Asociación N Paz Holandesa

Mediante Orden de Inspección N° 0000000047-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 094 -2023-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). E n mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1057-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 24 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 91-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 13 de febrero de 2023, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 21 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 262-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 20 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa, declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, modificando el número de trabajadores a uno; en consecuencia, adecuando el monto total de la multa impuesta.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 262-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-2024-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral- tanto adjetivo como sustantivo-, así como, vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Asociación N Paz Holandesa, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 262-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que adecuó la sanción impuesta por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 21 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Asociación N Paz Holandesa.

Debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG, establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción.

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT, establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con la infracción muy grave, e identificando si sobre esta se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

En principio, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA, señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración respecto de la debida motivación de las resoluciones.

El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional9. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción;

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material10.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, efectuando una explicación congruente de los motivos que sustentan la decisión, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo (énfasis añadido).

De la lectura de la Resolución de Intendencia N° 262-2023-SUNAFIL/IRE-AQP se advierte que se confirmado la responsabilidad de la impugnante en relación a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, modificándose el monto de la multa al considerarse un (01) trabajador como afectado.

Al respecto, del análisis efectuado por la propia autoridad de segunda instancia se advierte que la resolución de primera instancia incurre en una manifiesta vulneración al deber de motivación, en tanto no valoró de manera adecuada y razonada la documentación presentada por la impugnante durante el procedimiento inspectivo y sancionador. En efecto, conforme al análisis desarrollado en el literal a) del fundamento 8 del pronunciamiento venido en grado, la segunda instancia reconoce expresamente que la inspeccionada ha acreditado el pago de la compensación por tiempo de servicios y los intereses correspondientes respecto de diez (10) trabajadores antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, lo cual evidencia que los medios probatorios aportados resultaban idóneos, pertinentes y suficientes para desvirtuar la imputación inicial en dichos extremos.

En ese contexto, de las conclusiones arribadas por el inferior en grado, se advierte que la resolución de primera instancia sostuvo la existencia de responsabilidad administrativa, entre otras, de la conducta tipificada en el 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sin efectuar una valoración real, integral y coherente de los documentos ofrecidos, limitándose a desestimarlos de manera genérica. Dicha actuación resulta contraria al derecho al debido procedimiento administrativo reconocido en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, que garantiza, entre otros aspectos, el derecho a obtener una decisión debidamente motivada y fundada en derecho, emitida tras una correcta apreciación de los hechos y de los medios probatorios.

Asimismo, conforme ha sido señalado reiteradamente por el Tribunal Constitucional, el procedimiento administrativo sancionador constituye una garantía esencial para el administrado, dentro de la cual la motivación de los actos administrativos adquiere especial relevancia, pues permite conocer las razones de hecho y de derecho que sustentan la atribución de responsabilidad. En el presente caso, al haberse demostrado que existió subsanación respecto de diez (10) trabajadores antes del inicio del procedimiento sancionador, la autoridad de primera instancia debió efectuar un análisis diferenciado y razonado, determinando las implicancias de dicho cumplimiento en relación a la conducta tipificada en el 46.7 del artículo 46 del RLGIT, lo que no ocurrió, configurándose así una motivación aparente.

De igual forma, la omisión en la correcta valoración de la prueba vulnera el principio de verdad material, previsto en el inciso 1.11 del TUO de la LPAG, que obliga a la autoridad administrativa a verificar plenamente los hechos que sirven de fundamento a sus decisiones. La autoridad sancionadora no solo debía analizar los documentos presentados, sino también contrastarlos con el contexto temporal de los pagos y con la finalidad de determinar, respecto de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, los trabajadores afectados por dicho incumplimiento, lo cual fue recién advertido y corregido por la autoridad de segunda instancia.

En ese sentido, resulta pertinente traer a colación lo establecido por el máximo intérprete de la constitución, el cual en la sentencia recaída en el expediente Nº 2192-2004-AA/TC- TUMBES, precisó sobre el Principio de Licitud, lo siguiente:

En ese mismo sentido, en la doctrina nacional el profesor Morón Urbina indica:

El Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2023- SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de enero de 2023, el cual tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, ha establecido ciertas directrices respecto de la obligación de la administración de desvirtuar la presunción de licitud del administrado mediante la verificación plena de los hechos (verdad material), recabando medios probatorios idóneos antes de sancionar, sobre la base de los siguientes términos:

Sobre dicho marco normativo y jurisprudencial, se establece el parámetro de valoración probatoria para la administración, debiendo considerar las directrices que definen los Principios de Licitud y de Verdad Material. Mediante dichas aristas, se define la necesidad que la inspección de trabajo genere un esfuerzo por establecer la responsabilidad de la inspeccionada, desde la dirección de la investigación y la valoración de lo recabado en el proceso. Sin embargo, en el presente caso, se verifica en el análisis efectuado por la autoridad de primera instancia, un defecto en la estructura de análisis que ha generado una sanción contra la administrada, no respaldada en la valoración probatoria y determinación fáctica de responsabilidad de la misma, en cuanto a la imputación de infracción formulada en su contra.

