Ceramica Lima S.A — Res. 759-2026

Antecedentes

notificado el 01 de octubre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1334-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1, notificada el 16 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que no acreditó haber efectuado el pago de la remuneración convencional correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 a favor de los doscientos noventa y tres (293) trabajadores detallados en el fundamento 4.2 del citado pronunciamiento; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que no acreditó haber efectuado el pago de la gratificación legal de fiestas patrias de 2020, a favor de los doscientos ochenta y nueve (289) trabajadores detallados en el fundamento 5.2 del citado pronunciamiento; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que no acreditó haber efectuado el pago de la bonificación extraordinaria de fiestas patrias de 2020, a favor de los doscientos ochenta y nueve (289) trabajadores detallados en el fundamento 6.2 del citado pronunciamiento; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, dado que no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de octubre de 2020; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

1 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 2 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación

de primera instancia4. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia de Lima Metropolitana para el trámite correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. (Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS). 4 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Ello, toda vez que el referido Texto Único Ordenado constituye un instrumento de técnica normativa destinado a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, careciendo de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, las adecuaciones efectuadas en el presente pronunciamiento respecto de las referencias al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS responden únicamente a la actualización de la normativa vigente, sin que ello implique alteración alguna del contenido normativo originalmente aplicable al caso concreto. Asimismo, en aquellos supuestos en los que determinados dispositivos normativos mantengan remisiones expresas al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dichas referencias deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, actualmente aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conservándose plenamente su eficacia jurídica. 5 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 8 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución –en días hábiles– es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

10 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional11.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA CERAMICA LIMA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 894-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. De conformidad con lo establecido en el TUO de la LPAG, así como en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, dentro del plazo de ley se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación presentado durante el procedimiento administrativo sancionador. ii. En efecto, la resolución impugnada declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la resolución de primera instancia, mediante la cual se sancionó por la comisión de infracciones en materia de relaciones laborales y contra la labor inspectiva, consistentes en no acreditar el pago de remuneraciones convencionales correspondientes a determinados meses del año 2020, así como el pago de la gratificación legal y la bonificación extraordinaria por Fiestas Patrias del mismo periodo, conductas tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT; asimismo, se confirmó la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. No obstante, la resolución impugnada incurre en diversos errores de hecho y de derecho que afectan la validez del pronunciamiento emitido, los cuales sustentan la interposición del presente recurso de revisión y serán desarrollados en los fundamentos siguientes. iii. De conformidad con el artículo 44° de la LGIT y el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el procedimiento sancionador debe desarrollarse con observancia del derecho al debido proceso, garantizando a los administrados el ejercicio pleno de su derecho de defensa, el derecho a ofrecer y producir pruebas, así como el derecho a obtener una decisión debidamente motivada y fundada en derecho. En esa línea, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han reconocido que el

11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

debido proceso resulta plenamente aplicable a los procedimientos administrativos, exigiéndose a la Administración el respeto irrestricto de las garantías mínimas que permitan una adecuada defensa frente a cualquier actuación estatal que pueda afectar derechos o intereses legítimos. En consecuencia, toda decisión administrativa debe sustentarse en una valoración integral y razonada de los medios probatorios incorporados al expediente, evitando omisiones o apreciaciones arbitrarias que afecten la validez del acto administrativo emitido. iv. En el presente caso, la resolución impugnada desestimó los argumentos de defensa vinculados al pago de las gratificaciones de julio de 2020 y de la bonificación extraordinaria correspondiente, señalando que las boletas de pago no se encontraban suscritas por los trabajadores y que los documentos denominados “Detalle de operación – planilla de haberes” no otorgaban certeza respecto de la realización efectiva del pago, debido a que en el apartado “Estado” figuraba la condición “Procesada”. No obstante, no se efectuó una valoración adecuada de las constancias de transferencia bancaria presentadas durante el procedimiento, cuyos montos coincidían con los consignados en las boletas de pago incorporadas al expediente, documentos que además fueron reiterados en el recurso de apelación. De este modo, la conclusión alcanzada por la autoridad administrativa carece de suficiente sustento, al prescindir de una evaluación integral de los medios probatorios aportados y desestimar su eficacia acreditativa sin una motivación objetiva y razonable. v. Asimismo, respecto de las boletas de pago observadas por carecer de firma manuscrita de los trabajadores, tampoco se tomó en consideración que la normativa laboral vigente permite la entrega de dichos documentos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, siempre que exista acuerdo previo con los trabajadores y se garantice su recepción efectiva, conforme al artículo 19° del Decreto Supremo N° 001-98- TR. En tal sentido, se acreditó que existían convenios suscritos para la entrega electrónica de documentos laborales, razón por la cual las boletas presentadas no requerían necesariamente la firma física del trabajador. En consecuencia, al haberse aportado documentación destinada a acreditar el pago de remuneraciones y beneficios sociales correspondientes al periodo observado, la omisión de su adecuada valoración evidencia una afectación al derecho de defensa y al deber de motivación de las decisiones administrativas, configurándose una vulneración al Principio de Debido Procedimiento. vi. En el presente caso, se alega la interpretación errónea del Principio de Non Bis In Ídem del TUO de la LPAG, toda vez que la medida inspectiva de requerimiento reprodujo sustancialmente los mismos hechos y fundamentos consignados posteriormente en el Acta de Infracción, referidos al presunto incumplimiento en el pago de remuneraciones, gratificaciones legales y bonificación extraordinaria. En ese contexto, se sostiene que la sanción impuesta por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento vulnera el Principio del Non Bis In Ídem en su dimensión material, reconocido implícitamente en el derecho al debido proceso previsto en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, se argumenta que no resulta jurídicamente válido imponer una sanción adicional sustentada

