Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú — Res. 143-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial (Todas), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Registro de Accidente de Trabajo e Incidentes); y con refrendo de materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (incluye todas), Sistema de gestión de SST en las empresas (incluye todas) y Formación en información en seguridad y salud en el trabajo (incluye todas) 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con brindar formación e información suficiente y adecuada en referencia a la construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras, conforme al procedimiento MT-OPE-AUX-PETS-09, resultando accidentado el trabajador Zea Huaricallo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la supervisión efectiva de la labor realizada por el trabajador Zea Huaricallo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 9,450.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no identificar los peligros y evaluar los riesgos del puesto de las labores realizadas por el trabajador Zea Huaricallo, toda vez que no se establecieron las medidas de control (observancia obligatoria del procedimiento MT-OPE-AUX-PETS-09) ni se estableció el riesgo de explosión de llantas derivado del peligro de las líneas de alta tensión, siendo afectado el trabajador Zea Huaricallo tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 9,450.00

i. Respecto al incumplimiento por no formar e informar en materia de seguridad y salud en el trabajo, se debe precisar que la empresa ha actuado conforme a sus obligaciones, las mismas que se encuentran acreditadas mediante el “Programa de Capacitación en el Trabajo/Tarea”, el “Cargo de entrega del procedimiento equipo auxiliar”, con la que se demuestra que el trabajador recibió una copia de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), en relación con la tarea o labor que desarrolla con el equipo, y el PETS denominado “Construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, mapas y carreteras” relativo la procedimiento MIT- OPE-AUX-PETS-09.

ii. Si bien el considerando 17 de la resolución indica que no existe certeza sobre la entrega del procedimiento MIT-OPE-AUX-PETS-09, por principio de presunción de licitud, la primera instancia debió de partir de la idea que la empresa ha cumplido con sus obligaciones legales, salvo que posee una prueba que acredite lo contrario, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, restando relevancia al principio de verdad material. Por ello, la Administración ha incurrido en una motivación aparente, pese a haberse invocado la aplicación de los principios de presunción de licitud, verdad material y razonabilidad dentro de sus descargos. iii. Respecto de la supervisión efectiva al momento del accidente, dicho siniestro obedeció al actuar negligente del propio trabajador, pues pese a no contar con el cargo de supervisor, ordenó la descarga del volquete 104, extralimitándose en sus funciones, por lo que se invoca la aplicación del artículo 1972 del Código Civil, y lo dispuesto en el Expediente N° 13989-2012-0-1801-JR-CI-03, los mismos que reconocen la responsabilidad de la propia víctima ante el año causado. Asimismo, se precisa que la actividad del trabajador, relativa a construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras, se encuentra contemplada en el IPERC Continuo. iv. Asimismo, conforme se encuentra previsto en el PETS denominado "Trabajos de mantenimiento de vías, rampas y carreteras" - Código: MIT-OPE-AUX-PETS-07 del 11 de octubre de 2017, y el Registro de Accidentes, el trabajador incumplió el ítem 5 del acotado procedimiento, puesto que sólo el supervisor resulta el autorizado para solicitar el material adecuado para la construcción del muro de seguridad. v. Corresponde aplicar el principio de concurso de infracciones, consagrado en el numeral 6 del artículo 248" del Texto Único Ordenado del Procedimiento Administrativo General, pues la infracción por no llevar a cabo la supervisión englobaría, además, la infracción de IPERC línea Base e IPERC continuo, por lo que, al pretender sancionar a la empresa por ambas infracciones se ha vulnerado el citado principio de la potestad sancionadora. En ese sentido, en el hipotético caso que sean sancionados, se deberá sancionar por la comisión de la infracción más grave.

i. Se detalla en el literal A del numeral 4.5 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el trabajador afectado, al momento del accidente, que el trabajador accidentado no se encontró debidamente capacitado sobre los PETS aplicables a la actividad de descarga de materiales de Volquete, contenidos en los instrumentos denominados “Trabajos de mantenimiento de vías, rampas y carreteras” – Código

