Tawa Consulting S.A.C

Mediante Orden de Inspección N° 625-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 216-2022-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 661-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IC, notificada el 28 de setiembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 903-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-FI, notificada el 23 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final de Instrucción y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 771-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, notificada el 08 de junio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 771-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, solicitando que se revoque la misma y se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 268-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, notificada el 16 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 06 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 268-2023- SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 001207-2023-SUNAFIL/IRE- CAL, recibido el 14 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el Tawa Consulting S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 268-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 17 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el Tawa Consulting S.A.C.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de este, y que

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”10.

Por otra parte, en atención al artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone entre otros que, los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. En tal sentido, resulta pertinente traer a colación los precedentes establecidos en los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, los cuales disponen que:

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”11. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado

Conforme lo señalado en el considerando 6.9 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, el precedente administrativo de observancia obligatoria, la ocurrencia del accidente de trabajo puede atribuirse a un árbol de causas.

El RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. En ese sentido, el Glosario de términos define las causas de los accidentes como uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente, las cuales se clasifican en:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por el incumplimiento respecto a la materia de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, condiciones de trabajo, y accidentes de trabajo.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo12.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21° prescribe que:

Por su parte, el artículo 49° de la LSST establece que: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (Énfasis añadido). Asimismo, el artículo 50° de la LSST preceptúa que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”. (énfasis añadido)

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral N° 1225- 2015 Lima ha establecido lo siguiente:

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”. En tal sentido, para que se configure dicho tipo infractor, se requiere la concurrencia de dos condiciones: i) Que, se hayan incumplido disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que hayan sido causa del accidente de trabajo; y ii) Que, dicho accidente laboral cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, lo que debe ser debidamente acreditado con el certificado o informe médico legal. (Énfasis añadido).

Cabe señalar que, las causas fundamentales de un accidente pueden encontrarse en diversos niveles: conceptos erróneos, diseños inadecuados, errores de mantenimiento, de los operarios o de gestión. La determinación de la causa del accidente puede, entonces, reportar una multiplicidad de orígenes, por lo que la multicausalidad no puede destacarse de forma apriorística.

De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes, recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relaciona; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”. A decir de Feyer y Williamson, los factores causales son múltiples y variables en importancia intrínseca y temporal, de manera que “el acuerdo suele ser general respecto a que los accidentes se deben a múltiples causas”13.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos14: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En relación a las causas del accidente de trabajo, establecidas por el inspector comisionado, son las siguientes: Figura N° 02:

A partir de ello, considerando lo plasmado por el inspector comisionado en los numerales 6 al 10 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se verifica que los incumplimientos detectados que han sido imputados como causantes del accidente y motivaron para las instancias administrativas previas, la imposición de una única infracción prevista en el numeral

del artículo 28 del RLGIT, son los siguientes: i) Incumplimiento del IPERC por no identificar evaluar el peligro y riesgo respecto del pedal de máquina; e, ii) Incumplimiento de formación e información en seguridad y salud en el trabajo.

Es preciso tener en cuenta que el artículo 36 de la LSST, dispone que: “(...) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (...)” (énfasis añadido)

Asimismo, el artículo 57 del citado cuerpo normativo señala que: “el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas; b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (énfasis añadido)

A su vez, el literal g) del artículo 26 del RLSST, prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionado con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (...)”. En concordancia con ello, el literal c) del artículo 32 del citado cuerpo normativo señala que: “la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: (...) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. (...) La documentación referida en los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas”.

De igual manera, el artículo 82 del RLSST, dispone que: “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley (...).

En el marco de lo dispuesto por la normativa citada, se establece con claridad que el empleador tiene la obligación de identificar y evaluar los riesgos en el lugar de trabajo, actualizar dicha evaluación cuando corresponda, y aplicar medidas concretas para eliminarlos o controlarlos. Asimismo, debe garantizar la visibilidad y disponibilidad de dicha documentación en el centro de trabajo. Estas obligaciones conforman un eje esencial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo de cumplimiento obligatorio y continuo, y exigible que el empleador adopte medidas efectivas y no meramente formales o generales.

