Consorcio Sacyr

Mediante Orden de Inspección N° 218-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 180-2022-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 0512-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, notificada el 01 de agosto de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 754-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SIFN, notificada el 21 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 193-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, notificada el 25 de abril de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 17 de mayo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 193-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, solicitando que se revoque la misma y se deje sin efecto la multa impuesta; o que, en su defecto, se declare nula la misma.

Mediante Informe N° 069-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 16 de noviembre de 2023, el Intendente Regional de Ancash formula abstención ante la Gerencia General para resolver en segunda instancia el presente procedimiento, en base a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la LPAG. Así, mediante Resolución de Gerencia General N° 271-2023- SUNAFIL-GG, de fecha 23 de noviembre de 2023, la Gerencia General aceptó la abstención presentada y designó como autoridad encargada de emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa en el presente procedimiento a la Intendencia Regional de Lima.

En consecuencia, mediante Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, notificada el 29 de diciembre de 2023, la Intendencia Regional de Lima declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 23 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lima, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE- LIM.

La Intendencia Regional de Lima admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 000143-2024-SUNAFIL/IRE- LIM, recibido el 09 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el CONSORCIO SACYR, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 213-2023-SUNAFIL/IRE-LIM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el CONSORCIO SACYR

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de este, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”8. Además, se señala que: “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”9.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”10.

Por otra parte, en atención al artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone entre otros que, los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. En tal sentido, resulta pertinente traer a colación los precedentes establecidos en los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, los cuales disponen que:

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”11. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el

Conforme lo señalado en el considerando 6.9 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, el precedente administrativo de observancia obligatoria, la ocurrencia del accidente de trabajo puede atribuirse a un árbol de causas.

El RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. En ese sentido, el Glosario de términos define las causas de los accidentes como uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente, las cuales se clasifican en:

Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador.

Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por el incumplimiento respecto a la materia de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, condiciones de trabajo, y accidentes de trabajo.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo12.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21° prescribe que:

Por su parte, el artículo 49° de la LSST establece que: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (Énfasis añadido). Asimismo, el artículo 50° de la LSST preceptúa que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”. (énfasis añadido)

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral N° 1225- 2015 Lima ha establecido lo siguiente:

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “28.11 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo mortal”. En tal

Cabe señalar que, las causas fundamentales de un accidente pueden encontrarse en diversos niveles: conceptos erróneos, diseños inadecuados, errores de mantenimiento, de los operarios o de gestión. La determinación de la causa del accidente puede, entonces, reportar una multiplicidad de orígenes, por lo que la multicausalidad no puede destacarse de forma apriorística.

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes, recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relaciona; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”. A decir de Feyer y Williamson, los factores causales son múltiples y variables en importancia intrínseca y temporal, de manera que “el acuerdo suele ser general respecto a que los accidentes se deben a múltiples causas”13.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos14: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

De los dispositivos normativos y jurisprudenciales descritos precedentemente, corresponde analizar si en las actuaciones generadas en el expediente inspectivo se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada

En relación a las causas del accidente de trabajo, establecidas por el inspector comisionado, son las siguientes:

A partir de ello los incumplimientos detectados por parte del inspector comisionado que han sido imputados como causantes del accidente fatal y motivaron para las instancias administrativas previas, la imposición de la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, son los siguientes: i) Incumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionada con las Condiciones de Seguridad; ii) Incumplimiento de la normativa

Es preciso tener en cuenta que el artículo 36 de la LSST, dispone que: “(...) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (...)” (énfasis añadido)

Asimismo, el artículo 57 del citado cuerpo normativo señala que: “el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas; b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (énfasis añadido)

A su vez, el literal g) del artículo 26 del RLSST, prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionado con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (...)”. En concordancia con ello, el literal c) del artículo 32 del citado cuerpo normativo señala que: “la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: (...) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. (...) La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas”.

De igual manera, el artículo 82 del RLSST, dispone que: “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley (...).

En el marco de lo dispuesto por la normativa citada, se establece con claridad que el empleador tiene la obligación de identificar y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo, actualizar dicha evaluación cuando corresponda, y aplicar medidas concretas para eliminarlos o controlarlos. Asimismo, debe garantizar la visibilidad y disponibilidad de dicha documentación en el centro de trabajo. Estas obligaciones conforman un eje esencial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de cumplimiento obligatorio y continuo, y exigible que el empleador adopte medidas efectivas y no meramente formales o generales.

Sobre el particular, el inspector comisionado en los numeral 4.28 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, sustentó el incumplimiento de la obligación señalada en el siguiente argumento: “se ha podido constatar que en la fecha 22 de enero del 2021 el sujeto inspeccionado no contempló en su IPERC ni implementó en el lugar de trabajo, las medidas preventivas requeridas para eliminar o controlar el riesgo de caída a diferente nivel del Operador de Cisterna, al momento de manipular la manguera de succión para retirarla del rio, luego de haber llenado el tanque cisterna, tales como el uso plataformas acondicionadas en la zona de trabajo, el aislamiento de dicho riesgo mediante barandas u otras barreras, y/o la implementación de extensiones, dispositivos o mecanismos que faciliten la extracción de la manguera y evitar que el Operador haya tenido que caminar sobre la superficie resbaladiza para retirarla manualmente, ocasionando el accidente de trabajo que provocó la muerte del precitado Operador.”

Con relación a este extremo, es imprescindible considerar el deber probatorio que le es atribuible a la Administración en la determinación del reproche administrativo, conforme a lo establecido como precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 001-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 25 de enero de 2023, donde el Tribunal estableció lo siguiente:

“En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material.17 Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley

En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente.

Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción.

Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento.” (énfasis añadido)

Siguiendo lo establecido en el precedente previamente citado, para analizar la validez de la relación causal que existe entre los incumplimientos detectados y el accidente ocasionado, es importante considerar lo establecido como precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 006-2025-SUNAFIL/TFL, donde se ha establecido lo siguiente:

En efecto, conforme a lo previsto en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, la configuración de una infracción muy grave por accidente de trabajo exige que el incumplimiento detectado —sea documental, procedimental o técnico— tenga relación sustantiva con el riesgo que se materializó. Este criterio ha sido sostenido por esta Sala en las Resoluciones No 464-2022-SUNAFIL/TFL, No 663-2023-SUNAFIL/TFL, No 452-2024- SUNAFIL/TFL, No 543-2024- SUNAFIL/TFL, No 582-2024-SUNAFIL/TFL, No 24-2025- SUNAFIL/TFL y No 463-2025-SUNAFIL/TFL, en las que se precisó que la responsabilidad por infracción muy grave debe fundarse en un juicio de causalidad motivado, que determine si el incumplimiento afectó el deber de prevención del empleador respecto de las condiciones de trabajo que originaron el daño. En esa línea, cuando la omisión detectada corresponde a obligaciones documentales, como la entrega del RISST o supuestos similares, el análisis de imputación debe valorar si dicha omisión afectó efectivamente el cumplimiento del deber de prevención del empleador respecto de las actividades desarrolladas por el trabajador accidentado, y si tal defecto de información, capacitación o advertencia tuvo capacidad real de influir en la producción del año.

En tal sentido, debe resaltarse que la función de la inspección del trabajo —como primera línea del sistema de fiscalización laboral— no se limita a verificar el incumplimiento de deberes formales, sino que requiere realizar un análisis sustantivo de las circunstancias que originaron el accidente. En particular, cuando se califica una infracción como muy grave con base en un resultado dañoso, corresponde a la autoridad verificar si el incumplimiento detectado tuvo incidencia relevante y comprobable en la producción del daño. Para ello, deberá evaluarse si el documento omitido o la medida no ejecutada guardaba relación directa con las funciones asignadas al trabajador y con el tipo de riesgo materializado, así como si dicha omisión menoscabó la capacidad de advertencia, prevención o control del peligro. Solo cuando esta conexión funcional sea motivada adecuadamente, podrá considerarse la omisión como causalmente relevante y subsumible en los supuestos previstos en los numerales 28.10 o 28.11 del RLGIT.” (énfasis añadido)