2 Notificada a la inspeccionada el 30 de marzo de 2022.

MIT-OPE-AUX-PETS-07 y el “Procedimiento MIT-OPE-AUX-PETS-09: Construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras”. Este último, de acuerdo a lo descrito pro la propia inspeccionada en el Registro de Accidentes de Trabajo, ha sido calificado como causa del accidente de trabajo, específicamente por incumplir el ítem 5 del citado PETS, relativo a que “El supervisor de la zona solicitará material adecuado para la construcción del muro de seguridad”. ii. Por ello, pese a que el literal g) del artículo 49 de la Ley N° 299783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que las capacitaciones de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ser impartidas a todos los trabajadores con énfasis al puesto o funciones que realice, la inspeccionada incumplió dicho extremo de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ocasionando así el accidente de trabajo. iii. La invocación del principio de presunción de inocencia, también denominado presunción de licitud en sede administrativa, se somete a la administración pública, esto es, se exceptúa al comprobar fehacientemente la comisión de inconductas contra el ordenamiento jurídico vigente, los cuales necesariamente deberán confrontarse a través de los medios probatorios que recabe la autoridad a cargo del procedimiento de fiscalización. De igual forma, el principio de verdad material, resulta aplicable a cualquier procedimiento, siendo que las autoridades públicas se encuentran obligadas a verificar plenamente los hechos que constituyen o motivan sus actos, lo cual resulta de especial relevancia dentro de la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, cuyas consecuencias imponen multas u obligaciones a los administrados. iv. Como consecuencia de la documentación aportada en el procedimiento de inspección, cuya actividad probatoria supuso el examen del Registro de Accidentes de Trabajo, se advirtió que el siniestro del 21 de noviembre de 2018 ha sido viabilizado por la falta de capacitación sobre los PETS que guían la actividad de descarga de materiales por Volquete dentro de la actividad minera, específicamente por lo referido en el “Procedimiento MIT-OPE-AUX-PETS-09: Construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras”. Se describió como causa del accidente de trabajo en dicho registro, el incumplimiento de la obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual ha sido reforzado ante la falta de acreditar la capacitación de los PETS al término de elaboración del Acta de Infracción. v. Si bien la inspeccionada alega que cumplió con capacitar al ex trabajador sobre los riesgos existentes en el área de trabajo, no se expresa de manera literal en estos registros respecto al PETS que refiere el “Procedimiento MIT-OPE-AUX-PETS-09” como materia de instrucción, cuya omisión, resultó determinante para la existencia del referido accidente. vi. De igual forma, se dejó constancia de la falta de exhibición de IPERC continuo durante el procedimiento de inspección, elemento determinante para llevar a cabo una debida supervisión, de acuerdo al numeral 3 del artículo 38 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2016-EM. vii. En lo relativo a que el accidente obedeció a la negligencia del trabajador afectado, se debe precisar que la referida inconducta resulta reprochable en función de que introduce riesgos innecesarios en el centro de trabajo, pues incentiva que, para el caso de la actividad minera, no se elabore el IPERC como presupuesto necesario para una supervisión eficaz, de cara a eliminar todo riesgo existente en la actividad de trabajo; por lo que, ante la concurrencia de un accidente, resulta razonable suponer que este se derivó por el incumplimiento del ordenamiento de seguridad y