en los mismos hechos y fundamentos que dieron origen a las infracciones sociolaborales previamente imputadas, pues ello implicaría una duplicidad sancionadora respecto de una misma conducta. vii. Asimismo, se cuestiona la distinción efectuada respecto de los bienes jurídicos presuntamente afectados, bajo el argumento de que la función inspectiva desarrollada por SUNAFIL tiene precisamente como finalidad supervisar y garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, por lo que no correspondería desvincular artificialmente la infracción sustantiva del supuesto incumplimiento de la medida inspectiva cuando ambos extremos derivan de los mismos hechos materia de investigación. En esa línea, se sostiene que la imposición de una sanción adicional por el incumplimiento del requerimiento constituye una extralimitación del poder sancionador de la Administración y una desnaturalización de los fines del procedimiento administrativo, razón por la cual se solicita que se revoque la resolución impugnada en dicho extremo y se deje sin efecto la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. viii. El presente recurso de revisión se interpone al amparo de lo dispuesto en el TUO de la LPAG, y el artículo 14° del Reglamento del Tribunal, sustentándose en la inaplicación e interpretación errónea de normas vinculadas al procedimiento administrativo sancionador y al ordenamiento sociolaboral, entre ellas el artículo 44° de la LGIT, el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el Principio de Non Bis In Ídem. En tal sentido, se solicita admitir a trámite el presente recurso y, oportunamente, declararlo fundado; adjuntándose como medio probatorio los convenios sobre entrega de documentos laborales suscritos con los trabajadores presuntamente afectados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

como lo establece el numeral 5.4 del artículo 5° del TUO de la LPAG, el contenido del acto administrativo, como requisito de validez, debe comprender todas las cuestiones de hecho y de derecho planteadas por los administrados, a fin de garantizar una resolución completa, coherente y ajustada al debido procedimiento.

y sancionaron tanto las infracciones graves como la infracción muy grave, esta instancia excepcional circunscribirá su análisis exclusivamente a la conducta tipificada como infracción muy grave, quedando excluida de revisión aquella calificada como grave. Respecto de la infracción muy grave, esta Sala efectuará la verificación correspondiente conforme a los parámetros normativos aplicables, con especial atención al Principio de Legalidad.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad12.

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13° del citado reglamento.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

13 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 19771-2020-SUNAFIL/ILM.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

calidad de sujeto inspeccionado14, cumpla con realizar las siguientes obligaciones en un plazo máximo de tres (03) días hábiles:

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 12 de octubre de 2020

14 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

15 Corresponde precisar que el dispositivo normativo citado se encontraba vigente al momento de las actuaciones inspectivas.

limita su posibilidad de anticipar las consecuencias jurídicas derivadas de un eventual incumplimiento. La ausencia de dicho elemento afecta directamente los Principios de Legalidad y Debido Procedimiento, al privar al sujeto inspeccionado de la información mínima necesaria para evaluar si corresponde acatar la tesis de la autoridad inspectiva, subsanar la conducta observada o cuestionar la validez del mandato emitido.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditó haber efectuado el pago de la remuneración convencional correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 a favor de los doscientos noventa y tres (293) trabajadores detallados en el fundamento 4.2 del citado pronunciamiento. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales No acreditó haber efectuado el pago de la gratificación legal de fiestas patrias de 2020, a favor de los doscientos ochenta y nueve (289) trabajadores detallados en el fundamento 5.2 del citado pronunciamiento. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE Relaciones laborales no acreditó haber efectuado el pago de la bonificación extraordinaria de fiestas patrias de 2020, a favor de los doscientos ochenta y nueve (289) trabajadores detallados en el fundamento 6.2 del citado pronunciamiento Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CERAMICA LIMA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 894-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 10 de julio de 2023, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 311-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1334-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE1, notificada el 16 de diciembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 894-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la CERAMICA LIMA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260520MABJ – HR: 98884-2020