Supermercados Peruanos Sociedad Anónima “O” S.P.S.A — Res. 258-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y Evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: incluye todas); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: incluye todas); Gestión interna de SST (Sub materia: Reglamento interno de Seguridad y salud en el trabajo) y, Coordinación sobre Seguridad y salud entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo (Sub materia: incluye todas). soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

empresa Salubridad Saneamiento Ambiental y Servicios S.A.C., contratista de SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA “O” S.P.S.A.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por la falta de vigilancia de la normativa legal vigente en materia de Seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista, siendo causa del accidente, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

i. El agente generador del accidente fue un tercero manejando un vehículo a alta velocidad y en sentido contrario a la ruta convencional y sin que hubiera ningún obstáculo que afecte la visión del conductor pues claramente podía observarse a la trabajadora en el carril de salida de vehículos. A pesar de la contundencia de las imágenes, el inspector considera que el culpable de este accidente es la empresa principal, donde ni siquiera es trabajadora la señora Muñoz, sino de la empresa SAYSS.

ii. Respecto a la imputación del inspector quien señala que no contó con “un plan de trabajo” y que ello fue causa del accidente mortal, la impugnante refiere que no existe norma legal que obligue a SPSA ni a SAYSS a tener tal documento, por lo que, su omisión, no puede considerarse como incumplimiento legal. En específico, refiere que la Resolución Ministerial N° 50-2013-TR no contempla ningún documento denominado “plan de trabajo”. En razón a ello, señala la vulneración de los principios al debido procedimiento, legalidad y tipicidad.

iii. Respecto a la falta de supervisión de la empresa contratista, el artículo 68 inciso d) de la LSST establece que la empresa principal o usuaria será responsable, sin embargo, refiere que no se le puede imputar esta infracción cuando la resolución sancionadora no ha señalado cuál sería la norma que habría incumplido la empresa contratista SAYSS. El hecho de que en el informe de investigación la propia empresa haya señalado “Colaboradores de empresa SAYSS no siguen un plan de trabajo específico para el desarrollo de sus funciones dentro de la instalación”, no significa el reconocimiento de una infracción legal porque el documento “plan de trabajo” no es un documento de

cumplimiento legal obligatorio, por lo que la omisión de ese documento no significa el quebrantamiento de ninguna ley.

iv. Por otro lado, señala que la resolución sancionadora es contraria a los criterios establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 066-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, pues el inspector comisionado efectuó una presunción sin mayor motivación del nexo causal. En el presente caso, señala que la resolución sancionadora no ha detallado los elementos de la responsabilidad y solo se ha limitado a señalar con lo resuelto en el Informe Final.

v. Asimismo, respecto a la emisión del Acta de Infracción, cita el artículo 13.3 del RLGIT que señala: “en el caso del accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, las actuaciones de investigación o comprobatorias deben culminar en un plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogables por única vez hasta por el mismo plazo”. De la revisión de los actuados en el presente proceso notan que el inspector no ha cumplido con el plazo establecido en la norma y ha emitido el acta de infracción bastante tiempo después de este plazo, lo que genera una grave vulneración al derecho al debido procedimiento contra su empresa.

vi. Consecuentemente, sostienen que el presente procedimiento administrativo sancionador ha excedido el plazo de caducidad establecido en la LGIT y su Reglamento pues, si el Acta de Infracción ha sido emitida fuera de plazo, ello también generó que se incumpla con los 9 meses entre la notificación de Imputación de Cargos y la notificación de la resolución sancionadora.

i. La trabajadora sufrió un accidente mortal en el centro de trabajo y en ejecución de sus funciones, que si bien se produjo por el atropello de un auto manejado por un cliente (tercero), ello no exime o sustituye la obligación del empleador en su condición de garante de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

ii. Sostiene que lo acontecido sí configura un accidente de trabajo atribuible a la impugnante, evidenciándose que se encuentra acreditado que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador, cumpliéndose, de este modo, con uno de los elementos para la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención.

2 Notificada a la impugnante el 08 de abril de 2022, véase folio 212 del expediente sancionador.

iii. En concreto, la infracción que se le imputa es no haber vigilado y controlado en forma completa y eficaz el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo de su contratista Salubridad Saneamiento Ambiental y Servicios S.A.C. en fecha previa a la ocurrencia del accidente de trabajo, incumpliéndose de esta manera el artículo 68 de la LSST.

iv. Entre los documentos exhibidos por la impugnante, se verificó del “Informe de incumplimiento de SST”, que la trabajadora Gloria Muñoz realizaba sus labores sin contar con un plan de trabajo y con falta de supervisión al personal de la contrata sobre procedimiento y estándares de seguridad, lo cual afianza el hecho de no haber evaluado correctamente los riesgos desprendidos de los peligros identificados.

v. De este modo, evidencia que la misma impugnante reconoce que la empresa contratista no contaba con un instrumento de planificación que permita tener una visión del trabajo a realizar, quedando corroborado que no ha evaluado correctamente los riesgos a los que se encontraba expuesta la trabajadora afectada, por lo que se colige que existe ausencia de responsabilidad de la trabajadora afectada, toda vez que su falta de conocimiento y reacción ante el riesgo, se dio por la ausencia de la debida formación y/o información específica del plan de trabajo y la falta de supervisión al personal de la contrata.

vi. Asimismo, identifica que las causas básicas del accidente de trabajo, está constituido por factores personales y factores de trabajo; en este sentido, al encontrarse ello plasmado en el Acta de infracción, se determina un nexo de causalidad entre el hecho y la infracción imputada.

vii. Respecto a la vulneración del principio de tipicidad, refiere que los inferiores en grado han adecuado correctamente la tipificación plasmada en el acta de infracción al artículo 28.11 del RLGIT, puesto que, en el caso en concreto, nos encontramos frente a incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionó un accidente de trabajo mortal, descartándose vulneración alguna.

viii. La fiscalización tuvo un plazo total de 20 días, en virtud a que el inspector solicitó una ampliación de plazo al originalmente otorgado. Afirma que la orden de inspección fue emitida el 20 de enero de 2021, siendo la primera actuación inspectiva el día 03 de febrero 2021, en razón a que las actuaciones inspectivas se inician de manera general, en un plazo máximo de diez días hábiles de recibida la orden de inspección, conforme lo señala el artículo 9 del RLGIT. Asimismo, le parece adecuado aclarar que esos 10 días de inicio son un plazo distinto e independiente del plazo que se ha otorgado para las investigaciones en la orden de inspección; en consecuencia, desde la fecha de inicio de la investigación hasta el 02 de marzo de 2021 se ha cumplido a cabalidad con el plazo establecido.

ix. Respecto a la caducidad solicitada del presente PAS, refiere que la notificación de la imputación de cargos fue el 07 de junio de 2021, y a la fecha de la notificación de la Resolución de Sub Intendencia, solo habían transcurrido 8 meses 10 días.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA “O” S.P.S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0068-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación de los principios de legalidad y tipicidad, toda vez que se les muta por no tener el documento “Plan de Trabajo”; sin embargo, reitera que no existe norma legal que obligue a SPSA ni a SAYSS a tener tal documento, por lo que, su omisión, no puede considerarse como incumplimiento legal. En específico, refiere que la Resolución Ministerial N° 50-2013-TR, norma que establece los contenidos mínimos de los documentos obligatorios en materia de SST, no contempla ningún documento denominado “Plan de Trabajo”.

ii. Pese a que SUNAFIL reconoce que la infracción impuesta a SPSA es por “no haber vigilado/supervisado en forma completa y eficaz el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo” y no por la existencia del documento al que se hace referencia, en reiteradas ocasiones de la resolución impugnada se hace énfasis a la inexistencia del Plan de trabajo, por lo que se evidencia una clara contradicción entre la multa impuesta y los fundamentos de hecho y de derecho que se formulan en la resolución.

iii. Refiere que la definición de SUNAFIL al término “plan de trabajo”, no tiene base legal y únicamente se asemeja a una opinión y descripción personal del documento denominado “Plan de trabajo” sin hacer referencia a la norma que sustenta la obligación de SPSA de contar con dicho documento. La supuesta definición que han señalado de lo que sería un “plan de trabajo” corresponde a una definición teórica que se le otorga a otro documento distinto que es el Plan anual de seguridad y salud en el trabajo.

iv. Asimismo, la falta de motivación se evidencia con el numeral 3.14, el cual señala vagamente que los documentos obligatorios de SST no son solo los de la R.M. 50-2013- TR, sino que se debe hacer una lectura integral de las demás normas, lo que demuestra que SUNAFIL sigue sin señalar cual es la norma que los obliga a tener el documento “Plan de trabajo”.

v. Precisa que el hecho que en el informe de investigación la propia empresa haya señalado “Colaboradores de empresa SSAYS no siguen un plan de trabajo específico para el desarrollo de sus funciones dentro de la instalación” no significa el reconocimiento de una infracción legal porque el documento plan de trabajo no es de cumplimiento legal obligatorio.

vi. Por otro lado, reitera el argumento que la resolución impugnada se aparta de los criterios establecidos por el Tribunal de Fiscalización Laboral, pues, al no acreditar el nexo causal, implica una falta de motivación. Señalar que el accidente de trabajo se originó por una indebida capacitación al trabajador, transgrede el principio del debido procedimiento, pues ello no ha sido materia de análisis por el inspector, ya que tal infracción es distinta a la que se le imputa a SPSA en el procedimiento, toda vez que la finalidad principal de Sunafil para imputarle ello es por el supuesto incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la conducta imputada y el nexo de causalidad respecto al accidente de trabajo acontecido

“a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador;

c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”9.

“6.15 En ese entendido, (…) dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…) 6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, (….) En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

i) Para ambos supuestos: Que, el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños

9 Citado en el considerando tercero de la Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral.

ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente”.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción” (el resaltado es nuestro).

“Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

“4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. (…)”.

“MATERIA: COORDINACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD ENTRE EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO.

El sujeto inspeccionado exhibe el “Lineamiento del servicio de limpieza” en el que se establecieron las áreas donde realizar el servicio y características del servicio y el “informe de incumplimiento de SST”, de este último se verificó que la trabajadora Gloria Muñoz Idiarte realizaba sus labores sin contar con un plan de trabajo y falta de supervisión al personal de la contrata sobre procedimiento o estándares de seguridad de dicho documento, lo cual afianza el hecho de no haber evaluado correctamente los riesgos desprendidos de los peligros identificados, consecuentemente aplicado medidas de control posteriores al accidente como medidas correctivas que coadyuvan a eliminar, sustituir o minimizar los efectos los cuales estuvo expuesto la trabajadora. (énfasis agregado)

Por tanto, al ni haber vigilado/controlado en forma completa y eficaz el cumplimiento de normativa de seguridad y salud en el trabajo de su contratista SALUBRIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS S.A.C., en fecha previa a la ocurrencia del accidente de trabajo (10 de noviembre de 2020), ha incumplido con la normativa legal vigente.”

“Causas del accidente. Causas inmediatas. Actos Subestándar: Omisión de advertir. Colocación incorrecta. Posición indebida (de acuerdo al registro de accidente de trabajo). Condiciones Subestándar: Barreras inadecuadas. Sistema de advertencia inadecuado (de acuerdo al registro del accidente de trabajo). Causas Básicas. Factores Personales: Mal discernimiento. Tiempo lento de reacción. Rutina de trabajo. Orientación inadecuada (de acuerdo al Registro de accidente de trabajo). Factores de Trabajo: Planificación inadecuada. Identificación inadecuada del riesgo. Falta de conocimiento del trabajo. Evaluación inadecuada de las pérdidas. Monitoreo del uso del procedimiento (de acuerdo al Registro de Accidente de Trabajo) (…)”.

“Respecto a la materia sistema de gestión de SST en las empresas, el sujeto inspeccionado acreditó tener implementado su sistema de gestión. Respecto a la materia Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), el sujeto inspeccionado acreditó contar con el IPER. Respecto a la materia Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el sujeto inspeccionado acreditó contar con RISST y haberle entregado a la trabajadora accidentada.”

Figura 1

Figura 2

10 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23).

prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

11 Citando al autor Miguel Carmona Ruano.

detectados en el IPERC – por ejemplo – pero que como hemos señalado anteriormente, no ha sido materia de análisis alguno por la autoridad inspectiva de trabajo.

Figura 3 Resolución de Sub Intendencia

deba realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12; a consideración de esta Sala, no ha quedado debidamente acreditado el nexo causal entre la conducta de la impugnante y el accidente de trabajo ocurrido, toda vez que, ni en el Acta de Infracción ni en el trámite del procedimiento sancionador se han brindado las razones suficientes por las cuales la conducta imputada al entonces inspeccionado se encontraría directamente vinculada con el accidente ocurrido el 11 de noviembre de 2020.

Sobre las garantías del debido procedimiento en el plano administrativo sancionador: la debida motivación 6.23. El debido proceso ha sido reconocido en el numeral 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, como una garantía de la administración de justicia que se aplica a todo procedimiento. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional, ha establecido, que “el derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial sino también en el ámbito del procedimiento administrativo”13. En otra oportunidad, el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado: “(...) en todo procedimiento administrativo resultan plenamente aplicables los criterios jurisprudenciales relacionados con el debido proceso, así como los derechos y principios que lo conforman” y que “toda autoridad administrativa se encuentra en la obligación de observar y respetar el contenido del derecho a la tutela procesal efectiva en cada una de las decisiones que adopte dentro de todo procedimiento administrativo”14.

12 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. 14va Ed., Lima: Gaceta Jurídica, p. 421. 13 Sentencia recaída en el expediente Nº 02167-2007-PA/TC. 14 Sentencia recaída en el expediente Nº 5719-2005-PA/TC. 15 “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 16 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento (…)”.

pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)” (énfasis añadido).

17 Sentencia recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento jurídico 25. 18 “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos (…) 4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. (…)” 19 “Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. (…)”

“Artículo 10.- Causales de nulidad

20 Sentencia recaída en el Expediente N° 294-2005-PA/TC, fundamento jurídico 4.

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)” 6.36. Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que tanto, la Resolución de Sub Intendencia N° 101-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, como la Resolución de Intendencia N° 0068-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, incurren en vicios de nulidad y se encuentran dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la norma en desarrollo, por no haberse emitido con sujeción al debido procedimiento estipulado en el artículo 44, literal a) de la LGIT, concordado con el artículo 248, numeral 2, del TUO de la LPAG.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la LPAG, correspondiendo que ese acto administrativo sea declarado nulo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA “O” S.P.S.A. y; en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 101-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 15 de febrero de 2022, emitida por la Sub Intendencia Regional de Lima, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 273-2021-SUNAFIL/IRE- LIM/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 101-2022-SUNAFIL/IRE- SIRE-LIM, de fecha 15 de febrero de 2022, y que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

21 TUO de la LPAG Artículo 227.- Resolución (…) 227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

TERCERO. – Notificar la presente resolución a SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA “O” S.P.S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.42 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20230315MLA