Fonpell S.A.C

Mediante la Orden de Inspección N° 833-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 482-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

A través de la Imputación de Cargos N° 993-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, notificada el 27 de julio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 1212-2022/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, notificada el 01 de diciembre de 2022, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia de Regional de La Libertad, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IR- LL/SISA, notificada el 01 de febrero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 16 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante la Resolución de Intendencia N° 366-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada el 20 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Regional de La Libertad el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 366-2023-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N° 04-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 04 de enero de 2024, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Fonpell S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 366-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que confirmo la sanción, por la comisión, entre otras, de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT; así como una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 21 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Fonpell S.A.C.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye una competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

En esa línea argumentativa, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, se aprobaron los siguientes precedentes de observancia obligatoria, vigentes desde el día siguiente de su publicación:

De igual modo, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 25 de julio de 2022, publicada el 17 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria los siguientes criterios:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando

Así, se puede observar que la Inspeccionada informa al Inspector del Trabajo que el trabajador afectado cuenta con un contrato modal suscrito que no puede ser ubicado en sus archivos, agregando a su manifestación que, la relación laboral que mantuvo con su trabajador afectado culmino por renuncia del trabajador. En este punto, cabe precisar que, en virtud de los principios de buena fe procedimental y presunción de veracidad, la Inspeccionada debe realizar los actos procedimentales, como las respuestas a los requerimientos de información: “(…)guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”; y considerando que la información incluida en los escritos que se presenten para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos9.

Sobre estas declaraciones, es pertinente señalar también que forma parte del expediente de inspección, el documento proporcionado por la Inspeccionada denominado “CONSTANCIA DE ALTA DEL TRABAJADOR”10, el cual en el ítem “Tipo de contrato”, consigna “POR INICIO O INCREM DE ACTIV”, con el cual se realizó el registro del trabajador afectado el día 23 de marzo de 2021, en los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Asimismo, como respuesta a los requerimientos de información se ha puesto en conocimiento del Inspector del Trabajo, el documento denominado “Carta de renuncia” de fecha 25 de marzo de 202311, suscrita por el trabajador afectado, tal como se puede apreciar en las siguientes figuras:

Con esta información, el Inspector del Trabajo ha constatado que el trabajador afectado, a la fecha de la inspección laboral, ya no mantiene vínculo con el sujeto inspeccionado, no obstante, en virtud de la información proporcionada, al mismo le corresponden los siguientes datos laborales.

En vista a lo expuesto y los hechos recogidos, se puede corroborar que el trabajador afectado mantuvo una relación laboral de bajo modalidad contractual por inicio o incremento de actividad, el cual fue de naturaleza temporal, por el periodo que comprende desde el 22 de marzo de 2021 al 24 de marzo de 2022, esto considerando que los documentos registrados ante otras instituciones y por el propio trabajador afectado, los que permiten que sea verificable con fehaciencia la conducta infractora incurrida por la Inspeccionada.

En esa línea, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 25 de enero de 2023 en el diario oficial El Peruano, lo alegado por la Inspeccionada, también debe evaluarse bajo el siguiente aspecto:

En atención a lo esgrimido, es oportuno mencionar, que de conformidad con los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que, se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Por tanto, considerando que los hechos constatados por el Inspector del Trabajo en el Acta de Infracción gozan de la presunción de veracidad, y estando a que la inspeccionada no ha desvirtuado dicha presunción aportando pruebas en defensa de sus respectivos derechos e intereses, estimando así que esta no cumplió con sus obligaciones sociolaborales. Por lo tanto, corresponde no acoger los argumentos expuestos por la impugnante en estos extremos.

De los actuados se verifica que, el inspector comisionado corroboró que la impugnante no acreditó la entrega del contrato de trabajo, al trabajador afectado, toda vez que no exhibió documento que así lo acredite.

Cabe señalar que, el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR establece que: “El empleador debe entregar al trabajador copia del contrato de trabajo en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el inicio de la prestación de servicios”.

