Municipalidad Provincial Jorge Basadre — Resolución 0467-2026

Antecedentes

1 Cabe precisar que, conforme a la Ley N° 24799, se crea entre otros, la provincia de Jorge Basadre, y considerando que la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, si bien regula aspectos como el origen, la jurisdicción y los órganos de los gobiernos locales, no establece de manera expresa la denominación oficial de las municipalidades distritales o provinciales, estas adoptan, por lo general, el nombre del distrito o provincia que administran. En tal sentido, el uso de la denominación “Municipalidad Provincial Jorge Basadre” no resulta jurídicamente incorrecto.

2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub Materias: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios), Gratificaciones, Asignaciones); Bonificación no remunerativa (Sub Materia: Incluye todas).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que la inspeccionada no acreditó el pago de las gratificaciones del periodo requerido en la Medida Inspectiva de Requerimiento; tipificada en el numeral 24.4 de artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que la inspeccionada no acreditó el pago de la bonificación no remunerativa del periodo requerido en la Medida Inspectiva de Requerimiento; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, dado que la inspeccionada no acreditó el pago de la Asignación Familiar del periodo requerido en la Medida Inspectiva de Requerimiento; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, dado que la inspeccionada no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento enviada el 20 de febrero de 2023; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

3 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000009771-2023, expedida en fecha 24 de marzo de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 03 de abril de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la Cédula de Notificación expedida el 24 de marzo de 2023, conforme se acredita en el referido expediente; en mérito al Decreto del Procedimiento Sancionador N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-TACNA, que dispuso la renovación del acto de notificación de la Imputación de Cargos y del Acta de Infracción, a efectos de garantizar el ejercicio del derecho de defensa del administrado.

4 Tal como consta en la Cédula de Notificación, expedida en fecha 22 de mayo de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 24 de mayo de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

5 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 150-2023-SISA, expedida en fecha 28 de junio de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 03 de julio de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

6 Así como con el escrito presentado en fecha 18 de agosto de 2023.

argumentos en atención a lo dispuesto en el artículo 49° de la LGIT7, concordante con el artículo 55° del RLGIT8 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS9, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Tacna para el trámite correspondiente.

7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…).

8 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…).

9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

10 Tal como consta en la Cédula de Notificación, expedida en fecha 01 de diciembre de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 05 de diciembre de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

11 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

12 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).

13 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.

14 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

15 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 16 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial Jorge Basadre

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de enero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 106-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando los siguientes alegatos:

i. Se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, notificada el 21 de diciembre de 2023, mediante la cual se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de la autoridad sancionadora de primera instancia, que impuso una multa, por la presunta comisión de infracciones tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT y en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT; en tal sentido, se solicita que se declare la nulidad total de la resolución impugnada, de la resolución de

17 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

la autoridad sancionadora de primera instancia, así como de todos los actos administrativos previos emitidos en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, por vulneración de los Principios de Debido Procedimiento, Legalidad y Razonabilidad, debiendo dejarse sin efecto la sanción impuesta ii. Se sostiene que la resolución impugnada contiene una motivación aparente, evidenciando carencia de valoración de los medios probatorios, así como la vulneración del Principio de Legalidad, del Principio de Seguridad Jurídica y del Principio Lógico de la Razón Suficiente, lo que resulta atentatorio contra la debida motivación de los actos administrativos; en ese sentido, se habría transgredido el Principio de Debido Procedimiento previsto en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, así como el derecho al Debido Proceso en su manifestación de debida fundamentación, reconocido en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, toda vez que, al resolver el recurso de apelación, la autoridad no declaró la nulidad y archivo definitivo del procedimiento, limitándose a reformar la decisión de primera instancia. iii. Se sostiene que, en el marco del recurso de apelación, la autoridad laboral efectuó las notificaciones únicamente a través de la casilla electrónica institucional, sin remitir documentación física ni realizar seguimiento a los documentos presentados por la entidad edil; asimismo, se señala que, al momento de cursarse los requerimientos, no existía un responsable designado para la gestión de la casilla electrónica, la cual habría sido habilitada recién en el mes de mayo de 2023, en un contexto de transferencia de gestión, por lo que no se contaba con personal encargado de su revisión y atención. iv. En esa línea, se argumenta que la resolución impugnada interpreta de manera errónea la normativa sobre notificación electrónica, al otorgarle un carácter excluyente, pese a que dicha modalidad sería complementaria, por lo que correspondía también efectuar notificaciones físicas; se alega que la autoridad inspectiva no verificó si las comunicaciones electrónicas estaban siendo efectivamente recibidas en el periodo en que fueron remitidas, ni adoptó medidas adicionales para garantizar el conocimiento de los requerimientos, incumpliendo su deber de diligencia en la comunicación de los actos administrativos. v. En consecuencia, se concluye que no puede considerarse válidas las notificaciones no atendidas ni revisadas, al no haberse realizado conforme a las exigencias legales, siendo que la eficacia del acto administrativo depende de una notificación válida; en tal sentido, al no haberse configurado una notificación eficaz, no se generó obligación alguna de cumplimiento, por lo que no existiría incumplimiento atribuible, correspondiendo declarar la nulidad de la sanción impuesta por vulneración del Principio de Debido Procedimiento. vi. Se señala que, conforme a la resolución impugnada, se determinó la responsabilidad de la entidad por la comisión de infracciones en materia de relaciones laborales, al no acreditar el pago de gratificaciones y de la asignación familiar, precisándose que se habría subsanado parcialmente la infracción vinculada a la bonificación no remunerativa, aplicándose la reducción correspondiente en mérito al artículo 40° de la LGIT; asimismo, se le atribuye responsabilidad por la comisión de infracción a la labor inspectiva, al no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, considerándose dichos

hechos contrarios al ordenamiento jurídico; no obstante, se invoca lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, la cual establece que la acreditación del pago de obligaciones laborales económicas puede realizarse mediante cualquier medio probatorio idóneo, incluyendo medios físicos o informáticos, lo que no habría sido debidamente valorado en el presente caso. vii. Se sostiene que la resolución impugnada es nula en el extremo referido a las infracciones en materia de relaciones laborales, al haberse concluido que no se acreditó el pago de gratificaciones de los periodos de julio y diciembre de 2020, así como de la asignación familiar de marzo a diciembre de 2020, bajo el argumento de que no se adjuntaron documentos idóneos que acrediten el depósito al trabajador; sin embargo, se cuestiona dicha conclusión por no ajustarse a la realidad de los hechos ni a una adecuada valoración probatoria, señalándose que la autoridad no consideró integralmente la documentación presentada, incurriendo en una motivación aparente y vulnerando los Principios de Debido Procedimiento, Legalidad, Objetividad y Verdad Material, previstos en el TUO de la LPAG, la LGIT y la Constitución Política del Perú. viii. En esa línea, se afirma que sí se acreditaron los pagos mediante diversos medios probatorios, tales como planillas, comprobantes de pago, reportes del sistema administrativo, constancias de abono en cuenta y documentación emitida por las áreas competentes, los cuales demostrarían el depósito efectivo en la cuenta bancaria del trabajador, incluyendo los montos correspondientes a gratificaciones y asignación familiar; en consecuencia, se sostiene que no existe deuda pendiente ni incumplimiento alguno, por lo que correspondería aplicar la eximente de responsabilidad y dejar sin efecto la sanción impuesta, disponiéndose el archivo del procedimiento administrativo sancionador en dicho extremo. ix. Se sostiene que la imputación por infracción a la labor inspectiva, referida al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, carece de sustento, en tanto la resolución impugnada concluye que no se remitió la documentación solicitada dentro del plazo otorgado, sin considerar que dicha medida fue notificada a través de casilla electrónica y establecía un plazo reducido para la presentación de información vinculada a beneficios sociales; en ese sentido, se invoca el criterio desarrollado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 377-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en la cual se ha precisado que el inspector comisionado debe observar el Principio de Razonabilidad al momento de fijar el plazo de cumplimiento de una medida inspectiva, atendiendo a la complejidad y naturaleza de la información requerida, bajo sanción de desnaturalizar su finalidad. x. En esa línea, se argumenta que el plazo otorgado no resultaba razonable ni suficiente para cumplir con lo requerido, más aún, considerando que no existía deuda pendiente por los conceptos materia de fiscalización, al haberse acreditado el pago de gratificaciones y asignación familiar; por lo que, al no configurarse incumplimiento material alguno y haberse vulnerado el Principio de Razonabilidad, no correspondería atribuir responsabilidad por la infracción a la labor inspectiva, debiendo dejarse sin efecto la sanción impuesta en dicho extremo. xi. Se sostiene que la resolución impugnada es nula por vulnerar el Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad en la determinación de la sanción, en tanto el diseño de la tabla de multas prevista en el artículo 48° del RLGIT no exime a la autoridad de realizar un análisis concreto del caso, debiendo garantizar que la sanción impuesta sea la menos gravosa dentro de los márgenes legales, salvo la concurrencia de circunstancias agravantes debidamente motivadas; en tal sentido, al no haberse efectuado dicha valoración y no advertirse la inexistencia de circunstancias atenuantes, se solicita que se declare fundado el recurso de revisión y, en consecuencia, se deje sin efecto la resolución impugnada, la resolución de la autoridad sancionadora de primera instancia, así como la

imputación de cargos, disponiéndose el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre el uso de la casilla electrónica

“puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta exigencia se encuentra plenamente satisfecha en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, conforme se señala expresamente en el quinto considerando de dicha norma, que constituye el marco legal especial en materia inspectiva de SUNAFIL.

a. El objeto del citado cuerpo normativo regula el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica (artículo 1°).

b. La casilla electrónica se constituye como un domicilio digital obligatorio para efectos de la notificación (primer párrafo del artículo 6°).

c. La SUNAFIL tiene la carga de comunicar al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de alertas dirigidas al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (segundo párrafo del artículo 6°).

d. Los usuarios tienen la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifiquen (numeral 8.1 del artículo 8°).

e. El contenido de la notificación vía casilla electrónica debe contener cinco elementos, sin que —entre ellos— se haya previsto a la alerta referida antes (artículo 9°).

f. La validez de la notificación se produce con el depósito del documento en la casilla electrónica (numeral 11.1 del artículo 11°).

18 Consúltese en el enlace alojado en la cuenta de YouTube de SUNAFIL: “Guía del usuario para el envío de respuestas a las cartas inductivas”, del 27 de julio de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZvndX6G6yfE&t=2s

“Sólo puede reputarse "publicitada" una norma cuando hay la posibilidad de que sea conocida por todos por haberse usado los medios necesarios para su divulgación. Esa posibilidad, precisamente, produce un efecto jurídico fundamental: el precepto se convierte en norma ya que por la "publicidad" (que es el resultado, estado o calidad) el precepto alcanza, simultáneamente, "existencia" en el mundo del derecho”19.

“7. No cabe duda entonces que el requisito de la publicidad, tanto de las leyes como de las normas con rango de ley, tiene por objeto la difusión de su contenido de manera que todos tengan conocimiento de aquella y pueda exigirse su cumplimiento obligatorio, dentro del ámbito territorial correspondiente”.

“28. Ahora bien, el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo sancionador garantiza, entre otros aspectos, que el procedimiento se lleve a cabo con estricta observancia de los principios constitucionales que constituyen base y límite de la potestad disciplinaria, tales como el principio de legalidad, tipicidad, razonabilidad y, evidentemente, el principio de publicidad de las normas. Estos principios garantizan presupuestos materiales que todo procedimiento debe satisfacer plenamente, a efectos de ser reputado como justo y, en tal sentido, como constitucional”.

19 Paniagua Corazao, V. (1987). La publicidad y publicación de las normas del Estado: El caso de los decretos supremos no publicados. Themis: Revista de Derecho, (6), 18.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del Principio de Razonabilidad20.

20 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

beneficios laborales pendientes de pago, se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, entre otras.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales

21 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 689-2022-SUNAFIL/IRE-TAC.

medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”22, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado.

(…)”.

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 20 de febrero de 2023

22 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR. 23 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 02 Constancia de notificación de fecha 20 de febrero de 2023

24 Estando a lo expuesto, en aplicación del Principio de Verdad Material, reconocido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, esta Sala ha procedido a verificar, a través del aplicativo informático denominado “Consulta de Notificaciones”, implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, la trazabilidad del uso de la casilla electrónica asignada a la impugnante. En ese sentido, se ha constatado que la administrada realizó su primer acceso a dicha casilla electrónica el 05 de mayo de 2021 a las 14:13:21 horas, es decir, con anterioridad a la notificación de la medida inspectiva de requerimiento materia de análisis. Asimismo, se verifica que la alerta correspondiente a dicha notificación fue remitida al correo electrónico registrado por la impugnante el 20 de febrero de 2023 a las 16:40 horas. En consecuencia, se acredita no solo el conocimiento previo del uso y funcionamiento de la casilla electrónica por parte de la administrada, sino también el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a cargo de la Administración, reforzando la validez de la notificación efectuada.

SUNAFIL25 (en adelante, la Directiva), sino que emana directamente del Principio de Legalidad y de lo establecido en el artículo 14° de la LGIT y del artículo 17° del RLGIT, los cuales supeditan la emisión de una medida a la comprobación previa de una infracción subsanable. La Directiva no introduce exigencias autónomas, sino que desarrolla el mandato legal de asegurar que toda medida de requerimiento detalle los hechos constitutivos del incumplimiento, las normas vulneradas y el tipo infractor por el cual el RLGIT tipifica dicha conducta infractora. En tal virtud, la observancia de la Directiva constituye una manifestación concreta del Principio de Legalidad y no un requisito meramente formal o accesorio.

25 Corresponde precisar que el dispositivo normativo citado se encontraba vigente al momento de las actuaciones inspectivas.

Sobre la presunta vulneración a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad en la graduación de las sanciones

26 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

27 Ocampo Vásquez, F. (2011). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los organismos reguladores. Ius et Veritas, (42), 2.

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales:

a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

1 Relaciones La inspeccionada no acreditó el pago de Numeral 24.4 del laborales la bonificación no remunerativa del artículo 24° del RLGIT periodo requerido en la Medida inspectiva de requerimiento. GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en contra de la Resolución de Intendencia N° 106-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 21 de diciembre de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 073-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 316-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 24 de julio de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 106-2023-SUNAFIL/IRE- TAC, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 21 de diciembre de 2023, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, y a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260325MABJ – HR: 215201-2022