Sobre el particular, el inspector comisionado en los numerales 6 y 9 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, determina el incumplimiento respecto de las obligaciones anteriormente señaladas por parte de la impugnante, señalando lo siguiente:

En ese sentido, se observa que la imputación realizada en este extremo se basa en que la inspeccionada no habría cumplido con identificar los peligros ni evaluar riesgos vinculados al “pedal de la maquina trefiladora”, a pesar de que la normativa específica del sector industria en el artículo 240 del Decreto Supremo N° 42-F, prevé el pedal como una circunstancia pasible de peligro y riesgos en las actividades operativas industriales. Este incumplimiento, conforme a la fundamentado por el inspector comisionado, impidió la adopción de las medidas de control correspondientes –como el uso del cierre automático o un resguardo en forma de U invertida sobre el pedal, conforme lo señala la normativa citada–, ocasionando el accidente suscitado el día 18 de agosto de 2021.

Las instancias administrativas previas, coincidiendo con lo desarrollo por el inspector comisionado, han confirmado la existencia del incumplimiento detallado y la consecuente comisión de la infracción prevista en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. La impugnante al respecto alude que el IPERC consideró el peligro de atrapamiento de miembros superiores respecto del uso de la máquina trefiladora y que, con ello, se demostraría que el incumplimiento realmente no existió, desestimado el reproche administrativo que se le impone. Sin perjuicio de que, el atrapamiento del dedo de la mano izquierda del trabajador afectado se produjo por la manipulación de equipos móviles y no desde el accionamiento del pedal, ya que el trabajador no utilizaba este sino el tablero de control para encender y apagar la máquina.

Con relación a ello, debe remarcarse que de acuerdo con las causas investigadas por el inspector comisionado y asimismo, conforme a la investigación del accidente efectuada por la propia inspeccionada, se observa que, si bien el trabajador utilizaba un panel o tablero de control para

Este hecho es corroborado, además, con la manifestación del testigo Amiel Luna, con fecha 20 de agosto de 2021, en el cargo de electricista en el área de mantenimiento de la inspeccionada, y precisó con relación al accidente lo siguiente: “AL MOMENTO DE MANIPULAR EL ALAMBRE CON LAS MANOS EN EL BLOQUE #6, EL OPERADOR NO SE FIJO QUE EL PEDAL DE IMPULSO SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DE LA MAQUINA YA QUE ESTA VINO ASI POR DISEÑO DE FABRIA, EN QUE AL NO DARSE CUENTA QUE EL PISABA EL PEDAL DE IMPULSO, ACERCÁNDOSE MUY PEGADO A LA MÁQUINA ESTE BLOQUE SE ACTIVO”. Igualmente, en el detalle del Registro del accidente de trabajo y en el Informe de accidente de trabajo, de fecha 19 de agosto de 2021, se advierte fotografías del pedal de la máquina trefiladora en la que sucedió el accidente.

Así, a partir de lo anterior, se corrobora que la máquina trefiladora en cuya operación el trabajador afectado sufrió el evento dañoso, contaba con un pedal de pulso y que la presión de este durante el ejercicio de las actividades de “colocación de alambrón” por parte de aquel produjo el incidente. No obstante, como sostuvo el inspector de trabajo y también han coincidido las instancias administrativas previas, dentro de la Matriz IPERC presentada por la propia inspeccionada durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, se advierte que en la actividad “Colocación de alambrón a la línea de la máquina” propia del puesto “operario de producción” –que ejerció el trabajador afectado– en efecto, como contemplaron las instancias administrativas previas, no se incluyó el peligro referente al pedal de pulso de la máquina, a pesar de que el uso de pedales en maquinaria industrial es un peligro contemplado en la normativa especial del sector industrial.

Esta omisión impidió la adopción de medidas específicas para prevenir, controlar o eliminar los riesgos generados por el funcionamiento del pedal de pulso, tales como el resguardo en U invertida, cierre automático, capacitación, entre otras que favorecieran el ejercicio seguro de las actividades relacionadas a la maquina trefiladora. La inclusión del peligro de equipos móviles y el riesgo de atrapamiento no es símil a lo señalado, dado que la fuente del peligro es distinta, por tanto, el argumento de la impugnante en este extremo no es admisible, desestimándose que la matriz IPER presentada durante las actuaciones inspectivas haya abarcado el peligro y los riesgos en concreto relacionados con el accionamiento de la máquina por la presión involuntaria del pedal de pulso. Confirmándose así el incumplimiento advertido por el inspector comisionado.

En consecuencia, se advierte que la falta de identificación de este peligro en el IPERC constituye un incumplimiento material del deber de prevención que, al imposibilitar la adopción de medidas de control adecuadas para mitigar, controlar o eliminar el riesgo, derivó en la ocurrencia del accidente de trabajo con el consecuente daño a la salud e integridad física del trabajador afectado. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la inspeccionada no resultan idóneos para desvirtuar su responsabilidad administrativa, configurándose la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Se debe tener en cuenta que la LSST reconoce como un principio a la información y capacitación, entendida como la obligación que tiene el empleador de brindar a los trabajadores y a sus

El artículo 27 de la LSST establece: “El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas”.

Por su parte, el artículo 49 de la citada norma prescribe que: “El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.” (el énfasis es nuestro).

Esta obligación se circunscribe a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, la capacitación18 debe lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese orden de ideas, el Glosario de términos del RLSST, señala que “la Capacitación consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.”

Asimismo, el artículo 52 de la LSST establece que: “El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.” (el énfasis es nuestro)

Como se desprende del artículo 50 de la LSST, las capacitaciones se convierten en una medida de prevención de riesgos laborales, instituidas como una obligación a todo empleador19. Por su parte, el artículo 27 del RLSST, establece: “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos.” (el énfasis es nuestro)

En ese entendido, la capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo implica contemplar un mínimo de conocimiento y competencias con las que todo trabajador debe contar, de manera que, el contenido de las capacitaciones dependerá del nivel de complejidad del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo. Por tanto, el deber de capacitación implica adicionalmente, la determinación correcta de las competencias para cada puesto de trabajo, así como las actividades y tareas que comprende la prestación de servicios. “Por lo que, los trabajadores tienen el derecho de recibir del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud”20.

De este modo, la falta de capacitación en sistemas de prevención de riesgos de trabajo hace que los trabajadores carezcan de conocimientos en prevención y cuidado de su salud e higiene, lo que redunda en aumento del riesgo de sufrir accidentes21 o enfermedades profesionales. Las capacitaciones constituyen una obligación del empleador, como efecto del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, su incumplimiento conlleva a las responsabilidades que le sean imputables al empleador, por los accidentes que puedan sufrir sus trabajadores.

Asimismo, los artículos 27-A y 29 del RLSST22 establecen el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, que se entiende por capacitación a la actividad “que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”.

Considerando lo anterior, en el presente caso, se observa que el inspector comisionado en el numeral 7 y 10 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, sustenta el incumplimiento al deber de formación e información de la inspeccionada respecto del trabajador afectado, y su relación causal con la ocurrencia del accidente de fecha 18 de agosto de 2021, en los siguientes fundamentos: Figura N° 04:

Cabe precisar que si bien en la cita anterior el comisionado sustentó el incumplimiento al deber de formación e información del trabajador afectado en la capacitación “en número y especificidad”, particularmente respecto del “reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, IPERC, prevención de accidentes, procedimiento de trabajo, equipos de protección personal, entre otros”, la relación causal de este incumplimiento se vincula en el numeral 11 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, al precisar las causas del accidente del siguiente modo: “Falta de formación respecto de los peligros y riesgos del pedal de la máquina”. No obstante, no existe mayor desarrollo y fundamento al respecto dentro del Acta de Infracción.

Bajo este contexto, la impugnante sostiene que durante las actuaciones inspectivas acreditó haber brindado al trabajador afectado las capacitaciones suficientes respecto a los peligros y riesgos de su actividad, sosteniendo que las instancias administrativas previas han omitido valorar la documentación presentada sobre este extremo. Así, tal como detalló el inspector comisionado en el numeral 7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada presentó un “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL”, de fecha 24 de agosto de 2020, de cuatro (4) horas duración, que abarcó los temas de: “Política SSOMA, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), Trabajos de alto riesgo (altura, eléctrico, caliente, izaje, maquinaria pesada, mecánico), Elementos de protección personal (EPP), Reporte de accidentes e incidentes peligrosos, Plan de

Ahora bien, es importante hacer presente en este extremo, el precedente vinculante establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 25 de enero de 2023, donde este Tribunal estableció lo siguiente:

“En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material.23 Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley.

