Unión de Concreteras S.A — Res. 611-2025

Antecedentes

1 Según consulta RUC, la razón social denominada: CONCREMAX S.A. figura como baja definitiva. De igual forma según consulta SUNARP, la partida electrónica de dicha empresa figura como cerrada como consecuencia de la fusión de la sociedad del rubro en calidad de absorbida con UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.; según el asiento 97 de la Partida Electrónica N° 00160261 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, corre inscrito la FUSIÓN POR ABSORCIÓN (SOCIEDAD ABSORBIDA) Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, donde consta que por Escritura Pública del 15 de enero de 2024, otorgada ante Julio Antonio del Pozo Valdez, Notario Público de Lima, y por Junta General de Accionistas de fecha 16 de noviembre de 2023, se acordó aprobar el proyecto de fusión por absorción de la sociedad del rubro en calidad de absorbida con la sociedad UNIÓN DE CONCRETERAS S.A. (Inscrita en la Partida Electrónica N° 00010960 del Registro de Personas Jurídicas de Lima), en calidad de absorbente; en la modalidad de fusión simple, en que UNICON S.A. asumirá íntegramente el patrimonio de la sociedad, es decir, asumirá todos y cada uno de los activos y pasivos de la sociedad como un todo, sin reserva ni limitación alguna y como consecuencia de la fusión, la sociedad se extinguirá sin necesidad de liquidación. La fusión entra en vigencia el 1 de enero de 2024. En esa línea, si bien el presente PAS se inició contra CONCREMAX S.A., al haber UNIÓN DE CONCRETERAS S.A asumido todos los derechos y obligaciones de la primera, en esta resolución se hará referencia únicamente a esta última como administrado, con fines didácticos. DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

normas en materia de seguridad y salud en el trabajo2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2042-2018 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento; así como, dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud En El Trabajo conforme a Ley y no acreditar la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque no acreditó contar con el Registro de Accidente de Trabajo ocurrido el 25 de enero de 2018, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 5,602.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque no cumplió con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de agosto de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de S/ 9,337.50.

i. Las infracciones por no contar con el Registro de Accidentes y no cumplir el requerimiento del 07 de agosto de 2018 no causaron el accidente del 25 de enero de 2018, ya que ocurrieron después. La empresa recién conoció del hecho el 06 de abril de 2018, dos meses y medio después. Este conocimiento tardío fue a través de terceros y fuera del plazo establecido por el reglamento interno. Por tanto, no era posible registrar el accidente sin reporte ni evidencia suficiente.

2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; Registros de accidente de trabajo e incidentes), Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Subgrupo: incluye todos), Identificación de peligros y evaluación de Riesgos (IPER) (Subgrupo: incluye todos), Sistemas de Gestión SST en las empresas (Subgrupo: incluye todas).

ii. Está acreditado que se ocultó esta información, por lo que se vieron imposibilitados de reportar el accidente de trabajo en el tiempo y en forma oportuna conforme a ley e iniciar el proceso de investigación in situ para determinar las causas del mismo y establecer las medidas correctivas del caso, por lo que una vez recibida la información y documentación, en forma tardía, recién dieron inicio al proceso de investigación interna del mismo, que concluyó el 12 de julio del 2018, después de la fecha de la comparecencia 11 de julio de 2018. iii. No se pudo emitir pronunciamiento adecuadamente sobre el accidente el 11 de julio de 2018 debido a contradicciones sobre la fecha, forma y causas del evento. Ya no era posible realizar una investigación in situ ni recoger testimonios por el tiempo transcurrido. La autoridad se basó en versiones inconsistentes presentadas por otra empresa, lo que genera nulidad del procedimiento. Existen tres versiones distintas del accidente, lo que pone en duda su ocurrencia y detalles clave. El inspector no agotó los medios para esclarecer los hechos, evidenciando una valoración errónea y un posible enfoque recaudatorio en el proceso. iv. En cuanto a la falta de cumplimiento de la medida de requerimiento, resulta materialmente imposible emitir y registrar en el Registro de Accidentes de Investigación, en el mes de julio del 2018 respecto de un supuesto hecho ocurrido en el mes de enero del mismo año, en tal razón, luego de la conclusión de las investigaciones, recién pudieron presentar el Informe SGI-SEG-PLANTA SANTA ANITA, de fecha 12 de julio del 2018, en vía de regularización, documento que pone en relieve todas las inconsistencias mencionadas, las mismas que no fueron consideradas en el Informe Final. v. La investigación se extendió más allá de los 30 días establecidos en la normativa, sin ampliación; así también la medida inspectiva de requerimiento y hoja anexa de infracciones insubsanables de fecha 07 de agosto del 2018 que dio lugar a la multa por no cumplir con el requerimiento, fue girado en referencia a otro procedimiento inspectivo, esto es, la Orden de Inspección N° 11705-2018-SUNAFIL/ILM; entonces no se llega a comprender cómo se les pretende sancionar por el incumplimiento de un requerimiento que no forma parte del presente procedimiento administrativo. vi. El acta de infracción ya se encontraba emitida y girada antes de la diligencia de comparecencia, estos vicios procesales insubsanables determinan la nulidad de la resolución apelada y de todo lo actuado desde el Acta de Infracción.

3 Notificada a la impugnante en fecha 17 de agosto de 2022, véase folio 58 del Expediente Sancionador.

i. Los argumentos del recurso de apelación son repetitivos y ya fueron desvirtuados por la autoridad de primera instancia, donde se ha precisado que la comunicación tardía del accidente de trabajo no lo exime de su obligación de contar con el Registro de Accidente de Trabajo, teniendo en cuenta además que con la medida de requerimiento de fecha 7 de agosto de 2018 se requirió a la inspeccionada que cumpla con acreditar que cuenta con el mencionado Registro de Accidente de Trabajo ocurrido el 25 de enero de 2018, lo cual no sucedió, debido a que no presentó la información solicitada a pesar de que la inspeccionada ya tenía conocimiento del accidente de trabajo. ii. La impugnante no acreditó en el transcurso de las actuaciones inspectivas y el procedimiento sancionador contar con el Registro de Accidentes de Trabajo respecto del accidente de trabajo ocurrido el 25 de enero de 2018 en perjuicio de su empresa contratista JAC Soluciones Ambientales S.R.L., mientras realizaba labores de la actividad de succión de lodos de las pozas de lavado de los mixeres dentro de sus instalaciones. iii. Es un hecho innegable que en fecha 25 de enero de 2018 ocurrió el accidente del trabajador afectado en las instalaciones de la inspeccionada, y según los artículos 28 y 87 de la Ley N° 29783, el empleador debe implementar los registros y documentación específicamente el Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección. iv. El artículo 34 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que, en el caso de empleadores de intermediación o tercerización, el usuario o principal también debe implementar los registros siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. v. El hecho que haya tomado conocimiento en fecha posterior sobre el accidente ocurrido el 25 de enero de 2018 al trabajador afectado no lo exime de su cumplimiento, más aún cuando dicho cumplimiento fue requerido mediante la medida de requerimiento dada la importancia no solo formal del cumplimiento de contar con el Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos; sino porque, de la investigación que se realice del accidente de trabajo ocurrido, es posible determinar las causas de su ocurrencia, y plasmarlos en el registro correspondiente, lo cual constituye una valiosa información a efectos de adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar posteriores accidentes similares. vi. La investigación de la ocurrencia de un accidente de trabajo y su posterior registro, son siempre acciones que se deben realizar en forma posterior a la ocurrencia del accidente de trabajo, por lo que es obvio que, dicho incumplimiento no puede catalogarse como causa del accidente, por lo que alegar que la infracción de no contar con el Registro de accidentes no fue la causa del accidente de trabajo, carece de asidero fáctico. vii. El hecho que existan varias versiones sobre las circunstancias en que aconteció el accidente de trabajo, que la inspeccionada alega, no hacen sino corroborar que ello es consecuencia de la omisión de realizar las investigaciones que no le ha permitido determinar las causas básicas e inmediatas que contribuyeron a su ocurrencia, cuya responsabilidad no puede trasladar a la Inspección del Trabajo. viii. La inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT. ix. El incumplimiento de no contar con el Registro de Accidentes de Trabajo es subsanable, pero sigue siendo una infracción. La empresa tomó conocimiento del accidente dos meses después, lo cual no la exime de su obligación. Según la

normativa vigente, debe registrarse toda la información del accidente para prevenir futuros eventos. La recopilación de estos datos es esencial para el análisis y la mejora del sistema de seguridad. x. El Inspector comisionado tenía un plazo de treinta (30) días hábiles para realizar sus investigaciones, el cual se computó desde la comprobación de datos realizado el 04 de julio de 2018 y culminó el 13 de agosto de 2018, fecha en que se llevó a cabo la última diligencia, de lo cual se advierte que el procedimiento inspectivo de investigación fue efectuado en veintinueve (29) días hábiles; por lo que las actuaciones inspectivas de investigación se ejecutaron dentro del plazo establecido por la autoridad competente, es decir, sin exceder el plazo de treinta (30) días hábiles a que refiere el artículo 13 de la LGIT. xi. El inspector mencionó otra orden de inspección relacionada con la empresa contratista para corroborar el vínculo laboral y la fecha del accidente, pero ello no vulneró el debido proceso ni se dejó en indefensión a la impugnante, ya que esta conocía los hechos previamente, además que en este caso la infracción imputada corresponde exclusivamente a la falta del Registro de Accidentes y no se le atribuyeron hechos de otro procedimiento. Por ello, se desestima el pedido de nulidad presentado por la inspeccionada. xii. La resolución apelada ha cumplido con los principios del procedimiento administrativo contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG, como son: la legalidad, el debido procedimiento, la razonabilidad, la tipicidad, la causalidad, la presunción de licitud, entre otros; por consiguiente, contrariamente a lo alegado por la inspeccionada, existe conexión lógica entre la fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta a la inspeccionada por las infracciones materia de autos, por lo que no se ha configurado ninguna de las causales de nulidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE UNION DE CONCRETERAS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

i. Señala que los hechos a que se refiere las dos imputaciones no fueron causa del accidente de trabajo, ya que sucedieron post evento. Y que recién tomaron conocimiento de los supuestos hechos – no corroborados el día 06 de abril del 2018, dos meses y medio después del presunto accidente por información del representante de su contratista, conforme está corroborado con el Acta de Reunión GC-SGI-R del 06 de abril de 2018, fuera del plazo establecido en su RISST, no podrían incluir y registrar en su registro cronológico de accidentes e incidentes, este hecho del 25 de enero de 2018, cuando el supuesto accidente no fue reportado. ii. Indica que como el hecho fue ocultado se vieron imposibilitados de reportar el accidente en el tiempo y forma oportuna, vía procedimiento establecido por ley, así como iniciar el proceso de investigación in situ para determinar las causas del mismo y establecer las medidas correctivas del caso según su RISST, hechos que desvirtúan la presunción de culpabilidad. La información de accidente fue completada el 06 de julio de 2018, donde se dio inicio al proceso de investigación interna que concluyó el 12 de julio de 2018, después de la fecha de comparecencia del 11 de julio de 2018, donde su representante no pudo adelantar opinión y dar cumplimiento a los dispuesto en la norma cuando se evidenciaron serias contradicciones respecto a la fecha y forma del accidente. iii. Argumenta que la autoridad no debió dar por cierto los argumentos esgrimidos por la empresa contratista en otro procedimiento del cual no era parte, lo cual deviene en un vicio de nulidad trascendente, además de las contradicciones advertidas y hasta tres versiones del accidente ocurrido, según documentos presentados que no fueron

tomados en cuenta, y demuestran falta de una adecuada motivación en la resolución impugnada. Y que por ello han contradicho la forma fecha y lugar del accidente, así como las circunstancias, pero el Inspector no agotó las medidas para llegar a la verdad. iv. Alega que en cuanto a la medida inspectiva de requerimiento del 07 de agosto de 2018 le resultaba materialmente imposible emitir y registrar un documento en el Registro de Accidente en el mes de julio de 2018 respecto de un supuesto hecho ocurrido en enero del mismo año, en tal razón luego de las investigaciones pudieron presenta el Informe SGI-SEG-PLANTA SANTA ANITA de fecha 12 de julio de 2018, informe que no esta en el formato aprobado y pone en relieve todas las inconsistencias mencionadas, las mismas que no fueron tomadas en cuenta en el informe final y el acta de infracción. v. Señala que hubo afán recaudatorio porque la investigación se extendió mas allá de los 30 días, sin que medie proveído o resolución que justifique la ampliación. vi. Indica que la medida inspectiva de requerimiento y hoja anexa de infracciones insubsanables de fecha 07 de agosto de 2018 fue girado en y referido a otro procedimiento inspectivo, además que el Acta de Infracción ya se encontraba emitida antes de la diligencia de comparecencia, vicios insubsanables que determinan la nulidad de la resolución en revisión y de todo lo actuado. Lo que vulnera su derecho al debido procedimiento, derecho de defensa y al contradictorio.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“[…] la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido). 6.4 Por consiguiente, el análisis de estos argumentos debe realizarse bajo la competencia que le corresponde a este Tribunal, vinculada solo en relación con la infracción muy grave, e identificando si sobre ésta se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2017-TR. Por lo expuesto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos efectuados por la impugnante vinculados a la infracción grave tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento 6.14 En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 1 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

Figura 02

requerimiento, los cuales deben de encontrarse vinculados bajo los siguientes aspectos:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido)(resaltado agregado).

Sobre los otros argumentos del recurso de revisión 6.33 La impugnante señala que las actuaciones inspectivas en el presente caso excedieron los 30 días, sin que medie proveído o resolución que justifique la ampliación. Sobre el particular, ya la Intendencia ha cumplido con absolver este punto que también fue invocado en la apelación, donde quedó desvirtuado que haya algún exceso en el plazo de las actuaciones inspectivas, toda vez que estas iniciaron el 04 de julio de 2018, con la comprobación de datos y culminaron con la emisión del Acta de Infracción en fecha 13 de agosto de 2018, es decir, terminaron dentro del plazo de 30 días hábiles que se cumplía el 16 de agosto de 2018.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar contar con el Registro de Accidente de Trabajo Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE: PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por UNION DE CONCRETERAS S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 1361-2022-SUNAFIL/ILM de fecha 15 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del

procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 751-2019- SUNAFIL/ILM por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1361-2022-SUNAFIL/ILM en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a UNION DE CONCRETERAS S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente