Talma Servicios Aeroportuarios S.A — Res. 947-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2562-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1104-2021-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo; una por no haber identificado el peligro y no haber evaluado los riesgos existentes antes del accidente de trabajo, la segunda por la falta de condiciones

Que, mediante Imputación de Cargos N° 385-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, de fecha 16 de junio de 2022, notificada el 20 de junio de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 546-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIFN-IF, de fecha 20 de julio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 397-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 10 de marzo de 2023, notificada a la impugnante el 13 de marzo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 34,716.00 por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 397-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 151-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de julio de 20232, la Intendencia Regional del Callao declaró improcedente la nulidad e infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 151-2023- SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000692-2023- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 03 de agosto de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho,

De la revisión de los actuados, se ha identificado que TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 151-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, que confirmó la sanción impuesta de S/ 34,716.00, por la comisión de tres (03) infracciones MUY GRAVES en materia de SST, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.

La impugnante alega que no se han atendido a los plazos señalados en el numeral 8.2.7 de la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, además de lo regulado en el artículo 17.5 del RLGIT, establece que, una vez finalizadas las actuaciones de investigación, el expediente será remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados desde la emisión del acta.

Sobre el particular, es importante recalcar lo dispuesto en el artículo 15 del TUO de la LPAG, que señala lo siguiente: “Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son independientes de su

Por lo tanto, la inobservancia de los plazos antes señalados no impide que las autoridades competentes, que están a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador, realicen las actuaciones que sean necesarias a efectos que se proceda con la notificación del Acta de Infracción, máxime si la LGIT y el RLGIT no disponen como consecuencia jurídica la nulidad del acto administrativo por efectuar actuaciones fuera del plazo legal. En consecuencia, la demora en la tramitación y en la notificación del Acta de Infracción no afecta su validez. Sin embargo, el retraso existente en el caso examinado es notable y permite a esta Sala recordar a las instancias administrativas correspondientes que tal situación puede suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual, por lo que deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones.

Cabe señalar, que la misma consecuencia jurídica antes señalada se aplica para la notificación del Informe Final de Instrucción, la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia.

En ese sentido, el exceso del plazo para la ejecución de actuaciones tendientes a la apertura del procedimiento sancionador y, en general, la demora en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador ya se encuentra sancionado por el TUO de la LPAG a través de la figura de la caducidad. Por lo tanto, no resulta amparable dicho extremo del recurso planteado.

El artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que resuelven casos particulares, “(…) interpretando de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria (…)”, constituyendo fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención.

De igual forma, el Reglamento del Tribunal, mediante los artículos 3, 22 y 23, señala que constituye competencia del Tribunal de Fiscalización Laboral – a través de su Sala Plena– el establecimiento de precedentes de observancia obligatoria, bajo los criterios establecidos por el TUO de la LPAG (interpretación de modo expreso y con carácter general), obligatorio para las entidades del Sistema de Inspección del Trabajo cuando así se precise expresamente, y siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

Así, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 18 de agosto en el diario oficial El Peruano, se resolvió establecer como precedentes administrativos de observancia obligatoria, entre otros, los fundamentos 6.20 y 6.21, bajo los siguientes alcances:

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, las siguientes conductas: a) incumplimiento relativo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos; b) incumplimiento relativo a las condiciones de seguridad y salud de las máquinas y equipos.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos9: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso, el inspector de trabajo ha dejado señalado, en el numeral 4.18 del Acta de Infracción, las circunstancias del accidente de trabajo, señalando la información y la fuente de la misma:

Además de lo señalado, en el numeral 4.19 del Acta de Infracción, el inspector de trabajo dejó constancia que la impugnante brindó asistencia médica al trabajador afectado en Clínica San Gabriel. De acuerdo a cuadro presentado por la empresa, se tiene descansos médicos de fechas: del 28 de diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST), dispone que: “(…) Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)” (énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 21 de la LSST dispone que “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones

Del mismo modo, el artículo 50 del citado cuerpo normativo señala que: “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar (…)”

De igual manera, el artículo 57 de la LSST señala que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario se realizan: a) controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, y b) medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Por otro lado, el literal g) del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, el RLSST), prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionado con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (…)”.

