Alfin Banco S.A

Mediante Orden de Inspección N° 695-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 358-2022- SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 880-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 05 de setiembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 190-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 27 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 569-2023-SUNAFIL/IRE-SISA- AQP, notificada el 05 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 19 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 569-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, solicitando que se declare su nulidad o que, en su defecto, se revoque la misma y se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 246-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 02 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 22 de noviembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 246-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 001963-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 05 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 del LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Alfin Banco S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 246-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 de RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Alfin Banco S.A.

Dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante con ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación a ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312- 2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto. De este modo, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material8.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (énfasis añadido)

Además, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas

Al respecto, la impugnante alega que se ha infringido el debido procedimiento en su vertiente de una debida motivación por cuanto los requerimientos de información no fueron precisos ni concisos, ni detallaron con claridad la información solicitada conforme a la Resolución Directoral Nro. 272-2010-MTPE, y porque la instancia administrativa previa en la resolución impugnada ha obviado valorar esta circunstancia a pesar de haber sido sustentada en el recurso de apelación. A tal efecto, en principio, es importante recalcar que la cita acotada por la impugnante en el recurso de revisión respecto de la Resolución Directoral Nro. 272- 2010-MTPE, se refiere la motivación de la medida inspectiva de requerimiento, acto que es distinto al requerimiento de información como modalidad de actuación inspectiva para la verificación de las materias de inspección.

En tal sentido, si bien el requerimiento de información emitido conforme al artículo 11 de la LGIT y el artículo 12 del RLGIT, debe cumplir estándares mínimos de claridad y precisión que permitan al sujeto inspeccionado cumplir con su deber de colaboración, proporcionando de manera correcta y oportuna la información solicitada por la autoridad inspectiva, lo cierto es que a dicho acto no le resulta exigible el deber de motivación, en tanto no constituye una decisión administrativa que imponga una obligación sustantiva, formule un mandato, proponga o determine una sanción, ni genere por sí misma efectos jurídicos autónomos en la esfera del administrado, sino que se configura como un instrumento de actuación de la función inspectiva, orientado a recabar información vinculada a las materias objeto de fiscalización; en consecuencia, no corresponde evaluar en esta extremo una supuesta vulneración del deber de motivación, como de manera genérica sostiene la impugnante.

Por otro lado, respecto del deber de motivación y el cumplimiento del debido procedimiento en el trámite del procedimiento sancionador, debe precisarse que, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 569-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, como la Resolución de Intendencia N° 246-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como

Es más, sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente, incluyendo lo relacionado a la falta de precisión y claridad en los requerimientos de información. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción, sustentando correctamente desde el punto de vista formal y procedimental, la imposición de las infracciones que fueron determinadas por la primera instancia administrativa.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, pues, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación, no correspondiendo acoger tampoco es este del recurso de revisión, ni declarar la nulidad de la resolución impugnada por ello.

Cabe precisar que las alegaciones relativas a la falta de precisión de los requerimientos de información y al cumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, serán evaluados en lo sucesivo al examinar la configuración de la infracción impuesta prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 el RLGIT, considerando que dichos argumentos cuestionan a nivel material la responsabilidad administrativa de la impugnante y no la concordancia de la actuación procedimental a las garantías del debido procedimiento.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que, “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.10

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.12.4 de la versión 02 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, de fecha 10 de agosto de 2021, se dispone que, “7.12.4. La negativa del sujeto inspeccionado a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, constituye infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG y normas sobre la materia. Para que se configure la negativa, tiene que haberse advertido que la información y documentación exigida exista a la fecha del requerimiento, y que ésta deba ser necesaria para el desarrollo de las funciones del inspector comisionado.”.

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT11, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientada a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante pese a estar correctamente notificados con el acto de requerimiento informativo, se niegan a entregar la información solicitada por el inspector comisionado.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad12. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”13.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia14. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).15

Cabe agregar también que el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo, se advierte la emisión de tres requerimientos de información de fechas 09 de mayo, 18 de mayo y 09 de junio de 2022, que fueron notificados respectivamente en las mismas fechas, solicitando cada uno de ellos información relativa a las materias de inspección. Asimismo, se corrobora que particularmente en el requerimiento de información del 18 de mayo de 2022 y el del 09 de junio de 2022, el inspector comisionado solicitó información detallada respecto de la composición remunerativa del salario de la extrabajadora afectada, requiriendo la determinación de las condiciones de abono y los factores de cálculo respecto de, entre otros, los conceptos denominados “comisiones”, “bonos” y “1PBI Otros concursos Eventua”. Véase la siguiente imagen:

No obstante, en el numeral 4.10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector comisionado deja constancia de que: “Sumado al hecho de que a pesar de haber sido requerido no se ha suministrado por parte del administrado el detalle del cálculo del importe percibido, a fin de poder determinar si los abonos efectuados se concatenan con los parámetros establecidos en el caso de las comisiones percibidas por la recurrente; en tanto de la descripción proporcionada de los conceptos consignados en las boletas de pago, no se desprende cuáles son las sumas que corresponden a estas últimas”, y que “producto de las actuaciones inspectivas desarrolladas y de los medios de prueba suministrados por el sujeto inspeccionado, se colige que este último no ha proporcionado los medios que permitan verificar en el caso concreto de la recurrente, si los abonos efectuados se concatenan con los parámetros establecidos en el caso de las comisiones y bonos percibidos por esta última; en tanto de la descripción de los conceptos consignados en las boletas de pago, no se desprende cuáles son las sumas que corresponden a los mismos.” Agregando que la inspeccionada “únicamente se ha limitado a señalar en el caso de las comisiones y los bonos percibidos por la recurrente que estos son “variables” o “de acuerdo a las metas establecidas por el área”; sin haber acreditado el esquema de política salarial, a fin de determinar su naturaleza, y los montos establecidos en cada uno de los casos, ya

De este modo, el inspector comisionado –y así también las instancias administrativas previas– sustentan la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT por parte de la impugnante, en base a que esta no habría cumplido con remitir la información correspondiente a las “condiciones de abono” y “los parámetros de cálculo” de las comisiones y bonos del periodo correspondiente a noviembre de 2020 hasta abril de 2022, frustrando el desarrollo de las actuaciones inspectivas –y la comprobación del cumplimiento de obligaciones objeto de inspección– en tanto impidió la corroboración del pago correcto de dichos beneficios.

Al respecto, esta Sala advierte que, en respuesta al requerimiento de información del 18 de mayo de 2022, la inspeccionada informó que el pago de comisiones se canceló bajo el concepto “1PBI Otros Concursos”, tal cual se condice con las boletas de pago desde noviembre de 2020 hasta setiembre de 2021, y posteriormente desde octubre de 2021 hasta abril de 2022, como “Comisiones”. Por otro lado, el pago del concepto “bonos” consta en las boletas de pago desde octubre de 2021 a abril de 2022. Asimismo, precisó ante el requerimiento del inspector sobre la información de las “condiciones para su percepción” que el concepto ““1PBI Otros Concursos”, definido como “Comisiones Financieras”, se cancelaba “de acuerdo a metas que brinde el área”; y, que las comisiones y bonos respondían a un importe “variable” y su parámetro de cálculo era conforme a las “comisiones y “bonos” del mes.

En consecuencia, se verifica que la inspeccionada a pesar de que el inspector requirió información concreta sobre las fórmulas de cálculo y las condiciones de pago de tales conceptos remunerativos, omitió su deber de colaboración brindando información genérica sobre ello. De manera que, conforme dejó constancia el inspector comisionado, no se pudo emitir un pronunciamiento inspectivo sobre el cumplimiento o no del pago correcto de la remuneración de la denunciante. Esta conducta, como bien se ha fundamentado en el trámite del presente procedimiento sancionador por las instancias previas, configura una omisión informativa que limita el desarrollo de la función inspectiva y quebranta el deber de colaboración establecido en el artículo 9 de la LGIT y en el artículo 15 del RLGIT. Comprobándose la comisión de la infracción muy grave establecida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, en concordancia con el precedente vinculante contemplado en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL.

La defensa de la inspeccionada al respecto, en el recurso de revisión, sostiene que los requerimientos de información no fueron precisos, claros ni concisos sobre dicho extremo y que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, cumplieron en todo momento con presentar la información requerida. Al respecto, de la FIGURA N° 01 y FIGURA N° 02, se observa que, tanto en el requerimiento de información del 18 de mayo de 2022 como en el

Con relación al cumplimiento del deber de colaboración reflejado en la entrega de la mayoría de la información solicitada por el inspector comisionado, debe precisarse que, de acuerdo a los precedentes establecidos por este Tribunal, la inobservancia del deber de colaboración que constituya una negativa u omisión negligente en la entrega de información que genere la imposibilidad de cumplir con la función inspectiva, esto es, que imposibilite la corroboración del cumplimiento de las materias de inspección, será calificada como la infracción muy grave prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. En tal sentido, si bien la inspeccionada cumplió con remitir gran parte de la información solicitada por el inspector en los requerimientos de información antes señalados, el extremo omitido, tal cual se sustentó en el Acta de Infracción, impidió que aquel pudiera corroborar el pago correcto del salario, concretamente, de las comisiones y bonos, conociendo los parámetros de cálculo y las condiciones de su abono a favor de la trabajadora afectada.

En atención a lo expuesto, y no advirtiéndose la existencia de argumentos atendibles en el recurso de revisión que permitan eximir de responsabilidad a la impugnante, se tiene por acreditado el incumplimiento de los deberes de colaboración que le son exigibles, al haber omitido facilitar la información requerida en los requerimientos de información respecto de los parámetros de cálculo y el pago de las comisiones y bonos pagadas a la trabajadora afectada, pese a que las solicitudes informativas en los requerimientos del 18 de mayo y 09 de junio de 2022, fueron precisos y específicos. En consecuencia, esta Sala concluye que la impugnante incurrió en la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, correspondiendo confirmar la sanción impuesta por las instancias previas.

Con relación a lo alegado por la impugnante respecto a la infracción del principio de razonabilidad en la determinación de la sanción por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.