Unión de Concreteras S.A — Res. 1027-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidentes de trabajo/incidentes (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidentes de trabajo e incidentes); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos) y, Formación e información en seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft soft

con la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control, elaborada para el puesto de trabajo de ayudante de robot lanzador y, 3.- con respecto a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, acreditar la capacitación específica en el procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS: “Desatoro de línea de descarga de shotcrete del equipo robot lanzador” a la fecha del accidente de trabajo, en mérito a la solicitud de inspección interpuesta por el extrabajador.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no mantener actualizada la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos; tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 966.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes, conforme a ley; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de agosto de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. La resolución apelada vulnera los principios de legalidad, debido procedimiento, y debida motivación al no valorar los descargos de fecha 04 de setiembre de 2020, que contienen las declaraciones de los trabajadores Enedy Edwerd Jiménez Estalla y José Luis Ramos Miranda, asimismo, señala que se ha vulnerado el principio de verdad material, lo que configura la nulidad de la citada resolución. ii. El trabajador Enedy Jiménez, entregó su certificado médico a otro trabajador de manera irresponsable, sin embargo, mediante Acta de Reunión Ordinaria N° 005- 2020-SUB-CSST 2020, de fecha 10 de abril de 2020, se procedió a la revisión y actualización del informe de investigación, consignándose como 34 días de descanso

médico, documento que adjunta al escrito de apelación. iii. Respecto a la implementación de las medidas correctivas, mediante Acta de Reunión Ordinaria N° 005-2020-SUB-CSST 2020, de fecha 10 de abril de 2020, también se procedió a la verificación del cierre efectivo de las acciones correctivas, declarándose por ejecutadas, asimismo, precisa que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, exhibió documentos que acreditan la ejecución de dichas medidas. iv. Señala que adjunta la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – Línea Base, actualizada a la fecha del accidente de trabajo el 08 de febrero de 2019, donde se consigna expresamente dentro de las medidas de control administrativo la elaboración del procedimiento de trabajo seguro PET – Desatoro de la línea de descarga de shotcrete del equipo lanzador. v. En el presente caso se ha producido la sustracción de la materia, considerando que las infracciones imputadas se originaron a raíz del accidente de trabajo, sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el trabajador Enedy Edwerd Jiménez Estalla ha quedado acreditado que dicho accidente no ocurrió.

i. Si bien es cierto, se observa que con fecha 04 de setiembre de 2020, mediante escrito con registro N° 33471, la inspeccionada presentó sus descargos al Informe Final, en el cual se adjuntan las declaraciones de los trabajadores Enedy Jiménez y José Luis Ramos Miranda, sin embargo, se advierte que dicho escrito fue presentado fuera del plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, razón por la cual, el inferior en grado en el numeral 4 del acápite I. Antecedentes de la resolución apelada, precisa que el mencionado escrito fue presentado de manera extemporánea. Al respecto, es importante resaltar que, de acuerdo a lo señalado en el literal d) del sub numeral 7.1.2.4. del numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, la presentación extemporánea del escrito de descargos no obliga a la evaluación de su contenido, por lo que, el inferior en grado precisó que sólo correspondería evaluar los medios probatorios adjuntos relevantes para desvirtuar las infracciones en su contra. ii. Ahora bien, esta instancia procedió a revisar dichas declaraciones, que han sido adjuntadas nuevamente en el recurso de apelación, por lo que, en concordancia con lo señalado en el párrafo precedente, se debe precisar que las citadas declaraciones no son parte de la controversia del presente procedimiento, ni constituyen documentación idónea o fehaciente que logre desvirtuar alguna de las infracciones imputadas a la inspeccionada, siendo inoficioso verter mayor pronunciamiento al respecto.

