Tradición y Arte Culinaria S.A.C — Res. 1114-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Submateria: Cobertura en salud; Cobertura invalidez – sepelio); Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro de trabajadores y otros en la planilla); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Registro de accidentes de trabajo e incidentes); Condiciones en seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Submateria: Condiciones de seguridad); Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente o parcial (Submateria: Incluye todas); Equipos de protección personal (Submateria: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Incluye Todas); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Submateria: Incluye todas).

no haber formado y capacitado y por no contar con las condiciones de trabajo adecuadas; así también, una (01) infracción muy grave por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.

procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0480-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE3, de fecha 19 de abril de 2022, notificada el 21 de abril de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 199,822.50, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/42,018.75. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la entrega de elementos de protección personal al ex trabajador accidentado; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/42,018.75. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber brindado formación e información en seguridad y salud en el trabajo respecto a los peligros y riesgos específicos a los que se encontraba expuesto el trabajador accidentado al momento de realizar la actividad de reparación de la bomba de sucesión de un pozo séptico; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/42,018.75. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la obligación relacionada a las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo; tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/42,018.75. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo con la cobertura de salud; tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,602.50. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo con la cobertura de pensiones; tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5, 02.50. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con un registro de accidentes conforme a ley; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,602.50.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar su obligación relacionado con comunicar, dentro del plazo de ley, el accidente moral ocurrido al ex trabajador afectado; tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,602.50. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9,337.50. 1.7 Con fecha 12 de mayo de 2022, el impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 480-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3. Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1117-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3 de fecha 20 de setiembre de 2022, notificada a la impugnante el 22 de setiembre de 2022, la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia de Lima Metropolitana declara la improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante.

i. No se han merituado debidamente los fundamentos expuestos en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, no cumpliéndose con el principio de impulso de oficio; ya que se debió tramitar el recurso interpuesto como uno de apelación. ii. Existe ambigüedad al afirmarse, sobre el fondo, en el fundamento 13 que ninguno de los documentos desestimaba los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y añade que los argumentos de su recurso de reconsideración no desestiman las infracciones sancionadas; lo que deriva en una argumentación incompleta y parcializada para confirmar la sanción impuesta. iii. Se ha afirmado que no se ha presentado descargo alguno dentro del plazo, situación contraria a los hechos que genera un atropello a su defensa. Agrega que, En el Informe Final, se cita la Imputación de Cargos N° 517-2021-SUNAFIL/ILM/AI1 cuando en los descargos se ha señalado a la Imputación de Cargos N° 151-2020- SUNAFIL/ILM/AI1. No hay evidencia de actuación de esta última; toda vez que se señala que la primera se emitió de acuerdo al Auto de Sub Intendencia N° 006-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE1 de fecha 10 de junio de 2021 en que se declaró la caducidad del procedimiento sancionador, acto del cual no se tiene constancia de acuerdo a las notificaciones. iv. La Autoridad Administrativa debió declarar la caducidad de oficio, prosiguió la tramitación del procedimiento sancionador como si los actos previos que fueron materia de descargo no hubieran sucedido, tomando en consideración la Imputación de Cargos N° 517-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, que es distinta a la que se contradijo con el descargo de fecha 05 de febrero de 2020.

v. En el Informe Final se cita los escritos presentados en la inspección y el procedimiento sancionador, son tratados como escritos simples que han sido contestados en no más de dos o tres fundamentos, particularmente el escrito de fecha 05 de febrero de 2020 que debió ser tratado como descargos, dándosele una adecuada motivación. vi. En el Acta de Infracción, se le imputa la comisión de seis infracciones, con la propuesta de multa de S/73,766.25; sin embargo, en el Informe Final, se le imputa nueve conductas infractoras, cuya propuesta de sanción asciende a S/199,822.50. No se logra ubicar motivación razonable respecto a porque, sin aviso alguno y fuera de toda razonabilidad, se deriva en nueve conductas infractoras, lo que genera incongruencia y arbitrariedad. No puede darse la reforma peyorativa en ningún ámbito del procedimiento sancionador al haber aumentado la multa en 250.89%. vii. El plazo para la interposición de los descargos tenía como fecha de vencimiento el 06 de febrero de 2020; por lo que correspondía la emisión del Informe Final el 20 de febrero de 2020. Sin embargo, ello no ocurrió en el procedimiento sancionador, pese a que no existía suspensión de plazos. Este incumplimiento de plazo se repite con los literales a) y d) del artículo 53.3 del RLGIT. El vencimiento del plazo de los descargos fue el 16 de setiembre de 2021; por lo que se tenía hasta el 07 de octubre de 2021 para emitir la resolución apelada. Sin embargo, se emitió el 19 de abril de 2022, es decir seis meses posteriores al término del plazo de vencimiento para la emisión de dicho acto administrativo; por todo lo expuesto, debe declararse la nulidad de la resolución apelada.

