Comercializadora de Productos Textiles Sociedad Anónima - Comprotex S.A.

Mediante la Orden de Inspección N° 74-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, se iniciaron las

Que, mediante la Imputación de Cargos N° 191-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 19 de abril de 2022, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 402-2022-SUNAFIL/IRE- UCA-SIFI, de fecha 13 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ucayali, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 03 de enero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 26 de enero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023-SUNAFIL/IR-UCA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 037-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 10 de marzo de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 31 de marzo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 037- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-001108- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 11 de diciembre 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA - COMPROTEX S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 037-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de, entre otras, una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada el numeral 46.7 del artículo 46 del mismo cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 14 de marzo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes

Al respecto, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación con ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Respecto a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, en el caso concreto se emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de febrero de 2022, mediante la cual se requirió a la impugnante la adopción de las siguientes medidas:

Durante la etapa inspectiva y al término de la misma, la administrada no presentó documentación alguna en relación con lo requerido mediante la referida medida inspectiva de requerimiento, razón por la cual, conforme se dejó constancia en el Acta de Infracción, dicha medida fue tenida por no cumplida.

Ahora bien, en etapa sancionadora, corresponde precisar que, tras la notificación de la imputación de cargos realizada el 22 de abril de 2022, la administrada presentó un escrito de descargos con fecha 28 de abril de 2022, adjuntando, entre otros, los siguientes documentos:

En ese sentido, si bien la resolución de primera instancia, a través de su considerando 52, reconoce la existencia y presentación del referido escrito de descargos, así como de los documentos que lo acompañan, no se advierte que la autoridad sancionadora haya efectuado un análisis expreso respecto de la pertinencia, idoneidad o suficiencia de dichos medios probatorios para efectos de verificar si estos acreditaban el cumplimiento de lo requerido mediante la medida inspectiva de requerimiento, limitándose únicamente a señalar lo siguiente:

Como se evidencia, la autoridad sancionadora no desarrolló un análisis específico sobre la documentación presentada por la administrada, pese a que la misma contenía información vinculada al cumplimiento de lo requerido mediante la medida inspectiva de requerimiento, omitiendo exponer las razones fácticas y jurídicas por las cuales dichos medios probatorios no resultaban idóneos o suficientes para desvirtuar la infracción imputada. Esta omisión no puede entenderse subsanada mediante una referencia genérica a la actuación de la autoridad instructora ni a la presunción de veracidad del Acta de Infracción, en tanto tales menciones no sustituyen el deber de motivación exigible frente a los medios probatorios ofrecidos en ejercicio del derecho de defensa.

Asimismo, resulta relevante advertir que los medios probatorios presentados por la administrada, conforme se desprende de sus propias fechas de emisión, corresponden a momentos anteriores a la notificación de la imputación de cargos realizada el 22 de abril de 2022, circunstancia que exigía a la autoridad sancionadora efectuar una valoración expresa y razonada de dichos actuados. Ello resulta particularmente relevante si se considera el criterio establecido por este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena N° 019-2024-SUNAFIL/TFL, conforme al cual, cuando el administrado acredita la subsanación total de las obligaciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos, aun cuando no hubiera cumplido oportunamente con la medida inspectiva de requerimiento, corresponde evaluar la razonabilidad de la imposición de sanciones tanto por las infracciones sustantivas como por el incumplimiento de la referida medida correctiva, evaluación que no fue realizada por la autoridad de primera instancia.

Cabe precisar que la impugnante, a través de los argumentos i) al iv) de su recurso de revisión, ha cuestionado de manera expresa la motivación de la resolución de primera instancia, señalando que no se valoraron los medios probatorios relevantes oportunamente presentados, alegando la vulneración de su derecho a la prueba y al debido procedimiento administrativo.

En este punto, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2023, la cual establece que:

En ese sentido, si bien la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT se configura por el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento durante la etapa inspectiva, ello no exonera a la autoridad sancionadora del deber de motivar adecuadamente su decisión en sede sancionadora, especialmente cuando el administrado ha ejercido su derecho de defensa ofreciendo medios probatorios que, por su oportunidad y contenido, podían resultar relevantes para determinar la aplicación de criterios de exoneración sancionadora reconocidos por este Tribunal. La ausencia de un pronunciamiento expreso sobre la idoneidad o insuficiencia de tales medios constituye un defecto de motivación relevante que afecta la validez del acto administrativo, al impedir conocer las razones que sustentan la decisión adoptada.

Respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos a unas vacaciones anuales pagadas

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

Por su parte, el artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

Sobre el particular, de la lectura del considerando 73 de la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, se advierte que la conducta infractora imputada en el extremo materia de análisis consiste en “no acreditar el pago de las vacaciones de la trabajadora afectada”. Dicho incumplimiento fue tipificado como infracción muy grave prevista en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Al respecto, cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador del numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a) haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

De los actuados se advierte que, al momento de subsumir la conducta infractora, se confunde la omisión del pago de la remuneración vacacional con la omisión de otorgamiento del descanso vacacional, lo cual resulta erróneo, pues se trata de dos conductas distintas. Tanto es así que, para la configuración del primer tipo infractor, se requiere que el trabajador haya gozado de su descanso vacacional; sin embargo, el empleador no canceló de forma íntegra y oportuna, entre otros, el pago correspondiente al concepto de remuneración vacacional o de vacaciones truncas. Mientras que, para el segundo, el trabajador(a) debe haber alcanzado el derecho al descanso vacacional; y, a pesar de ello, su empleador no cumple con su otorgamiento, es decir, que el trabajador no haya gozado de su derecho al descanso vacacional, supuesto que no se ha determinado en el presente caso.

En ese sentido, no se evidencia que la infracción imputada se ajuste al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, en tanto se atribuye a la impugnante no acreditar el pago del periodo vacacional a favor de la trabajadora afectada, cuando el tipo legal contemplado en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general” (énfasis añadido). Sin embargo, el Inspector comisionado determinó que la conducta sancionada es por no cumplir con el pago de dicho concepto.

A consideración de esta Sala, la imposición de sanciones sin haberse delimitado correctamente el tipo infractor aplicable ni haberse efectuado una motivación suficiente y congruente respecto de los hechos imputados genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en el caso de autos. En esa línea de razonamiento, se advierte que se ha vulnerado el debido procedimiento, a través de su manifestación de la debida motivación, en los extremos referidos a las infracciones tipificadas en los numerales 46.7 y 25.6 del artículo 46 y 25 del RLGIT, respectivamente.

En tal sentido, resulta necesario que la Autoridad Sancionadora realice una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada, así como una valoración expresa y razonada de los medios probatorios ofrecidos por la inspeccionada, a efectos de asignar válidamente responsabilidades administrativas. No obstante, en el presente caso, se advierte que la Resolución de Sub Intendencia incurre en una falta de motivación y análisis de las actuaciones realizadas, vulnerando el debido procedimiento administrativo.

Así, resulta imperativo enfatizar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar el respeto irrestricto de los principios del procedimiento administrativo -entre los cuales se encuentran los principios de Debido Procedimiento y Verdad Material10-. En tal sentido, la motivación de sus actos debe comprender el análisis integral de las alegaciones de los administrados, evaluando sus fundamentos de hecho y de derecho, así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes y criterios jurisprudenciales establecidos por los órganos competentes.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido

Principio de verdad material. -

En consecuencia, esta Sala advierte la existencia de una motivación aparente, toda vez que la Sub Intendencia, si bien da la apariencia de motivación al citar disposiciones normativas y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo, no analiza ni subsume correctamente las conductas imputadas en los tipos infractores correspondientes. En particular, no analiza ni subsume correctamente la infracción imputada referida al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT en el tipo infractor correspondiente, ni se valora de manera expresa y razonada la documentación presentada en etapa sancionadora respecto de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pese a su relevancia para la determinación de la responsabilidad administrativa

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14 del TUO de la LPAG, los vicios advertidos resultan trascendentes y no se encuentran comprendidos en las causales taxativamente previstas en el citado artículo, por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial, sino de una motivación aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, el acto administrativo deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar las incongruencias advertidas en la Resolución de Sub Intendencia, la cual debió evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente procedimiento sancionador, tanto en lo referido a la correcta subsunción de la conducta imputada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, como en la valoración de los medios probatorios ofrecidos respecto de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En ese sentido, se evidencia que no se ha efectuado una correcta subsunción de las conductas del administrado con los hechos infractores tipificados como sancionables, ni se ha observado el deber de motivación exigible en el procedimiento administrativo sancionador, lo cual ha generado la vulneración del derecho de defensa11 y del debido procedimiento administrativo. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica imputada, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas

Estando a lo expuesto, la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023-SUNAFIL/IR- UCA/SISA, de fecha 03 de enero de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 037-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, incurre en vicio de nulidad parcial en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 46.7 del artículo 46 del RLGIT y 25.6 del artículo 25 del RLGIT, encontrándose dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables y pasibles de independización para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad12. Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente valido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023- SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 03 de enero de 2023, en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 46.7 del artículo 46 del RLGIT y 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ha sido emitida vulnerando el derecho a la debida motivación; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dichos extremos, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.213 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo14.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad parcial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 46.7 del artículo 46 del RLGIT y 25.6 del artículo 25 del RLGIT, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023- SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 03 de enero de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG15; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 46.7 del artículo 46 del RLGIT y 25.6 del artículo 25 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión en los extremos referidos a las infracciones muy graves tipificadas en los numerales 46.7 del artículo 46 del RLGIT y 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 0001-2023-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 03 de enero de 2023, y de los actos o actuaciones vinculados a los extremos declarados nulos, conforme a los fundamentos expuestos en los numerales precedentes de la presente resolución.

Además, de remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que – de ser el caso – procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, al haberse declarado la nulidad de la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, y de la infracción muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46

La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.