Este deber de análisis y motivación que recae sobre el inspector comisionado a la investigación del accidente de trabajo, es congruente con el Principio de Licitud, reconocido en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, de acuerdo con el cual, la administración debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, mientras que no se cuente con evidencia de lo contrario. Pues, bajo este precepto, la acusación al administrado únicamente tendrá cabida cuando se cumpla con el estándar de prueba necesario para quebrar dicha presunción. Así, adicionalmente al criterio vinculante de la Resolución de Sala Plena N° 001- 2023-SUNAFIL/TFL, dentro de la doctrina, se ha fijado que esta carga probatoria impuesta a la Administración en los procedimientos de sanción se satisface con el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, de acuerdo al cual se requiere cumplir con el más alto nivel de exigencia probatoria para determinar la culpabilidad, de manera que ”solo se pueda condenar a un administrado si la acusación es la única hipótesis posible que explica los hechos probados del caso”, pues “si existe otra teoría que pueda explicar los hechos probados del caso, entonces no se puede condenar al acusado”18.

En ese sentido, la sustentación probatoria que se proponga por parte del inspector comisionado tendrá que observar la suficiente coherencia narrativa y justificación fáctica probatoria para demostrar que ha sido el incumplimiento detectado o atribuido al sujeto

En los términos del precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 008- 2025-SUNAFIL/TFL:

Ahondado en las acciones del trabajador accidentado, y de la contribución o preeminencia que estas pueden tener sobre la descripción de las causas del accidente, la mencionada Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, consigna también en condición de precedente vinculante, lo siguiente:

Bajo este contexto jurisprudencial, corresponde objetar que la Matriz IPERC presentada por la inspeccionada, conforme al numeral 4.28 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, preveía medidas de control ante el riesgo de “AHOGAMIENTO” por labores de “CARGUIO DE AGUA” en “POZA, CANAL Y/O RÍO”, consistentes en “ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)”, “OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA”, “NO INGRESAR A LOS CUERPOS DE AGUA”, “USO DE ARNES Y LÍNEA DE ENGANCHE”. Por tanto, la precisión efectuada por el inspector comisionado es contradictoria, dado que el empleador sí contempló medidas para controlar el riesgo de caída dentro de la Matriz IPERC. Así, si bien la implementación del uso de plataformas o barandas, no se contempla dentro del documento de gestión, no existe una adecuada valoración relacionada a la efectividad o insuficiencia de las medidas de control que sí estuvieron contempladas, ni tampoco cómo su cumplimiento o no pudo ser determinante para la ocurrencia del accidente de trabajo.

Cumplir con lo señalado era relevante y necesario dentro de la determinación del árbol de causas a fin de establecer la relación causal con el supuesto incumplimiento advertido, mucho más teniendo en consideración que dentro del expediente inspectivo, obra la manifestación del Sr. Fraily Caballero, presente al momento del accidente de trabajo, así como la investigación del accidente de trabajo, de los cuales se abstrae que la medida de control “USO DE ARNES Y LÍNEA DE ENGANCHE” no fue cumplida por el propio trabajador afectado. De este modo, el inspector comisionado y las instancias administrativas previas, al determinar la causalidad en este extremo, han omitido valorar la suficiencia del uso del arnés y la línea de vida como medida de control dentro del IPERC, señalando la necesidad de que se incluyeran otras medidas a pesar de que, dentro de las causas del accidente de trabajo, está comprobado que el trabajador afectado no usó dichos equipos de protección personal al realizar la labor de carguío de agua, acto subestándar que no ha sido considerado por el comisionado a fin de justificar por qué la causalidad se sustentaría en la ausencia de mayores medidas de control dentro del IPERC y no en la conducta temeraria del trabajador que omitió aplicar las medidas de control que sí estaban en el IPERC y en las cuales había sido capacitado.

De este modo, teniendo en cuenta el contexto de lo sucedido el día del accidente de trabajo, es evidente que existieron condiciones contribuyentes en la generación del accidente sufrido por el trabajador, atribuibles a conductas temerarias e imprudentes ejecutadas por este mismo. Así, al establecer la relación de causalidad entre el incumplimiento y el accidente, ni el inspector comisionado, ni tampoco las instancias administrativas previas, han examinado en la producción del accidente la contribución de la propia negligencia del trabajador.

