Hipermercados Tottus

Mediante Orden de Inspección N° 3497-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 140-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). “En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 487-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IC, de fecha 20 de abril de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final N° 842-2023/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN/IF, de fecha 21 de julio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 1127-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 25 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1127-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 412-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 15 de diciembre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Subintendencia N° 1127-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Con fecha 12 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 412-2023- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 90-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 25 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 412-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 20 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, debe precisarse que, para la configuración del tipo sancionador previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y ii) que -como consecuencia de lo anterior- se haya causado daño en el cuerpo o en la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. Es decir, el incumplimiento, así como el accidente de trabajo deben ser determinados a propósito del nexo de causalidad establecido por el inspector de trabajo.

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo fueron consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, se aprecia de la investigación seguida por el Inspector comisionado, que el trabajador “auxiliar de plataforma”, el día 06 de enero de 2022, se encontraba en la zona de plataforma-patio de maniobra moviendo un palet de mercadería con una transpaleta manual, al momento que intentaba colocar este palet en una zona inaccesible (rampa de plataforma) donde había desnivel y donde no se coloca mercadería, es ahí donde el palet con la transpaleta manual en movimiento le gana, golpeándose el pie izquierdo. Al respecto, se deja constancia que la naturaleza de la lesión fue: Traumatismo y contusión en pie izquierdo/articulación inestable y lesión en el tobillo izquierdo, lo que califica como un accidente incapacitante.

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) Falta de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER); y, b) Falta de formación e información en seguridad y salud en el trabajo.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos9: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

Al respecto, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los

Asimismo, se tiene que el artículo 50 de la LSST, en concordancia con lo estipulado en el literal g) del artículo 26 del RLSST, establece que el empleador como medida de prevención de los riesgos laborales deberá gestionarlos, sin excepción, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo señalado por el artículo 57 de la LSST, en concordancia con el primer párrafo del artículo 82 del RLSST.

Por su parte, el numeral 3 del anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, establece que la identificación de riesgos es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológicos y disergonómicos presentes en la organización; asimismo, señala que la evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar.

En ese contexto normativo, del numeral 4.22 de los hechos constatados del acta de infracción se corrobora que la inspectora comisionada verificó lo siguiente:

Conforme se advierte de autos, de la verificación de la matriz IPERC vigente a la fecha del accidente de trabajo, se advierte que la impugnante no incluyo la actividad específica y los peligros del desplazamiento de trabajadores en circunstancias que usan o manipulan el equipo para transportar mercadería “transpaleta hidráulica” (estoca); no obstante, conforme a la normativa en SST vigente, tenía la obligación de elaborar una matriz IPER específica del puesto de trabajo. En esa línea, la matriz IPER exhibida por el entonces sujeto inspeccionado debió detallar el puesto de trabajo de “auxiliar de plataforma-patio de maniobras”, en el cual se desempeñaba el trabajador afectado, detallando las actividades involucradas como la de “transportar materiales utilizando palets”, así como los riesgos específicos, considerando el peligro del piso en desnivel del área de trabajo, ello con la finalidad de accionar las medidas de control necesarias, y evitar la ocurrencia del accidente de trabajo.

Ahora bien, de los hechos constatados se advierte que el sujeto inspeccionado respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos del puesto de trabajo, manifestó que el peligro en relación al accidente de trabajo se encuentra en el documento “Excel platos”; sin embargo, del documento se verifica que dicho peligro está relacionado a “piso en mal estado o irregular”, no siendo efectivas sus medidas de control para prevenir el accidente. Por tanto, no se identificaron todos los peligros a los cuales estaba expuesto el trabajador afectado en la labor de “transportar materiales utilizando palets” como “auxiliar de plataforma-patio de maniobras”. Máxime si de autos se advierte que, las medidas de control que adoptó el sujeto inspeccionado después del accidente de trabajo fueron la “implementación de la señalización de prohibición para que no se realice el almacenamiento en zonas con pendiente; señalización de la zona de tránsito y la zona de descarga de mercadería”. Sin embargo, esas medidas de control fueron implementadas después del accidente de trabajo, toda vez que no había sido identificado el peligro en la matriz de riesgos, por tanto, no se habían adoptada las medidas a la fecha del accidente. (énfasis añadido)

