Extraco S.A — Res. 748-2026

Mediante Orden de Inspección N° 102-2020-SUNAFIL/IRE-APU1, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 046-2020-SUNAFIL/IRE-APU2 (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-APU-SIFN3, notificada el 27 de abril de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

Con fecha 27 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Subintendencia N° 216-2023-SUNAFIL/IRE-APU/SISA.

Mediante Resolución de Subintendencia N° 245-2023-SUNAFIL/IRE-APU/SISA, notificada el 21 de noviembre de 2023, la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Apurímac declaró infundado el recurso de reconsideración.

Con fecha 14 de diciembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 245-2023-SUNAFIL/IRE-APU/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 014-2024-SUNAFIL/IRE-APU, notificada el 26 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Apurímac declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 18 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Apurímac el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 014- 2024-SUNAFIL/IRE-APU.

La Intendencia Regional de Apurímac admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, el mismo que fue recibido el 25 de marzo de 2024.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional10.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 014-2024- SUNAFIL/IRE-APU, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, que confirmó la sanción impuesta, entre otras, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 27 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EXTRACO S.A. SUCURSAL PERU.

En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 207 del TUO de la LPAG determina que, solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Para el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT determina que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre esta se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a la infracción muy grave materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento11, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

En principio, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 230 del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse si existe una afectación a este derecho previo al análisis de los argumentos del recurso de revisión.

En ese sentido, el presente procedimiento administrativo sancionador discurrió en pluralidad de instancias, conforme a la regulación adjetiva aplicable al presente caso. Asimismo, las instancias de mérito tomaron en consideración los escritos de los recursos interpuestos y la oportunidad en que fueron presentados, por lo que, no se ha advertido vicio alguno en el trámite del procedimiento, debiendo desestimarse los agravios alegados en torno a ello. Finalmente, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (énfasis añadido).

Así, el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado. En la búsqueda de dicho cumplimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Además, corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 11 de junio de 2023 en el Diario Oficial El Peruano, referida a los elementos que debe contener una medida inspectiva de requerimiento, en los términos siguientes:

A su vez, conviene traer a colación lo señalado en el considerando 25 de la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL respecto al principio de legalidad:

En atención al bloque de legalidad aplicable, corresponde citar nuevamente la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – “Reglas generales para el ejercicio de la función inspectiva”, la cual exige expresamente que las medidas inspectivas de requerimiento detallen los hechos constitutivos de incumplimiento, los trabajadores afectados, las normas vulneradas y el respectivo numeral del RLGIT que tipifica los hechos como infracciones, conforme se evidencia a continuación:

De la directiva citada se concluye con claridad que la autoridad inspectiva no solo debe describir la conducta infractora y su base normativa, sino también consignar expresamente la tipificación de la infracción sustantiva que dicha conducta configura. Esta exigencia no constituye un formalismo, sino un requisito sustantivo que permite al inspeccionado conocer con precisión la ilicitud atribuida y determina las consecuencias jurídicas de su eventual inobservancia.

En el presente caso, de la revisión de los actuados se observa que el Inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de enero de 2020, otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que adopte las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales con la debida advertencia de que, el incumplimiento del requerimiento, constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, acorde a lo descrito en la misma medida: Figura N° 02 Medida Inspectiva de Requerimiento

Conforme se advierte del numeral 4.2.7. del Acta de Infracción, el inspector deja señalado que las infracciones detectadas por el inspector no fueron subsanadas íntegramente por el empleador en el plazo de cinco (05) días hábiles otorgado. Por tanto, se dejó constancia de la configuración de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En atención a lo señalado y conforme a los precedentes de observancia obligatoria previamente citados, corresponde que el análisis de la medida inspectiva de requerimiento, emitida en el presente caso, se oriente a verificar si esta fue dictada con estricta observancia de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, evaluando si cuenta con un sustento fáctico y jurídico suficiente. Asimismo, resulta necesario determinar si dicha medida delimita, de manera clara y precisa, su ámbito subjetivo y objetivo, identificando correctamente al sujeto obligado, la conducta exigida y las condiciones para su cumplimiento. De igual modo, debe analizarse si la medida guarda coherencia con la verificación previa de una infracción y si su contenido resulta idóneo y necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de relaciones laborales.

En cuanto al cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, se advierte que la medida inspectiva de requerimiento observa el principio de legalidad, toda vez que esta fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 102-2020-SUNAFIL/IRE-APU, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidados en el Acta de Infracción. Además, la misma se sustenta en hechos previamente constatados y debidamente motivados por la autoridad inspectiva, que acreditan el incumplimiento de las materias relacionadas a la planilla electrónica, y el pago de remuneraciones, en favor de los trabajadores materia de investigación. De igual forma se ha verificado que la medida contenía el respectivo apercibimiento, en aplicación del principio de predictibilidad, que exige decisiones administrativas previsibles y promotoras de seguridad jurídica. Por último, se ha constatado que en la misma se ha especificado el tipo infractor propuesto para las conductas constatadas.

Siendo así, de la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que, el Inspector comisionado realizó una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.2 del RLGIT14, en tanto que, habiéndose verificado la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales, de naturaleza subsanable, ordenó la adopción de medidas destinadas a su corrección. Asimismo, dicha actuación se encuentra debidamente sustentada, al haberse motivado de forma expresa la configuración de la infracción, cumpliendo con el principio de legalidad y con las exigencias de debida motivación.

Sin embargo, la medida inspectiva de requerimiento presenta deficiencias relevantes en la determinación de su ámbito objetivo y subjetivo respecto de los mandatos contenidos

En relación con la obligación vinculada a la entrega de constancias de alta del T-Registro, si bien inicialmente el inspector identifica como incumplimiento específico la falta de entrega de dichas constancias a determinados trabajadores, posteriormente incorpora dentro de la misma subsanación exigencias referidas al “inmediato registro de los datos laborales (...) de acuerdo a la fecha real de inicio de la relación laboral”, mezclando obligaciones de naturaleza distinta. Ello evidencia una falta de determinación del ámbito objetivo de la medida, pues no queda claramente delimitado si el mandato se encontraba orientado a la entrega de constancias o a la regularización del registro laboral, generándose además una afectación a la razonabilidad y claridad del requerimiento, en tanto no permite identificar de manera inequívoca cuál era la conducta concreta cuyo incumplimiento podía posteriormente sustentar una infracción a la labor inspectiva.

Del mismo modo, el mandato referido a acreditar el registro de los datos laborales de los trabajadores detallados en la tabla del numeral 7 tampoco satisface las exigencias de precisión y determinación establecidas en los precedentes antes citados. Aunque el inspector identifica un universo de trabajadores, no individualiza las observaciones específicas que debían subsanarse respecto de cada registro, pese a que las inconsistencias comprendían diversos campos de información, tales como número telefónico, correo electrónico, ocupación, entidad financiera, establecimiento donde labora y nivel educativo. Así, no se ha determinado adecuadamente el ámbito objetivo del mandato, al omitirse precisar qué dato concreto debía corregirse respecto de cada trabajador, ni tampoco el ámbito subjetivo en términos razonables, considerando que la propia documentación presentada posteriormente por la inspeccionada evidencia que algunos trabajadores sí contaban con información correctamente registrada en determinados campos observados, lo que demuestra que las inconsistencias no eran uniformes ni generales para todos los trabajadores comprendidos en la tabla. En consecuencia, la medida terminó trasladando a la inspeccionada la carga de reconstruir el contenido material del requerimiento, afectando la claridad, exigibilidad y posibilidad real de cumplimiento del mandato inspectivo, en contravención de los criterios establecidos por el Tribunal respecto a la debida determinación de las medidas inspectivas.

Finalmente, el mandato referido al pago de intereses laborales por retraso en la cancelación de remuneraciones y al reintegro de remuneraciones conforme a la tabla salarial del régimen de construcción civil tampoco delimita adecuadamente su ámbito subjetivo, incumpliendo directamente las exigencias desarrolladas en las Resoluciones de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL y N° 010-2025-SUNAFIL/TFL. Si bien el inspector señala que el reintegro debía efectuarse respecto de los trabajadores detallados en la tabla del numeral 8, dicho apartado no contiene una relación individualizada de trabajadores afectados ni permite identificar concretamente cuáles eran los trabajadores comprendidos en el supuesto incumplimiento. En ese sentido, no se ha determinado el universo de trabajadores alcanzados por el mandato, lo que impide conocer con precisión el alcance subjetivo de la medida y dificulta verificar objetivamente su cumplimiento. Si bien conforme a la Resolución de Sala Plena N° 010-2023-SUNAFIL/TFL no resulta exigible que la medida inspectiva precise numéricamente el monto adeudado para su validez, ello no exonera a la autoridad inspectiva de identificar claramente los sujetos comprendidos en el requerimiento y la conducta concreta cuya subsanación se exige. La omisión advertida afecta la razonabilidad, claridad y exigibilidad de la medida inspectiva, más aún cuando posteriormente se pretende sustentar una infracción a la labor inspectiva sobre la base de dicho mandato.

En consecuencia, si bien la autoridad inspectiva logró advertir presuntos incumplimientos vinculados al registro de información laboral, entrega de constancias de alta y pago de remuneraciones en el régimen de construcción civil, la medida inspectiva de requerimiento emitida para revertir dichas conductas no fue formulada de manera suficientemente clara, precisa ni razonable, al no delimitar adecuadamente el ámbito objetivo y subjetivo de los mandatos impartidos. En efecto, se verifican inconsistencias en la determinación de las obligaciones exigidas, omisiones respecto de la identificación de los trabajadores comprendidos y ausencia de individualización de las observaciones específicas que debían subsanarse respecto de cada registro laboral, incumpliéndose así los criterios vinculantes desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL. Por tanto, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por la infracción a la labor inspectiva sustentada en dichos mandatos.

Cabe precisar que, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG, no constituye causal de nulidad una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación del derecho efectuada por las instancias anteriores. No obstante, ello no impide efectuar el control de legalidad sobre la validez formal y material de la medida inspectiva de requerimiento, particularmente respecto del cumplimiento de los estándares de claridad, precisión, razonabilidad y determinación exigidos para sustentar válidamente una eventual infracción a la labor inspectiva.

En atención a lo resuelto precedentemente, y habiéndose determinado que los mandatos que sustentan la infracción a la labor inspectiva imputada no satisfacen los estándares exigidos por la jurisprudencia vinculante del Tribunal de Fiscalización Laboral, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás alegatos formulados por la impugnante en su recurso de revisión.

Finalmente, debe considerarse que el análisis de los argumentos formulados por la impugnante se realizó dentro del ámbito competencial de este Tribunal, circunscrito a la infracción muy grave materia del recurso de revisión, verificándose respecto de ella la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral. En consecuencia, se debe reiterar que no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos vinculados a infracciones graves y leves confirmadas por las instancias precedentes, al no formar parte del ámbito de competencia revisora de este Tribunal y haber agotado dichas materias la vía administrativa correspondiente.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.