Clínica La Luz Tacna

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de conrol de asistencia (Sub Materia: Incluye todas); Contratos de trabajo (Sub Materia: Formalidades); Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)).

53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento por incumplimiento de normas sociolaborales; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

2 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…).

3 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…).

4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).

7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CLINICA LA LUZ TACNA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de enero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 002-2024-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando los siguientes alegatos:

10 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. De conformidad con el artículo I de la Ley N° 29158, el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG y el numeral 1 del artículo 2° de la LGIT, la actuación de las entidades públicas, sus funcionarios y servidores se encuentra sujeta al Principio de Legalidad. En virtud de dicho principio, toda decisión administrativa debe sustentarse estrictamente en el ordenamiento jurídico vigente, observando además el Principio de Debido Procedimiento, el cual garantiza una evaluación objetiva, motivada y congruente de los descargos formulados en el marco del procedimiento administrativo sancionador. No obstante, en la evaluación de los descargos se advierte que, si bien se invoca expresamente el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento, el análisis efectuado desconoce el carácter normativo del Reglamento Interno de Trabajo, el cual fue aprobado por la autoridad administrativa competente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, produciendo efectos jurídicos obligatorios. En tal sentido, cualquier cuestionamiento sobre su legalidad o validez corresponde ser dilucidado en sede judicial y no en instancia administrativa, por lo que al apartarse de dicho marco competencial se habría incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la LPAG.

ii. De conformidad con el artículo 1° del Decreto Supremo N° 039-91-TR, el Reglamento Interno de Trabajo establece las condiciones a las que deben sujetarse empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus prestaciones. En aplicación del artículo 4° de la citada norma, con Registro N° 000710 de fecha 20 de febrero de 2023, se presentó el Reglamento Interno de Trabajo ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, emitiéndose Resolución s/n de fecha 21 de febrero de 2023 mediante la cual se aprobó dicho instrumento normativo. En consecuencia, al existir un pronunciamiento expreso de la Autoridad Administrativa de Trabajo competente, cualquier cuestionamiento sobre su contenido o validez excede el ámbito de actuación de la SUNAFIL, no pudiendo esta atribuirse facultades que no le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, en observancia del Principio de Legalidad.

iii. Asimismo, el artículo 5° del citado Decreto Supremo establece que los trabajadores que consideren que las disposiciones del Reglamento vulneran normas legales o convencionales vigentes pueden accionar judicialmente; criterio que se refuerza en el literal f) del artículo 2° de la Ley N° 29497, que atribuye a los juzgados especializados de trabajo la competencia para conocer la impugnación de los reglamentos internos de trabajo. En tal sentido, la revisión o eventual inaplicación de disposiciones contenidas en el Reglamento Interno no ha sido atribuida a la autoridad inspectiva ni puede ejercerse vía control difuso en sede administrativa, por lo que la intervención sancionadora sustentada en el cuestionamiento de dicho instrumento normativo vulnera el Principio de Debido Procedimiento y determina la nulidad del procedimiento por manifiesta falta de competencia.

iv. Por otra parte, la medida inspectiva de requerimiento se sustenta en que, habiéndose solicitado información respecto de los descuentos por tardanzas aplicados a las remuneraciones de los trabajadores consignados en el Cuadro N° 01 durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se consideró que dichos descuentos — fundamentados en el artículo 21° del Reglamento Interno de Trabajo— constituirían una penalidad económica carente de habilitación normativa, al estimarse que la remuneración debe pagarse de manera íntegra y oportuna. Bajo ese razonamiento, se concluyó que existiría un incumplimiento de la obligación de pago íntegro de remuneraciones, subsumiendo la conducta en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Como consecuencia de dicha interpretación, mediante la Medida Inspectiva de Requerimiento se dispuso que se acredite el reintegro de los montos retenidos y dejados de pagar a los trabajadores comprendidos en el referido cuadro, por concepto de penalidad económica por tardanza. La imputación parte de considerar que el descuento aplicado equivale a una reducción indebida de la remuneración o a una afectación de su

carácter intangible e irrenunciable, asimilándolo a un supuesto de incumplimiento en el pago íntegro de beneficios laborales. v. No obstante, el descuento por tardanza se vincula directamente con el carácter contraprestativo de la remuneración, en tanto esta se devenga por el trabajo efectivamente realizado. Si el trabajador no cumple íntegramente la jornada pactada debido a tardanzas en el ingreso o en el retorno del tiempo de refrigerio, el tiempo no laborado no genera derecho a contraprestación, por lo que el descuento correspondiente no constituye una reducción fraudulenta ni una penalidad autónoma, sino la consecuencia lógica de la inejecución parcial de la prestación laboral. Tal mecanismo se encuentra previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, previamente aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, lo que excluye la configuración de la infracción imputada y evidencia la vulneración del Principio de Legalidad y del Principio de Debido Procedimiento. vi. En el presente extremo se advierte vulneración al Principio de Debido Procedimiento, al no haberse analizado en el Informe Final de Instrucción la desviación competencial generada al cuestionarse disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo cuya impugnación corresponde a la vía judicial. Se ha omitido considerar que las normas reglamentarias gozan de presunción de legalidad y vigencia mientras no exista pronunciamiento jurisdiccional que declare su invalidez, presupuesto que no ha sido desvirtuado en el presente caso. vii. La Resolución de Sub Intendencia impugnada asume competencias atribuidas expresamente al Poder Judicial, al disponer el reintegro de montos descontados conforme a la metodología prevista en el Reglamento Interno de Trabajo, sin efectuar análisis alguno sobre su vigencia normativa ni sobre el cauce procesal previsto para su cuestionamiento. Tal actuación configura el supuesto de nulidad previsto en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la LPAG, al haberse emitido el acto prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y excediendo el marco competencial. viii. Ante la vigencia y presunción de legalidad del Reglamento Interno de Trabajo, la oposición al cumplimiento de la medida de requerimiento se sustentó en la colisión existente entre lo ordenado por la autoridad inspectiva y lo previsto en dicho instrumento normativo, cuya revisión o inaplicación no forma parte de las atribuciones de la SUNAFIL. Sin embargo, la resolución impugnada no desarrolla fundamento jurídico alguno que justifique la potestad de inaplicar por omisión disposiciones reglamentarias vigentes, limitándose a un análisis normativo parcial que no responde a los argumentos expuestos. ix. En consecuencia, al sustentarse los descuentos por tardanza en la metodología prevista en el Reglamento Interno de Trabajo, cualquier cuestionamiento sobre su legalidad corresponde, conforme al artículo 5° del Decreto Supremo N° 039-91-TR y al literal f) del artículo 2° de la Ley N° 29497, a los Juzgados Especializados de Trabajo. La inobservancia de dicho marco competencial y la ausencia de motivación suficiente determinan la nulidad de la resolución impugnada, por contravenir el Principio de Legalidad y el Principio de Debido Procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

elementos exigidos para el cumplimiento del deber de motivación se encuentran debidamente presentes. En tal sentido, se concluye que, tanto desde una perspectiva formal como material, el debido procedimiento ha sido respetado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado.

(…)”. 6.22. Es pertinente señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL,

que constituye precedente de observancia obligatoria, este Tribunal reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, estableciendo que: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo tanto, su configuración se realiza de manera independiente a las infracciones detectadas en relación con el ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo. 6.23. En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 08 de mayo de 2023, obrante en el expediente digital, dispuso a la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado11, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de dos (02) días hábiles:

FIGURA N° 01

11 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, se configuró la infracción al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

interna12. No obstante, tales alegaciones no desvirtúan el incumplimiento verificado, toda vez que la referida medida imponía la obligación de acreditar la adopción de acciones concretas destinadas a regularizar la situación advertida por el personal inspectivo, dentro del plazo otorgado y conforme a los términos establecidos en el requerimiento. En ese sentido, al no haberse acreditado el cumplimiento íntegro del mandato en las condiciones y oportunidad previstas, corresponde mantener la conclusión respecto del incumplimiento de la referida medida inspectiva.

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material19. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento”. (Énfasis añadido).

12 Cabe precisar que la normativa interna mencionada corresponde al Reglamento Interno de Trabajo de la impugnante.

Administración se satisface cuando esta actúa con diligencia en la obtención, incorporación y análisis de los elementos de convicción necesarios para sustentar la imputación de responsabilidad administrativa.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

1 Relaciones No acreditar el pago íntegro y oportuno Numeral 24.4 del laborales de las remuneraciones. artículo 24° del RLGIT

GRAVE

Labor No cumplir oportunamente con el Numeral 46.7 del inspectiva 2 requerimiento por incumplimiento de artículo 46° del RLGIT

normas sociolaborales. MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CLINICA LA LUZ TACNA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 002-2024-SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 218-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 002-2024-SUNAFIL/IRE-TAC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a CLINICA LA LUZ TACNA S.A.C., y a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260311MABJ – HR: 46827-2023