Tiendas por Departamento Ripley S.A — Res. 118-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Normas de Ergonomía. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft instructiva, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos. 1.3 Recibidos los descargos, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 512-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE2 con fecha 03 de setiembre de 2018, la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana multó a la impugnante por la suma de S/ 93,318.75 por haber incurrido, entre otras, en:

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 09 de mayo de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 48,387.50.

i. La Sub Intendencia incurre en falta de motivación al afirmar que la empresa no cumplió con capacitar en temas de ergonomía a sus trabajadores.

ii. La Sub Intendencia intenta enmendar la falta de motivación de las Inspectoras de Trabajo, detallando el listado de capacitaciones presentados por la empresa, lo que vulnera su derecho de defensa al no considerar aquello para la elaboración de su escrito de descargos.

iii. La empresa sí acreditó haber capacitado a sus trabajadores en pausas activas, recomendaciones de seguridad, posicionamiento postural, técnicas de posicionamiento postural, recomendaciones de técnicas de posicionamiento postural, recomendaciones de SST, aspectos relacionados a la SST, etc., capacitaciones en las que se incluyeron los “temas de ergonomía” por los que ahora se nos sanciona.

iv. La Sub Intendencia está aceptando que las Inspectoras de Trabajo ni siquiera hicieron mención a las sillas que fueron observadas y que sustentaron la imputación contra la empresa.

v. Los trabajadores supuestamente afectados no laboraban sentados; por el contrario, cajeros y vendedores atienden al público y sus labores son de pie, con pausas para descansar. Así pues, las sillas para los trabajadores que laboran de pie, tanto cajeros como vendedores, son sillas para descansar durante las pausas, no para laborar. Por eso, los numerales 16 y 17 de la Resolución Ministerial 375-2008- TR son normas aplicables a los trabajadores que laboran sentados y las sillas que utilicen para desempeñar sus labores sentados; en cambio, el numeral 15 de la misma norma, sí resulta aplicable al caso de los trabajadores que laboren de pie, como los cajeros y vendedores de Ripley. Al no ser aplicable el numeral 17 de la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR a trabajadores que realizan sus labores de pie, la resolución apelada debe ser desestimada.

vi. La Sub Intendencia no cumplió con lo establecido por el Memorándum Circular No. 105-2015-SUNAFIL/ILM; toda vez que, en el Acta de Infracción, las Inspectoras de Trabajo no consignaron la norma sustantiva correcta referida al incumplimiento de la medida de requerimiento; es decir, no invocaron el artículo que contenía la obligación cuya inobservancia era pasible de sanción. En este caso, correspondía

invocar el artículo 9 de la LGIT. En ese sentido, el Acta de Infracción no contaba con el contenido mínimo exigido por el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 de la RGLIT; por lo que se debe desestimar la propuesta de sanción.

vii. El 06 de agosto de 2017 fue emitido el Decreto Supremo N° 015-2017-TR, que modificó el artículo 48 del RLGIT, relativo a la cuantía y aplicación de las sanciones, implementando una tabla de multas con valores distintos. Si bien estas modificaciones no se encontraban vigentes a la fecha en que se realizó la etapa de investigación, sí lo estaban a la fecha de notificación del Acta de Infracción y la Resolución de Sub Intendencia; por lo cual, las multas impuestas requieren de una adecuación y, sobre dicho monto, se calcule la reducción al 35% de la cuantía establecida conforme señala la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley N° 30222.

i. Lo efectuado por el inferior en grado no lesiona el derecho a la defensa de la inspeccionada en tanto ésta tenía pleno conocimiento de los documentos que aportó a las Inspectoras del Trabajo actuantes, por lo que sobre la base de los mismos podía efectuar adecuadamente sus descargos contra el Acta de Infracción.