salud en el trabajo, una vez que ha sido debidamente comprobado (como en el presente caso), constituyendo, así, una relación indivisible de causa y efecto. viii. Por ello, ante cualquier eventualidad que comprometa la salud de los trabajadores, la presunta imprudencia de los mismos carecerá de fuerza argumentativa, en la medida que exista, previamente, la desobediencia de la empresa contratante respecto a sus obligaciones debidamente impuestas por el sistema de seguridad y salud, dada la particularidad de la relación de subordinación en las que se encuentren vinculadas, por lo que no resulta aplicable lo vertido en el Expediente N° 13989-2012-0-1801-JR-CI-03, como lo sostiene la inspeccionada. ix. Se advierte que si bien a través de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - Línea Base de la inspeccionada se identificó los peligros y riesgos de la actividad de "Construcción y mantenimiento de accesos a mina", siendo detallado en el rubro denominado "Tareas de construcción de muros de seguridad en vías de acceso y zonas de operaciones mina" así como el peligro de "líneas de alta tensión" con el riesgo de "electrocución/quemaduras por descarga eléctrica"; empero, se ha omitido considerar el procedimiento de control de riesgos que refiere el "Procedimiento MlT-OPE-AUX-PETS-09: Construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras", y, la explosión de llantas como peligro intrínseco a las líneas de alta tensión. x. Pese a que la inspeccionada alegó que no resulta suficiente imputar la presente inconducta por la ausencia del riesgo de explosión de llantas derivado de las líneas de alta tensión, dado que se requiere de mayores elementos probatorios, y no los proporcionados por su representada, a fin de determinar otras omisiones incurridas, aunado a que lo evidenciado no se encuentra descrito en la norma, corresponde señalar que, contrariamente a lo aludido, la presente imputación no versa exclusivamente por la falta de identificación de la explosión como riesgo (el cual se concretó en la fecha del accidente de trabajo), sino, también, ante la omisión de considerar el "Procedimiento MIT-OPE-AUX-PETS-09: Construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras", como medida de control, conformando, ambas omisiones, el incumplimiento al deber de identificación y evaluación de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, como causa del accidente del 21 de noviembre de 2018. xi. Finalmente, respecto del concurso de infracciones, corresponde señalar que existe una notoria diferencia en la conducta infractora relacionada al IPERC continuo, con respecto al IPER de Línea Base, pues, en la primera, se establece sanción por incumplir con su elaboración dentro de un contexto de supervisión efectiva, la cual es ejecutada in situ, es decir, durante el desarrollo natural de las actividades de trabajo, de cara a prevenir accidentes de trabajo en tiempo real, a comparación de la infracción relacionada al incumplimiento de adoptar una debida evaluación de los riesgos y controles de los mismos, cuyo reproche versa por imposibilitar el debido conocimiento de los mismos, a fin que la inspeccionada cuente con los elementos de hecho necesarios para la planificación de medidas preventivas, orientadas para

suprimir toda eventualidad negativa en el centro de trabajo, por lo que no resulta jurídicamente posible la subsunción entre estas

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 513-2022-SUNAFIL/ILM, solicitando la nulidad de la misma señalando los siguientes alegatos:

i. Sostiene que se ha aplicado indebidamente el artículo 28.10 del RLGIT, en tanto el accidente se produjo por la negligencia del señor Zea Huaricallo y el señor Huari, quien no debió de trasladar el equipo con la tolva levantada, así como tampoco efectuar la descarga de material en una zona cercana a las líneas de alta tensión. Por ello, sin perjuicio de los controles administrativos que pudieran aplicar, el accidente fue consecuencia de una falla derivada de un factor personal, el cual fue acusado en su oportunidad, y que no desvirtúa ni tiene relación directa y causal con la capacitación brindada por la empresa. ii. Mediante la información proporcionada se demostró que la empresa actuó conforme a los deberes que le son exigidos, pues se brindó información e información en seguridad y salud que el ex trabajador Zea Huaricallo requería para desarrollar sus actividades, sin

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

ser correctamente valoradas. De la lectura de los documentos y la firma de cada trabajador en ellos (Capacitación en el trabajo o la tarea y cargo de entrega del PETS) demuestran indubitablemente que los trabajadores contaban con la capacitación oportunamente proporcionada por la empresa. iii. Al margen de lo antes señalado, se trae a colación la exigencia de la concurrencia de cuatro presupuestos establecidos por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia en la Casación N° 18190-2016 LIMA, siendo que para la determinación de la responsabilidad deben de concurrir: a) el daño, b) la conducta antijurídica, c) la relación de causalidad y d) el factor de atribución. iv. La Corte Suprema de Justicia a través de la Casación N° 4321-2015-Callao, establece que la relación de causalidad no es más que el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; resultando fundamental porque a partir de esta conexidad se determinará la responsabilidad y que el factor de atribución está referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo v. Así también, el artículo 28.10 del RLGIT establece una relación de causa - efecto entre el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional (sin precisar qué tipo de incumplimiento) y un accidente de trabajo que, a su vez, ocasione daño al cuerpo o a la salud del accidentado, generando que el mismo requiera de intervención o descanso médico vi. La norma es clara, pues en el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo, es decir la existencia de la causalidad adecuada, con la cual se busca establecer si determinados hechos causantes deben ser considerados jurídicamente relevantes y si los mismos permiten imputación objetiva del hecho a una determinada persona o circunstancia, para dicha causalidad es indispensable que la conducta por la que se sanciona tenga la capacidad suficiente de generar el daño, es decir, que la autoridad determine a ciencia cierta que el incumplimiento ocasionó el accidente vii. Por lo que no bastan las suposiciones o la potencialidad de ocasionar el daño, sino que la causalidad debe ser directa para atribuir responsabilidad, más aún, cuando no existe prueba alguna, como tampoco indicio directo o indirecto, que el accidente generado obedeciera a la responsabilidad de la empresa; sino que, el accidente obedeció, única y exclusivamente a la imprudencia temeraria de parte del señor Zea Huaricallo, imprudencia profesional, que se ha manifestado por haber usurpado funciones que no le correspondían y que no estaban dentro de sus facultades, esto es dar la orden al operador del Volquete que efectué una tercera (3ra) descarga de materiales, situación que acarreo que pusiera en peligro su vida y los bienes de la empresa Incumpliendo con ello el PETS viii. El señor Zea Huaricallo, por negligencia exclusiva de él, incurrió en una imprudencia temeraria e imprudencia profesional, al dar una orden que no estaba dentro de sus

facultades. El nexo causal no está acreditado en el caso concreto, pues se atribuyen tres (03) infracciones que, analizadas de manera conjunta o individual, no podrían haber ocasionado el accidente del trabajador. En los hechos, no es que Southern Perú haya colocado al señor Zea Huaricallo en una situación de inminente peligro sin las previsiones adecuadas; lo que ocurrió fue que él mismo por la excesiva confianza en sus años de experiencia pecó de imprudente, configurándose un hecho extraordinario. Cita para este ejemplo lo señalado en la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, según los considerandos 6.24 y 6.25. ix. Lo resuelto en la citada Resolución resulta concordante con los hechos acontecidos en el presente caso pues el nexo causal no se ha determinado en este caso, sino que se han aplicado argumentos ambiguos y carentes de precisión jurídica para justificar una imputación que no tiene sustento legal, más aún cuando la actividad de orden de descarga de materiales mediante Volquete, no resulta compatible con las tareas asignadas al puesto de trabajo del señor Zea Huaricallo, pues se encuentra expresamente prohibido por el ítem 5 de! PETS denominado “Trabajos de mantenimiento de vías, rampas y carreteras” - Código: MIT-OPE-AUX-PETS-07 del 11 de octubre de 2017. x. Respecto de que no habrían cumplido con la supervisión efectiva de las labores, de modo que ello habría ocasionado el accidente del 28 de noviembre del 2018. Dicha supervisión, en opinión del inspector, debería haber sido acreditada únicamente a través del IPERC Continuo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el IPERC Continuo es un documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo cuya finalidad es identificar los peligros y riesgos de una labor antes de iniciarla, y que su finalidad no es acreditar la supervisión de las labores, pues para ello existen otra clase de documentos. Sin perjuicio de ello resulta ilógico exigir la elaboración de un IPERC continuo de una tarea que no fue ordenada por la Supervisión ni planeada por esta, si no que fue dada inconsultamente por el propio trabajador accidentado. Hecho que se ha recogido de la propia investigación del accidente y que no ha sido debidamente merituado por la administración xi. Sin perjuicio de lo antes indicado debemos preciar que, la supervisión cuenta con diversos mecanismos para acreditarse, como son las cámaras de vigilancia, la verificación que realiza el Supervisor del área de trabajo, la matriz IPERC de línea base, etc. Todos ellos están orientados a efectuar una vigilancia permanente de las operaciones, y deberían haber sido considerados por el inspector de trabajo, sin limitarse únicamente al IPERC Continuo, cuya función es la evaluación previa de peligros y riesgos antes de toda operación, y no la supervisión efectiva de las labores durante su ejecución. Según el artículo 95° del RSSOM, los trabajadores -al inicio de toda tarea- identifican los peligros y evalúan los riesgos para su salud e integridad física a través del IPERC Continuo, cuyo formato está recogido en el Anexo N° 7. Dicho formato, si bien cuenta con el nombre y firma del Supervisor, no evidencia la supervisión efectiva de las labores durante su ejecución, sino la evaluación previa de peligros y riesgos antes de toda operación. xii. El inspector no ha comprendido la finalidad del documento ya que trata de otorgarle una naturaleza distinta de la que Indica la norma. Precisamente, si la supervisión (o vigilancia in situ de las actividades) es una actividad que se realiza en paralelo a una determinada labor, ¿cómo podría el IPERC demostrarlo si es que este documento se elabora antes de cualquier actividad? Claramente ello no es posible.

