Steel Form S.A.C — Res. 452-2024

Mediante Orden de Inspección N° 1860-2020-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 423-2020-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de cinco (5) infracciones muy graves, en materia de SST, por no tener Reglamento Interno de SST (en adelante, RISST), no tener procedimientos y/o instructivos de trabajo que contemplen estándares de seguridad, no identificar el peligro mecánico de traslado o ubicación de estructuras y/o cargas de un lugar a otro, no cumplir con las condiciones de seguridad y por no cumplir con formación e

Que, mediante Imputación de Cargos N° 565-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC, de fecha 20 de octubre de 2021, notificado el 22 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 062-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF, de fecha 31 de enero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 547- 2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 18 de julio de 2022, notificada el 20 de julio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 56,545.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 8 de agosto de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 547-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 202-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 8 de noviembre de 20222, la Intendencia Regional del Callao declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

Con escrito de fecha 30 de noviembre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Callao el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 202-2022-SUNAFIL/IRE-CAL.

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-001029-2022- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 2 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que STEEL FORM S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 202-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, que declaro infundado el recurso de apelación, confirmando la sanción de S/ 56,545.00, por la comisión de cinco (5) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 28.10

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por STEEL FORM S.A.C.

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.” 6.2. Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

Así, el artículo 259 del TUO de la LPAG:

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina, señala que la caducidad tiene las siguientes características:

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

Por consiguiente, de la norma acotada se desprende que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión del acta de infracción o de la Imputación de Cargos, sino desde que se notifica la imputación de cargos con la cual se da inicio al procedimiento sancionador. Por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver, sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

Sobre el particular, de lo señalado en el numeral 1.2 de la presente resolución, se aprecia que el procedimiento se inició el 22 de octubre de 2021, por lo que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Resolución) tenía hasta el 22 de julio de 2022 para emitir y notificar la resolución de sanción.

Cabe precisar que la Resolución de Subintendencia N° 547-2022-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, que impuso sanción a la inspeccionada, fue notificada a la impugnante el 20 de julio de 2022. En tal sentido, se advierte que la resolución fue emitida dentro del plazo de nueve meses. Por tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”11. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término “con ocasión” es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”12.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”13.

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Por su parte, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales14, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo15.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.” Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; y e) En último caso, facilitar equipos de protección

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”16, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el accidentado, y, del mismo modo, si es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas SST.

Es oportuno traer a colación la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, corresponde analizar si las infracciones imputadas presentan el nexo causal señalado respecto al accidente de trabajo. Al respecto, se han imputado a la impugnante cinco (5) infracciones muy graves en materia de SST, por no establecer estándares de seguridad en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con cumplir con el Sistema de Gestión de SST (Procedimiento de Trabajo – Supervisión efectiva), no determinar las medidas de control en la actividad de traslado o ubicación de estructuras y/o cargas de un lugar a otro en la Matriz de Identificación de Peligros

Previo al análisis de causalidad antes señalado, se debe tener en cuenta que los comisionados verificaron que “en fecha 28/02/2020, el trabajador Olaya Farfán Víctor Manuel, sufrió un accidente de trabajo, cuando se encontraba en su centro de trabajo ubicado en Av. Carlos lzaguirre Sección 5 Lote 2 Ex Fundo Oquendo- Callao, a las 10:00 horas aproximadamente, en el área Soldadura (Lado derecho de la puerta de ingreso) frente a mesa de trabajo, cuando estaba realizando el armado de machinas para soldar bandeja, luego se dispuso a acomodar los laterales de 6 m que se encontraban sobre un coche (fueron colocados por otro trabajador), al momento de retirarlos con el apoyo del Sr. Huanaquiri el coche se vuelca cayendo los laterales sobre la pierna izquierda del recurrente, ocasionándose Fractura, contusión de otras partes y las no esp. la piernas y esguinces y torceduras compromete ligamentos laterales (externo e interno), siendo atendido inicialmente en la Clínica San Judas Tadeo S.A.”

Respecto al incumplimiento de las obligaciones del RISST18, se advierte que en el numeral 4.13 del acta de infracción se determinó que: “Respecto a la materia de Reglamento de Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, si bien el sujeto inspeccionado exhibió su Reglamento de Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con fecha aprobación 30/11/2019, no se realizó entrega de esta versión al trabajador Olaya Farfán Víctor Manuel, se presentó cargo de entrega de fecha 21/11/2017; así también dicho documento no se encontraba conforme a ley. Del contenido del mismo se ha verificado que en el Punto 5 Estándares de Seguridad y Salud en las Operaciones, en el punto 5.3; En la operación con máquinas y herramientas fijas, portátiles y manuales y en el punto 5.4 En los trabajos en caliente, no se hace mención de los estándares de seguridad en las actividades de traslado y/o manipulación de estructuras antes de ser soldadas y la colocación correcta en los coches”.

Lo antes referido también fue materia de pronunciamiento por la instancia de sanción, trasladando los aspectos señalados por los comisionados en los considerandos 5.6 a 5.8 de la resolución de sanción, y concluyendo en el considerando 5.9 de la referida resolución que “el sujeto inspeccionado no implementó debidamente su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que implicó que dicha omisión coadyuve a la implicancia del accidente de trabajo, considerando que este documento es de acceso directo a los trabajadores”. Cabe señalar que la instancia de apelaciones adopta el mismo criterio, conforme se verifica de los fundamentos 3.4 a 3.8 de la resolución impugnada.

Se advierte que los comisionados y las instancias previas efectuaron una determinación general del incumplimiento, sin establecer el nexo causal del mismo

Cabe señalar que, si bien el trabajador accidentado se encontraba al lado del coche con el material abastecido e intentó retirar dicho material, dicha acción no se encuentra vinculada a los estándares exigidos por los comisionados. Por tanto, se advierte que el nexo causal entre la ausencia de la determinación de los estándares señalados y el accidente de trabajo no se encuentra plenamente determinado, correspondiendo dejar sin efecto la referida infracción.

Respecto al Sistema de Gestión de SST, Procedimiento de Trabajo – Supervisión efectiva, del numeral 4.14 del acta de infracción, se advierte que los comisionados señalaron: “Si bien el sujeto inspeccionado exhibió Declaración de Procedimiento Estándar de Operación del Área de Soldadura de fecha 26/08/2020; no se hace mención en dicha declaración los estándares de seguridad en las actividades de traslado y/o manipulación de estructuras antes de ser soldadas y la colocación correcta en los coches, aunado a ello este documento es de fecha posterior a la ocurrencia del accidente; por lo que a fecha del accidente no existían procedimiento y/o instructivos de trabajo que contemplen los estándares de seguridad en las actividades mencionadas. De otro lado según investigación realizada por el empleador se consigna en el Registro de Accidente de Trabajo como Factor Personal en Causa Básica: Equipos a implementar no fueron verificados ni autorizados antes de ingreso a funcionamiento; así también en las medidas correctivas a implementar se encuentra la Fabricación de materiales, equipos de transporte, mesas de trabajo, etc., debe ser validado y autorizado antes de su uso (modificación de IPER); por lo que se evidencia una falta de supervisión efectiva en el desarrollo de las actividades.”

Al respecto, es oportuno señalar que este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 25 de octubre de 2022, publicada el 19 de noviembre de 2022, que constituye precedente de observancia obligatoria, estableció lo siguiente:

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.”

En ese entendido, resulta necesario analizar, en primer lugar, si la impugnante contaba con procedimientos y métodos implementados, diseñados y establecidos para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo.

De lo desarrollado por los comisionados y las instancias previas se advierte que la impugnante, a la fecha del accidente de trabajo, no contaba con procedimientos específicos establecidos en sus documentos de gestión interna en materia de SST, respecto al traslado y/o manipulación de estructuras. Sin embargo, conforme se advierte del RISST y de la matriz IPER presentada, se identifican las actividades, peligros y riesgos vinculados al área de soldadura, no resultando exigible, pero sí recomendable, que se cuente un procedimiento específico por cada actividad individual que se establezca dentro de un proceso productivo. Para dicho efecto, se deben tener en cuenta los instrumentos de gestión interna de manera integral, evaluando si el conjunto de ello permite verificar el cumplimiento del deber de prevención exigido. Cabe señalar que, tal y como se ha establecido en el precedente vinculante antes señalado, la evaluación de la implementación de procedimientos no debe ser confundida con el deber de formación e información.

Por lo tanto, se verifica que el nexo causal de la referida infracción con el accidente de trabajo no se encuentra plenamente determinado, correspondiendo dejarla sin efecto.

Respecto a la matriz IPER, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (énfasis añadido).

Del acta de infracción se corrobora que los comisionados verificaron que el accidente de trabajo ocurrió en las circunstancias que: “si bien el sujeto inspeccionado exhibió una "Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo” FOR.SF.SIM.28, de fecha 17/11/2019 del Proceso Soldadura y apuntalado de estructuras (cordones), del puesto de trabajo de Soldador, en la tarea de Soldadura de material no se hace mención de acuerdo a la metodología usada el Peligro Mecánico de traslado o ubicación de estructuras y/o carga de un lugar a otro, por lo que tampoco se evaluó el riesgo y no se determinaron medidas de control efectiva para disminuir la probabilidad de caída y/o aplastamiento con estructuras y/o carga en las actividades de traslado y/o manipulación de estructuras antes de ser soldadas y en la colocación correcta en los coches.”

Como se ha señalado previamente, al igual que el caso del RISST, nuevamente los comisionados efectúan una determinación general de la actividad de traslado o ubicación de estructuras y/o carga de un lugar a otro, sin considerar que el coche con los materiales fue habilitado previamente por otro trabajador, respecto del cual no se han establecido las funciones o pertenencia al área de soldadura, con la finalidad de poder determinar en específico si la contemplación de los peligros y riesgos exigidos correspondían a dicha área o se encuentran vinculados a otras áreas conexas que sí podrían tenerlo contemplado.

En tal sentido, se advierte que no se ha determinado que el accidente de trabajo ocurrió como consecuencia de la falta de determinación en el área de soldadura de los peligros y riesgos generados por el traslado y/o manipulación de estructuras. Por

Respecto al incumplimiento de las condiciones de seguridad19, debemos señalar que el artículo IX del Título Preliminar de la LSST dispone que “Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable; b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores”.

En ese sentido, los inspectores comisionados corroboraron que “a la fecha del accidente según investigación realizada por el empleador, se consigna en el Registro de Accidente de Trabajo la existencia de una condición sub estándar, al hacerse uso de coche transportador sobrecargado de materiales/coche inadecuado para transportar materiales de 6m (inestable, ruedas); habiendo, concordancia con lo manifestado por el recurrente: Otro compañero nos abastecía de los laterales y palillos omegas; en un cochecito trajo los laterales que sobrepasaba la carga permitida, ocasionando condición sub estándar y poniéndolo el coche a un lado de donde trabajábamos”.

Sin perjuicio de lo desarrollado en los fundamentos precedentes respecto de las otras infracciones, corresponde a los empleadores establecer las condiciones de seguridad necesarias a fin de mitigar los posibles peligros y riesgos en el centro de trabajo, tanto de sus trabajadores, como de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.

Así, se advierte que se determinó que el coche en el que se trasladó en un principio los materiales y que se encontraba al lado del trabajador accidentado, no presentaba las condiciones necesarias para soportar el peso de los materiales que fueron trasladados, incrementando el riesgo de que el accidente de trabajo se produzca, tal y como ocurrió, pues dicho exceso de carga hizo inestable al coche, ocasionando que el mismo se incline y caiga sobre el trabajador accidentado.

Por lo tanto, se verifica que ha sido acreditado, en las actuaciones inspectivas y desarrollado por las instancias previas, que la impugnante no cumplió con establecer las condiciones de seguridad en el centro de trabajo, en específico en el área de trabajo del trabajador accidentado, incumplimiento que ocasionó el accidente de trabajo investigado. En ese sentido, queda evidenciado que se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el

Respecto a que el trabajador no puso de conocimiento las condiciones inseguras. Como se ha señalado previamente, el empleador, al no establecer las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño de las funciones, es responsable de los riesgos que se generen por dicha conducta. Así, advertido que la impugnante no cumplió con su deber de prevención, al contar con un coche no apto para el traslado de los materiales, no proporcionó condiciones de seguridad necesarias, siendo responsable de los efectos generados. Por tanto, no corresponde amparar dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a Formación e Información en SST, la impugnante alega haber realizado capacitaciones conforme a ley. Sobre el particular, la LSST reconoce como un principio a la información y capacitación, entendida como la obligación que tiene el empleador de brindar a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales “una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia”20

A través de la obligación de garantizar la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de todo aquel que se encuentre dentro del centro de labores, el empleador debe adoptar una serie de medidas de prevención de acuerdo al orden de prioridad preestablecido por Ley, entendiéndose a la capacitación como una medida administrativa de prevención destinada a aislar el peligro y riesgo a través de la conducta segura del trabajador.

El artículo 27 de la LSST establece: “El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.”

Por su parte, el artículo 49 de la citada norma prescribe que: “El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el

Esta obligación se circunscribe a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, la capacitación21 debe lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese orden de ideas, el Glosario de términos del RLSST, señala que “la Capacitación consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.”

Asimismo, el artículo 52 de la LSST establece que: “El empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.” (el énfasis es nuestro)

Como se desprende del artículo 50 de la LSST, las capacitaciones se convierten en una medida de prevención de riesgos laborales, instituidas como una obligación a todo empleador22. Por su parte, el artículo 27 del RLSST, establece: “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos.” (el énfasis es nuestro)

En ese entendido, la capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo implica contemplar un mínimo de conocimiento y competencias con las que todo trabajador debe contar, sobre todo en temas vinculados a “primeros auxilios y asistencia médica, extinción de incendios, así como evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo”23. Sin perjuicio de ello, el contenido de las capacitaciones dependerá del nivel de complejidad del riesgo laboral y de las funciones propias del puesto de trabajo.

Por tanto, el deber de capacitación implica adicionalmente, la determinación correcta de las competencias para cada puesto de trabajo, así como las actividades y tareas que comprende la prestación de servicios. “Por lo que, los trabajadores tienen el derecho de reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud”24.

Así, el principio de información y capacitación es uno de los principios de mayor implicancia dentro del principio de prevención, dado que es necesario que el trabajador reciba charlas de capacitación con la finalidad de poder reforzar su conocimiento en los distintos riesgos existentes y desempeñar su trabajo y como consecuencia de ello evitar los distintos riesgos que ponen en peligro su salud dentro del centro de trabajo propios de la actividad. Este principio, está a cargo netamente del empleador, siendo responsable no sólo de capacitar a sus trabajadores sino además llevar a cabo el programa de capacitación.

Por tanto, “es deber del empleador capacitar a su personal en materia de prevención, desde la perspectiva laboral, y en base al principio de prevención el empleador tiene diversas obligaciones tendientes a garantizar la seguridad de sus trabajadores para disminuir o eliminar la posibilidad de ocurrencia accidentes laborales, así como para reducir la magnitud de los daños en caso de accidente.”25 (el énfasis es nuestro)

De este modo, la falta de capacitación en sistemas de prevención de riesgos de trabajo, hace que los trabajadores carezcan de conocimientos en prevención y cuidado de su salud e higiene, lo que redunda en aumento del riesgo de sufrir accidentes26 o enfermedades profesionales.

Como se ha señalado, las capacitaciones constituyen una obligación del empleador, como efecto del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo que, su incumplimiento conlleva a las responsabilidades que se le sean imputables al empleador, por los accidentes que puedan sufrir sus trabajadores.

Asimismo, los artículos 27-A y 29 del RLSST27 establecen el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar, estableciéndose adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, que se entiende por capacitación a la actividad “que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud”.

Conforme ha sido corroborado por los comisionados, en el numeral 4.17 del acta de infracción, “de acuerdo al Registro de Investigación de accidente, como Factor de trabajo en Causas Básicas, se tiene: Falta de capacitación ante la implementación de un equipo; así también se tiene como Medida Correctiva: Charla de uso y manejo adecuado de coches (transporte de materiales); adicionalmente se exhibió un registro de capacitación en tema Matriz IPER y Mapa de Riesgo de fecha 23/01/2019, sin embargo de acuerdo a lo mencionado en el punto TERCERO no se contemplaron los peligros y riesgos en la actividad ni la ejecución de medidas de control para disminuir la probabilidad de caída y/o aplastamiento con estructuras y/o carga; por lo que el sujeto inspeccionado no acreditó haber formado e informado al trabajador en los peligros y riesgos presentes, ni en los estándares de seguridad que se deben considerar en la actividad de traslado y/o manipulación de estructuras antes de ser soldadas y la colocación correcta en los coches”.

En el numeral 4.7 del mismo documento se deja constancia de la documentación presentada por la impugnante, en específico respecto de las capacitaciones efectuadas antes del accidente de trabajo, siendo la siguiente: “Registro de charla ''Tránsito de Peatones", de fecha 02/04/2019; Registro de charla "Señales de seguridad", de fecha 28/03/2019; Registro de charla "Hoja de Seguridad -MSDS, de fecha 24/01/2019; Registro de charla "Prevención de caídas y tropiezos", de fecha 19/03/2019; Registro de charla Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de fecha 20/08/2019; Registro de charla "Señales de Seguridad", de fecha 28/03/2019”. Asimismo, en el numeral 4.9 se deja constancia que la impugnante presentó el registro de charla "Uso adecuado de coches para transportar materiales", de fecha 11/03/2020, esto es, efectuado con posterioridad al accidente de trabajo.

Por tanto, contrario a lo alegado por la impugnante, no se advierte que las capacitaciones efectuadas se encuentren vinculadas a las funciones y actividades del puesto de trabajo del trabajador accidentado o a las actividades conexas al mismo. Así, la falta de capacitación y conocimiento en la actividad desempeñada por el trabajador accidentado se encuentra plenamente vinculada al accidente de trabajo, toda vez que dicho desconocimiento de los peligros y riesgos coadyuvaron a que el accidente de trabajo ocurra.

Cabe señalar que alegar que el trabajador accidentado tenía experiencia en las funciones realizadas no releva a la impugnante de su deber de formación e información. Pues las mismas tienen la finalidad de otorgar a sus trabajadores los mecanismos necesarios para conocer los peligros y riesgos presentes en sus puestos de trabajo y la correcta manera de ejecutar sus funciones, mitigando dichos riesgos. Por lo tanto, sumado al hecho de que la impugnante no ha presentado documento alguno que acredite las capacitaciones específicas alegadas, se verifica que el nexo causal ha sido plenamente determinado, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión y confirmándose la referida infracción.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.