Municipalidad Distrital de Majes

Mediante Orden de Inspección N° 0000002808-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1216-2021-SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito al OP FISCALIZACION SST MUNICIPALIDADES IRE AQP OCTUBRE 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 548-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI, notificada el 01 de junio de 2022, y a la Procuraduría el 07 de junio de 20222, se dio inicio a la etapa

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 720-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificado el 13 de octubre de 2022, y a la Procuraduría el 02 de noviembre de 20223 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 10 de febrero de 2023, y a la Procuraduría el 03 de marzo de 20234, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

Mediante Resolución de Intendencia N° 118-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 27 de abril de 2023, y a la Procuraduría el 21 de septiembre de 20235, la Intendencia Regional de Arequipa declaró fundado en parte el recurso de apelación, revocó en parte la resolución apelada.

Con fecha 10 de octubre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 118- 2023-SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 2047-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 03 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”11.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Municipalidad Distrital de Majes, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 118-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de, entre otras, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 22 de septiembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Municipalidad Distrital de Majes.

En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG determina que, solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. Para el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT determina que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre ésta se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente, por lo que no corresponde que esta Sala se pronuncie por lo alegado por el impugnante en relación a las infracciones Graves, ni valorar la subsanación de estas, por estar fuera de la competencia conferida por la LGIT y su reglamento, así como el artículo 14 del Reglamento del Tribunal (énfasis añadido).

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento12, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento. Por ende, corresponde en primer lugar emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento es una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En relación a los cuestionamientos formulados en relación a las notificaciones efectuadas durante el procedimiento sancionador, se tiene que dentro de los supuestos del artículo 27 del TUO de la LPAG13, referidos al saneamiento de notificaciones defectuosa, el numeral 27.2 del mismo artículo establece que, también se entiende válidamente efectuada cuando a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. Para Morón Urbina, en los casos donde ocurre el saneamiento "(. . .) la doctrina expone que debe considerarse como fecha de notificación, aquella en la cual se suceden los actos del administrado

Del mismo modo, obra en el mismo expediente digital de esta administración, los escritos presentados y suscritos por el propio procurador, de fecha 08 de junio de 2022, donde presenta el descargo correspondiente contra la Imputación de Cargos del expediente materia de análisis, conforme se observa a continuación: Figura N° 2

En relación al Informe Final, se observa que obra en el expediente digital la constancia de notificación vía casilla electrónica, dirigida a la Municipalidad Distrital de Majes, de fecha 13 de octubre de 2022, donde se notifica el Informe Final conforme la imagen siguiente:

Además, obra en el mismo expediente digital, el escrito presentado y suscrito por el propio procurador, de fecha 19 de octubre de 2022, donde presenta descargos al Informe Final del expediente materia de análisis, tal y como se observa en la imagen siguiente: Figura N° 4

Asimismo, se observa que obra en el expediente digital la Cédula de Notificación N° 00000035687-2022, dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Majes, con fecha de notificación 02 de noviembre de 2022, donde se notifica el Informe Final, conforme se corrobora a continuación:

Por otro lado, respecto de la Resolución de Primera Instancia, se advierte que en el expediente digital obra la Cédula de Notificación N° 0000005969-2023, dirigida a la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Majes, la cual fue debidamente notificada el 03 de marzo de 2023. Mediante dicha cédula se comunica la Resolución de Subintendencia, conforme se aprecia en la imagen que se presenta a continuación: Figura N° 6

Del mismo modo, obra en el expediente digital, el escrito presentado y suscrito por el propio procurador, de fecha 03 de marzo de 2023, donde presenta recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, conforme se observa a continuación: Figura N° 7

En el presente caso, se evidencia que, conforme a los escritos presentados por el mismo Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Majes, este ha manifestado haber recibido la Imputación de Cargos, el Informe Final y la Resolución de Primera Instancia.

En relación a las inconsistencias señaladas respecto a dichas notificaciones en su recurso de revisión, de la lectura de los escritos presentados, no se observa que, respecto a la imputación de cargos, este haya aludido o manifestado la imposibilidad de presentar su defensa en atención a la falta de notificación de los anexos completos, alegación que solo se ha efectuado ante esta instancia de revisión. Del mismo modo, en relación al Informe Final, se advierte que tampoco se ha cuestionado la notificación efectuada o la ausencia de documentación necesaria para su defensa. Finalmente, en relación a la notificación de la Resolución de Primera Instancia, se evidencia que la misma fue diligenciada al domicilio que el propio Procurador ha consignado en su escrito de descargos al Informe Final.

De este modo, no existe sustento alguno para que, en su escrito de revisión, el mismo Procurador de la Municipalidad Distrital de Majes, alegue la invalidez de las notificaciones efectuadas, dada cuenta que conocía los alcances de las notificaciones efectuadas, siendo que los descargos presentados y el recurso de apelación, fueron suscritos por el mismo en defensa de la municipalidad. Así, se tiene la manifestación expresa del administrado de haber sido debidamente notificado, sin que obre prueba en contrario.

Por consiguiente, queda desvirtuado el argumento de la presunta invalidez de las notificaciones efectuadas en el presente caso de los documentos cuestionados, no advirtiéndose ningún vicio que invalide la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador. Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar este pedido de nulidad, por tanto, no cabe amparar este extremo del recurso de revisión.