En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente.

Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción.

Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento.” (énfasis añadido)

En sentido congruente, la Resolución de Sala Plena N° 002-2023-SUNAFIL, publicada el 02 de febrero de 2023, prevé lo siguiente:

El principio de verdad material y el principio de impulso de oficio se articulan de manera directa con el principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable al procedimiento administrativo sancionador. En virtud de dicha articulación, corresponde a la Administración acreditar, mediante actividad probatoria suficiente, las circunstancias fácticas que sustentan la imputación y eventual imposición del reproche administrativo al sujeto inspeccionado. Para tal efecto, y conforme a las facultades conferidas por la Ley General de Inspección del Trabajo, el inspector comisionado debe valerse de cualquiera de las modalidades de actuación investigativa previstas en el artículo 12 del RLGIT, efectuando una valoración integral, razonada y objetiva de la documentación aportada por el administrado, de modo que las conclusiones consignadas en el Acta de Infracción se encuentren debidamente motivadas y sustentadas en elementos fácticos verificables que permitan justificar la determinación de la conducta infractora atribuida.

En tal sentido, no corresponde entender que el deber de colaboración del administrado implique trasladarle la carga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por el contrario, es el inspector comisionado, en ejercicio de las prerrogativas investigativas que el ordenamiento le reconoce, quien debe acopiar información suficiente y pertinente —valiéndose, desde luego, del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados— para arribar a una conclusión razonada sobre la existencia de un cumplimiento defectuoso o inexistente de dichas obligaciones. Trasladado este criterio a la configuración de la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, ello implica que la autoridad inspectiva debe explicar de manera expresa y coherente en el Acta de Infracción por qué, a partir de la documentación y de la información obtenidas durante la actuación inspectiva, los documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo con los que cuenta el empleador resultan contrarios a las exigencias normativas vigentes y, en consecuencia, por qué constituyen factores causales relevantes y jurídicamente adecuados en la producción del accidente de trabajo materia de análisis.

En este aspecto, el precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 006-2025- SUNAFIL/TFL, prevé lo siguiente: “En tal sentido, debe resaltarse que la función de la inspección del trabajo —como primera línea del sistema de fiscalización laboral— no se limita a verificar el incumplimiento de deberes formales, sino que requiere realizar un análisis sustantivo de las circunstancias que originaron el accidente. En particular, cuando se califica una infracción como muy grave con base en un resultado dañoso, corresponde a la autoridad verificar si el incumplimiento detectado tuvo incidencia relevante y comprobable en la producción del daño. Para ello, deberá evaluarse si el documento omitido o la medida no ejecutada guardaba relación directa con las funciones asignadas al trabajador y con el tipo de riesgo materializado, así como si dicha omisión menoscabó la capacidad de advertencia, prevención o control del peligro. Solo cuando esta conexión funcional sea motivada adecuadamente, podrá considerarse la omisión como causalmente relevante y subsumible en los supuestos previstos en los numerales 28.10 o 28.11 del RLGIT.” (énfasis añadido)

En el presente caso, esta Sala advierte que, si bien el inspector comisionado sostiene que la capacitación brindada al trabajador afectado —de acuerdo con la documentación presentada por la inspeccionada— habría resultado insuficiente para cumplir con el deber de formación e información que le correspondía respecto de los peligros y riesgos asociados a las actividades desarrolladas el 18 de agosto de 2021 por el señor Julio Elías, lo cierto es que en el Acta de Infracción no se han expuesto de manera expresa, clara ni razonada las razones por las cuales los documentos denominados “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL”, de fecha 24 de agosto de 2020, y “REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA”, de fecha 16 de agosto de 2021, cuyo tema fue “PELIGROS Y RIESGOS EN SUS PUESTOS DE TRABAJO”, resultarían defectuosos, incompletos o carentes de idoneidad para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la inspeccionada.

