Cargo Transport S.A.C.

Mediante Orden de Inspección N° 2736-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1958-2021- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 2216-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificada el 20 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2576-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI2, notificada el 21 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Subintendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0890-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, notificada el 06 de marzo de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 23 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0890-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, solicitando que se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 785-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 19 de junio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 11 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 785-2023- SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 003929-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 18 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 del LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Cargo Transport S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 785-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 de RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 20 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Cargo Transport S.A.C.

Dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante con ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto a fin de contrastar la existencia de vulneración al respecto.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312- 2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material8.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el

Al respecto, la impugnante sostiene que las instancias administrativas previas no han evaluado que el cumplimiento del segundo requerimiento del 05 de febrero de 2021 ya se había concretado con la información remitida en respuesta del primer requerimiento del 01 de febrero de 2021, y que entonces, el motivo por el cual no se contestó el segundo requerimiento fue porque toda la información solicitada ya había sido presentada. Tal omisión valorativa, conforme a la impugnante, habría vulnerado del debido procedimiento y el derecho de defensa.

En ese sentido, con el fin de analizar los agravios y vicios alegados por la impugnante, así como proceder con la revisión del procedimiento en torno al cumplimiento de las garantías al debido procedimiento y debida motivación que anteriormente se han señalado, corresponde iniciar por precisar que, sobre el deber de colaboración dentro del Sistema de Fiscalización de Trabajo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento

Por su parte, con relación al requerimiento de información como modalidad de actuación inspectiva, el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Igualmente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.12.4 de la versión 02 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, de fecha 10 de agosto de 2021, se dispone que, “7.12.4. La negativa del sujeto inspeccionado a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, constituye infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG y normas sobre la materia. Para que se configure la negativa, tiene que haberse advertido que la información y documentación exigida exista a la fecha del requerimiento, y que ésta deba ser necesaria para el desarrollo de las funciones del inspector comisionado.” (énfasis añadido)

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

En consecuencia, el tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientada a sancionar la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes en facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante pese a estar correctamente notificados con el acto de requerimiento informativo, se niegan a entregar la información solicitada por el inspector comisionado.

Además, para la configuración típica de esta infracción, es importante considerar el precedente de observancia obligatoria contemplado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, conforme al cual el criterio para la determinación de la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, será el efecto limitante de la conducta observada por el sujeto inspeccionado sobre el desarrollo de las actuaciones inspectivas, de modo que, con la negativa de entregar la información se haya frustrado e impedido la investigación y verificación de las materias de inspección. Esto, a fin de distinguir el tipo infractor del supuesto previsto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, en el cual la conducta omisiva de la inspeccionada no sería impedimento ni limitante para el cumplimiento de la función inspectiva. La cita pertinente del precedente es la siguiente:

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia11. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).12

Bajo este marco normativo, corresponde analizar inicialmente el cumplimiento del principio de tipicidad13. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”14.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha determinado en la sentencia recaída en el expediente N° 01873-2009-AA/TC, lo siguiente: “Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una conducta específica aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, las conductas deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, mientras que, en relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada”.

Es por ello por lo que, conforme al numeral 4 del artículo 248° del TUO de la LPAG previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 12, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones. Por tanto, es posible afirmar que la observancia del principio en cuestión constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea posible comprobar la correcta subsunción de una conducta del administrado con el hecho infractor tipificado como sancionable por el incumplimiento de la normativa sociolaboral.

Ahora bien, en el presente caso, del análisis del expediente inspectivo, se advierte la emisión del requerimiento de información de fecha 01 de febrero de 2021, notificado vía casilla electrónica el mismo día, mediante el cual se solicitó información relacionada a las materias de inspección, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para su cumplimiento; conforme se comprueba de las siguientes constancias de notificación:

Ante ello, el inspector dejó constancia en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que la inspeccionada cumplió con entregar la siguiente información: “boletas de pago de marzo a junio de 2020 y de febrero de 2021 de Edwin Jamanca, constancias de depósito de planillas de remuneraciones de marzo a junio de 2020 de Edwin Jamanca, Depósito de Reintegro por el monto de S/. 2,498.35 Soles de fecha 04/02/2021 a favor de Edwin Jamanca, detalles de reintegro de planilla de febrero de 2021 de Edwin Jamanca, Depósito de CTS del periodo vencido en mayo 2020, control de salidas de vacaciones del periodo 2019/2020 de Edwin Jamanca, gratificaciones de julio de 2020 de Edwin Jamanca” (énfasis añadido).

Posteriormente, con fecha 05 de febrero de 2021 el inspector comisionado emitió un segundo requerimiento de información, solicitando a la inspeccionada la remisión de información y/o documentos relativos a: “Gratificaciones más bonificación extraordinaria del 9% de julio de 2020

No obstante, la inspeccionada no dio respuesta al segundo requerimiento señalado, de manera que el inspector comisionado concluyó en el numeral 4.5 de los Hechos Constatados que “el sujeto inspeccionado, no brindó la colaboración correspondiente en el procedimiento inspectivo al no facilitar respuesta alguna, a la documentación solicitada en el requerimiento de información notificada mediante casilla electrónica realizada el 05/03/2021, motivo por el cual se propone la sanción al sujeto inspeccionado”. Así, se advierte que el sustento para la calificación de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, consiste en que la inspeccionada no habría cumplido con responder el segundo requerimiento informativo del 05 de febrero de 2021, presentando la información y/o documentos relativos a: “Gratificaciones más bonificación extraordinaria del 9% de julio de 2020 de Edwin Jamanca”. Este argumento ha sido sustentado también por las instancias administrativas previas durante el procedimiento sancionador.

No obstante, en el razonamiento anterior se ha omitido valorar que el propio inspector comisionado en los numerales posteriores al numeral 4.5 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que erróneamente se han enumerado del “4.2 al 4.6”, dejó constancia de lo siguiente: Figura N° 04:

De este modo, conforme a las propias conclusiones arribadas por el inspector comisionado, se advierte que las actuaciones inspectivas sí pudieron ser concluidas, determinándose que la inspeccionada habría acreditado el pago de las remuneraciones y los beneficios sociales materia de investigación, sobre todo, el “pago de la gratificación y la bonificación extraordinaria del 9% de julio de 2020” a favor del trabajador afectado. En consecuencia, es evidente que existe una contradicción entre los elementos objetivos que componen la configuración del tipo infractor imputado y los hechos constatados en el Acta de Infracción, pues en concreto, la ausencia de respuesta de la inspeccionada al requerimiento de información del 05 de febrero de 2021 no habría frustrado o detenido el desarrollo de las actuaciones inspectivas, ni habría impedido la verificación de las materias de inspección. Es más, la falta de información ni siquiera imposibilitó que el inspector tuviera por cancelado los beneficios sociales cuya información fue materia de solicitud en el segundo requerimiento, esto es, la gratificación y la bonificación extraordinaria del 9% de julio de 2020.

Por tanto, para esta Sala es notorio que existe una ausencia de motivación por parte de la autoridad sancionadora en la configuración correcta del tipo infractor previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, bajo el criterio establecido en el precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL –vigente al momento de la emisión de las resoluciones de primer y segundo grado–, dado que en ningún extremo se analizó y justificó cómo el incumplimiento informativo observado por la inspeccionada frente al requerimiento del 05 de febrero de 2021, limitó e impidió el ejercicio de la fiscalización de las materias de inspección, considerando la información que sí fue presentada por la inspeccionada con anterioridad.

Asimismo, también se corrobora que esta deficiencia justificativa en la determinación de la infracción impuesta a la inspeccionada es consecuencia de la falta de valoración de la documentación presentada por esta en respuesta al primer requerimiento informativo del 01 de febrero de 2021, respecto del cual el propio inspector señaló en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que la impugnante había remitido información relativa a las gratificaciones de julio de 2020.