i. De la lectura de los considerandos 11 a 13 de la resolución apelada, se aprecia que la inspeccionada presentó como nueva prueba los descargos de fecha 05 de febrero de 2020 y el escrito de fecha 28 de febrero de 2019. Sin embargo, la Autoridad sancionadora consideró que no calificaban como tal; ya que estos escritos fueron evaluados por la Autoridad instructora en los numerales 38 a 42 del Informe Final, concluyendo que no desvirtuaban los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que recomendó sancionar y que posteriormente hizo suyo la Autoridad sancionadora al expedirse la Resolución de Sub Intendencia N° 0480-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE3. En ese sentido, la Intendencia comparte la declaración de improcedencia del recurso al no existir nuevas pruebas que justifiquen un reexamen por parte de la autoridad sancionadora que habilite a emitir un nuevo pronunciamiento, máxime si al expedirse dicha decisión solo se ha limitado a calificar el recurso impugnativo.

ii. El inferior en grado debió también encauzar el recurso presentado como uno de apelación al no cumplirse con el requisito de la nueva prueba, por lo que, la Intendencia encauza el recurso interpuesto con fecha 12 de mayo de 2022 emitiendo pronunciamiento respecto los argumentos planteados por la inspeccionada que cuestionan su responsabilidad en las infracciones sancionadas a fin de no causarle indefensión. iii. Por medio de las boletas de pago que obran a fojas 7 y 8 del expediente inspectivo el trabajador accidentado Duberly Castillo tenía la condición de empleado (se le pagaba concepto de recargo al consumo); sin embargo, esto no quiere decir que no haya podido realizar otras funciones, ya que, de la revisión del certificado de denuncia policial que obra de fojas 11 a 13 del expediente inspectivo, se advierte que el día 14 de noviembre de 2018 se hicieron las diligencias policiales respectivas, donde participó el representante legal de la empresa “Rústica”, refirió que los señores Jesús Calderón y Eduardo Castillo, en horas de la tarde, se encontraban en el sótano (cocina) del establecimiento, realizando labores de mantenimiento del pozo séptico que existe en dicho ambiente. Asimismo, señaló que, en circunstancias que se encontraban desempeñando dicha actividad, el primero de los nombrados cayó al interior del pozo, y el segundo de los nombrados al notar el accidente intentó ayudarlo y, en ese ínterin, también se precipitó al interior del pozo. iv. La inspeccionada arguye que no se encontraba obligada a contar con el registro de accidentes de trabajo con la investigación respectiva; ya que el accidente ocurrió fuera de las instalaciones de su local comercial y nunca existió subordinación u orden alguna para que se realice dicho trabajo. No obstante, a la luz de lo expuesto en el considerando 3.12 de la resolución de Intendencia, el local donde ocurrió el accidente de trabajo se encuentra vinculado con la marca comercial RUSTICA, donde estuvo prestando sus servicios el trabajador Castillo conforme lo reconocido en la declaración del representante legal de la impugnante. v. De acuerdo a lo expuesto en el décimo cuarto hecho constatado del Acta de Infracción, la actividad de reparación de bomba de succión de pozo séptico corresponde a trabajos en espacios confinados de residuos, que es considerada de alto riesgo de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 003- 98-SA. Por ende, sí le era exigible la contratación de dicho seguro, en sus coberturas de salud y pensiones, a fin de cubrir los riesgos profesionales en el desarrollo de dicha actividad. vi. Debe indicarse que, para calificar un evento como accidente de trabajo, no es relevante el lugar de su ocurrencia, sino que el suceso haya ocurrido por causa o con ocasión del trabajo realizado y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, conforme a la definición establecida en el Glosario de Términos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Estos elementos han concurrido de acuerdo a los hechos reseñados en el considerando 3.8 de este pronunciamiento. Por ende, la inspeccionada no se puede