En consecuencia, al haberse determinado que la inspeccionada cumplió con subsanar la obligación sustantiva respecto de diez (10) trabajadores antes del inicio del procedimiento sancionador, resulta evidente que la determinación de responsabilidad por la infracción tipificada en el numeral 46.7 del RLGIT carece de una motivación real y suficiente en la resolución de primera instancia. Dicha decisión se sustenta en una argumentación meramente formal, sin correspondencia con los hechos acreditados, lo que configura un vicio de motivación aparente que afecta la validez del acto administrativo.

Por todo ello, corresponde concluir que la resolución de primera instancia incurre en causal de nulidad por indebida motivación, al haberse emitido prescindiendo de una valoración adecuada de los medios probatorios y en contravención de los principios del debido procedimiento, verdad material que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, conforme a los estándares desarrollados por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

En este punto, es importante resaltar que, en el presente caso, además, la segunda instancia del procedimiento administrativo sancionador, esto es, la Intendencia respectiva, debió realizar un análisis respecto de las actuaciones de las instancias inferiores, enmarcadas en el respeto a los principios del procedimiento administrativo, especialmente el sancionador. De esta manera, se evidencia que la resolución impugnada carece de una debida motivación, afectando con ello el principio y derecho del debido procedimiento.

Que, si bien la autoridad de segunda instancia efectuó una valoración integral de la documentación presentada por la impugnante, dicha actuación no resulta suficiente para subsanar el vicio incurrido por la autoridad de primera instancia, toda vez que la omisión de una adecuada motivación y valoración probatoria en la etapa inicial del procedimiento constituye un defecto trascendente que afecta el núcleo del debido procedimiento administrativo. La falta de motivación real privó a la administrada de conocer las razones concretas de la imputación y de ejercer plenamente su derecho de defensa, configurándose una motivación aparente que no puede considerarse un error menor o subsanable.

En ese sentido, la revisión posterior realizada en segunda instancia no ha saneado la irregularidad originaria, pues ello implicaría legitimar una actuación sancionadora emitida sobre bases defectuosas. Conforme a los principios del debido procedimiento y de verdad material, la correcta verificación de los hechos y la valoración de la prueba debía efectuarse desde la primera instancia, razón por la cual el vicio advertido compromete la validez del acto sancionador y del procedimiento en su conjunto, justificando la declaración de nulidad.

De lo expuesto en los fundamentos precedentes, es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia, si bien da la apariencia de motivación, no valoró, adecuadamente, los medios probatorios aportados durante la etapa inspectiva y sancionadora a fin de determinar los alcances de la responsabilidad de la impugnante en la sanción materia de pronunciamiento.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar el vicio de motivación advertido en la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, ya que esta no valoró los medios probatorios aportados y los hechos que de ellas son deducibles, a fin de establecer con claridad los fundamentos que sustentan o rechazan la imposición de la infracción administrativa cuestionada más aún cuando, en el presente caso, conforme a las pruebas actuadas y las conclusiones de la autoridad de segunda instancia, se señala que se ha acreditado el cumplimiento del pago de la compensación por tiempo de servicios más los intereses legales, antes del inicio del procedimiento sancionador, habiéndose eximido de responsabilidad respecto a 10 trabajadores en relación a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 47 del RLGIT.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP incurre en vicio de nulidad en el extremo de la confirmación de la imposición de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la ausencia de motivación interna en su fundamentación.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independizables para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad.13 Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

Estando a lo señalado, se debe tener en cuenta que, respecto a las infracciones que son materia de solicitud de subsanación en la medida inspectiva de requerimiento, calificadas como infracciones graves en el acta de infracción, se ha agotado la vía administrativa, esto es, ha causado estado.

En tal sentido, considerando lo expuesto, respecto a la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, en el extremo referido a la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Ahora, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo14.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 674-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 28 de junio de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG15; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución en el extremo relacionado con la infracción MUY GRAVE tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación (énfasis añadido).

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión solo en el extremo de la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, y considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG

En consecuencia, se remite la presente Resolución al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que -de ser el caso- procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los alegatos planteados en el recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.