En efecto, el inspector concluye que no se habría acreditado la capacitación del trabajador en aspectos tales como el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC), la prevención de accidentes, los procedimientos de trabajo y el uso de equipos de protección personal, entre otros; sin embargo, omite considerar que el temario consignado en el documento “REGISTRO DE INDUCCIÓN GENERAL”, de fecha 24 de agosto de 2020, se encuentra precisamente referido a dichos contenidos, al comprender, la Política SSOMA, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la identificación de

De otro lado, en lo concerniente a los peligros y riesgos vinculados al pedal de pulso de la máquina trefiladora, tampoco se advierte en el Acta de Infracción la exposición de razones suficientes ni la incorporación de elementos probatorios que permitan sustentar de manera objetiva la supuesta insuficiencia de la capacitación brindada al trabajador el 16 de agosto de 2021, cuyo tema fue “Peligros y riesgos en sus puestos de trabajo”. Si bien el título del temario consignado en el registro de dicha capacitación resulta genérico, la estructura de la carga probatoria que recae sobre la Administración —conforme a los principios de verdad material, impulso de oficio y licitud previamente desarrollados— exigía que el inspector comisionado recabara y valorara información adicional que permitiera concluir, con un mínimo de certeza razonable, que la capacitación impartida no contempló aspectos relevantes vinculados a las actividades específicas desarrolladas por el trabajador en la máquina trefiladora y que dicha omisión habría sido idónea para evitar la ocurrencia del accidente de trabajo del 18 de agosto de 2021. En tal sentido, la sola existencia de presuntos defectos formales en el documento de registro de la capacitación no resulta suficiente para suplir la labor investigativa del inspector comisionado, ni puede ser considerada coherente con el principio de licitud ni con el deber de impulso de oficio que rige la actuación de la Administración en la determinación de una conducta infractora.

En ese ámbito, el razonamiento posterior desarrollado por la autoridad sancionadora, según el cual la omisión de identificación del peligro vinculado al pedal de pulso de la máquina trefiladora en la Matriz IPER evidenciaría que la capacitación brindada al trabajador afectado sobre los peligros y riesgos de su puesto de trabajo no contempló dicha situación, resulta meramente conjetural. Ello es así, en tanto durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas el inspector comisionado no realizó mayores requerimientos informativos ni indagaciones específicas orientadas a contrastar o verificar el contenido efectivo de la capacitación impartida. En efecto, la única solicitud informativa formulada el 25 de abril de 2022 en relación con las capacitaciones fue de carácter amplio y genérico, limitándose a requerir a la inspeccionada la presentación de información o documentación referida a la “inducción-capacitación impartida al trabajador Julio

Por las consideraciones expuestas en los fundamentos precedentes, esta Sala concluye que la determinación del incumplimiento imputado a la impugnante respecto de sus deberes de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo se sustentó de manera insuficiente, al haberse establecido la relación causal entre dicho incumplimiento y la ocurrencia del evento dañoso sobre la base de conjeturas e inferencias que carecen de adecuada corroboración probatoria. Así, al no haberse desarrollado una descripción debidamente motivada ni acreditada del nexo causal, ni haberse examinado de forma concreta los alcances y la relevancia jurídica del incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo atribuido a la inspeccionada aplicando los principios de impulso de oficio, verdad material y licitud, no resulta posible confirmar la configuración de la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo en este extremo. En consecuencia, y en aplicación de los precedentes vinculantes establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 006-2025-SUNAFIL/TFL y en la Resolución N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, corresponde amparar el recurso de revisión interpuesto y dejar sin efecto la infracción impuesta en este extremo.

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG26. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realizó el juicio valorativo respectivo y se aplicaron los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por lo tanto, no es procedente el argumento de la impugnante en este extremo, ya que ni en la resolución impugnada ni en la de primera instancia, existe una omisión o vulneración al principio de razonabilidad y proporcionalidad, habiéndose fijado las sanciones aplicando lo previsto en los artículos 47° y 48° del RGLIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.