deslindar de responsabilidad por las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo sancionadas; puesto que debió cumplir con lo ordenado por la Autoridad inspectiva al notificarle la medida inspectiva de requerimiento el 18 de diciembre de 2018. vii. Sin embargo, de los mandatos concretos que debió acatar la inspeccionada, se debe tomar en consideración lo establecido en el artículo 49 del RLGIT, el cual establece que son infracciones subsanables, siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. En ese sentido, en el presente caso, el inspector comisionado debió dejar constancia del carácter insubsanable de los incumplimientos antes descritos; debido a que los relacionados a las materias formación e información y equipos de protección personal constituyeron causas del accidente de trabajo conforme a lo expuesto en el considerando 3.9 de este pronunciamiento; mientras que, en el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo, la inspeccionada se encontraba imposibilitada de contratarlo por un periodo pasado y no era posible la reversión del mismo a la fecha de la extensión de la medida de requerimiento (18 de diciembre de 2018) al haber fallecido el trabajador accidentado. Por ende, la Intendencia revoca estos extremos de lo ordenado en dicha medida correctiva, sin que ello afecte la sanción impuesta por esta infracción al subsistir aún la responsabilidad por no dar cumplimiento a la subsanación requerida respecto al registro de accidentes de trabajo. viii. Respecto a lo señalado sobre el pedido de la nulidad, este no es invocable respecto del Acta de Infracción al no constituir un acto administrativo, debiendo tener presente que aquella contiene una propuesta de sanción por la comisión de las infracciones detectadas en la etapa de actuaciones inspectivas, que se encuentra sujeta a evaluación en el procedimiento administrativo sancionador, a través de los órganos competentes. ix. Sobre la supuesta caducidad del presente procedimiento se advierte que, el 11 de agosto de 2021 se notificó a la inspeccionada la Imputación de Cargos N° 517-2021- SUNAFIL/ILM/AI1-I junto con el Acta de Infracción, según constancia de notificación electrónica que obra a fojas 62 de estos actuados; por lo que el inferior en grado tuvo hasta el 11 de mayo de 2022 para notificar la resolución correspondiente. En ese contexto, la Resolución de Sub Intendencia N° 0480- 2022-SUNAFIL/ILM/SIRE3 fue notificada el 21 de abril de 2022, de acuerdo a la constancia de notificación vía casilla electrónica que obra a fojas 90 de estos actuados, esto es antes de que se venza los nueve (9) meses calendario que establece el artículo 259 numeral 1 del TUO de la LPAG, concordante con el artículo 53 numeral 53.4.2 del RLGIT. x. Respecto al incremento de la multa propuesta originalmente por el inspector en la Imputación de Cargos N° 517-2021-SUNAFIL/ILM/AI-I, debe mencionarse que el principio de reforma en peor no se ha visto afectado en este procedimiento; ya que la modificación de la multa a una mayor se ha puesto en conocimiento al notificársele la referida imputación de cargos, que dio inicio al procedimiento

sancionador, y no en una etapa posterior a la decisión de la autoridad sancionadora en primera instancia administrativa. xi. Se aprecia que la inspeccionada tuvo hasta el 16 de setiembre de 2021 para presentar los descargos contra el Informe Final, lo cual no se hizo. Por ende, desde dicha fecha, la autoridad sancionadora tuvo hasta el 07 de octubre de 2021 para expedir la resolución final en primera instancia administrativa; sin embargo, esta fue emitida el 19 de abril de 2022. Sobre el particular, debe recordarse que de acuerdo al artículo 151 numeral 151.3 del TUO de la LPAG, al no haberse previsto que el realizar actuaciones administrativas fuera del plazo legal tenga como consecuencia la nulidad de las mismas en la LGIT o en el RLGIT, la autoridad sancionadora estaba obligada a resolver, expidiendo el pronunciamiento administrativo aun con el vencimiento del plazo por razones de orden público.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 6 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE TRADICION Y ARTE CULINARIA S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1865-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. La Resolución de Intendencia N°1865-2022 no se pronuncia por todos los puntos indicados en los recursos presentados, así, añade que, la afirmación de la Intendencia al indicar que ha corroborado que los argumentos vertidos en su recurso de reconsideración, apelación y escritos no hayan desvirtuado las infracciones detectadas, pese a pronunciarse sobre la forma, se ha hecho una evaluación mínima, genérica y sesgada a los argumentos de fondo.

ii. Sostienen que la resolución materia del recurso a partir del numeral 3.34 deja clara las irregularidades al Principio del Debido Procedimiento, vulnerando el Principio de Motivación, además, de hacer referencia de una notificación inexistente que ha sido notificada bajo puerta para encubrir una clara caducidad. iii. Refieren que el procedimiento sancionador ha sido y sigue siendo tramitado de forma indebida contraviniendo plazos establecidos en el RLGIT, los plazos de caducidad de Ley N° 27444 y modificatorias, adoleciendo de motivación incompleta, insuficiente, parcializada y por ende siendo emitidos en contravención al debido procedimiento, debiendo en consecuencia retrotraerse al único acto administrativo previo a los errores cometidos que resulta ser el inicio de la fase instructora constituido por la notificación del acta de infracción y la imputación de cargos. iv. Manifiestan que no ha existido una correcta descripción de la tipificación legal de la infracción aludida, por lo que de esta forma se ha vulnerado el Principio de Tipicidad, al haber aludido una conducta desarrollada que no se condice con el tipo sancionador, siendo ello motivo de nulidad. v. Señalan que las multas laborales impuestas son arbitrarias y onerosas, lo cual configura un abuso del derecho, siendo que, si bien se encuentra obligada a cumplir con las normas laborales, esto es un imposible cuando el ex trabajador involucrado se niega a cobrar sus derechos laborales. vi. Alegan que la falta de predictibilidad de las multas, por establecerse topes y no montos fijos en función al daño ocasionado deja al criterio discrecional la aplicación de las sanciones, situación que debe evitare por los efectos negativos que ocasiona afectando enormemente al normal funcionamiento de la empresa. vii. Invocan el Principio de No Confiscatoriedad, el que se encuentra íntimamente ligado al principio de capacidad contributiva o límite de la carga fiscal de los contribuyentes, que obliga a Estado a garantizar el derecho a la propiedad privada, evitando impuestos que disminuyan la disposición patrimonial individual, así señalan el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, refiriendo que la propuesta de multa que se le intenta imponer afecta notablemente el derecho de subsistencia de la empresa, lo cual es claramente un abuso del derecho y una afectación al derecho de trabajo del resto de sus colaboradores.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

8 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 9 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 10 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros. iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

“Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la

11 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; y e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 13. 6.15. En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el accidentado, y, del mismo modo, si es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas SST.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la

12 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 13 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

lesión”14. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente. 6.19 Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto,

14 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26

corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

Sobre las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo atribuidas

representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”. A decir de Feyer y Williamson, los factores causales son múltiples y variables en importancia intrínseca y temporal, de manera que “el acuerdo suele ser general respecto a que los accidentes se deben a múltiples causas”15.

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”18.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo

15 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 16 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL- Primera Sala. 17 Casación N° 18190-2016 Lima 18 Casación N° 4321-2015 Callao

realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo19.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de

19 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Figura N°01

Figura N°02

Figura N°03

Figura N°04

20 Artículo IV del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 21 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N° 005-2012-TR Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 22 Véase a folios 66 del expediente inspectivo

tanto, se encuentra debidamente acreditado y motivado, la imposición de la sanción a la impugnante, al haber incumplido con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

23 Véase a folios 11 al 13 del expediente inspectivo.

orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

24 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Asimismo, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

25 “Artículo 49 del RLGIT (…) Las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos. (…)”

Sobre los demás argumentos de la administrada 6.59. Respecto a lo alegado por la impugnante respecto a la falta de predictibilidad por no establecerse topes en las multas impuestas y la invocación del Principio de No Confiscatoriedad.

26 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG

investigación utilizados en el presente caso y en los antecedentes generados en la Orden de Inspección, lo cual no está proscrita de hacer. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar contar con la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la entrega de elementos de protección personal al ex trabajador accidentado Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber brindado formación e información en seguridad y salud en el trabajo respecto a los peligros y riesgos específicos a los que se encontraba expuesto el trabajador accidentado al momento de realizar la actividad de reparación de la bomba de sucesión de un pozo séptico Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la obligación relacionada a las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo con la cobertura de salud Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo con la cobertura de pensiones Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar contar con un registro de accidentes conforme a ley Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar su obligación relacionado con comunicar, dentro del plazo de ley, el accidente moral ocurrido al ex trabajador afectado Numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por TRADICIÓN Y ARTE CULINARIA S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1865-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 179-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1865-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a TRADICIÓN Y ARTE CULINARIA S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250827LGN- HR: 221879-2022