ii. Los trabajadores afectados realizan labores con postura de pie o de manera sentada en tiempo prolongado (cajeros y vendedores). Por ello, los puntos 15 y 16 de la Resolución Ministerial N* 375-2008-TR — Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgos Disergonómicos (en adelante, la Norma Básica de Ergonomía) establecen, entre otros, que todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de pie y sentada deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de posicionamiento y utilización de equipos, con el fin de salvaguardar su salud.

iii. Se revisó los registros de capacitación exhibidos por la inspeccionada, respecto de los temas técnicas de posicionamiento, utilización de equipos y ejercicios laborales, que conforman los riesgos específicos de los puestos de cajeros y vendedores, advirtiendo que en ninguno de los exhibidos en la etapa inspectiva se encuentran

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de abril de 2021. como participantes alguno de los sesenta y un (61) trabajadores afectados por la infracción.

iv. Conforme lo ha señalado el inferior en grado, en el considerando 11 de la resolución apelada, los demás temas abordados en las capacitaciones corresponden a inducciones generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, no específicos en riesgos ergonómicos a lo que están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo, precisándose que la autoridad de primera instancia no ha sancionado solo porque los títulos de las temáticas no digan exactamente “ergonomía”; por ello, conforme a la Norma Básica de Ergonomía y de acuerdo -a lo recomendado en los informes de evaluación de riesgos disergonómicos, no se cumplió con brindar a los trabajadores afectados información y formación de los riesgos del puesto laboral.

v. Del análisis de las constataciones efectuadas por el personal inspectivo, no se advierte que hayan indicado que los trabajadores que se dedican a las ventas tengan individualmente una silla para descansar durante sus pausas, sino que en forma más general se verificó que la inspeccionada no le brinda las sillas respectivas. De allí que, en el considerando 24 de la resolución apelada, la autoridad de primera instancia señaló que, si bien es cierto, en el Acta de Infracción, no se han precisado el número exacto de sillas observadas, ello no implica una falta al deber de motivación, pues es evidente que las sillas con las que cuenta el administrado no cumple con los requisitos mínimos de la Norma Básica de Ergonomía. En tal sentido, no es relevante para este caso saber cuántas sillas eran necesarias, sino que la inspeccionada adopte acciones a fin de que, en los hechos, los vendedores puedan tener sillas para descansar en sus pausas, lo cual no ha sido demostrado en el presente caso. Dicho de otro modo, es la inspeccionada la encargada de determinar la cantidad de sillas que requiera para dar cumplimiento a dicha obligación, en función a las necesidades y turnos de trabajo del local inspeccionado, lo cual debió haber regularizado en el plazo que le otorgó el personal inspectivo para subsanar esta infracción en la medida de requerimiento. En atención a ello, no hay ningún vicio de nulidad que afecte lo resuelto por la autoridad de primera instancia.

vi. Si bien en los informes de evaluación de riesgos disergonómicos de los años 2015 y 2016 se han identificado que tanto cajeros como vendedores tienen, entre otros factores de riesgo disergonómicos, el trabajo prolongado de pie, ello no enerva que los trabajadores que se encuentra en la sección de Caja del local inspeccionado no tengan lapsos de tiempo que impliquen trabajo en posición sentada, como fue advertido por el personal inspectivo en sus visitas, por lo que se requiere que el mobiliario cumpla con las especificaciones señaladas en los literales a) y b) del numeral 16 de la Norma Básica de Ergonomía y cuentan con sillas que cumplan con las condiciones mínimas de confort establecidas en el numeral 17 de la dicha normativa, pues dichas reglas aplican para todos los asientos utilizados en los puestos de trabajo, independientemente si el trabajo se hace sentado o de pie.

vii. En el caso que se analiza, el no brindarles a los trabajadores que se desempeñan como cajeros mobiliarios adecuados y sillas que cumplan con las reglas mínimas de confort y a los trabajadores que se dedican a las ventas sillas para descansar durante las pausas, puede causar lesiones musculo esqueléticas si no se subsanan dichas infracciones en forma preventiva, considerando que el numeral 2 de la Norma Básica de Ergonomía establece como objetivos específicos: “Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante problema del ámbito de la

salud ocupacional” y “Reducir la incidencia y severidad de los disturbios músculos esqueléticos relacionados con el trabajo.”