Que, se debe entender al contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades, a través del cual se perfecciona el vínculo de trabajo entre dos personas, donde una de las cuales se compromete a poner a disposición de la otra su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Su duración se ve intrínsecamente ligada al principio de continuidad, debido a que nuestro sistema jurídico ha considerado históricamente que el contrato de trabajo es, por regla general, de duración indeterminada, según el principio protector o tuitivo que inspira al derecho del trabajo.

Por otro lado, el artículo 72 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, determina que: “Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado (…)”.

Así, el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT, tipifica como infracción muy grave en materia de relaciones laborales, no celebrar por escrito y en los plazos previstos contratos de trabajo, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente.

En el caso de autos, en el fundamento 5.1.14 del acápite V Normas infringidas, calificación, sanción propuesta e imputación de responsabilidad del Acta de Infracción, la inspectora de trabajo comisionada dejó constancia que:

En ese contexto, y considerando lo descrito en los numerales 6.9 al 6.11 de la presente resolución, entre la Inspeccionada y el trabajador afectado, existe la obligación de entregar un ejemplar del contrato sujeto a modalidad, conforme lo dispone el artículo 83 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, en razón de que, la norma exige la forma escrita de los contratos sujetos a modalidad. Por consecuencia, debe exigirse cumplir con sus obligaciones a la Inspeccionada.

A mayor abundamiento, atendiendo al antecedente normativo sobre el tema en análisis, la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto

En ese contexto, se advierte que la incorporación de la sanción referida a la no entrega de un ejemplar del contrato de trabajo en el plazo dispuesto en la normativa sociolaboral, tiene como fundamento la adecuación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo a la modificación del artículo 73 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En tal sentido, se advierte que, en el caso de los contratos de trabajo, la modificación al Decreto Legislativo N° 728, elimina el requisito de presentación de una copia del contrato de trabajo modal ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y, a su vez, habilita a la misma la imposición de una multa ante el incumplimiento de las formalidades de: i) la celebración por escrito; y, ii) la entrega de la copia del contrato de trabajo.

Por estas consideraciones, corresponde desestimar los argumentos expuestos en el recurso de revisión dirigidos a cuestionar este extremo, confirmando la sanción impuesta por la infracción tipificada en el numeral 25.21 del artículo 25 del RLGIT.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que estas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección

Conforme se advierte del acta de infracción, la impugnante no presento los documentos solicitados; por lo tanto, el Inspector del Trabajo, concluyó que no se logró acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, configurándose la infracción a la labor inspectiva.

Como se puede verificar del Acta de Infracción, el incumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento fue imputado a título de “faltas graves”. Es decir, para

Así, debemos tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, que en sus fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 establece:

Es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001 2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

Estando a lo señalado, se debe tener en cuenta que, respecto a las infracciones que son materia de solicitud de subsanación en la medida inspectiva de requerimiento, calificadas como infracciones graves en el acta de infracción, se ha agotado la vía administrativa, esto

Asimismo, de la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que el inspector comisionada han realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y 17.214 del RLGIT, referente a que, para la emisión de una medida inspectiva de requerimiento, resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico, cumpliendo con la aplicación del principio de legalidad, conforme se advierte de los fundamentos de la misma, en la que se desarrollaron los argumentos para la configuración de las conductas infractoras.

En tal sentido, se advierte que el comisionado efectuó la correcta determinación y fundamentación de la configuración de las conductas infractoras imputadas, las normas aplicables y no cumplidas, los trabajadores comprendidos, así como la forma de subsanación de dichas infracciones. Por lo que la medida de requerimiento referida se encuentra correctamente emitida.