2 Notificada el 20 de diciembre de 2021. Véase folio 136 del expediente sancionador.

iii. En ese sentido, cabe señalar con vista a la resolución apelada, que tampoco se advierte vulneración de la debida motivación ni del principio de verdad material, toda vez que la autoridad de primera instancia analizó cada uno de los hechos constatados por el inspector del trabajo, que a su vez se encuentran plasmados en el Acta de Infracción, asimismo, se aprecia que ha motivado y desarrollado debidamente los fundamentos fácticos y jurídicos, observándose que cumple con el contenido previsto en el artículo 48 de la LGIT. iv. Si bien es cierto, la inspeccionada ha adjuntado a su escrito de descargo el Acta de Reunión Ordinaria N° 005-2020-SUB-CSST 2020, de fecha 10 de abril de 2020, sin embargo, de la revisión de dicho documento sólo se observa que se agenda como puntos a tratar en el numeral 6: “Revisar y actualizar el informe de investigación donde no se colocaron los días de descanso del trabajador porque aún no conocía el tiempo total del descanso (considerado como días perdidos para efecto de evaluación de pérdidas)”, y bajo ese contexto consigna la imagen de dos cuadros correspondientes al” antes y actual” del ítem “Días perdidos” del Informe de Investigación, en el que se colocó la cantidad de 34 días perdidos. v. Asimismo, se aprecia en el numeral 7 de la citada acta que señala “Verificar el cierre efectivo de las acciones correctivas en el plan de acción de investigación del evento”, y a su vez recoger una imagen del acuerdo de acciones correctivas e indica el 100% de cumplimiento de las medidas correctivas, en ese sentido, es pertinente resaltar que no se adjunta el Informe de Investigación mencionado líneas arriba, que permita determinar con certeza que el Registro de Accidente de Trabajo contiene la información mínima conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 050- 2013-TR, siendo que solo ha señalado imágenes y puntos a corregir que no resultan suficientes para acreditar fehacientemente el contenido de dicha información. vi. Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, al respecto la inspeccionada alega que, sí cuenta con la matriz de la IPER – Línea Base, donde se consigna dentro de las medidas de control administrativo la elaboración del procedimiento de trabajo seguro PET – Desatoro de la línea de descarga de shotcrete del equipo lanzador, la cual adjunta a su escrito de apelación, en virtud a ello, es importante señalar que de la revisión de éste, se evidencia que se trata de un documento ilegible, borroso que no permite identificar fehacientemente la fecha de elaboración y actualización de dicha matriz, así como no es posible apreciar si en su contenido se ha consignado en sus medidas de controles administrativos, la elaboración del procedimiento escrito de trabajo seguro PETS: “Desarrollo de línea de descarga de shotcrete del equipo robot lanzador”. vii. Respecto a la sustracción de la materia, es importante precisar que, las actuaciones inspectivas de investigación iniciaron en virtud de la denuncia presentada por el trabajador Enedy Edwerd Jiménez Estalla, en razón del accidente de trabajo ocurrido el 08 de febrero de 2019, considerando además que dicho evento también ha sido verificado por el inspector comisionado luego de la investigación del accidente de trabajo, debiéndose precisar que es “todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo”; en ese sentido, se evidencia la ocurrencia del citado accidente, al haberse evidenciado que el mismo, se produjo a consecuencia de las labores efectuadas por el trabajador afectado lo que le produjo una mialgia dorsalgia, sin embargo, es importante acotar que en el presente procedimiento no se le imputa ninguna infracción que haya sido determinada como causa del accidente de trabajo, sino que, durante las actuaciones inspectivas de investigación los inspectores comisionados evidenciaron la existencia

de incumplimientos que vulneran las normas de seguridad y salud en el trabajo que a su vez constituyen infracciones a la normativa vigente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE UNION DE CONCRETERAS S.A.

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1777-2021-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Mediante Orden de Inspección N° 221-2019-SUNAFIL/INSSI, con fecha 26 de junio de 2019, se da inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, para verificar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, habiéndose dispuesto en forma expresa el plazo máximo de 30 días, para realizar y culminar con las actuaciones de investigación, sin embargo, los inspectores no han cumplido con su deber de realizar y concluir con las actuaciones, así como tampoco dieron inicio al procedimiento sancionador dentro del plazo, incumpliendo con ello lo establecido por el artículo 13 de la Ley N° 28806, que prohíbe que dichas acciones puedan dilatarse más de 30 días hábiles, tampoco existió ninguna prórroga o ampliación del plazo dispuesto por la autoridad administrativa, lo cual constituye un vicio procesal sancionado con nulidad del Acta de Infracción. ii. En cuanto a la multa por no contar con el Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes, conforme a Ley, tal como acreditaron con las declaraciones brindadas, tanto del señor Enedy Jiménez como de José Luis Ramos, se determinaron los motivos por los cuales no se consignó inicialmente en el Registro de Accidentes e Incidentes los días de descanso; esto es, por omisión generada por hechos ajenos a su control y responsabilidad, ya que el trabajador afectado no entregó su certificado médico a la empresa, hecho que está probado con las declaraciones que se adjuntaron en parte de prueba en el escrito del 04 de setiembre de 2020, no valoradas debidamente en su oportunidad. iii. Entonces, existe doble falta del trabajador afectado, primero no reporta el accidente en forma inmediata, lo hace después de varias horas, incumpliendo éste con el procedimiento de reporte de incidentes que aprobaron y que es de su conocimiento (GSG-SGI-P-0-12 – Reporte e investigación de incidentes Rev 07), y no entregó el certificado médico, luego de la atención del médico tratante, negligencia que rompe el nexo causal entre el supuesto incumplimiento y la sanción que se les pretende imponer. iv. Pese a lo expuesto, se indica que las declaraciones no son parte de la controversia, ni constituyen documentación idónea que logre desvirtuar las infracciones imputadas, con lo que no coinciden, ya que sirven para acreditar el motivo por el que no se consignó inicialmente en el Registro de Accidentes e Incidentes la información requerida. v. Está probado que mediante Acta de Reunión Ordinaria N° 005-2020-SUB-CSST 2020, se procedió a la revisión del evento del trabajador afectado, consignándose como días de descanso médico, los perdidos para los efectos de la evaluación de las pérdidas, esto es, un total de 34 días, subsanándose con ello la omisión inicial. vi. Asimismo, respecto al estado de implementación de las medidas correctivas, se ha dejado constancia en reiteradas oportunidades que se ejecutaron las medidas correctivas, así como las fechas en que estas fueron ejecutadas, así como se dejó constancia en el Acta de Reunión Ordinaria N° 005-2020-SUB-CSST 2020, la verificación del cierre efectivo de las acciones correctivas dispuestas en el plan de acción del informe de investigación. vii. La autoridad señala que la matriz IPER no cuenta con fecha de actualización, cuando de la constancia de actuaciones inspectivas de investigación de fecha 09 de agosto de 2019 se advierte la entrega del documento Registro de Identificación de

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPER – Línea Base, con fecha de actualización 05 de enero de 2019. viii. La resolución materia de revisión señala que la matriz IPER es ilegible, borrosa, que no permite identificar fehacientemente la fecha de elaboración y actualización, así como no es posible apreciar si en su contenido se ha consignado las medidas de control administrativo; sin embargo, en ninguna parte del procedimiento administrativo se les hizo conocer que se trataba de un documento ilegible, ni se les requirió u otorgó el plazo de ley para subsanar la omisión -en el supuesto negado que ésta haya existido- incumpliendo los inspectores comisionados su obligación, lo que atenta contra el derecho al debido proceso, derecho de defensa y al contradictorio. ix. Sin perjuicio de lo expuesto, se denota la falta de una adecuada motivación, ya que no se establece en qué medida el supuesto incumplimiento pueda causar perjuicio al trabajador, cuando los supuestos incumplimientos que se les imputan son post evento, además se cumplió con la finalidad de la norma, prueba de ello es que se reconoce que se contaba con el mencionado procedimiento, pero la IPER no se encontraba actualizada con dicho documento. Por tanto, la resolución que impugnan carece de una debida motivación razonada y sustentada en derecho, hecho que vulnera el derecho de defensa, debido procedimiento administrativo y, derecho al contradictorio. x. En cuanto a la sustracción de la materia, se acreditó que las dolencias que padeció el colaborador no son consecuencia de la exposición; sin embargo, según el Informe Final, “como la empresa consideró el evento como un accidente de trabajo, el registro de accidentes de trabajo debía cumplir con los requisitos mínimos establecidos”, olvidando para ello que su principal objetivo es descubrir la verdad material. Lo que corroboran con el Informe de Auditoría Médica realizado por Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, el que indica un cuadro degenerativo de la columna por la obesidad y sobre esfuerzo del trabajador, el mismo que no proviene de las actividades que realizaba en la empresa, conforme a su propia manifestación, habiendo omitido declarar esa información en su solicitud de trabajo. Por ende, la autoridad administrativa no puede decidir o pronunciarse sobre algo que ya no tiene nada que lo sustente, es decir, la causa o motivación que originó la acción materia de tutela ha desaparecido. xi. Asimismo, se habría vulnerado el principio de razonabilidad, ya que la autoridad no considera las circunstancias de la comisión de la infracción, ni la falta de intencionalidad en la conducta de la empresa como presunto infractor, la sanción resulta desproporcional al incumplimiento calificado como infracción, no existiendo ningún beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción para la empresa. xii. Se vulneran los principios de causalidad, ya que está demostrado que la obligación de hacer la entrega del certificado de descanso médico correspondía al

colaborador, el principio de presunción de licitud, en razón que está probado que cuentan con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. xiii. Por último, la fase sancionadora tuvo una duración superior a los nueve meses establecidos por ley, sin que haya existido resolución notificada que determine la necesidad de ampliación, ni justificación, vicio que genera la nulidad del acto administrativo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo de las actuaciones inspectivas de investigación

Figura N° 01:

Figura N° 02:

Figura N° 03:

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

10 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016. 11 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 12 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia”.

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales (…)”.

13 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Sobre la alegada caducidad operada en el presente procedimiento

14 Véase folios 100 del expediente sancionador. 27.12.2019 (Se notifica la Imputación de cargos y Acta de Infracción) 04.01.2021 Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador 09.10.2020 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia 23.03.2020 (inicio de suspensión de plazos) 2 meses y 24 días (hasta el 22.03.2020) 3 meses, 3 días de suspensión 26.06.2020 (fin de suspensión de plazos) 6 meses y 6 días (desde el 27.06.2020) Inicio del cómputo de plazo 05.01.2021 La caducidad operó (al día siguiente hábil del plazo máximo para resolver) Fin del cómputo del plazo 9 meses al 04.01.2021

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a

utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros.

7. Con respecto del derecho de defensa este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa preliminar. Así, las garantías mínimas que se exigen en el proceso penal son extrapolables, con matices atendiendo a las propias circunstancias de cada caso, al proceso administrativo sancionador, sobre todo en lo que respecta al derecho de defensa (cfr. STC 2050- 2002-AA/TC, fundamento 12)” (énfasis añadido).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

15 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de

quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido)

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto”18(énfasis añadido).

16 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 17 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 18 El subrayado no es del original.

Sobre la debida motivación y la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

19 Folio 109 del expediente inspectivo.

mínima obligatoria, establecida en la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR; detallando de manera precisa la investigación de los hechos y se establezcan las causas inmediatas (Actos sub estándar o condición sub estándar) y causas básicas (Factores personales y factores de trabajo), adjuntando la declaración testimonial del trabajador afectado y de los testigos directos del accidente, levantando las demás observaciones detalladas en el Tercer Hecho Verificado; 2.- La inspeccionada deberá acreditar contar con la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control, elaborada para el puesto de trabajo de AYUDANTE DE ROBOT LANZADOR, puesto que ocupaba el trabajador Enedy Edwerd Jiménez Estalla, al momento de su accidente, en fecha 08 de febrero de 2019, elaborada conforme a Ley y adjuntando la metodología o procedimiento utilizado en su elaboración. El documento precitado, al momento de su exhibición, deberá ser un documento inteligible que se pueda leer y comprender y consistente con la metodología o procedimiento utilizado en su elaboración; 3.- Con respecto a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, la inspeccionada deberá acreditar, en forma fehaciente, la capacitación específica en el procedimiento escrito de trabajo seguro, PETS: “Desatoro de línea de descarga de shotcrete del equipo robot lanzador”, a la fecha del accidente de trabajo (08 de febrero de 2019), a favor del trabajador accidentado Enedy Edwerd Jiménez Estalla, adjuntando los temarios y cargos correspondiente, conforme a ley”. Otorgando para dicho efecto, un plazo máximo de tres (03) días hábiles para la adopción de las medidas requeridas, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.