En esa misma línea, del análisis de dicha documentación, se observa que la inspeccionada adjuntó las boletas de pago que contienen la cancelación de las gratificaciones y de la bonificación extraordinaria de julio de 2020 y que, además, se adjuntó el pago del cálculo por reintegros, que incluyó la cancelación de reintegros por la gratificación y la bonificación extraordinaria de julio de 2020 (folios 33, 34 y 42 del expediente inspectivo). Por ende, la ausencia de respuesta al requerimiento del 05 de febrero de 2021 parece no trascender en el

Considerando lo anterior, entonces, la calificación de la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT evidencia una motivación superficial y carente de coherencia, al no haberse efectuado una valoración integral de la información ni de los hechos verificados durante el procedimiento inspectivo. En efecto, no se consideró que el segundo requerimiento informativo reiteró la solicitud de información previamente requerida y oportunamente entregada por la inspeccionada al atender el primer requerimiento, sin que dicho segundo acto formulara la solicitud de información o documentación distinta o adicional.

Además, las instancias previas no han explicado de qué manera la falta de respuesta a dicho segundo requerimiento —pese a que la información ya obraba en el expediente y a que el propio inspector dio por verificado el cumplimiento las materias de inspección— habría generado una efectiva frustración de la función inspectiva, conforme a los criterios establecidos en el precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N.° 001-2021-SUNAFIL/TFL, requisito indispensable para la configuración de la infracción imputada.

Puede concluirse entonces, que prima facie los hechos suscitados en el procedimiento inspectivo, no se subsumen del todo en el tipo infractor invocado, dado que este se refiere a la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Pero, en este caso no hubo una negativa como tal ni tampoco existió la frustración o limitación del desarrollo de la fiscalización, lo cual no fue evaluado debidamente por las instancias previas.

En tal sentido, es primordial que el órgano encargado del procedimiento administrativo sancionador y el responsable de determinar la responsabilidad administrativa realice una evaluación exhaustiva y un reexamen integral de todos los documentos presentados por la administrada y los hechos constatados en el Acta de Infracción, con el fin de subsumir adecuadamente la conducta objeto del reproche administrativo.

Por tales razones, esta Sala identifica que la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0890- 2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, no motivó por qué la tipificación en este caso debería ser a través de la infracción muy grave a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, es decir se sanciona y tipifica los actos recogidos en el Acta de Infracción, dentro del tipo infractor señalado, por la negativa de cumplir el requerimiento de información de fecha 05 de febrero de 2021, aun cuando en la misma Acta se dejó constancia que esta misma información fue presentada anteriormente por la inspeccionada y que sí se pudo corroborar el cumplimiento de las materias de inspección.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, como consta de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, donde se precisa lo siguiente:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Subintendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos detectados por el personal inspectivo, no analiza la integridad de los hechos establecidos en el Acta de Infracción, a fin de subsumir y motivar la configuración de la infracción imputada a la impugnante en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLIGT.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio detectado resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino de una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo, así tenemos:

Por tanto, resulta imposible convalidar las actuaciones tanto de la Intendencia como de la Subintendencia en dicho extremo al no garantizar la debida motivación de sus respectivos pronunciamientos, lo cual se configura en razón a que las instancias precedentes no generaron la correcta evaluación de los hechos a fin de establecer la conducta infractora y subsumirla correctamente en el tipo infractor imputado.

Estando a lo expuesto, esta Sala ha identificado que la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0890-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 785-2023- SUNAFIL/ILM, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Corresponde precisar que, a partir de la nulidad sustentada en los fundamentos precedentes, no corresponde emitir mayor pronunciamiento respecto de los alegatos esgrimidos por la impugnante sobre este extremo en el recurso de revisión, teniendo en cuenta que la revisión y corrección de la conducción del procedimiento conforme a las garantías que comprenden el debido procedimiento y la debida motivación constituye, para este Tribunal, labor previa al análisis de la configuración sustantiva de la infracción administrativa impuesta.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho

En este expediente se han identificado vicios en el trámite del Procedimiento Administrativo Sancionador, pues la autoridad administrativa no ha evaluado, al momento de sancionar, la notificación de los requerimientos de información, que acarrean la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0890-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, notificada el 06 de marzo de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo al infringir el derecho a la debida motivación, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG15; tal resolución carece de efecto y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios del debido procedimiento.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Asimismo, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.