Además, en esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, de la Resolución de Intendencia N° 118-2023-SUNAFIL/IRE-AQP como de la Resolución de Sub Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Así, contrario a los alegatos planteados por la recurrente, se advierte que la autoridad administrativa no omitió pronunciarse sobre el Oficio N° 056-RRHH/MDM-2021, sino que lo analizó expresamente, evaluando su contenido, alcance y suficiencia probatoria frente a las exigencias normativas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, en los fundamentos 11, 14 y 15 de la resolución venida en grado, la autoridad concluye que dicho oficio solo acredita la entrega parcial de bloqueador solar (una unidad de 110 ml) a parte del personal, lo cual no satisface el estándar legal exigido, consistente en la entrega no menor de un (1) litro mensual por trabajador, conforme a la Resolución Ministerial N° 249-2017-TR. En consecuencia, la alegación de invalidez del procedimiento sancionador carece de sustento, pues la autoridad inspectiva sí evaluó el documento señalado, explicó las razones de su insuficiencia probatoria y motivó adecuadamente la decisión sancionadora. No existe, por tanto, vicio alguno que justifique la nulidad solicitada

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, ya que se han valorado todas las pruebas e indicios aportados al procedimiento sin distinción alguna.

Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados, sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo, calificado como infracción muy grave.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, de la revisión de los actuados se observa que el Inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 03 de diciembre de 2021, otorgando un plazo de tres (03) días hábiles a fin de que adopte las medidas necesarias que acrediten el cumplimiento de las normas sociolaborales con la debida advertencia de que, el incumplimiento de requerimiento, constituirá una infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, acorde a lo descrito en la misma medida:

Conforme consta en el numeral 4.2.2 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 03 de diciembre de 2021. En consecuencia, se configuró la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2022 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos que debe contener una medida inspectiva de requerimiento, en los términos siguientes: “6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

Del análisis efectuado por esta Sala, se advierte que la medida de requerimiento emitida por el inspector comisionado se ajusta a los principios de razonabilidad, debida motivación y legalidad, pues la materia de inspección estuvo orientada al cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, el inspector ha cumplido con establecer el ámbito subjetivo y objetivo en el presente caso, precisándose no solo los trabajadores afectados sino las acciones tendientes a revertir dicha conducta. Del mismo modo, en relación al plazo de tres (03) días hábiles otorgado para su cumplimiento, este resulta razonable y suficiente considerando los mandatos y las materias inspeccionadas. En ese sentido, correspondía que el administrado acreditara, ante el inspector actuante, el cumplimiento en el plazo conferido lo cual no se evidenció, confirmándose así el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

Cabe señalar que la medida inspectiva de requerimiento fue emitida en el marco de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 0000002808-2021- SUNAFIL/IRE-AQP, y en relación con los hallazgos posteriormente consolidados en el Acta de Infracción. En consecuencia, la impugnante se encontraba en la obligación de cumplir con lo dispuesto por la autoridad inspectiva, al no evidenciarse que su emisión haya vulnerado el artículo 14 de la LPAG ni el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, referidos a la validez y motivación de los actos administrativos.

En ese sentido, se confirma la multa impuesta a la impugnante al haberse verificado la comisión de una infracción muy grave a la labor inspectiva, consistente en el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En relación al alegato referido a la supuesta imprecisión en la tipificación de la infracción contra la labor inspectiva, debe señalarse que el mismo carece de sustento, en tanto la imputación guarda plena correspondencia con la conducta atribuida y con el tipo infractor aplicado. En efecto, la autoridad administrativa imputó, de manera concreta, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conducta expresamente tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, identificando tanto el deber específico incumplido como la norma vulnerada. Dicha imputación permitió al administrado conocer con claridad los hechos que se le atribuían, el alcance de la obligación exigida y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que hizo posible el ejercicio efectivo de su derecho de defensa mediante la formulación de descargos y la presentación de medios probatorios.

Por las razones expuestas, se desestima la existencia de nulidad alguna, al no haberse acreditado ninguna de las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, constatándose que en el presente procedimiento se respetaron las garantías del debido proceso administrativo.

De la revisión del recurso presentado se observa la conducta de la impugnante referida a alegar nulidad de la resolución venida en grado en atención a que, de acuerdo a su razonamiento, se cuestiona la notificación de los actos emitidos durante el procedimiento sancionador.

Sin embargo, conforme se ha analizado en los fundamentos 6.14 a 6.26 de la presente resolución, se corrobora la validez de la notificación de los documentos emitidos durante el procedimiento sancionador al procurador, no evidenciándose ningún vicio en la tramitación en este extremo del procedimiento. A consideración de este colegiado, la alegación efectuada es contraria a uno de los principios esenciales del procedimiento administrativo, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “...guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”15.

En palabras de Morón Urbina, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

Frente a ello, lógicamente se señala que:

Por ello, esta Sala identifica que el actuar del Procurador vulnera este principio, al alegar la invalidez de las notificaciones pese a que se ha acreditado que, si tuvo conocimiento de las mismas, habiendo presentado los descargos y recursos administrativos conforme se ha desarrollado en la presente resolución y lo que obra en el expediente materia de análisis.

Se deja constancia de este hecho, a fin de exhortar al Procurador de la Municipalidad Distrital de Majes para que actúe bajo los alcances de la buena fe procedimental; y se le pone en conocimiento que se tomarán otras acciones en caso de reincidencia.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.