viii. El inferior en grado ha motivado, en el considerando 26 de su pronunciamiento, que la Norma Básica de Ergonomía tiene como objetivo específico establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador; por ello, la falta de atención de estos aspectos representa un riesgo grave para la salud, tal como exige el tipo infractor invocado.

ix. Comparando íntegramente el marco legal sancionador aplicado por el inferior en grado y el que invoca la inspeccionada, la sanción determinada a través de la resolución de primera instancia le es más favorable, debiendo precisarse que resulta aplicable la UIT vigente al año en que se constató la falta (2016). Por ende, no resulta aplicable al presente caso la tabla modificada por el Decreto Supremo N° 015-2017- TR, resultando improcedente lo solicitado por la inspeccionada.

x. En consecuencia, los argumentos esbozados en la apelación no desvirtúan las infracciones en que ha incurrido la inspeccionada, las cuales han sido debidamente determinadas por la autoridad de primera instancia. Por tanto, corresponde declarar infundada la nulidad planteada por la inspeccionada y confirmar la resolución apelada en atención a las consideraciones expuestas en la presente resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y 252.2 de la LPAG

- El procedimiento inspectivo debe ser declarado nulo por cuanto operó el plazo de prescripción de 4 años, en consideración que el plazo transcurrido entre el inicio de las actuaciones inspectivas, a efectos de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la determinación de las sanciones excede a los 4 años determinados en la norma.

- El procedimiento se inició el 06 de abril de 2016, siendo que los hechos investigados calzan en el concepto de infracciones instantáneas. Asimismo, si entre el inicio del procedimiento administrativo sancionado y la emisión de la resolución firme que determina las infracciones, transcurren paralizaciones de más de 25 días hábiles, el exceso de ese plazo debe seguir computando para la prescripción.

- El plazo de prescripción asciende a 4 años, 6 meses y 15 días. Incluso, si se restaran los 3 meses y 15 días de inmovilización social obligatoria por la pandemia COVID-19 (entres el 16 de marzo y el 29 de junio de 2020), el tiempo del procedimiento estuvo sin movimiento no imputable a la empresa ex cede a los 4 años que establece la norma para configurar la prescripción del procedimiento inspectivo. Por lo que solicita al Tribunal excluir de la resolución de intendencia cualquier multa impuesta.

Aplicación errónea del numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT

- No debió extenderse la medida inspectiva de requerimiento, por cuanto Ripley cumplió con acreditar de forma oportuna el cumplimiento de sus obligaciones en temas de ergonomía. Así, las medidas inspectivas de requerimiento solo puede ser adoptada y emitida en el escenario en el que, concluidas las actuaciones inspectivas de investigación, el inspector de trabajo tenga la certeza de estar frente a un incumplimiento de naturaleza subsanable. En ese sentido, a diferencia, de los meros requerimientos de información, el inspector de trabajo tiene la obligación de fundamentar y explicar cuál ha sido el razonamiento lógico que ha desarrollado para llegar a la convicción que estamos ante un incumplimiento normativo.

8 Iniciándose el plazo el 03 de mayo de 2021.

- De esta manera, es el personal inspectivo quien debe acreditar que el empleador ha incurrido en una infracción normativa, y no partir desde la premisa contraria, presumiendo que el empleador es un infractor. Para ello, se encuentra investido de amplias facultades para realizar las actuaciones inspectivas que consideren convenientes.

- Observamos que la medida inspectiva de requerimiento adolece de graves vicios, por dos motivos: i) Ripley sí cumplió con capacitar a los vendedores y cajeros en temas de ergonomía; ii) Ripley sí cumplió con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, en lo correspondiente al personal que labora de pie.

