Municipalidad Distrital de Pocollay

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Subgrupos: Pago de la remuneración

(Sueldos y Salarios) y Pago de bonificaciones).

artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago íntegro y oportuno de bonificaciones conforme al régimen de construcción civil, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con facilitar de manera completa la información y documentación requerida a través del requerimiento de información notificado el 05 de diciembre de 2022, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de adopción de medidas, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la

Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Artículo 1. Creación y finalidad

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y

salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de

normas sobre dichas materias.”

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la

Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral

El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las

materias de su competencia.

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento,

mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de

observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación

bajo su competencia.”

4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

(…)

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el

territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las

causales para su admisión se establecen en el reglamento.

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según

corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

5 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL

Artículo 17.- Instancia Administrativa

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento,

mediante la interposición del recurso de revisión.”

6 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de

Fiscalización Laboral

Artículo 2.- Sobre el Tribunal

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el

territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía

administrativa.

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando

sometido a mandato imperativo alguno.

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes

administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-

2017-TR.

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Pocollay

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de diciembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 111-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando los siguientes argumentos:

8 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

i. Sostiene que no se ha efectuado un análisis coherente y lógico de los hechos, debido a una incorrecta interpretación de la normativa aplicable, al limitarse la autoridad a una referencia genérica a supuestos hechos objetivos sin efectuar una valoración integral del caso concreto. En ese sentido, se alega que se han dejado de lado los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la sanción, configurándose una vulneración al debido procedimiento.

ii. Asimismo, señala que se aportó material probatorio suficiente que acredita el pago de las obligaciones laborales conforme a ley, información que incluso fue comunicada antes del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. No obstante, dichos medios probatorios no habrían sido valorados por la autoridad, lo que evidencia una afectación al debido procedimiento.

iii. Alega también que se ha producido un apartamiento inmotivado de la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, referida a los criterios para la acreditación del pago de obligaciones laborales, vulnerándose su derecho al debido procedimiento ante la falta de valoración de los medios probatorios aportados y la inaplicación de los principios de presunción de veracidad y verdad material. En particular, no se habría valorado el Oficio de fecha 12 de mayo de 2022, mediante el cual se informó que las remuneraciones adeudadas habían sido pagadas.

iv. De igual forma, sostiene que cumplió con el requerimiento de información de fecha 05 de diciembre de 2022, e incluso solicitó una prórroga para su atención. Sin embargo, dicho pedido no fue atendido por la autoridad inspectiva y, pese a ello, se emitió un nuevo requerimiento de información, generándose la imputación de nuevas infracciones, lo cual considera arbitrario.

v. Afirma que no existe elemento objetivo ni directo que acredite el incumplimiento del pago oportuno e íntegro de los derechos económicos de los trabajadores, pues la resolución cuestionada se sustenta únicamente en inferencias subjetivas, sin respaldo probatorio suficiente.

vi. Respecto a la infracción vinculada a la falta de pago oportuno de remuneraciones y bonificaciones, sostiene que los requerimientos efectuados no resultaron eficaces, toda vez que no se cuenta con la documentación que sustente la infracción imputada. Agrega que, incluso, en sede de apelación se adjuntaron los comprobantes de pago solicitados.

vii. Alega además que no basta la constatación objetiva de los hechos, sino que resulta necesario verificar si estos fueron realizados de manera intencional, dolosa o culposa, así como la existencia de un perjuicio concreto. En el presente caso, al tratarse de un requerimiento de información, sostiene que no se habría generado perjuicio alguno a tercero ni a la entidad.

viii. En relación con la infracción vinculada al incumplimiento del requerimiento de información, señala que dicha imputación resulta incongruente y carente de lógica, puesto que al haberse solicitado una prórroga —la cual quedó sin respuesta— se debía entender que la información podía ser presentada posteriormente. Añade que, en aplicación del principio de predictibilidad, la propia actuación de la entidad habría enervado la conducta omisiva, por lo que no correspondía imponer sanción alguna, más aún cuando se habrían adoptado medidas orientadas al cumplimiento de lo requerido.

ix. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, considera que dicha infracción no se encuentra debidamente probada, toda vez que se remitió información en atención al requerimiento cursado y se solicitó oportunamente una prórroga para su cumplimiento.

x. Agrega que nadie puede ser sancionado por actuaciones que no generen afectación a terceros ni a la administración, por lo que no existiría razón suficiente para la

imposición de una sanción. En tal sentido, sostiene que debió realizarse una adecuada ponderación de la sanción, evaluando su utilidad, necesidad y proporcionalidad. xi. Finalmente, alega que fue inspeccionada en dos oportunidades por los mismos hechos y sobre la misma materia, por lo que no puede ser sancionada dos veces por una misma conducta. xii. Por las razones expuestas, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas por las instancias de mérito, así como de los actos administrativos previos que dieron origen al procedimiento sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la competencia material de este Tribunal

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.” (Énfasis añadido)

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.” (Énfasis añadido)

infracciones leves o graves u otras materias que exceden el ámbito material de competencia de este Tribunal.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la

debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre los presuntos vicios de motivación incurridos en el caso concreto

“(…) Acreditar el cumplimiento de las referidas materias fiscalizadas presentando la siguiente información y documentación:

(1) Boletas de pago de remuneraciones, bonificaciones, asignaciones, gratificaciones y demás beneficios, correspondientes a los periodos de junio, julio, agosto, setiembre y octubre del año 2022, conforme a la escala salarial del régimen de construcción civil e incluidos los reintegros de acuerdo al convenio colectivo 2022-2023 de dicho régimen, debidamente firmadas por ambas partes; y, las respectivas constancias de pago o comprobantes de depósito realizados en su cuenta bancaria de cada uno de los trabajadores comprendidos en la presente fiscalización.” (Énfasis agregado).

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de junio de 2022, de fecha 05 de julio de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación y planilla única de remuneraciones del referido mes junio de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de julio de 2022, de fecha 26 de julio de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 27 de julio de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes julio de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de julio de 2022, de fecha 02 de agosto de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación y planilla única de remuneraciones del referido mes julio de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de agosto de 2022, de fecha 05 de setiembre de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 06 de setiembre de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes agosto de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de agosto de 2022, de fecha 01 de setiembre de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 02 de setiembre de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes agosto de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de setiembre de 2022, de fecha 03 de octubre de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 04 de octubre de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes setiembre de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de setiembre de 2022, de fecha 04 de octubre de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 05 de octubre de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes setiembre de 2022.

• Comprobante de pago vinculado al pago de la planilla única de remuneraciones de construcción civil del mes de octubre de 2022, de fecha 27 de octubre de 2022, así como constancia de importe pagado del Banco de la Nación de fecha 29 de octubre de 2022 y planilla única de remuneraciones del referido mes octubre de 2022.

“4.1.1.14. Asimismo, en el expediente se advierte que, en los descargos a la imputación de cargos, el sujeto responsable presenta planillas de los meses de junio a octubre 2022 acompañado de boletas de pago, comprobantes de pagos masivos del banco de la nación, sin embargo, no se puede identificar el monto que se pagó a cada trabajador afectado, incluso a la fecha de la presente resolución no obra documentación idónea que acredite los pagos de las remuneraciones. En ese orden de ideas, se acredita que el sujeto responsable no cumplió con el pago de la remuneración de los meses antes detallados a favor de sus trabajadores. (…) 4.2.1.4. Que, respecto al literal 4.2.1.2.2, de los descargos antes descritos, este despacho procede a reiterar que si bien es cierto en los descargos a la imputación de cargos el sujeto responsable presentó planillas de los meses de junio a octubre 2022 acompañado de boletas de pago, comprobantes de pagos masivos del banco de la nación, sin embargo, no se puede identificar el monto que se pagó a cada trabajador afectado, incluso a la fecha de la presente resolución no obra documentación idónea que acredite los pagos de las remuneraciones y bonificaciones de los meses observados por el inspector comisionado (…)”

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta directriz, la autoridad

administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. (…) 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción”

“6.41. Al respecto, esta Sala considera pertinente acotar que, atendiendo a la vicisitud probatoria mencionada, correspondía que la instancia de sanción, en el marco de la aplicación de las máximas del principio de impulso de oficio, disponga la realización de las actuaciones complementarias que resulten necesarias a fin de obtener mayores elementos de juicio que coadyuven a generar convicción respecto de los medios probatorios presentados por el administrado, u obtener elementos que permitan determinar la verdad material de los hechos que motivaron el procedimiento sancionador y/o los alegatos de los administrados”

por su oportunidad y contenido, podían resultar relevantes no solo para verificar el incumplimiento formal del requerimiento, sino también para evaluar los efectos jurídicos derivados de una eventual subsanación previa.

9 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

“(...)

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no

limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la

palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad

competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

(…)

En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que

sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias

autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse

de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por

todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello

signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad

la motivación de sus actos debe comprender el análisis integral de las alegaciones de los administrados, evaluando sus fundamentos de hecho y de derecho, así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes y criterios jurisprudenciales establecidos por los órganos competentes.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión

administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.”

está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

valoración probatoria, lo cual ha generado la vulneración del derecho de defensa 10 y del debido procedimiento administrativo. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica imputada, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas.

10 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V, Buenos Aires: Editorial

Heliasta, p. 549.

12 Artículo 13.- Alcances de la nulidad

(…)

independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los

cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo13.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

13 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único

Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

14 Artículo 13.- Alcances de la nulidad

independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los

cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación

1 Relaciones No cumplir con acreditar el Numeral 24.4 del Laborales pago íntegro y oportuno de la artículo 24 del RLGIT remuneración. GRAVE

2 Relaciones No cumplir con acreditar el Numeral 24.4 del Laborales pago íntegro y oportuno de artículo 24 del RLGIT bonificaciones conforme al régimen de construcción civil. GRAVE

No cumplir con facilitar de

manera completa la

3 Labor información y documentación Numeral 45.2 del inspectiva requerida a través del artículo 45 del RLGIT requerimiento de información GRAVE

notificado el 05 de diciembre

de 2022.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY, en contra de la Resolución de Intendencia N° 111- 2023-SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 072-2023-SUNAFIL/IRE- TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Subintendencia N° 263-2023- SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, de fecha 02 de junio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 072- 2023-SUNAFIL/IRE-TAC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 263-2023- SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, de fecha 02 de junio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Tacna y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.51 de la presente resolución.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Pocollay a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260121VLFR HR 190079-2022