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 06 de enero de 2022. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Al respecto, la impugnante alega que, no resulta lógicamente posible que todos los supuestos de accidente de trabajo sean prevenidos; resulta exigible que, una vez acontecido un accidente de trabajo se actualice el IPERC, e incluya el nuevo supuesto, a fin de que no vuelva a ocurrir, lo que sucedió en el presente caso; por lo cual, no hay incumplimiento alguno al respecto. Sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante, de la verificación de la matriz IPERC vigente a la fecha del accidente de trabajo (06 de enero de 2022), se advierte que la impugnante no incluyo la actividad específica y los peligros del desplazamiento de trabajadores en circunstancias que usan o manipulan el equipo para transportar mercadería “transpaleta hidráulica” (estoca); no obstante, conforme a la normativa citada en SST vigente, tenía la obligación de elaborar una matriz IPER específica del puesto de trabajo, en atención al deber de prevención, responsabilidad y protección que tiene como empleador, de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, en tanto que, en mérito al deber de prevención que debe existir en todo centro de trabajo, es que se ha creado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de que de manera constante la matriz IPERC sea actualizada, lo que no ha ocurrido en el presente caso. Por tanto, aun cuando la impugnante, a la fecha, haya actualizado la matriz IPERC consignando los peligros por el desplazamiento de trabajadores en circunstancias que usan o manipulan el equipo para transportar mercadería “transpaleta hidráulica” (estoca), el incumplimiento se mantiene respecto a la falta de la Identificación de peligros y evaluación de riesgos, al tratarse de un hecho que constituye una infracción de naturaleza insubsanable. Por lo tanto, no resulta amparable dicho extremo del recurso.

Por otro lado, la impugnante alega que, existía regulación en la IPERC respecto al uso de la “transpaleta hidráulica”; en la Fila 51, se reguló como obligación el “verificar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta”, mientras que en el Fila 67 se reguló la reposición de mercadería, involucrando el uso de la transpaleta hidráulica. Al respecto, de autos se advierte que, el accidente de trabajo ocurre en circunstancias que el trabajador se encontraba en la zona de plataforma-patio de maniobra moviendo un palet de mercadería con una transpaleta hidráulica manual en una rampa de plataforma, donde había desnivel, no observándose en el registro de accidentes exhibido por la impugnante, peligros referidos al peso de la carga; sin embargo, sí respecto a la falta de identificación del peligro del desplazamiento de trabajadores en circunstancias que usan o manipulan el equipo para transportar mercadería “transpaleta hidráulico” (estoca). Por ende, se advierte que, el sujeto inspeccionado, posterior al accidente de trabajo, estableció como medidas de control las referidas a la “implementación de la señalización de prohibición para que no se realice el almacenamiento en zonas con pendiente; señalización de la zona de tránsito y la zona de descarga de mercadería”. No obstante, esas medidas de control fueron implementadas después del accidente de trabajo, toda vez que no había sido identificado el peligro en la matriz de riesgos, por tanto, no se habían adoptada las medidas a la fecha del accidente. Por lo tanto, no cabe acoger este extremo del recurso. (énfasis añadido)

Al respecto, debemos considerar que, el artículo 49 de la LSST, dispone que el empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones:

Asimismo, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo”. (énfasis añadido)

En ese contexto normativo, del numeral 4.22 de los hechos constatados del acta de infracción se corrobora que la inspectora comisionada verificó lo siguiente:

De la evaluación de los actuados, se advierte que en las actuaciones inspectivas de investigación, la impugnante no acreditó haber impartido formación e información adecuada en materia de SST, sobre los riesgos laborales en el puesto de trabajo y en la función específica que desarrollaba el trabajador afectado a la fecha del accidente de trabajo.

Corresponde precisar que, verificada la documentación presentada dentro de la investigación del accidente de trabajo, se aprecia que, si bien el sujeto inspeccionado brindó capacitaciones al trabajador afectado, éstas no se encontraban relacionadas al puesto de trabajo y en particular a la función desarrollada por el trabajador afectado el día del accidente de trabajo como “auxiliar de plataforma-patio de maniobras” que realizaba las funciones de “transportar materiales utilizando palets”. En tanto que, revisada la cartilla de inducción específica del trabajador afectado, de la “sección de platos preparados” “áreas perecibles”, se observa que, no se capacito adecuadamente al trabajador, toda vez que, el trabajador tenía diversas responsabilidades y actividades, relacionadas a la gestión de almacenamiento, inventario, ventas, estándares de calidad de los productos, asegurar el cumplimiento de los lineamientos de SST. Sin embargo, recibió capacitación en 34 temas de inducción, con una duración total de 90 minutos, lo que se contrapone con lo manifestado por el trabajador, debido a que señala que “no recibió capacitación”, y que firmo papeles y el contrato de trabajo después del accidente de trabajo.

Por otro lado, según la revisión del registro de investigación de accidentes e incidentes exhibido por el sujeto inspeccionado dentro de las actuaciones inspectivas de investigación se advierte que se detalla como causa básica la falta de capacitación en la tarea. Igualmente, revisado el acta de fecha 24 de febrero de 2022, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, posterior al accidente de trabajo, se observa como causa básica, la práctica insuficiente recibida por el trabajador afectado.

Por tanto, se evidencia que el trabajador afectado no contaba con la formación e información, entrenamiento anticipado y adecuado sobre los peligros y riesgos inherentes a la actividad que desempeñaba, así como capacitaciones sobre estándares de trabajo respecto al “uso de transpaleta hidráulica/manual” (estoca). En consecuencia, el trabajador no fue capacitado sobre el correcto uso de estocas, seguridad en el uso de estocas, que le permita identificar, analizar y entender los riesgos presentes en el ambiente de trabajo, y, además, las medidas preventivas que debía adoptar, adquiriendo conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar y cumplir con el trabajo de forma segura.

Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una correcta capacitación al trabajador accidentado, no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, acorde a la función específica desarrollada como “auxiliar de plataforma-patio de maniobras”, incumplimiento que contribuyó a que el accidente de trabajo se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 06 de enero de 2022. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con el deber de formación e información del trabajador afectado.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, no se ha demostrado que no han realizado las capacitaciones pertinentes, en tanto que, SUNAFIL no ha acreditado cuál es la norma jurídica que le otorga discrecionalidad y que sujeta la interpretación de lo que vendría a ser una “capacitación adecuada y efectiva” a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Por lo tanto, mientras no exista esta norma, pueden realizar las capacitaciones de la manera que considere más pertinente, debido a que no existe ninguna norma jurídica que prohíba o limite el tiempo de preparación que se considere necesario para el nuevo personal. Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LSST, es la empleadora quien se encuentra en la obligación de promover la cultura de prevención, debiendo para dicho efecto definir “los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones

En ese orden de ideas, el Glosario de términos del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el RLSST, define la capacitación como la acción de “trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”.

En tal sentido, las capacitaciones deben realizarse desde un enfoque tanto teórico como práctico y específico a las funciones del puesto de trabajo de cada trabajador. Máxime si, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo 27 del RLSST, el empleador en cumplimiento del deber de prevención debe garantizar que sus trabajadores sean capacitados, y dicha capacitación debe estar centrada, entre otros, en el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquier sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración del contrato. En consecuencia, aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no resulta ni razonable ni proporcional que la impugnante realice un total de 34 temas de inducción en 90 minutos, en tanto que, para que las capacitaciones sean eficaces deben responder al nivel de complejidad del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo y prever lo que pueda ser potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores.

Por otro lado, si bien la LSST no establece en qué fechas deben realizarse las capacitaciones; no obstante, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la LSST, el empleador tiene la obligación de: (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. Por lo que, se concluye que las capacitaciones brindadas por la impugnante, no han sido las adecuadas al puesto de trabajo del trabajador afectado, ni oportunas para el ejercicio de sus funciones, ya que fueron un total de 34 temas de inducción en 90 minutos, el primer día de trabajo. (énfasis añadido)

Por tanto, se advierte que la cantidad de inducciones en el tiempo en que se desarrollaron, no son capacitaciones específicas que logren la captación de conocimientos del trabajador en su nuevo puesto de trabajo, más aún cuando este tenía peligros que podrían afectar su integridad física. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso.

Por último, la impugnante alega que, la responsabilidad del accidente ha sido del trabajador, quien erró en su juicio al usar la transpaleta hidráulica en un área prohibida para este transporte para colocar un pallet en una zona inaccesible, y al hecho que el trabajador no esperó a ser derivado a un puesto de salud, sino que fue por su propia cuenta. Al respecto, aun cuando hayan concurrido factores personales y actos subestándares en el accidente de trabajo, la impugnante no puede eximirse de responsabilidad por el incumplimiento de su deber de prevención de riesgos laborales, al pretender sindicar al trabajador accidentado como responsable del accidente de trabajo ocurrido, ya que el evento responde a las causas desarrolladas precedentemente y que en el presente procedimiento solo se ha determinado su responsabilidad por

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 1127-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 412-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.