Asimismo, el literal c) del artículo 32 del RLSST dispone la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: “(...) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control (...”.

Así también, en el artículo 77 del RLSST, vigente a la fecha del accidente de trabajo, se dispone que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe: “(...) b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. c) Determinar si los

De igual manera, el artículo 82 del RLSST, dispone que: “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley (…) (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, se verifica la obligación del empleador de cumplir con la evaluación de riesgos, su actualización, a identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, al ser el empleador el responsable de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores está obligado a gestionar todos los riesgos sin excepción. Es decir, el sujeto inspeccionado, en calidad de garante de la seguridad y salud en el trabajo, se encuentra obligado a efectuar un estudio adecuado sobre aquellos peligros y riesgos existentes o posibles relacionados a las actividades y al medio ambiente de trabajo y adoptar las medidas de control adecuadas que resulten necesarias para eliminar los peligros o controlar riesgos, debiendo consignar dicha información en su matriz IPERC.

Sobre dicho incumplimiento, el inspector de trabajo ha dejado señalado, en el numeral 4.15 del Acta de infracción, que no se identifica el puesto de trabajo del OPERADOR 1, puesto de trabajo del trabajador afectado, que tiene como función Manejo de Equipos Motorizados (tractor, faja, escalera) Enganche y desenganche de carretas. Del mismo modo, la matriz presentada no identifica el Peligro "Manejo de unidades de transporte de carretas en el Patio de Dollies Despacho de carga Exportaciones" (Puesto de Trabajo: Operador 1).

En su recurso presentado, si bien la impugnante señala que en la matriz se hayan especificado algunos puestos como el “Operador de Equipos (OP 4)”, dicho argumento no enerva su responsabilidad considerando que un IPER arreglado a ley, debe identificar a cada puesto con su propia denominación, con sus funciones en específico. Así, conforme ha señalado el fundamento 3.10 de la resolución venida en grado, pretender incluir los puestos de operadores en un único puesto de “operador de equipos” no resulta correcto, máxime si la matriz IPER presentada, dentro de los diversos puestos de trabajo, en lo que respecta a operadores presenta; 1) operador de manejo de residuos (OP1), 2) Líder/encargado de vuelo/operador de equipos (OP 4), y, 3) Líder/encargado de vuelo/operador de equipos, de los cuales se desprenden actividades, peligros y riesgos diferenciados unos de otros.

Sobre ello, debe considerarse que el fundamento para desestimar dicha alegación va más allá de la sola denominación del puesto de trabajo. Es de advertirse que la especificación de un determinado puesto de trabajo en la matriz IPERC no solo se trata de una cuestión de nomenclatura, sino que está vinculado a las actividades y particularidades propias del puesto, no siendo posible, contrario a la alegación efectuada por la impugnante, identificar correctamente los posibles riesgos y peligros asociados a dicha labor, así como tampoco desarrollar sus medidas de control, en atención a una denominación genérica.

Del mismo modo, en cuanto a la alegación que vincula el cumplimiento de sus obligaciones en dicha materia, señalando la Matriz IPERC del área de Exportaciones, tampoco se sustenta, dada cuenta que tampoco se encuentra identificado en relación al puesto de trabajo que se encontraba realizando el trabajador a la fecha del accidente. Así,

Del mismo modo y respecto a dicha alegación, se reitera que la especificación del puesto de trabajo resulta necesaria para identificar los peligros que suponían la función de manejo de equipos motorizados (tractor, faja, escalera), enganche y desenganche de carretas, el peligro asociado, así como las medidas de control existentes o previstas a fin de gestionarlos. Por tanto, se debe desestimar los alegatos planteados por la impugnante en dicho extremo.

En cuanto a la determinación del nexo causal entre el incumplimiento y el accidente, es necesario señalar que, incluso si el registro de accidentes de trabajo de la inspeccionada no hubiera reconocido expresamente las causas del accidente de trabajo que fueron determinadas por el personal inspectivo, en el Acta de Infracción, nada impide que estos puedan identificar causas no previstas en la investigación de la inspeccionada, si como resultado de su fiscalización detectan incumplimientos a las disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo que han ocasionado el evento por medio de otros medios de investigación.

Para el análisis de este caso, debe recordarse que el artículo 42 de la LSST establece que la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.

A nivel doctrinario12, el modelo recogido por el legislador se le denomina el método del árbol de causas, que se apoya en una concepción pluricausal del accidente; permite precisar y profundizar en el análisis causal, a través de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de causas o hechos causales que dieron lugar al accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos.

En el presente caso, conforme a lo señalado en el numeral 4.18 del Acta de Infracción, los inspectores comisionados hacen mención a que, para la investigación del accidente de trabajo materia de análisis, tuvieron a la vista, documentos exhibidos respecto del accidente ocurrido y la investigación realizada, llegando a determinar, como causa básica

Por tanto, respecto a los alegatos presentados por la impugnante, es posible sustentar la determinación del nexo causal entre el accidente y el incumplimiento vinculado al IPERC cuando, con vista al registro de accidentes de trabajo de la propia inspeccionada13, se advierte que el accidente no solo obedeció a causas sub estándares y factores personales, vinculados con el propio trabajador, sino que a ello se le debe sumar la existencia de condiciones sub estándares y factores de trabajo determinantes para la ocurrencia del mismo. Así, el accidente de trabajo tiene su explicación en otros hechos antecedentes que la inspeccionada y el inspector de trabajo pudieron detectar en su investigación y que explican la existencia de fallos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que conllevaron al accidente.

Así, los inspectores comisionados consignaron los factores de trabajo que han sido mencionados en el Acta de Infracción, como resultado de su análisis de la propia información de la impugnante: “Falta de IPER por puesto de trabajo; no se identificó el peligro “Manejo de unidades de transporte de carretas en el Patio de Dollies -Despacho de carga Exportaciones”. Del mismo modo, el inspector de trabajo, en cuanto a las acciones correctivas que debe adoptar el empleador, estableció que este debía realizar el IPER por puesto de trabajo e identificar el peligro respecto de actividades del OPERADOR 1, señalando peligros y riesgos evaluados, así como las medidas de control respecto de la Manejo de unidades de transporte de carretas en el Patio de Dollies - Despacho de carga Exportaciones. Del mismo modo, en cuanto a dicho incumplimiento, el inspector de trabajo concluye, en el último párrafo del numeral 4.15 del Acta de Infracción, que:

De lo antes expuesto, se advierte clara y objetivamente que los inspectores comisionados han corroborado y constatado la existencia del nexo causal generado entre la infracción detectada y el accidente de trabajo que padeció el trabajador afectado, en base al análisis conjunto de los registros de la inspeccionada, no advirtiéndose la existencia de una falta de motivación ni afectación alguna al debido procedimiento en el presente caso, por lo que no se debe acoger lo alegado por la impugnante este extremo.

Sobre el particular, la obligación del empleador de garantizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, en el centro de trabajo responde al cumplimiento del Principio de Prevención, el cual establece que el empleador debe de garantizar en el centro de trabajo o en el lugar donde se viene prestando los servicios, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, salud y el bienestar de los trabajadores y al

La LSST, en su artículo 17 prescribe sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente.

Por su parte, el artículo 49 de la misma LSST establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”.

Las obligaciones anteriormente mencionadas procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral N° 1225-2015-Lima ha establecido: “La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar dentro del ámbito del centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores”.

El inspector de trabajo dejó señalado en el numeral 4.16 del Acta de Infracción que en relación a la materia Condiciones de Seguridad, se han advertido las siguientes condiciones subestándares:

En cuanto a lo señalado por la impugnante, en relación a que no existe en la apelada la motivación suficiente sobre el incumplimiento y su vinculación con el accidente, no es posible sustentar que falta la determinación del nexo causal entre el accidente y el incumplimiento vinculado a la existencia de condiciones subestándares cuando dichas circunstancias han sido determinadas por la propia impugnante en la investigación realizada al accidente de trabajo, hecho plasmado en los documentos presentados durante las actuaciones inspectivas.

Sobre ello, del Registro de Investigación de Incidentes / Accidentes, presentado por la impugnante, se ha determinado lo siguiente:

Por ello, con vista al registro de accidentes de trabajo de la propia inspeccionada14, se advierte que el accidente no solo obedeció a causas sub estándares y factores personales, vinculados con el propio trabajador, sino que a ello se le debe sumar la existencia de condiciones sub estándares y factores de trabajo determinantes para la ocurrencia del mismo. Así, el accidente de trabajo tiene su explicación, en otros hechos antecedentes que la inspeccionada supo detectar en su investigación y que explican la existencia de fallos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la inspeccionada, que conllevaron al accidente.

Por ende, los inspectores comisionados consignaron como causas inmediatas – Condiciones Subestándares, Condiciones Subestándares: Desorden en el Patio de Dollies, Estacionamiento inadecuado y Congestión en el Patio de Dollies. De esa forma se encuentra consignado en el Acta de Infracción, conclusiones que son resultado del análisis de la propia información de la impugnante, la cual identificó dicha condición como elemento determinante en las causas del accidente sujeto a análisis. Además, debe señalarse que en el mismo documento “Registro de Investigación de Incidentes / Accidentes” se establece, en el acápite XII “Acciones correctivas y/o preventivas propuestas: Colocar letrero prohibido estacionar equipos en el Patio de Dollies del Almacén de Exportaciones Briefing a Supervisores de CCT; Elaborar Alerta, enfocado a la descongestión de la zona del Patio de Dollies; Difusión de Alerta, enfocado a la

Sin perjuicio de lo antes señalado, en cuanto a dicho incumplimiento, el inspector de trabajo concluye, en el último párrafo del numeral 4.16 del Acta de Infracción, que:

De lo antes expuesto, se advierte clara y objetivamente que los inspectores comisionados han corroborado y constatado la existencia del nexo causal generado entre la infracción detectada y el accidente de trabajo que padeció el trabajador afectado, en base al análisis conjunto de los registros de la inspeccionada, no advirtiéndose la existencia de una falta de motivación ni afectación alguna al debido procedimiento en el presente caso, por lo que corresponde no acoger lo alegado por la impugnante en este extremo.

De acuerdo a lo estipulado en el literal c) del artículo 26 del RLSST, el empleador está obligado a disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

En ese sentido, la supervisión es de vital importancia para que el empleador cumpla con su deber de prevención de riesgos laborales. La supervisión es un medio para controlar los riesgos laborales, así como para determinar si las medidas de prevención y protección adoptadas respecto de dichos riesgos se aplican y muestran ser eficaces.

En este escenario, resulta importante, invocar lo previsto en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL. Al respecto, la resolución antes señalada contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria15, en el que se estableció el criterio que se debe tener en cuenta sobre la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo, conforme se aprecia a continuación:

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.”

En ese entendido, resulta necesario analizar si la impugnante contaba con procedimientos y métodos implementados, diseñados y establecidos para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros del puesto de trabajo del trabajador accidentado. Así, se observa que la impugnante presenta el documento denominado “Informe Mensual 2019-17”, “Informe Mensual 2019-18”, “Informe Mensual 2019-19”, además del documento “Subparte B CAP 8.2 Traslado de la carga en Dollies” y “Subparte A CAP 03 – Seguridad en Rampa, Conducción y utilización de equipos”.

Sin embargo, para esta Sala, corroborando el análisis efectuado por las autoridades de mérito de los documentos presentados en cada instancia, no se advierte la existencia de un sistema que tendiente a medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo vinculado con las actividades involucradas y en el lugar donde el accidente de trabajo sucedió. Así, es necesario precisar que la presentación de documentos aislados sin que de ellos se observe la existencia de lo que el mismo precedente conceptúa como un “complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad”, sin perder de vista que, además, la empresa debe verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

En dicho sentido, es necesario acotar que, si bien se ha reiterado durante el procedimiento sancionador la presentación de los documentos denominados “Informe Mensual” de octubre, noviembre y diciembre de 2019, donde se presentan los resultados del “Servicio de Prevención en Seguridad y Salvamento de Extinción de Incendios” tampoco los mismos evidencian que se haya cumplido con la supervisión efectiva frente a la labor que realizaba el trabajador y en el lugar donde esta se desarrollaba al momento del accidente. Así, estando a la evidencia que la propia impugnante ha presentado, no se sustenta la existencia de una adecuada supervisión en el Patio de Dollies, identificándose desorden y congestión de equipos motorizados y no motorizados, además de no advertirse la existencia de las indicaciones de seguridad respectivas.

En relación al nexo causal, el Acta de Infracción ha recogido como sustento de la conducta sancionada, lo siguiente:

En cuanto a lo señalado por la impugnante, en relación a que no existe en la apelada la motivación suficiente sobre el incumplimiento y su vinculación con el accidente, también para la presente materia no resulta posible sustentar que falta la determinación del nexo causal entre el accidente y el incumplimiento vinculado a la existencia de una inadecuada supervisión cuando dicho factor de trabajo fue determinado por la propia impugnante en la investigación realizada al accidente de trabajo, hecho plasmado en los documentos presentados durante las actuaciones inspectivas. Así, del Registro de Investigación de Incidentes / Accidentes, presentado por la impugnante, se ha determinado lo siguiente:

De este modo, con vista al registro de accidentes de trabajo de la propia inspeccionada16, se advierte que el accidente también obedeció a la existencia, entre otros, de factores de trabajo determinantes para la ocurrencia del mismo. Así, el accidente de trabajo tiene su explicación en otros hechos antecedentes que la inspeccionada supo detectar en su investigación y que explican la existencia de fallos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la inspeccionada, que conllevaron al accidente.

Asimismo, en el último párrafo del numeral 4.17 del Acta de Infracción, el inspector de trabajo ha explicado la vinculación entre el incumplimiento en materia de SST y el accidente de trabajo, señalado:

Sin perjuicio de lo señalado, he de observarse la existencia de medidas correctivas, señaladas por la impugnante y por el inspector de trabajo, se encuentran vinculadas al incumplimiento sujeto a revisión, conforme se observa en el numeral 4.18 del Acta de Infracción. Por tanto, corresponde confirmar la sanción en dicho extremo desestimando los alegatos planteados por la impugnante en su recurso de revisión.

Debemos precisar que el Principio de Non Bis In Ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Por su parte, el máximo intérprete de la constitución, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 02704-2012-PHC/TC17 y N° 2050-2002-AA/TC18, remarca la triple identidad en que se sustenta este principio, que, en su aspecto material, no permite que el administrado sea sancionado dos veces por un mismo hecho y procesalmente no es permisible que nadie sea juzgado dos veces por un mismo hecho.

A decir de Morón Urbina, el Principio del Non Bis In Ídem contempla la concurrencia de la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos para la exclusión de una segunda sanción, precisando que: “La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

En el presente caso, se identifica que en la resolución impugnada no ha existido transgresión al principio alegado puesto que, los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada son distintos, toda vez que el incumplimiento referido a la identificación de peligros y evaluación de riesgos no es igual que el incumplimiento referido al incumplimiento de las condiciones de seguridad y la falta de supervisión efectiva, configurándose cada uno como un hecho distinto. Por tanto, no se cumple con la identidad objetiva o de hechos, correspondiendo desestimar lo argumentado en este extremo del recurso de revisión.

Respecto de los alegatos vinculados con la actuación del operador de montacarga en el accidente de trabajo como hecho determinante para la ocurrencia del accidente de trabajo, debe señalarse que esta Sala no desconoce que en la generación del accidente también hubo actos subestándares y factores personales atribuibles al trabajador accidentado; sin embargo, a diferencia de lo planteado por la impugnante, estos no han sido las únicas causas que explican el acaecimiento del mismo. Para la ocurrencia de este evento, también han existido condiciones subestándares, factores de trabajo y fallos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debieron ser controlados por la recurrente, en cumplimiento de su deber de prevención. Por ende, se debe descartar la tesis de que se ha producido la fractura del nexo causal por el hecho determinante de la propia víctima al no tener asidero factico conforme a lo antes explicado.

En síntesis, podemos concluir con el análisis causal del accidente de trabajo, a través de este gráfico:

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento20, con lo cual debe verificarse el análisis al Principio de la Debida Motivación de las resoluciones administrativas.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa21, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del Principio del Derecho al Debido Procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El Principio al Debido Procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa22, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 397-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 151-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Así, conjuntamente con la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formuló durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, se determinó la confirmación de la resolución de Sub Intendencia, respetando con ello la garantía del debido procedimiento administrativo, la debida motivación de las resoluciones administrativas y el derecho de defensa del administrado.

En consecuencia, respecto al argumento de nulidad expuesto por el impugnante entorno a la afectación de la motivación de las actuaciones y resoluciones administrativas, no se advierte algún supuesto de nulidad conforme al artículo 10 de TUO la LPAG, correspondiendo desestimar los argumentos expuestos por el impugnante en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

El artículo 16° del Reglamento del Tribunal establece una enumeración taxativa respecto de las causales por la cual se declarará la improcedencia del recurso de revisión, a saber:

Una vez apreciadas las causales de improcedencia establecidas normativamente, y analizado el expediente elevado por la Intendencia, se evidencia que las situaciones jurídicas presentadas no se condicen con causal alguna de las contenidas en el precitado artículo 16.

Por tal razón, habiendo superado el análisis de admisibilidad y procedencia establecidos normativamente, resulta necesario revisar los demás elementos del Expediente, en particular analizar si se ha seguido un procedimiento regular.

Por lo anterior, corresponde a este Tribunal analizar el cumplimiento de los presupuestos procedimentales indispensables para el establecimiento de una relación jurídico procedimental válida, previa a que esta instancia de revisión proceda, de ser el caso, con el análisis del mérito de las alegaciones de fondo realizadas por la impugnante.

Conforme a ello, es indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral -tanto adjetiva como sustantiva- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos de las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, como etapa previa a la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del procedimiento materia de análisis, en el presente caso resulta relevante analizar la existencia de los elementos jurídicos necesarios para mantener una relación jurídico procedimental; es decir, si el procedimiento administrativo mantiene las condiciones predispuestas por las normas tanto sustantivas como adjetivas para su continuación

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto el plazo razonable y legalidad.

Con relación al Principio de Legalidad, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal Constitucional ha indicado en los Fundamentos Jurídicos 3 y 4 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02192- 2004-AA:

En lo que se refiere al procedimiento regular, el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG, establece lo siguiente:

De acuerdo con las definiciones contempladas en el artículo 1 de la LGIT, la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la LGIT contempla las facultades inspectivas que los inspectores de trabajo, que están investidos de autoridad para ejercer durante el

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “Las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las órdenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles (énfasis añadido).

De la revisión de la Orden de Inspección N° 02562-2021-SUNAFIL/IRE-CAL que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación, se evidencia que el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas fue de treinta (30) días hábiles, no existiendo documento alguno que acredite la ampliación del plazo.

Ahora bien, tal y como se señala en la sección (Origen de las actuaciones inspectivas) del Acta de Infracción, las actuaciones inspectivas de investigación tienen origen –valga la redundancia– de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección de Trabajo, según hoja de ruta N° 3312-2021.

Así también, de la revisión del Acta de Infracción, en la misma sección, en el numeral 2.3 textualmente se indica: “2.3 El Plazo total otorgado para la realización de las actuaciones inspectivas de investigación es de TREINTA días hábiles”.

Por tanto, considerando que el cómputo se inicia desde la fecha de realizada la primera actuación inspectiva, que según se aprecia del Acta de Infracción, estas actuaciones iniciaron el 21 de septiembre de 2021, por lo que se tenía un plazo máximo hasta el 08 de noviembre de 2021 para finalizar las actuaciones inspectivas y extender el Acta de Infracción, o en todo este plazo vencería el 06 de diciembre de 2021, contando los veinte (20) días hábiles que indica el numeral 8.2.7 la Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva24:

Una vez finalizado el plazo de la orden de inspección, el inspector comisionado o equipo actuante tiene un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para emitir y suscribir el Acta de Infracción, teniendo en cuenta el marco legal vigente y las disposiciones establecidas por la Autoridad Central del SIT, incluida la conformidad de su Supervisor Inspector o quien hagas sus veces. (resaltado agregado).

Ahora bien, el Acta de Infracción en el presente caso fue extendida el 26 de octubre de 2021; es decir, aparentemente fue emitida dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contando desde la primera actuación inspectiva; no obstante, la fecha de la suscripción de esta por parte de los Inspectores se hizo en una fecha muy posterior, pues conforme se aprecia de dicho documento, esta fue suscrita digitalmente recién el 28 de febrero de 2022 y 22 de febrero de 2022.

Al respecto, cabe aclarar que la utilización de la firma digital, no quiere decir que los funcionarios puedan firmar los documentos en cualquier momento, sino que estos deben respetar igualmente los plazos que señalan los reglamentos y directivas correspondientes, pues este tipo de herramienta se ha creado para equipar los efectos de una firma manuscrita.

En esa línea de ideas, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM establece que la firma digital tiene la siguiente configuración legal:

La diferencia con la firma manuscrita es que con la firma digital se puede verificar la fecha y hora en que se está suscribiendo un documento, requisito que está normado por el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que en el literal o) del Glosario de Términos se indica lo siguiente:

En el caso materia de autos, el Acta de Infracción emitida en el procedimiento inspectivo que dio origen al presente procedimiento sancionador, si bien dicho documento tiene consignado la fecha de emisión el 29 de octubre de 2021:

Se aprecia que recién fue suscrita por los Inspectores comisionados el 22 y 28 de febrero de 2022, vale decir, en una fecha muy posterior a la emisión del documento.

Por lo tanto, se advierte que no se han respetado las disposiciones relativas al plazo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, toda vez que, en este caso los Inspectores actuantes tenían como fecha límite para emitir y suscribir el Acta de Infracción hasta el 06 de diciembre de 202 y lo terminaron haciendo recién el 22 y 28 de febrero de 2022.

En ese sentido, se identifica que el Acta de Infracción N° 1104-2021-SUNAFIL/IRE- CAL, ha sido emitida vulnerando el Principio de Legalidad y el Procedimiento Regular, al no haberse respetado las disposiciones respecto al plazo para emitirse y suscribiré por los Inspectores actuantes.

Sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al literal a) del numeral 7.1.2.2 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INNI - “DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO”25.

En el presente caso, se advierte que el Acta de Infracción fue emitida el 29 de octubre de 2021, observándose el Cierre de la Orden de Inspección26 en fecha 16 de diciembre de 2021 y fue recibida por la Autoridad Instructora el 29 de diciembre de 2021, conforme al sello de recibido que obra en el expediente27.

Conforme también se observa de la lectura del literal b) y c) del numeral 7.1.2.2 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INNI, para la evaluación del Acta de Infracción, la Autoridad Instructora verifica, en un solo momento: el contenido mínimo del Acta de infracción y los requisitos de procedencia. Producto de dicha revisión o calificación, la Autoridad Instructora podrá determinar el inicio o no del procedimiento sancionador.

El numeral 7.1.2.3 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INNI, establece que, decidido el inicio del procedimiento sancionador, la Autoridad Instructora con la emisión de la Imputación de Cargos, dispone la notificación de dicho documento al sujeto responsables. Además, se señala que la notificación del referido documento se efectúa conforme a las disposiciones señaladas en el T.U.O. de la LPAG.

En el presente caso, se observa que el Acta de Infracción fue recibida por la Autoridad Instructora el 29 de diciembre de 2021. Sin embargo, se advierte que la emisión de la imputación de cargos se efectuó el 16 de junio de 2022, siendo notificada el 20 de junio de 2022. Como se determina en el presente caso han transcurrido, desde la fecha de recibido del Acta de Infracción hasta su notificación, un periodo de 05 meses y 19 días calendarios.

Si bien la norma no establece un plazo para el inicio del procedimiento administrativo sancionador a partir de la emisión del Acta de Infracción, debe convenirse en la exigencia de un actuar proporcionado y justificado por parte de la Administración Pública, evitando dilaciones indebidas que perjudiquen al administrado. Esto implica que el plazo para iniciar el procedimiento administrativo sancionador debe ser adecuado a la naturaleza y circunstancias del caso, permitiendo al presunto infractor ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva, además de garantizar un debido procedimiento.

Por las consideraciones señaladas, resulta irrazonable y atentatorio contra el debido procedimiento que, en el presente caso, la administración haya requerido de un tiempo de 07 meses y 19 días para notificar el Acta de Infracción desde su fecha de emisión, no advirtiéndose tampoco, en el presente caso, de la lectura del expediente de actuaciones inspectivas o el expediente administrativo sancionador, documento alguno que explique o sustente, de manera motivada, la demora incurrida.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 397-2023- SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 10 de marzo de 2023, ha sido emitida al interior de un procedimiento que vulnera el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.