Social de la impugnante con respecto al caso del trabajador Enedy Edwerd Jiménez Estalla, consignando como descanso médico otorgado al trabajador accidentado, el total de 34 días, hojas de atención médica por SCTR, papeletas de descanso médico, copias de correos electrónicos internos de coordinación para la atención médica del trabajador accidentado, procedimientos médicos efectuados, informe médico, órdenes de exámenes médicos, entre otros.

Sobre el principio de verdad material 6.40 Para el presente caso, resulta necesario traer a colación el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG22, que contiene la presunción de licitud, por el cual se somete la administración pública, a fin de presumir que los administrados actuaron conforme a Derecho. Sin embargo, esta presunción queda desvirtuada si se comprueba, fehacientemente, la comisión de inconductas tipificadas en el ordenamiento jurídico

20 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 21 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)” 22 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

vigente, las cuales, necesariamente, deberán confrontarse a través de los medios probatorios que recabe la autoridad a cargo del procedimiento de fiscalización.

23 TUO de la LPAG Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

cumplimiento de los requerimientos de comparecencia de fecha 28 de junio y 05 de julio de 2019, así como en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de agosto de 2019 en sede inspectiva y a la luz del principio de razonabilidad, establecemos que la documentación solicitada fue presentada oportunamente. Por lo que, se configura una vulneración al principio de verdad material.

Sobre el principio de informalismo 6.46 De acuerdo con el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, sobre el principio de informalismo “Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.48 El artículo 15 de la Ley N° 29981, señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

Sobre los efectos de la declaración de nulidad

24 TUO de la LPAG “Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.” 25 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por UNION DE CONCRETERAS S.A., en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 506- 2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 07 de octubre de 2020, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, y también las sucesivas actuaciones y actos emitidos en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3469-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 506-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE4, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a UNION DE CONCRETERAS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.54 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la cual se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante respecto al extremo referido a la institución de la caducidad administrativa.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la institución de la caducidad administrativa del TUO de la LPAG, en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

Respecto A La Caducidad Del Procedimiento Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legalmente impuesta, deberá, además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos (énfasis añadido).

23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva (…) (énfasis añadido).

b) La taxatividad El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido” (énfasis añadido).

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA CADUCIDAD Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa

no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido)

“Disposiciones complementarias transitorias (…) Décima. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 259 del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1272, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite. (Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 1272)” (énfasis añadido)

sancionadora, con relación a la eventual caducidad del procedimiento, son las siguientes:

1. El plazo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses, computados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. 2. El plazo de 9 meses puede ser ampliado excepcionalmente, antes de su vencimiento, por un máximo de 3 meses, encontrándose debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. 3. El ejercicio de esta facultad discrecional requiere que el órgano competente emita una resolución. 4. La autoridad administrativa podrá declarar de oficio la caducidad del procedimiento o podrá ser solicitado por el administrado. 5. La declaración de caducidad mantiene subsistente las actuaciones de fiscalización y determinados medios probatorios, bajo ciertas condiciones.

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Como ya se mencionó, este plazo es ininterrumpido y no se admite su suspensión. El cómputo del plazo de caducidad de un procedimiento sancionador comienza en la fecha de iniciación del procedimiento y no en la de su notificación al administrado. Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún”.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular” 26.

26 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

SOBRE LA REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances

27 Juan Carlos Morón diferencia entre caducidad de la acción, caducidad carga, caducidad sanción y caducidad perención. Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 527.

de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

“17. Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de trascendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que se contrapone a los hechos humanos.”

1. Que, el transcurso del tiempo crea y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” o adquisición de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el derecho material y procesal etc.

28 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.” 29 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 30 Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 528 31 TUO de la LPAG, “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.”

inexorablemente, salvo suspensión realizada expresamente por norma con rango de ley, en el sentido que la autoridad había perdido competencia para resolver32.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,

32 Jaime Orlando Santofimio, Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, 486

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; mi voto es porque se DECLARE la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, devolviendo los actuados a la Intendencia, procediendo conforme a ley.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20221103MCR