Por tanto, esta Sala considera que el inspector comisionado no efectuó un análisis suficiente y adecuado al momento de determinar la relación causal entre el incumplimiento imputado y el accidente ocurrido. Debido a ello, omitió valorar la incidencia de los actos subestándar atribuibles al trabajador afectado, aun cuando el contexto y las circunstancias del caso permiten concluir una mayor probabilidad causal en la ocurrencia del daño sufrido en que el trabajador no utilizara el arnés y la línea de vida, colocando en riesgo su propia vida e integridad física, antes que en la ausencia de mayores controles en el IPERC. En consecuencia, la conclusión punitiva a la que arribó el inspector comisionado no ha seguido el principio de licitud y el principio de verdad material, en los términos de los precedentes administrativos que anteriormente han sido citados. Con lo cual se habría omitido por parte de la Administración, fundamentar suficiente y correctamente la existencia del nexo causal en los

En consecuencia, en la imputación bajo análisis, no se verifica que el incumplimiento realmente haya sido contrastado con las hechos comprobados durante el procedimiento inspectivo, de manera que la fundamentación causal no ha sido estrictamente descrita superando el estándar de prueba necesario para garantizar el principio de presunción de licitud, y, asimismo, tampoco se han valorado los factores personales y las conductas subestándar como supuestos de fractura del nexo causal, a fin de efectuar una correcta valoración del árbol de causas del accidente. En consecuencia, corresponde desestimar la infracción impuesta en este extremo.

Se debe tener en cuenta que la LSST reconoce como un principio a la información y capacitación, entendida como la obligación que tiene el empleador de brindar a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales “una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia”19. Así, a través de la obligación de garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de todo aquel que se encuentre dentro del centro de labores, que el empleador debe de adoptar una serie de medidas de prevención de acuerdo con el orden de prioridad preestablecido por Ley, entendiéndose a la capacitación como una medida administrativa de prevención destinada a aislar el peligro y riesgo a través de la conducta segura del trabajador.

El artículo 27 de la LSST establece: “El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas”.

Por su parte, el artículo 49 de la citada norma prescribe que: “El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.” (el énfasis es nuestro).

Esta obligación se circunscribe a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En

En ese orden de ideas, el Glosario de términos del RLSST, señala que “la Capacitación consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.”

Asimismo, el artículo 52 de la LSST establece que: “El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.” (el énfasis es nuestro)

Como se desprende del artículo 50 de la LSST, las capacitaciones se convierten en una medida de prevención de riesgos laborales, instituidas como una obligación a todo empleador21. Por su parte, el artículo 27 del RLSST, establece: “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos.” (el énfasis es nuestro)

En ese entendido, la capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo implica contemplar un mínimo de conocimiento y competencias con las que todo trabajador debe contar, de manera que, el contenido de las capacitaciones dependerá del nivel de complejidad del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo. Por tanto, el deber de capacitación implica adicionalmente, la determinación correcta de las competencias para cada puesto de trabajo, así como las actividades y tareas que comprende la prestación de servicios. “Por lo que, los trabajadores tienen el derecho de recibir del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud”22.

De este modo, la falta de capacitación en sistemas de prevención de riesgos de trabajo hace que los trabajadores carezcan de conocimientos en prevención y cuidado de su salud e higiene, lo que redunda en aumento del riesgo de sufrir accidentes23 o enfermedades profesionales. Las capacitaciones constituyen una obligación del empleador, como efecto del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, su incumplimiento conlleva a las responsabilidades que le sean imputables al empleador, por los accidentes que puedan sufrir sus trabajadores.

Asimismo, los artículos 27-A y 29 del RLSST24 establecen el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente

Considerando lo anterior, en el presente caso, se advierte en el numeral 4.22 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el inspector comisionado sustentó el incumplimiento del deber de formación e información señalando lo siguiente: “ninguna de las capacitaciones impartidas al Operador de cisterna Carril Cieza Christian Armando, está relacionada con los riesgos asociados a la tarea “Succión de agua del rio Santa”, que ninguna de dichas capacitaciones ha sido evaluada; y que, el sujeto inspeccionado no ha acreditado que proporcionó Entrenamiento en seguridad y salud en trabajo, respecto al puesto de trabajo y en la precitada tarea, con énfasis en el control de los riesgos asociados.”

De la revisión de los actuados, se observa que la inspeccionada presentó documentación que sustenta la realización de las siguientes capacitaciones: uso de arnés, uso EPP – sistema anticaída, PETS e IPERC en la operación de abastecimiento de agua, IPER, Equipos de protección personal e inducción general, entre otras señaladas en el numeral 4.21 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción.

En ese sentido, se corrobora que la construcción causal en base a este incumplimiento se ha efectuado también obviando la relevancia de los actos subestándar en la producción del accidente de trabajo, concretamente en la falta de uso del arnés y de la línea de vida por parte del trabajador afectado el día 22 de enero de 2021. Así, desde el Acta de Infracción no se ha cumplido con considerar todas las pruebas aportadas a fin de establecer las razones que justificarían la causalidad del accidente en la falta de capacitación de la tarea de “succión de agua del rio Santa”, a pesar de estar comprobado que el trabajador afectado, aun cuando estaba capacitado en el uso de los equipos de protección personal para la realización de la labor de Carguío de Agua, el día del siniestro decidió temerariamente no colocarse estos equipos, aumentando el riesgo de la actividad.

Teniendo en cuenta estos defectos, conforme al precedente contenido en la Resolución de Sala Plena N° 008-2025-SUNAFIL/TFL, esta Sala concluye que la relación de causalidad del incumplimiento imputado a la impugnante respecto de sus deberes de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo se sustentó de manera insuficiente, no cumpliéndose así con la motivación causal necesaria para la imposición de la infracción en análisis, por tanto, no resulta posible confirmar la configuración de la infracción tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT en este extremo.

El inspector comisionado en el numeral 4.25 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, concluye que la inspeccionada incumplió con sus estándares y/o procedimientos de trabajo, señalando lo siguiente: “se ha podido constatar que, en la fecha 22 de enero del 2021, el sujeto inspeccionado incumplió el precitado procedimiento por cuanto, no impartió la charla de seguridad en la zona donde se encontraba el cuerpo de agua, es decir en el punto de absorción de agua del rio, ubicado en un tramo colindante con el Kilómetro 158+000, para identificar, en el mismo lugar de la Succión de agua del rio, los peligros existentes, evaluar los riesgos inherentes y verificar que se apliquen los controles y medidas preventivas eficaces, para evitar oportunamente la ocurrencia del accidente de trabajo que produjo la muerte del Operador de cisterna Carril Cieza Christian Armando”, y en el numeral 4.26 que: “complementariamente, si bien se cumplió con elaborar el respectivo ATS (Análisis de Trabajo Seguro) de las tareas a ser realizadas por el Operador de Cisterna, en la fecha 22 de enero del 2021, conforme a lo establecido en el precitado procedimiento escrito; se advierte que el sujeto inspeccionado no implementó el control requerido por el Operador de cisterna, en el ATS, a saber, la asignación de un Personal de “APOYO” para la tarea “Succión de agua (Rio o Pozo)”, tal como consta en el precitado ATS.”

De manera bastante similar, respecto del Liderazgo y Supervisión, el comisionado sustentó el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y la relación de causalidad para la imposición de la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, en lo siguiente:

A partir de ello, se comprueba que la obligación de la inspeccionada de brindar la charla de seguridad no se circunscribe al lugar físico donde se realizará el abastecimiento de agua, y, asimismo, se verifica que el numeral 6.10 precisa que “el operador de cisterna será responsable de determinar el requerimiento de ayudantes para realizar al abastecimiento”. En consecuencia, no es correcto lo señalado por el inspector comisionado en este extremo a fin de configurar el incumplimiento a los procedimientos y/o estándares de trabajo seguro, pues ni la charla debía realizarse en el lugar donde se realizaría el carguío de agua, ni la inspeccionada tenía el control de la determinación del personal de apoyo en dicha actividad.

Sin perjuicio de ello, lo que sí se observa es que dentro de los procedimientos, estaba contemplado que el trabajador operador de cisterna, al realizar la actividad comentada debía utilizar el arnés y la línea de vida, lo cual como ya se ha demostrado anteriormente, no fue cumplido por el trabajador afectado, y no obstante, no ha sido valorado tampoco por el inspector comisionado en este extremo a fin de determinar la causalidad necesaria para la imposición de la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

Por otra parte, en lo relativo a la supervisión efectiva, este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 25 de octubre de 2022, publicada el 19 de noviembre de 2022, que constituye precedente de observancia obligatoria, estableció los siguientes criterios:

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.” (énfasis añadido)

En ese entendido, para la determinación del nexo causal no será suficiente imputar que el sujeto inspeccionado no contaba con un personal encargado de supervisar las obligaciones, condiciones o actividades que correspondían al trabajador afectado al momento del accidente, sino que se deberá investigar y evaluar si el empleador contaba o no con una estructura de procedimientos de control, medición o prevención de riesgos y, de ser el caso, si ésta fue cumplida o no el día en que se suscitó el accidente de trabajo. De este modo, la actividad probatoria de la Administración tendrá la obligación de determinar, a partir del deber de colaboración del sujeto inspeccionado y de los demás medios de investigación inspectiva, si el empleador contó y cumplió con dicha estructura de supervisión y control, merced de la

Así, respecto de este extremose observa que la imputación se sostiene en que la inspeccionada no habría brindado la charla el día del accidente en lugar donde se iba a realizar el carguío del agua y que no se habría implementado como medida, la designación del personal de apoyo. Esta circunstancia, sin embargo, no guarda relación con el marco de imputación que este Tribunal ha establecido en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL sobre la supervisión efectiva, pues se reprocha a la inspeccionada no cumplir con dicha obligación, con argumentos repetitivos y genéricos, sin hacer alusión a la existencia o al cumplimiento de la estructura de mecanismos de control, supervisión, medición y/o prevención de riesgos a los que anteriormente se ha hecho referencia, ni corroborar que se haya efectuado actividad probatoria por parte del inspector comisionado al respecto.

Por tanto, existe un error en la imputación efectuada a la impugnante, al no examinar ni determinar correctamente el cumplimiento de la obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo que habría sido incumplida, teniendo en cuenta el precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL.

Consecuentemente, al no estar debidamente probado y fundamentado que la inspeccionada haya incurrido en inobservar sus procedimientos y/o estándares de trabajo seguro ni tampoco que existan omisiones en las obligaciones relacionadas con la supervisión y liderazgo, la determinación de la consecuente relación causal con el accidente de trabajo pierde sustento, mucho más si se tiene en cuenta que en este extremo tampoco se ha considerado que el trabajador no cumplió con pasos de los procedimientos seguros de la operación de carguío de agua, como fue el uso del arnés y de la línea de vida; acto subestándar que al ser contribuyente en el árbol de causas del accidente de trabajo, debió evaluarse en el Acta de Infracción por el inspector comisionado.

En concordancia con el Principio de Prevención, establecido en el artículo I del Título Preliminar de la LSST, el Principio de Protección, establecido en el artículo IX del mismo Título Preliminar, contempla que: “Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable; b) Que las condiciones de trabajo sean

En ese sentido, el artículo 21, 49 y 50 de la LSST anteriormente citados, prevén la obligación del empleador de cumplir con la eliminación, control, prevención de riesgos y peligros que forman parte del contexto de trabajo, protegiendo la salud e integridad física y psicológica del trabajador. En correlato, el artículo 56 de la LSST establece que: “el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores”.

Teniendo en cuenta la normativa referida, esta Sala considera que las condiciones de seguridad en el trabajo constituyen el conjunto de circunstancias materiales, técnicas, ambientales, organizativas y operativas existentes en el centro de trabajo o en el lugar donde se ejecutan las labores, que se encuentran bajo el ámbito de control del empleador y que determinan, de manera directa o indirecta, el nivel de exposición del trabajador a riesgos que puedan afectar su vida, salud o integridad física. Estas condiciones comprenden, entre otros aspectos, el estado y funcionamiento de los equipos, herramientas e instalaciones, la idoneidad del ambiente de trabajo, la ausencia de agentes peligrosos no controlados, así como la implementación efectiva de medidas de prevención y control acordes con los riesgos propios de la actividad desarrollada.

Con relación a este incumplimiento, el inspector comisionado señaló en el numeral 4.19 de los Hechos Constatados, lo siguiente: “De conformidad con los precitados documentos y manifestaciones, se ha podido constatar que el lugar desde donde cayó al rio el Operador de Cisterna Carril Cieza Christian Armando en la fecha 22 de enero del 2021, se componía de piedras de diferentes formas y tamaños, con superficies resbaladizas, por estar remojadas permanentemente por el agua del rio y por el barro que es arrastrado por la corriente, conformando asimismo una diferencia de nivel con respecto al terreno donde se ubicó el camión cisterna; y que, sin embargo, el sujeto inspeccionado no había implementado plataformas, barandas, u otras barreras de protección eficaces para eliminar o controlar el riesgo de caída a distinto nivel del Operador, al momento de retirar la manguera del rio”, y en el numeral 4.20, que también “ha podido constatar que la manguera proporcionada por el sujeto inspeccionado para la succión de agua del rio, no tenía consistencia rígida, y que no contaba con elementos rígidos, dispositivos o mecanismos que faciliten su retiro del rio, para evitar que el Operador haya tenido que caminar sobre la superficie resbaladiza para retirarla manualmente, desplazamiento que ocasionó su caída”.

En este ámbito, es imprescindible remitirse al numeral 6.9 del punto “6. DESARROLLO DEL PROCESO” del “PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO” para la “OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO CON CISTERNA DE AGUA”, en donde se estableció que: “Sólo se realizará el abastecimiento de agua en las áreas asignadas y autorizadas por la Supervisión” (énfasis añadido). Así, queda demostrado que, en contrario a lo señalado por la inspeccionada en su recurso de revisión, la zona donde el trabajador afectado realizó la actividad de carguío de agua el día del accidente, no era un área ajena a sus operaciones empresariales, sobre la cual no poseía control suficiente para analizar los riesgos y peligros del terreno y, consecuentemente, adoptar las medidas de prevención necesarias para reducirlos. Por el contrario, la propia reglamentación interna de la empresa establecía y obligaba a los operadores de cisterna que únicamente debían realizar aquella actividad en las zonas y áreas asignadas y autorizadas por ella.

De este modo, en observancia del deber de prevención que pesa sobre la inspeccionada, previamente a la designación o encomienda a que el trabajador realizara el carguío de agua en la sección del río Santa donde ocurrió el accidente de trabajo, aquella debió observar el terreno,

En ese sentido, respecto de este extremo, esta Sala coincide con las instancias administrativas previas, confirmando la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, al haberse cumplido con sustentar la relación de causalidad entre la falta de previsión de las condiciones de seguridad en el trabajo y la producción del accidente de trabajo con consecuencia fatal.

Al margen del pronunciamiento precedente, corresponde exhortar a las instancias de mérito a que, en lo sucesivo, cuando se verifique la concurrencia de diversos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que, aun vinculados a un mismo accidente de trabajo, cuenten con autonomía normativa, causal y fáctica, y se opte por englobarlos en una sola infracción administrativa, ya sea en el numeral 28.10 o –como en el presente caso– en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, se consignen de manera expresa las razones jurídicas y técnicas que sustenten dicha decisión.

En tal sentido, si bien el inspector actuante cuenta con discrecionalidad para calificar los hechos constatados conforme a los tipos infractores previstos en el RLGIT, dicha facultad debe ejercerse observando una línea mínima de motivación que permita al sujeto inspeccionado comprender las razones por las cuales diversos incumplimientos son tratados de manera conjunta, de modo que el ejercicio de la potestad sancionadora se sustente en criterios objetivos y contrastables que puedan ser conocidos y cuestionados por el administrado en el ejercicio de su derecho de defensa; sin que la ausencia de una motivación reforzada en estos casos constituya, por sí sola, un vicio de nulidad del procedimiento ni de la sanción impuesta. Así, las instancias de mérito contribuyen a la coherencia y predictibilidad del sistema inspectivo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.