- La resolución de intendencia también yerra al aplicar el numeral 18.2 del artículo 18 del RLGIT para sustentar la supuesta infracción por incumplimiento de la medida de requerimiento; por lo que, no se debió emitir la misma, menos sancionarnos por su incumplimiento.

Inaplicación de los numerales 1.7 del artículo IV y 9 del artículo 248 de la LPAG, así como del numeral 16 del artículo 2 de la LGIT

- La autoridad inspectiva determinó que Ripley no cumplió con capacitar en temas de ergonomía al personal de ventas y caja, pese a que existe material probatorio suficiente que demuestra lo contrario.

- Las inspectoras de trabajo no verificaron en algunas de las visitas que los trabajadores hayan querido hacer una pausa y no hayan tenido dónde sentarse. Se consideró de forma errada que solo los cajeros pueden utilizar las sillas de la tienda mientras que los vendedores no, cuando ambos grupos de trabajadores laboran en el mismo espacio, laboran de pie -con pausas-, y utilizan las mismas sillas para hacer sus pausas.

- En la resolución impugnada no se desarrollaron argumentos que permitan quebrantar las presunciones de veracidad y licitud que recaían sobre los documentos presentados y nuestro comportamiento conforme a derecho. Por el contrario, la multa se sustentó únicamente en la apreciación subjetiva y formalista de hechos objetivamente verificados.

Inaplicación de los artículos 248.6 del TUO de la LPAG Y 48-A del RLGIT

- Se vulneró el principio de concurso de infracciones, porque se impone una multa administrativa por no cumplir con la medida de requerimiento, la misma que versa sobre los aspectos sancionador en las infracciones principales (no acreditar las capacitaciones en ergonomía y no entregar sillas y mobiliario que cumplan con los estándares de ergonomía).

- La resolución de intendencia no fue debidamente motivada, pues no se ha sustentado cómo es que la infracción tipificada en el artículo 27.9 del RLGIT es aplicable al supuesto incumplimiento de la empresa, pues el mismo establece que para sancionar con infracción dicha conducta debe cumplir tres condiciones: i) que haya existido un incumplimiento relacionado con la SST; ii) que dicho incumplimiento esté relacionado a materias particulares y predeterminadas (riesgos ergonómicos, por ejemplo); iii) que dicho incumplimiento conlleve un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Así, la intendencia se limitó a citar la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR y a definir lo que es la ciencia de la ergonomía, sin si quiera mencionar como es que el supuesto incumplimiento en el que la empresa habría incurrido sería un incumplimiento en riesgos ergonómicos de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Es decir, no sustenta como es que el artículo 27.9 del RLGIT es aplicable al supuesto incumplimiento de la empresa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la prescripción de las infracciones detectadas

"Grupo de Trabajo de Análisis de Criterios en materia legal aplicables al Sistema lnspectivo", entre los cuales se encuentra el criterio sobre prescripción administrativa:

TEMA VOTACIÓN ACUERDO La prescripción administrativa UNANIMIDAD El plazo de prescripción de cuatro (4) años para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral, es aplicable para todos los hechos constitutivos de infracción, incluso si ocurrieron antes del 16 de marzo de 2017.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de

riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

9 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias” (….) 10 Véase folio 189 a 197 del expediente inspectivo. de registro de capacitación y el número que corresponde a la asistencia de cada trabajador; ii) Deberá dotar de mobiliario y sillas de acuerdo a la actividad desarrollada en el área de Caja, los mismos que deberán cumplir con las normas establecidas. Asimismo, deberá dotar de sillas a los vendedores integral, asistentes de ventas y asistentes de ventas Part Time, para sus pausas, para 228 trabajadores, según anexo N° 1; iii) Deberá exhibir la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), conforme a ley, que incluya los factores de riesgos disergonómicos, utilizando una metodología acorde a la actividad realizadas por los trabajadores: Cajeros, cajeros part time, vendedor integral, asistente de ventas y asistente de ventas part time y sus medidas correctivas, a fin de evitar enfermedades y accidentes de trabajo de sus trabajadores. Para el cumplimiento de las mismas, otorgaron un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

A) Sobre la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos (IPER)

- Sobre el particular, en el considerando sexto del Acta de Infracción, se señaló:

- En tal sentido, teniendo en cuenta que es necesario que el inspector comisionado compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, antes de emitir la medida de requerimiento; en el presente caso, se evidencia que la impugnante contaba previo a la emisión de la medida de requerimiento, con la Matriz IPER requerida (Matriz IPER – TPDR Los Olivos de fecha de actualización junio de 2015)12. Por lo que, no se ha configurado dicho supuesto.