Análisis Del Recurso De Revisión

De los precedentes de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores

provocado directa o indirectamente la lesión”. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del

carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente”.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

“6.5.14. En tal sentido, la supervisión en la seguridad y salud en el trabajo constituye un concepto amplio que define a acciones significativas que posibilitan la mejora continua, siendo entonces un instrumento trascendente en el diseño, desarrollo, guía y parámetros dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la “supervisión” no se reduce a la figura de un personal (“supervisor”) cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control (“supervisar”). El concepto, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador — deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por la inspección del trabajo a través del deber de colaboración y el ejercicio de las facultades de la inspección del trabajo. 6.5.15. Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados. 6.5.16. Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii)

la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.” (el resaltado es nuestro)

Imagen N° 01

9 Artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú de 1993. 10 Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominada “Declaración de Filadelfia” (1944). 11 Así, la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, detalla que “En cumplimiento de los preceptos constitucionales que reconocen el derecho a la salud y la protección de los trabajadores (artículo 23), en el marco de la Decisión 584 – Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y de otros instrumentos internacionales ratificados por el Perú, el 20 de agosto de 2011 se promulgó la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

intersectorial” que permitiese reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales, así como a minimizar el costo económico de tales eventos.12

12 Exposición de Motivos del Decreto Supremo N° 005-2012-TR. 13 Artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 14 Artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 15 Artículo 54 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 16 Artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 17 Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2012-TR.

Imagen N° 02

Imagen N° 03

18 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial PUCP. 2003. Página 06. 19 “31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones Nros 127-2022, 1187-2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones.”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con brindar formación e información suficiente y adecuada en referencia a la construcción de muros de seguridad en zonas de descarga, rampas y carreteras, conforme al procedimiento MT-OPE-AUX-PETS-09, resultando accidentado el trabajador Zea Huaricallo Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la supervisión efectiva de la labor realizada por el trabajador Zea Huaricallo Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No identificar los peligros y evaluar los riesgos del puesto de las labores realizadas por el trabajador Zea Huaricallo, toda vez que no se establecieron las medidas de control (observancia obligatoria del procedimiento MT-OPE-AUX-PETS-09) ni se estableció el riesgo de explosión de llantas derivado del peligro de las líneas de alta tensión, siendo afectado el trabajador Zea Huaricallo Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 513- 2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 513-2022-SUNAFIL/ILM en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240207RAN