Trupal S.A — Res. 1044-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: incluye todas); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones de seguridad); y, Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber brindado la debida formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo a favor del señor Anselmo, respecto de las funciones específicas que realizaba al momento del accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Refieren que la resolución sancionadora no se encuentra firmada y tampoco tiene fecha, poniéndolos en indefensión, toda vez que no tienen conocimiento real, si la notificación es de un acto procedimental válido o no, contraviniendo el debido procedimiento y los requisitos que debe contener todo acto administrativo; por lo que, solicitan la nulidad de la misma en todos sus extremos y en consecuencia se deje sin efecto la multa impuesta.

ii. Alegan que, en el Acta de Infracción, se señala que han cumplido con acreditar la capacitación, información y formación en materia de seguridad; sin embargo, se precisa que no resultan suficientes y en consecuencia ello sería la causa del accidente.

iii. Que, el artículo 28.10 del RLGIT, precisa los incumplimientos que son considerados como infracción muy grave; no obstante, han cumplido con acreditar en cada comparecencia que cumplen con todos los supuestos exigidos por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo la inspectora comisionada expresar de manera motivada, por qué su representada está incumpliendo los artículos que ha mencionado.

iv. Señalan que, resulta desproporcional la multa impuesta, toda vez que la finalidad de la norma y creación de la SUNAFIL, ha sido fomentar la formalización de los trabajadores en sus distintos niveles, más no, que sea la imposición de multas que, resultan ser desmedidas y gravosas para las empresas, solicitando se tome en cuenta el criterio jurisprudencial emitido por la propia SUNAFIL.

v. Manifiestan que el Acta de Infracción data de fecha 14 de mayo de 2019; sin embargo, les han notificado con la referida Acta el 06 de octubre de 2020, es decir, casi 15 meses después de haberse expedido, contraviniendo los numerales 17.5, 17.6, 17.7 del artículo 17 del RLGIT, lo que les genera un perjuicio y evidentemente vulnera el debido procedimiento, siendo importante recordar que no solo la doctrina apoya su pedido de declaratoria de nulidad, sino también la Guía sobre la Aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos formulada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Estado Peruano.

vi. Precisan que el Acta de Infracción no contiene las conclusiones de la investigación, sino precisa hechos ocurridos y propuesta de multa, por lo que, es un acto administrativo viciado, toda vez que, debe respetar los contenidos formales en virtud de la ley aplicable a dicha materia. Que, solo enuncia hechos y los vincula de forma laxa con la normativa legal aplicable al presente caso, sin motivar, ni sustentar el vínculo jurídico que unen los hechos, con las pruebas obtenidas en comparecencia y el sustento jurídico que habilita la sanción a aplicarse, lo cual constituye una vulneración al debido procedimiento por falta de motivación correspondiente.

vii. Refieren que, el Informe Final de Instrucción contraviene los principios de legalidad y taxatividad, al haber una ausencia de tipificación legal, siendo evidente que existe contradicción sobre los hechos supuestamente verificados por la inspectora comisionada y la tipificación legal al momento de proponer la sanción, pues para configurar la sanción propuesta, en el contenido de autos y del Acta de Infracción se debe desprender de manera objetiva si han infringido los artículos 27, 49, 50 y 52 de la LSST, el artículo 27 del Reglamento de la citada Ley y el artículo 30 del Reglamento de Seguridad Industrial aprobado mediante Decreto Supremo N° 42-EF, siendo que la propia inspectora ha precisado que su representada ha acreditado el cumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que a su criterio de interpretación, esto no resulta suficiente; sin embargo, los artículos de las normas citadas, no establecen u otorgan esta facultad de interpretación, para que los inspectores, solo basados en su criterio, puedan imponer una multa.

viii. Si bien el Acta de Infracción no corresponde a un acto administrativo propiamente dicho, también es cierto que esta debe cumplir con las formalidades contenidas en el artículo 46 de la Ley N° 28806 y el artículo 54 del Decreto Supremo N° 019-2006- TR, más aún si en el presente caso, podrían estar inmersos en una sanción por supuestos incumplimientos a sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

i. Que, de la revisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 383-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE1, se advierte que la autoridad de primera instancia omitió consignar la fecha de expedición de dicha resolución; sin embargo, se aprecia a fojas 79 del expediente sancionador que, el inferior en grado, a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 449-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1, ha procedido a rectificar con efecto retroactivo el error material contenido en la resolución sancionadora, conservándose los demás extremos de la resolución.

ii. Que, en cuanto a que la resolución sancionadora no cuenta con la firma del funcionario que emitió dicha resolución, menciona que, mediante la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM y el Decreto Legislativo N° 1505, cuya vigencia ha sido prorrogada bajo el Decreto de Urgencia N° 139-2020 y el Decreto de Urgencia N° 055-2021, se habilitó a las entidades públicas de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2021, implementar las medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, siendo una de estas el trabajo remoto, así como la virtualización y digitalización de los trámites en lo que fuera posible para la entidad, por lo que dicha resolución ha sido debidamente firmada digitalmente por Tatiana Julissa Guerrero Cuevas, de fecha 01 de diciembre de 2020, a horas 23:57:08, por lo que el derecho de defensa y el debido procedimiento de la inspeccionada no se ha visto afectado, toda vez que la inspeccionada ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, al haber presentado su recurso de apelación.

iii. Que, de la revisión de los hechos verificados del Acta de Infracción, se advierte que la Inspectora comisionada ha determinado, en virtud al Reporte e Informes de Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo, a los descansos médicos expedidos por la Clínica Internacional, por lesión meniscal-rodilla izquierda, a los documentos exhibidos por la inspeccionada, la falta de capacitación adecuada, directa y suficiente, respecto del peligro y el riesgo en el que se encontraba expuesto el trabajador durante la operación de corte, así como no haber impartido formación e información respecto a mantener siempre los brazos del portabobinas asegurados en la posición correcta, que constituyen causas del accidente de trabajo.

iv. Que, en lo que respecta a que el Acta de Infracción de fecha 14 de mayo de 2019, les ha sido notificada el 06 de octubre de 2020, se precisa que, si bien el Sistema de Inspección del Trabajo es integrado por el procedimiento inspectivo, como por el procedimiento administrativo sancionador en sus dos (2) fases, es decir la instructora y la sancionadora; sin embargo, no existe normativa legal que señale el cumplimiento de un determinado plazo entre la finalización de uno y el inicio de otra fase, por lo cual el hecho de que en el presente caso se haya notificado el Acta de Infracción casi quince (15) meses después de su fecha de emisión, en nada afecta el normal desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, el cual se viene desarrollando dentro de los plazos estipulados por la normativa legal vigente.

v. Respecto a que el Acta de Infracción, no contiene las conclusiones de la investigación, no cumpliendo con los requisitos exigidos por ley, como es la debida

2 Notificada a la impugnante el 10 de marzo de 2022. Véase folio 86 del expediente sancionador.

motivación y fundamentación lógico jurídica, limitándose a citar y transcribir las supuestas normas vulneradas, no señalando el incumplimiento acotado. Al respecto, considera oportuno mencionar que contrariamente a lo señalado por el administrado, de la revisión de los referidos documentos, estos se encuentran debidamente motivados tanto en hecho como en derecho, habiendo precisado los hechos constitutivos de infracción de forma clara y precisa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRUPAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 425-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

i. Refieren que, se ha inaplicado el artículo 54.4.2 del RLGIT, sobre la caducidad en el presente procedimiento, debiendo archivarse al haber transcurrido el tiempo sin actuación procedimental que determine la comisión de una infracción. ii. Alegan que, en el presente caso, se notificó la Imputación de Cargos, el 06 de octubre de 2020, y la Resolución de Intendencia el 10 de marzo de 2022, en esa medida, se tiene que, han transcurrido más de 17 meses, con lo que se ha superado el plazo de 9 meses previsto por ley. iii. Adicionalmente, señalan que en la Resolución N° 352-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se establece que se debe justificar debidamente las razones de la ampliación que es un mecanismo excepcional. Sin embargo, no se ha notificado ninguna notificación que haga referencia a una ampliación y que contenga la debida motivación. iv. Manifiestan que, se ha inaplicado el artículo 44 de la LGIT, referido al debido procedimiento, lo que ha sido enfatizado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 011-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. Sin embargo, la Resolución de Intendencia no ha tomado en consideración este principio. v. Al respecto, precisan que no se ha justificado el nexo causal directo entre el desgaste de la señalización y el accidente de trabajo, debido a que, en primer lugar, la Resolución de Intendencia no toma en consideración ni ha realizado una correcta valoración de la información que ha sido presentada, como las capacitaciones, formación e información en materia de seguridad, y en segundo lugar, nuevamente se determina que la información no resulta suficiente sin explicar a detalle por qué llega a esa conclusión, lo que afecta el derecho a la debida motivación y la presunción de veracidad de la información; al respecto, invocan la Resolución N° 369-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. vi. Asimismo, señalan que en la citada resolución el Tribunal de Fiscalización Laboral, ha indicado que no cabe sancionar al empleador si el accidente laboral se produjo por actitud imprudente del trabajador. vii. En esa línea, manifiestan que, se ha demostrado en el presente procedimiento, que una de las causas del accidente fue que el trabajador realizó tareas para las que no estaba asignado, lo que demuestra una actitud imprudente. No obstante, ello no ha sido debidamente valorado por la Intendencia, limitándose a realizar un examen de responsabilidad en base únicamente a uno de los factores que contribuyeron al accidente sin realizar una correcta verificación de todos los hechos y pruebas del caso, así como del examen de causalidad para la atribución de responsabilidades.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva; el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

“Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

12 Artículo 1 de la LSST. 13 Principio de Prevención regulado en el Artículo I del Título Preliminar de la LSST.

Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores” (énfasis añadido).

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) Es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones”15.

14 Artículo II del Título Preliminar de la LSST. 15 Artículo 103 de la LSST.

trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo” (énfasis añadido).

- Al peligro (brazos portabobinas) y el riesgo (contacto con el brazo portabobinas), al que estaba expuesto el trabajador durante la operación de corte. - Tampoco acredita que se haya formado e informado al trabajador respecto a mantener siempre los brazos del portabobinas asegurados en la posición correcta.

CAUSAS BÁSICAS: Actos Sub Estándar: No asegurar: No colocar el brazo en la posición correcta. Omisión de advertir el peligro: No colocar el brazo en la posición correcta.

CAUSAS BÁSICAS: Factores Personales: Falta de conocimiento. Factores de Trabajo: Falta de capacitación adecuada, directa y suficiente.

Por tanto, se advierte que debió realizarse la capacitación de “Operación de la máquina de corte”, incumplimiento que contribuyó como causa de la ocurrencia del accidente de trabajo.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”16.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 1062-2020- SUNAFIL/ILM/AI2 06/10/2020

16 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539.

Fin Resolución de Sub Intendencia N° 383-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE1 03/12/2020

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber brindado la debida formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo a favor del señor Anselmo, respecto de las funciones específicas que realizaba al momento del accidente de trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TRUPAL S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 425-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 08 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3303-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 425-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a TRUPAL S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231102MCR