Si bien el plazo otorgado en la medida de requerimiento fue de tres (03) días hábiles para que el empleador acredite el cumplimiento de obligaciones en materia de relaciones laborales pago de gratificaciones, bonificaciones extraordinarias, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, certificado de trabajo, acreditar la entrega de un contrato de trabajo, debe tenerse en cuenta que desde en el trascurso de la investigación los requerimientos de información de fecha 13 de abril de 2022, 28 de abril de 2022 y 11 de mayo de 2022, el empleador ya había sido informado directamente por el inspector sobre las deficiencias advertidas en el centro de trabajo. En ese sentido, el empleador contaba con conocimiento previo de los riesgos existentes y de las obligaciones incumplidas, lo que justifica la razonabilidad del plazo otorgado, al no tratarse de requerimientos sorpresivos o ajenos a la realidad ya identificada por la propia autoridad inspectiva en el marco de sus actuaciones preliminares, más aún si, la información y documentos aportados por la Inspeccionada se han empleado para describir debidamente los incumplimientos en materia de relaciones laborales en la medida inspectiva de requerimiento.

En el presente caso, el inspector de trabajo dejó señalado, en la medida inspectiva requerimiento, que, se verificaron los incumplimientos en materia de relaciones laborales, conforme se observa a continuación:

Así también, en el numeral 4.9 del Acta de Infracción, se dejó constancia que, vencido el plazo otorgado para subsanar los incumplimientos constatados, no se presentó los documentos solicitados en el plazo establecido a través de la casilla electrónica.

En ese contexto, cabe precisar que, si bien el texto de la medida utiliza la expresión “acreditar”, su contenido y finalidad trascienden una simple solicitud de información, configurándose como una verdadera medida de requerimiento conforme al artículo 20.3 del RLGIT. En primer lugar, tiene un propósito correctivo, al no limitarse a solicitar documentación, sino exigir la subsanación de infracciones previamente constatadas como fueron los descuentos remunerativos indebidos, injustificados y/o no autorizados advertidos en las diligencias inspectivas. En segundo lugar, el requerimiento fue emitido bajo apercibimiento y con un plazo perentorio de tres días hábiles, lo que evidencia su carácter obligatorio y no meramente informativo. Además, aunque el contenido aparente una solicitud de medios probatorios, estos se exigen con la finalidad de verificar la efectiva corrección de las conductas infractoras, elemento que reafirma su naturaleza jurídica como medida de requerimiento en modalidad de subsanación, lo cual es consistente con el criterio establecido en el precedente de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena Nº 002-2022-SUNAFIL/TFL, que reconoce que tales medidas tienen como finalidad revertir los efectos de una ilegalidad constatada, siendo de cumplimiento obligatorio por el inspeccionado.

En este punto es importante precisar que el cumplimiento de una medida de requerimiento no se limita únicamente a la presentación de documentos por parte del empleador. Para que exista un cumplimiento efectivo, dichos documentos deben acreditar de manera suficiente y conforme a lo ordenado expresamente por la autoridad inspectiva. En ese sentido, aunque el empleador presentó información durante el procedimiento de inspección, esta no logró demostrar que se haya cumplido con las obligaciones en relaciones laborales incurridas por la Inspeccionada, por lo que, ello sumado a la conducta de no cumplir con dar respuesta a la medida inspectiva de requerimiento, lleva a determinar que se ha cumplido todos sus extremos.

Por lo tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a dicha medida de requerimiento de manera íntegra, esto es, a cada uno de los requerimientos efectuados; supuesto que, como han determinado los comisionados y constatado las instancias previas, no ha cumplido de manera íntegra dentro del plazo otorgado en la medida de requerimiento ni previo a la notificación de la imputación de cargos. Cabe señalar que, conforme se advierte del acta de infracción, los medios probatorios presentados por la impugnante fueron valorados por los comisionados y en su oportunidad por las instancias previas.

En tal sentido, en aplicación del principio de razonabilidad, y luego de la valoración, por parte de los inspectores comisionados, las instancias previas y esta Sala, de los hechos y medios probatorios aportados, se evidencia el incumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, así como el no cumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento, correspondiendo confirmar la sanción por dicha infracción. Por tanto, no corresponde acoger en este extremo los argumentos del recurso de revisión referidos a la infracción objeto de análisis.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes, como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.