- Por tanto, al no haberse incurrido en la infracción imputada, no correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento por dicho supuesto, por lo que su emisión vulnera el principio de legalidad13, pues fue emitida en contravención de lo previsto en el artículo 14° de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de dicha infracción que respalde su emisión.

11 Véase folio 274 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 37 a 43 y 57 a 58 del expediente inspectivo. 13 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

B) Sobre la formación e información de los trabajadores

- Sobre el particular, en el considerando cuarto del Acta de Infracción, se señaló:

- Como se desprende del expediente, la impugnante ha presentado el registro de capacitaciones / inducciones de su personal, en diferentes materias, como se desprende de lo precisado en el acta de infracción, tanto en la fase de actuaciones inspectivas previas14 a la medida de requerimiento, como posteriores15 a la misma.

- En tal sentido, se evidencia que la impugnante con la documentación presentada ha cumplido tanto con su deber de colaboración como con el cumplimiento de su obligación de capacitar a sus trabajadores en materia de ergonomía. Debiéndose considerar que, con la documentación presentada previa a la notificación de la medida de requerimiento, la impugnante acreditó el cumplimiento de dicha imputación, careciendo de sustento lo señalado por las comisionadas, en el sentido del tiempo de duración de las mismas.

- Cabe señalar, que el literal g) artículo 49 de la LSST establece la obligación del empleador de realizar oportunamente capacitación y entrenamiento en SST en el centro y puesto o función específica, al momento de la contratación, durante el desempeño de sus labores y cuando existan cambios en sus funciones o puestos de trabajo, advirtiéndose dichos momentos, como la temporalidad con la que debe actuar el empleador a fin de capacitar a su personal; sin embargo, dicha temporalidad no se refiere el tiempo de duración de cada capacitación, careciendo de asidero el fundamento señalado por las inspectoras comisionadas. (el énfasis es añadido)

- Por tanto, al no haberse incurrido en la infracción imputada, no correspondía emitir la medida inspectiva de requerimiento por dicho supuesto, por lo que su emisión vulnera el principio de legalidad, pues fue emitida en contravención de lo previsto en el artículo 14° de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT,

14 Véase folio 70 a 171 del expediente inspectivo. 15 Véase folio 199 a 273 del expediente inspectivo. al no haberse acreditado fehacientemente la existencia de dicha infracción que respalde su emisión.

C) Sobre la implementación de sillas ergonómicas

En consideración que, solo es materia de pronunciamiento la falta Muy Grave imputada, por incumplimiento a la labora inspectiva, respecto a esta infracción, al ser calificada como Grave, no es materia de pronunciamiento; sin embargo, solo para efectos de la medida de requerimiento, al tener ésta carácter unitario, se considera lo expuesto en la presenta resolución.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

16 Numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 17 TUO de la LPAG, “Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo (…) 247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. (…)” 18 Dentro del Capítulo III (Procedimiento Sancionador) del Título IV (Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad administrativa de fiscalización). 19 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”20. (el énfasis es añadido)

20 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8. 21 LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva: Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Sobre la presunta vulneración al Principio de Concurso de Infracciones 6.27 Al respecto, el artículo 248° del TUO de la LPAG, establece:

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

Sobre la solicitud de informe oral

22 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175- 2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

” …no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 650-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de abril de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 2325-2016- SUNAFIL/ILM/SIRE2, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 650-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga