamente, sin afectar el derecho de defensa. No evidenciándose vicio alguno en el procedimiento, ni transgresión al criterio normativo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, ya que los consorciados estuvieron debidamente representados y ejercieron su derecho de defensa; más aún, cuando acreditaron la representación legal del apoderado común conforme a lo establecido en la Resolución N° 001-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. En este sentido, la Autoridad Instructora adoptó las acciones necesarias para determinar la responsabilidad solidaria, identificando a las razones sociales consorciadas en la Imputación de Cargos, expresando los fundamentos fácticos y jurídicos que conllevan a tal decisión. v. En relación con la facultad de la autoridad para determinar infracciones, se indica que, conforme a los criterios establecidos en la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL de fecha 15 de marzo de 2019, las infracciones a la labor inspectiva se califican como infracciones instantáneas, mientras que las infracciones en materia de relaciones laborales vinculadas al presente caso, se califican como infracciones instantáneas con efectos permanentes. Por tanto, de acuerdo con las reglas de cómputo previstas en el numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG (referidas al inicio, suspensión y reanudación del plazo de prescripción), se concluye que la facultad para determinar dichas infracciones no ha prescrito. vi. Respecto a la solicitud de informe oral presentada por el sujeto inspeccionado y su consorciado, se concluye que no se ha vulnerado su derecho de defensa, ya que tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas por escrito durante el procedimiento sancionador. En concordancia con lo establecido por el Tribunal Constitucional en sus fundamentos 16 y 18 de la sentencia recaída en el Expediente N° 01147-2012-PA/TC señala que, la ausencia de informe oral no constituye una afectación al debido procedimiento cuando el administrado pudo exponer sus alegatos y pruebas por escrito, garantizando así su derecho a la defensa. En ese sentido, dado que en el presente caso no se advierte complejidad que justifique la

realización del informe oral y que los argumentos fueron comprendidos y valorados adecuadamente, no resultando pertinente su realización. Por tanto, confirma la resolución apelada al no advertirse causal de nulidad. vii. Finalmente, los argumentos señalados en la apelación no desvirtúan las infracciones en las que ha incurrido el sujeto inspeccionado; por lo que, confirma la resolución impugnada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 10 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Consorcio Alborada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 y 09 de mayo de 2023, CONSORCIO ALBORADA y su consorciado CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C., fundamentan su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 039-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando los siguientes alegatos:

CONSORCIO ALBORADA

i. Señala que las multas impuestas vulneran los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que superan largamente la capacidad económica de la empresa, comprometiendo su viabilidad financiera. Además, el personal inspectivo no aplicó el

11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006- PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

principio de verdad material y vulneró el procedimiento sancionador, configurándose una actuación desmedida que pone en serio riesgo la subsistencia de nuestra representada. ii. Al no existir norma que precise el plazo para la presentación de la documentación requerida, el personal inspectivo debió aplicar supletoriamente el plazo de diez (10) días hábiles previsto en el numeral 4 del artículo 143° del TUO de la LPAG, así como lo establecido en la Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ respecto al término de la distancia, esto en atención a que el Consorcio tiene domicilio en la ciudad de Lima y la entidad fiscalizadora en Puno. No obstante, al no hacerlo vulneró lo preceptuado en el numeral 174.2 del artículo 174° del TUO de la LPAG, afectando el debido procedimiento. iii. El Consorcio no es sujeto de obligaciones sociolaborales, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidad en dicha materia. El vínculo contractual entre el sujeto inspeccionado con el trabajador es de naturaleza civil, no laboral, lo que excluye la competencia de la SUNAFIL. Pese a ello, la autoridad inspectiva no valoró los escritos presentados ni fundamentó adecuadamente la existencia de un vínculo laboral, configurando un abuso a sus facultades. iv. Asimismo, la responsabilidad solidaria no ha sido debidamente acreditada, ni justificada conforme a los criterios del inciso d) del artículo 26° de la LGIT. La solidaridad aplica únicamente al cumplimiento de obligaciones sociolaborales, no a los actos internos del procedimiento inspectivo. v. Por otra parte, la resolución impugnada al rectificar de oficio un supuesto error material, ha modificado la base legal de las infracciones imputadas. Dicha actuación excede los alcances de una simple corrección, por lo que corresponde declarar su nulidad. Más aún, dicha modificación generó indefensión y vulneró el principio del debido procedimiento. vi. Se ha vulnerado el criterio normativo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, al no haberse emitido órdenes de inspección individualizadas a las empresas consorciadas que integran el Consorcio, pese a que la SUNAFIL contaba con pleno conocimiento de su conformación. Asimismo, las resoluciones impugnadas sólo dispusieron la notificación al Consorcio, omitiendo hacerlo con la empresa CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA L Y R S.A.C., lo cual constituye afectación al debido procedimiento y configura causal de nulidad. vii. Por otra parte, indica que las resoluciones impugnadas deben ser declaradas nulas, toda vez que en sus artículos terceros y siguientes se adelanta el criterio al señalar anticipadamente la firmeza del acto administrativo y disponen su ejecución coactiva, lo que vulnera el principio del debido procedimiento y afecta el derecho de defensa. viii. Invoca la prescripción de las infracciones, en atención a que ha transcurrido el plazo de cuatro (04) años establecido en el numeral 252.1 del artículo 252° del TUO de la LPAG. ix. Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, se reserva el derecho de presentar nuestros argumentos, medios probatorios y fundamentos de hecho y derecho dentro del plazo legal, en ejercicio de su derecho a la defensa y al debido procedimiento. x. Solicita uso de la palabra.

CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA L Y R S.A.C.

i. Señala que las multas impuestas vulneran los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que superan largamente la capacidad económica de la empresa, comprometiendo su viabilidad financiera. Además, el personal inspectivo no aplicó el principio de verdad material y vulneró el procedimiento sancionador, configurándose una actuación desmedida que pone en serio riesgo la subsistencia de nuestra representada. ii. Al no existir norma que precise el plazo para la presentación de la documentación requerida, el personal inspectivo debió aplicar supletoriamente el plazo de diez (10) días hábiles previsto en el numeral 4 del artículo 143° del TUO de la LPAG, así como lo establecido en la Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ respecto al término de la distancia, esto en atención a que el Consorcio tiene domicilio en la ciudad de Lima y la entidad fiscalizadora en Puno. No obstante, al no hacerlo vulneró lo preceptuado en el numeral 174.2 del artículo 174° del TUO de la LPAG, afectando el debido procedimiento. iii. El Consorcio no es sujeto de obligaciones sociolaborales, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidad en dicha materia. El vínculo contractual entre el sujeto inspeccionado con el trabajador es de naturaleza civil, no laboral, lo que excluye la competencia de la SUNAFIL. Pese a ello, la autoridad inspectiva no valoró los escritos presentados ni fundamentó adecuadamente la existencia de un vínculo laboral, configurando un abuso a sus facultades. iv. Asimismo, la responsabilidad solidaria no ha sido debidamente acreditada, ni justificada conforme a los criterios del inciso d) del artículo 26° de la LGIT. La solidaridad aplica únicamente al cumplimiento de obligaciones sociolaborales, no a los actos internos del procedimiento inspectivo. v. Por otra parte, la resolución impugnada al rectificar de oficio un supuesto error material, ha modificado la base legal de las infracciones imputadas. Dicha actuación excede los alcances de una simple corrección, por lo que corresponde declarar su nulidad. Más aún, dicha modificación generó indefensión y vulneró el principio del debido procedimiento. vi. Se ha vulnerado el criterio normativo establecido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, al no haberse emitido órdenes de inspección individualizadas a las empresas consorciadas que integran el Consorcio, pese a que la SUNAFIL contaba con pleno conocimiento de su conformación. Asimismo, las resoluciones impugnadas sólo dispusieron la notificación al Consorcio, omitiendo hacerlo con la empresa CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA L Y R S.A.C., lo cual constituye afectación al debido procedimiento y configura causal de nulidad. vii. Por otra parte, indica que las resoluciones impugnadas deben ser declaradas nulas, toda vez que en sus artículos terceros y siguientes se adelanta el criterio al señalar anticipadamente la firmeza del acto administrativo y disponen su ejecución coactiva, lo que vulnera el principio del debido procedimiento y afecta el derecho de defensa. viii. Invoca la prescripción de las infracciones, en atención a que ha transcurrido el plazo de cuatro (04) años establecido en el numeral 252.1 del artículo 252° del TUO de la LPAG. ix. Sin perjuicio a lo anteriormente señalado, se reserva el derecho de presentar nuestros argumentos, medios probatorios y fundamentos de hecho y derecho dentro del plazo legal, en ejercicio de su derecho a la defensa y al debido procedimiento. x. Solicita uso de la palabra.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (Énfasis añadido).

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (Énfasis agregado).

Sobre la motivación de las resoluciones administrativas

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 13 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

De la necesidad de aplicar acumulación de procedimientos para garantizar el principio de razonabilidad

14 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Tomo I, 14.ª ed., p.160). 15 Idem, p. 92) 16 Ocampo Vázquez, F. (2015). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los Organismos Reguladores. IUS ET VERITAS, 26 de abril de 2015.

“(…).6.10. En sentido estricto, los procedimientos administrativos contenidos en la LGIT o la RLGIT, así como al ejercicio de la actividad administrativa de fiscalización del sistema de inspección del trabajo, deben observar, necesariamente, lo dispuesto en el TUO de la LPAG. A excepción de aquellos casos en que la norma especial (LGIT o la RLGIT) establezca una regulación más favorable a los administrados, se aplicarán tales normas en lugar de la norma común (TUO de la LPAG), conforme lo dispone el numeral 1.6 del artículo IV del TUO de la LPAG, así como el numeral 247.2 del artículo 247 del mismo cuerpo normativo, ordenador de los sistemas administrativos. 6.11. Toda actuación de la Administración Pública —indistintamente de la calificación que ésta reciba— debe ser acorde con los principios y el contenido del TUO de la LPAG, como manifestación de validez de sus procedimientos, que se materializan en actos administrativos, los cuales no pueden generarse en contravención a la Constitución, las leyes o a las normas reglamentarias (según el numeral 4 del artículo 10 del TUO de la LPAG) 6.13 Por tanto, la existencia de procedimientos sancionadores llevados por la inspección de trabajo de forma simultánea, cuando estos son iniciados por un mismo trabajador en contra de un mismo empleador (sujeto inspeccionado) invocando la misma conducta proscrita por Ley, transgrede el principio de razonabilidad, que tiene por objeto regular las actuaciones de la administración18. De observarse lo expuesto, el órgano administrativo a cargo deberá evaluar si es física y jurídicamente posible la aplicación de la acumulación de procedimientos, dispuesto en el artículo 16019 del TUO de la LPAG. Esto en virtud de una

17 Cassagne, J. C. (2019). El acto administrativo (teoría y régimen jurídico) (1.ª ed., pp. 93–94). Ediciones Olejnik. 18 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2. 19 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 160.- Acumulación de procedimientos

multiplicidad de intereses públicos concurrentes, entre los que podemos referir: i) proveer una eficiente atención a las necesidades ciudadanas de quienes denuncian que sus empleadores cometieron infracciones típicas de diversas normas de trabajo; ii) reducir el número de procedimientos, privilegiando que uno solo pueda tener diversos objetos; reducir el riesgo de que la Administración Pública emita pronunciamientos contradictorios. (…). 6.16 Atendiendo a lo descrito precedentemente, para identificar un supuesto de acumulación en los procesos a cargo del sistema de inspección de trabajo, es necesario determinar la concurrencia copulativa de los siguientes elementos en los expedientes iniciados (fiscalizadores o sancionadores), solicitudes, o denuncias tramitadas ante el sistema de inspección del trabajo:

a. Identidad del sujeto investigado. Debe advertirse si las actuaciones de la inspección de trabajo y/o la del órgano administrativo sancionador, se ejercen o ejercerán contra el mismo administrado. b. Conexidad de hechos. En relación con la materia del reproche administrativo, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben observar la homogeneidad de la norma infringida, bien jurídico lesionado, así como la conexión temporal existente. c. Conexidad de afectados. Es necesario que los agentes del Sistema de Inspección del Trabajo determinen si las diversas actuaciones se producen respecto del mismo trabajador o trabajadores afectados en ambos procedimientos. En este caso debe prestarse atención a los casos promovidos por un trabajador singular y un sindicato que actúe en su nombre, sea que se trate de un afiliado a dicha organización de trabajadores o no. d. Unidad del órgano competente. Finalmente, la Administración Pública debe evaluar y analizar si los procedimientos están a cargo de un mismo órgano administrativo, es decir, cuando dicha competencia corresponda que sea ejercida a través de una sola intendencia regional de la SUNAFIL. De lo contrario, no será posible disponer su acumulación si dichos procedimientos se encuentran dentro de la competencia territorial de distintos órganos administrativos (carácter suprarregional de una infracción, que en el actual estado de cosas motiva actuaciones coordinadas entre las diversas intendencias intervinientes). 6.17. Por resultar conveniente para la aplicación uniforme del Derecho dentro del Sistema de Inspección del Trabajo, los criterios precedentes, elevados al rango de precedentes vinculantes, permiten a la administración acumular los procedimientos administrativos sancionadores en un solo procedimiento. Con excepción de aquellos procesos administrativos de carácter suprarregional, cada Intendencia Regional evaluará su propia competencia conforme con la legislación aplicable y determinará —en aplicación del precedente vinculante que se está aprobando— si cabe proseguir con los procedimientos administrativos respectivos de forma independiente o de forma acumulada. (resaltado agregado)”.

