Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú — Res. 533-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Participación en las Utilidades (Sub materia: Pago; y, Hoja de liquidación y sus formalidades). 2 Véase folio 90 del expediente inspectivo. 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de las utilidades del ejercicio económico 2018; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento notificada el 10 de septiembre de 2019 y citándose a comparecencia el día 17 de setiembre de 2019 a las 16:00 horas para su cumplimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9.450.00.

i. Que la resolución sancionadora, lejos de evaluar si el cálculo de las utilidades fue el correcto, analizó si el “Acta de Cierre de Pliego”, es parte del convenio colectivo que suscribió la empresa con el SATT y, en tal medida, si puede ser parte de las disposiciones que la empresa está autorizada a extender a los no afiliados. No obstante, la evaluación realizada por la autoridad pertenece a la sub materia de “relaciones colectivas” que no fue incluida en la Orden de Inspección; por lo que, no debería ser materia de análisis, en virtud al artículo 13 de la LGIT y el artículo 12 del RLGIT, en contravención al principio del ejercicio legítimo del poder; en consecuencia, debe declararse nulo el acto emitido al amparo del artículo 10 del TUO del LPAG. ii. Sostienen que las denuncias laborales que originaron la presente fiscalización debieron archivarse, en virtud del numeral 7.1.1. de la Versión 2 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL/INII, ya que los extrabajadores habían presentado denuncias sobre los mismos hechos, que se tramitaron bajo la Orden de Inspección N° 5788- 2019-SUNAFIL/ILM, cuya materia de fiscalización era beneficios sociales y comprendía la participación en las utilidades. iii. Al respecto, la Sub Intendencia se ha limitado a señalar que, en la Orden de Inspección citada, no se ha fiscalizado el pago de las utilidades y desestima lo

planteado, lo cual vulnera su derecho a la debida motivación y al debido procedimiento, ya que no se adjunta ningún medio probatorio que respalde tal afirmación. iv. Existe una vulneración al principio de tipicidad, debido a que la autoridad le atribuye la supuesta conducta de haber efectuado el descuento no autorizado del pago extraordinario que se le concedió a los extrabajadores en aplicación del Acta de Cierre de Pliego. Según la Sub Intendencia, el pago fue realizado como liberalidad no sujeta a condición alguna, de modo que el descuento solo procedía con autorización de los trabajadores. Por el contrario, el tipo legal imputado corresponde a no pagos íntegros y oportunos de beneficios sociales. En ese sentido, ningún extremo del numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT tipifica como infracción el efectuar descuentos de manera indebida de los beneficios sociales; por lo que, se estaría realizando una interpretación extensiva del dispositivo, lo que está prohibido por el TUO de la LPAG. v. La Sub Intendencia no explica cuáles son los hechos relevantes para el caso ni por qué las observaciones al informe Final son impertinentes, constituyendo una indebida motivación o motivación aparente de la resolución sancionadora; mucho menos se argumenta cómo el presunto descuento irregular termina siendo un problema de pago de las utilidades legales. Asimismo, es falso que se señale que no se haya explicado por qué las características personales de los extrabajadores eran aspectos a ser evaluados y cómo influye al caso concreto, debido a que en sus descargos se señaló que los extrabajadores conocían la existencia y alcances del convenio colectivo, el Acta de Cierre de Pliego y el Acta de Solución Final. vi. Se indica que la entrega del Acta de Cierre de Pliego, es por haber solucionado la negociación colectiva, siendo por ello un beneficio que forma parte de la convención colectiva; pues, en esencia contiene el acuerdo entre la empresa y el SATT de conceder al personal sindicalizado un beneficio extraordinario por el cierre de pliego y cuya entrega estaba supeditada a cumplir determinada permanencia en la empresa; por lo que no puede ser una liberalidad incondicionada. En ese sentido, el pago extraordinario a los extrabajadores por la suma de S/45,000.00 se realizó al amparo del Acta de Cierre de Pliego y el Acta de Solución Final; por lo que la Sub Intendencia erróneamente considera que dicho pago es una liberalidad no sujeta a condiciones y por ende cualquier descuento debió ser autorizado. vii. La Sub Intendencia actúa arbitrariamente y vulnera todo criterio de razonabilidad, en la medida que no analizó la naturaleza y finalidad de la medida de requerimiento, debido a que los inspectores pretendían que se subsane una situación provocada por un comportamiento perfectamente legal. Asimismo, el contenido de la medida de requerimiento no está orientado a sancionar una supuesta inconducta administrativa, sino a requerir expresamente un pago, siendo que ello solo está permitido al Poder Judicial.

viii. Finalmente, indican que existe una vulneración al principio administrativo de non bis in ídem porque se trata de un doble pronunciamiento por la misma autoridad sobre los mismos hechos y materias, pues se le imputa no haber pagado íntegramente las utilidades del ejercicio económico 2018 a los extrabajadores Carlos Prialé Miranda y Gustavo Fierro Campos y por no cumplir con la medida de requerimiento consistente precisamente en no pagar íntegramente las utilidades a los extrabajadores mencionados.

i. De la nulidad invocada por la inspeccionada; es errado considerar que en la fiscalización que dio origen al presente procedimiento se debió analizar las materias relaciones colectivas (convenios colectivos), debido a que los extrabajadores afectados, en ningún extremo de sus solicitudes de inspección laboral han señalado que hubo algún incumplimiento del convenio colectivo celebrado por el Sindicato Amplio de Trabajadores Toquepala, pues lo que se buscaba era que la inspección del trabajo verifique si se había cumplido o no con las obligaciones relacionadas con la participación en las utilidades del ejercicio económico 2018. ii. Por el contrario, ha sido la inspeccionada quien para justificar la falta de pago íntegro de la participación en las utilidades a los extrabajadores afectados ha invocado la extensión del Acta de Cierre de Pliego; lo que ameritó que la autoridad inspectiva, tenga que evaluar su contenido, así como del Acta de Solución Final de fecha 10 de julio de 2018, a fin de evaluar si la posición de la inspeccionada era correcta. iii. Por otro lado, en el Informe Final se ha dejado constancia, que la Orden de Inspección N° 5788-2019-SUNAFIL/ILM no incluía las materias consignadas en el presente expediente y, además, las solicitudes de inspección donde se solicitó verificar el pago de la participación en las utilidades del año 2018 y la entrega de las hojas de liquidación, nunca fueron incorporadas a dicha Orden de Inspección. Por ende, lo argumentado por la inspeccionada no revela que se haya afectado el principio del debido procedimiento, toda vez que las solicitudes de actuación interpuestas por los extrabajadores afectados se debieron dar trámite regular en la Orden de Inspección N° 12903-2019-SUNAFIL/ILM, sin que resida en ello vicio que la invalide. iv. En el presente procedimiento administrativo sancionador se ha sancionado a la inspeccionada debido a que el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.6 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que: “el sujeto inspeccionado no ha cumplido con pagar la participación de las utilidades del año 2018”. v. Si bien para imputar dicha conducta infractora se ha evaluado la justificación esgrimida por la inspeccionada respecto a que se le habría descontado el pago extraordinario por cierre de pliego por no cumplir las condiciones previstas en el Acta de Cierre de Pliego, lo anterior no quiere decir que la sanción haya sido impuesta por realizar descuentos indebidos, pues, al no haber demostrado la validez de sus argumentos lo que correspondía era imputarle la omisión de pago de dicho beneficio laboral, que es finalmente lo que se ordenó verificar. Por consiguiente, se ha efectuado dicha imputación con arreglo a ley, sin que se advierta vulneración extensiva del tipo legal.

3 Notificada a la impugnante el 02 de marzo de 2022, véase folio 92 del expediente sancionador.

vi. Al revisar íntegramente la resolución sancionadora, se advierte que la autoridad sancionadora ha dado respuesta a cada uno de los cuestionamientos señalados por la inspeccionada en sus descargos contra el Informe Final, considerando que los documentos y alegaciones expresadas guardan relación y congruencia con las infracciones imputadas. En todo caso, en este recurso, la inspeccionada debe evidenciar qué extremos de la resolución sancionadora son los que aparentemente están motivados o no han merecido debido análisis, a fin de que esta instancia pueda revisar el contenido de lo resuelto. vii. Así, no es verdad que no se haya explicado el razonamiento lógico jurídico que ha llevado a la autoridad sancionadora a determinar que los descuentos realizados a los extrabajadores por parte de la inspeccionada no tengan relación con el pago de la participación de las utilidades del ejercicio 2018, toda vez que en los considerandos 23 y 24 de la resolución sancionadora se desvirtuó la validez de los descuentos efectuados. viii. Que, es irrelevante que no se haya evaluado si los trabajadores tenían conocimiento del contenido de los convenios colectivos, toda vez que aun cuando se pactó con el Sindicato Amplio de Trabajadores de Toquepala que la inspeccionada pueda extender en todo o parte el convenio colectivo, de acuerdo al Acta de Solución Final de fecha 10 de junio de 2018, en la cláusula primera del Acta de Cierre de Pliego de la misma fecha se dejó constancia que sólo son de aplicación las exclusiones que señala en Acta de Solución Final; por ende, a la luz de lo expuesto, no se ha incurrido en alguna causal de nulidad que afecte la motivación de la resolución sancionadora. ix. Sobre el no pago de la participación en las utilidades, reitera que el inferior en grado se ha manifestado específicamente sobre los alcances del convenio colectivo, señalando que la cláusula segunda del Acta de Solución Final de fecha 10 de junio de 2018 indica que se podrá extender todo o parte del mencionado convenio a grupos de trabajadores no sindicalizados, y que la convención colectiva forma parte integrante de la misma. Sin embargo, no hay documentación que indique que el Acta de Cierre de pliego de la misma fecha forme parte del Convenio Colectivo ni del Acta de Solución Final; por lo que esto implica que no se encuentra dentro del ámbito de los acuerdos fijados en el Acta de Solución Final el pago extraordinario, descontados a los extrabajadores y las condiciones relacionadas para su devolución eventual. x. Del incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, contrariamente a lo manifestado por la inspeccionada, el personal inspectivo actuó de acuerdo con sus facultades conferidas por el marco normativo vigente al extender la medida de requerimiento, ya que estaba habilitado a exigir el pago de la participación en las utilidades adeudadas a dichos extrabajadores, careciendo de asidero legal que esto sólo pueda efectuarse en la vía jurisdiccional. xi. Finalmente, sobre la vulneración al principio de non bis in ídem; si bien hay identidad de sujetos, los hechos son disímiles: la infracción en materia de relaciones laborales se basa en el incumplimiento de pago de la participación de las utilidades

del ejercicio 2018, mientras que la infracción a la labor inspectiva se centra en no haber acatado la orden dispuesta por la autoridad inspectiva de revertir los efectos antijurídicos de la infracción; además, los fundamentos son distintos, la infracción en materia de relaciones laborales protege los bienes jurídicos de los extrabajadores afectados, mientras que la infracción a la labor inspectiva protege bienes jurídicos del Sistema de Inspección del Trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Southern Peru Copper Corporation Sucursal Del Peru

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 396-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que no han actuado de manera irregular, sino en virtud al artículo 1288 del Código Civil, compensando los montos en los términos que indica el convenio. ii. Al ser acreedores de dos trabajadores por los montos otorgados como consecuencia del Convenio Colectivo 2018-2021, señala que opusieron compensación con las utilidades del 2018 tras haberse incumplido los requisitos para ser beneficiarios del monto otorgado.

9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

iii. La Intendencia de Lima Metropolitana ha inaplicado para todo efecto el artículo 1288 del Código Civil, en la medida que no lo reconoce como un mecanismo válido de cobro de los montos adeudados por los trabajadores, y alega que requerían de su autorización para aplicarla, lo que contradice el texto legal. iv. Indica que la resolución impugnada pretende sancionar sobre la base de que el beneficio otorgado en junio de 2018 no estuvo sujeto a ningún condicionamiento, y que no existía un acuerdo expreso con los trabajadores para compensar su deuda. v. El acuerdo individual escrito no era necesario, en tanto que la norma heterónoma aplicada por las partes fue la cláusula del convenio colectivo que establecía la naturaleza y requisitos del pago. vi. El artículo 1288 del Código Civil no prohíbe ni hace alguna distinción respecto del momento en que opera la compensación, lo que evidencia la interpretación errónea por parte de la autoridad del artículo 57 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. vii. Que, existe una vinculación del beneficio con la permanencia del trabajador, es decir, con el hecho de que el trabajador no renuncie; por tanto, el beneficio sí estaba vinculado al término de la relación laboral, independientemente del momento en que fue efectivamente cancelado. viii. La Resolución confirma la errónea aplicación del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, en razón que la medida de requerimiento exigía un imposible, como era demostrar el pago de un concepto respecto del cual ya había quedado claro que no fue efectuado porque no les correspondía, debido a la existencia de una razón justificada para ello, como fueron las cláusulas señaladas del convenio colectivo; por lo que, al ser un asunto debatible, era imposible solicitar su ejecución. ix. Que, para la emisión de dicho documento, el inspector no había agotado los medios probatorios necesarios para llegar a su determinación, como era constatar la validez de las cláusulas del convenio, el acuerdo válido alcanzado con el sindicato, los cargos y conocimiento por parte de ambos trabajadores de las condiciones del pago; por tanto, no se había constatado plenamente las conductas atribuidas. x. De esta manera se ha vulnerado el principio de tipicidad, al no acreditar el inspector de trabajo que se haya cometido la infracción imputada; por lo que, refiere que debe considerarse el precedente emitido en la Resolución N° 318-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. xi. Finalmente, sostiene que se ha interpretado erróneamente el numeral 7.15.1 de la Directiva N° 0001-2020-SUNAFIL, modificada por la Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL; en razón que, al requerirles acreditar el pago no estaba considerando el inspector de trabajo el monto a pagar, más aún cuando estos han advertido que, se ha procedido a efectuar un descuento a dichos trabajadores por un pago en exceso de otro concepto (extensión de cierre de pacto, generándose confusión en el requerimiento).

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

De la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 4: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“A.- Acreditar el pago de la participación de utilidades del ejercicio económico 2018, más los intereses legales correspondientes de ser el caso, de los recurrentes Carlos Alonso Prialé Miranda y Gustavo Alejandro Fierro Campos; y B.- Acreditar haber efectuado la entrega de las hojas de liquidación de la participación de utilidades del ejercicio económico 2018 de los recurrentes Carlos Alonso Prialé Miranda y Gustavo Alejandro Fierro Campos”;

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato; sin embargo, no se aprecia el mismo. Siendo que, de los actuados, se advierte el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, la cual constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

de Infracción se determine el monto adeudado a los extrabajadores por dicho concepto, sino únicamente se determine la conducta infractora que se atribuye al sujeto inspeccionado, su omisión no afecta la validez del Acta de Infracción. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de las utilidades del ejercicio económico 2018. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 10 de setiembre de 2019 y citándose a comparecencia el día 17 de setiembre de 2019 a las 16:00 horas para su cumplimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, en contra de la Resolución de Intendencia N° 396- 2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 28 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3262-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 396-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20230607MCR