Sobre el caso concreto

Acumulación de procedimientos La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión.

ITEM ORDEN DE INSPECCIÓN SUJETO INSPECCIONADO RESPONSABLE SOLIDARIO RESPONSABLE SOLIDARIO 976-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 984-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 983-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 982-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 980-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 977-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 979-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 978-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 965-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 963-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 964-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 973-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

974-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 975-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 966-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 972-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 969-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 970-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 985-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 986-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 988-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 971-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 967-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 968-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 987-2021- SUNAFIL/IRE-PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

ITEM ORDEN DE INSPECCIÓN MOTIVO DEL INICIO DE INVESTIGACIÓN FECHA DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN INFRACCIONES MUY GRAVES COMETIDAS (RLGIT) FECHA DE INICIO DEL PAS (NOTIFICACIÓN DE LA IC) 976-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 984-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022

983-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 982-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 980-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 977-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 979-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 978-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 965-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 963-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 964-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 973-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 974-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 975-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022

966-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 972-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 969-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 970-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 985-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 986-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 988-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 971-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 967-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 968-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022 987-2021- SUNAFIL/IRE-PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 01/04/2022

ITEM ORDEN DE INSPECCIÓN TRABAJADORES AFECTADOS 976-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE SUCASACA JULIO CESAR 984-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1)GUTIERREZ QUISPE RONAL JAEL 2) MAMANI CHIPANA ESTEBAN 983-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE LUNA ALAN 2) JOSÉ GONZALES SAMILLAN 982-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) CHOQUE COHA CIPRIANO 2) IDME RAMOS WILBER HUGO 3) BEJAR MUCHICA RENE MANUEL 980-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) COAQUIRA MAMANI CARLOS 2) MAMANI GOZME AARON GABRIEL 977-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) SOTO APAZA ALFREDO 2) QUISPE PURACA MAGIN ABDON 979-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1)PARILLO PANCCA ANTONIO 2) QUISPE PARI ROMULO 978-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE PURACA REYES ERNESTO 2) CALLATA APAZA ANGELINO TOMAS 965-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) GRANDE COARI JULMER 2) TUNI PUMA RENE 963-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI ARI HUGO 2) QUISOCALA CONDORI JULIAN 3) YOSMANI RONCAL YORDAN 964-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) ORELLANA CHECA AMÉRICO WILLIAM 2) LAURA LEÓN JAIME 973-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) CONDORI COTRADO DAVID EFRAIN 974-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) RODRIGUEZ PUMA RAUL NESTOR 975-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) ZELA MAMANI DAVID BETO 966-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) RAMOS CALSIN JORGE 972-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) PACOMPIA HUMPIRI LUIS JENRRY 2) QUISPE COILA VICTOR WALTER 969-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) PACOMPIA QUISPE WILLY HUBER 2) SANCHEZ TTILA LUCIO 970-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) GARCIA CCALLO YONATAN 2) CUTIPA TICONA EMILIANO 985-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) APAZA MAMANI BLADIMIR 2) CURO CAHUARI GREGORIO

986-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI LAURA YERSON EDISON 2) PARIONA CHUA CARLOS ALBERTO 988-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) SANCA APAZA HERMENEGILDO 2) MAMANI CHIPANA CODY OSWALDO 3) MAMANI MANI HUGO SANTOS 971-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) SUAQUITA CHURA DAVID QUINTIN 2) APAZA VILCA HUGO 967-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) HUAMAN SARCCO EDWIN EVERSON 2) RODRÍGUEZ CEREZO JULIO 968-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI CHIPANA JOSE CARLOS 2) FLORES PACOMPIA DARÍO 987-2021-SUNAFIL/IRE-PUN 1) AGUARO QUISPE HILBER RICHARD 2) TURANO AROQUIPA MIGUEL

la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…) a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)” (Énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis y subrayado agregado).

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12° del TUO de la LPAG.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CONSORCIO ALBORADA, y otro y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 284-2022- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 27 de diciembre de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Puno, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 339-2021- SUNAFIL/IRE-PUN, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 284-2022- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA, de fecha 27 de diciembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.43 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a CONSORCIO ALBORADA y a las empresas responsables solidariamente, y a la Intendencia Regional de Puno, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250514MABJ – HR: 133761-2021