Solgas S.A — Res. 604-2025

Mediante Orden de Inspección N° 143-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral de la normativa en seguridad y salud en el trabajo (SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N°106-2019-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de cuatro (04) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir las obligaciones relacionadas a los estándares de seguridad; al procedimiento escrito de trabajo seguro; a la identificación de peligros y evaluación de riesgos; y, a la supervisión efectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 410-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 10 de marzo de 2020, notificado el 17 de julio de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 263-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 08 de febrero de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 245-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2 de fecha 14 de abril de 2021, notificada el 16 de abril de 2021, realiza un análisis de las infracciones advertidas y recomendadas para continuar con el procedimiento administrativo sancionador; en ese sentido, multó a la impugnante por la suma de S/ 37,800.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Que, Mediante Resolución de Intendencia N° 1376-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 19 de agosto de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

La Intendencia de Lima Metropolitana elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001593-2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 13 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SOLGAS S.A, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°1376-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 37,800.00 por la comisión de cuatro (4) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 23 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SOLGAS S.A.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación de la resolución recurrida. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa9, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

Asimismo, esta Sala identifica que desde un análisis formal, la Resolución de Intendencia N° 1376-2022-SUNAFIL/ILM, como la Resolución de Sub Intendencia N° 245-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

En conclusión, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”10. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”11

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.12

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular sobre no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), al no identificar la presencia de vía o carretera con pendiente pronunciada, piso resbaladizo en la actividad de traslado de poste/transformador por mantenimiento y/o instalación nueva, en la tarea específica de traslado de postes con camión grúa.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo y/o en el desarrollo de las labores, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo.13 6.18. En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo” 6.24. Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”14, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes de accidente de trabajo son consecuencias directas de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

En ese sentido, corresponde analizar si las infracciones muy graves imputadas a la impugnante guardan el nexo causal señalado con el accidente de trabajo investigado. Al respecto, de los actuados se advierte que se le atribuye a la impugnante la comisión de infracciones consistentes en el incumplimiento de los estándares de seguridad aplicables a la manipulación y transporte de materiales, la ausencia de un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), la falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), así como la omisión de una supervisión efectiva.

En relación con los estándares de seguridad que deben observarse durante la operación de montacargas, corresponde señalar que la normativa vigente establece obligaciones claras para prevenir riesgos derivados del transporte de cargas que obstruyen la visibilidad del operador. Así, el Manual de Montacargas TOYOTA señala expresamente que, en caso la carga obstruya la vista frontal del operador, este debe desplazarse en reversa para mejorar la visibilidad o, en su defecto, contar con una persona guía que asegure el camino libre de obstáculos, instrucciones que deben ser seguidas estrictamente por el operador. Asimismo, se establece la necesidad de mantener separados los caminos de peatones y vehículos mediante barreras físicas, el uso de espejos de intersección y reglas de trabajo que incluyan el uso obligatorio de la bocina en cruces y zonas de riesgo, además de instruir a los peatones sobre las medidas de precaución ante equipos móviles.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 42-F – Reglamento de Seguridad Industrial, en su artículo 930, refuerza esta obligación al disponer que los montacargas y otros vehículos similares deben estar equipados con sistemas de aviso sonoro —como bocinas o campanas— para alertar su presencia al aproximarse a peatones, esquinas, puertas u otros lugares de visibilidad reducida.

En línea con ello, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SOLGAS también contempla disposiciones específicas. En su artículo 34 establece que el conductor de montacargas está obligado a no sobrepasar la velocidad máxima de 15 km/h y a verificar que el traslado de las jaulas con cilindros no obstruya su visión. Además, el artículo 63 prohíbe expresamente transportar objetos que impidan la visibilidad. Como se advierte, la normativa infringida contenía medidas claras y específicas orientadas a prevenir accidentes derivados del uso inadecuado del montacargas. Su inobservancia por parte de la impugnante evidencia el incumplimiento de estándares mínimos de seguridad que, razonablemente, guardan relación causal con el accidente de trabajo investigado.

En ese contexto normativo, del punto 5.6 del Acta de Infracción se constata que el accidente sufrido por el trabajador, quien se desempeñaba como ayudante y pertenecía a la empresa SERVICIOS EN OPERACIONES LOGÍSTICAS DE HIDROCARBUROS Y MERCANCÍAS S.A.C. – SOLHYM S.A.C. (contratista de la empresa SOLGAS S.A.), según se acredita con las boletas de pago exhibidas, ocurrió el día 22 de febrero de 2019, aproximadamente a las 12:30 horas, en la planta de envasado de gas licuado de petróleo (GLP) de SOLGAS S.A., ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao.

En dicha oportunidad, el trabajador afectado se encontraba realizando labores de estiba de cilindros de GLP, descargando cilindros vacíos desde la unidad de transporte de placa

De la investigación realizada, se evidencia que la causa inmediata del accidente fue la obstaculización total del campo de visión del conductor, debido al exceso de carga transportada sin adoptar medidas compensatorias de seguridad, tales como el uso de vigía, desplazamiento en reversa o instalación de espejos, conforme lo disponen el Manual del Carro Transportador Toyota y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de SOLGAS, artículos 34 y 63, los cuales prohíben expresamente el traslado de jaulas con cilindros que impidan la visión.

En consecuencia, se advierte que la inspeccionada permitió la ejecución de maniobras en el área de carga y descarga en condiciones expresamente prohibidas por su propia normativa interna y sin adoptar las medidas preventivas necesarias, lo que configuró un incumplimiento a los estándares mínimos de seguridad en la manipulación y transporte de materiales. Esta omisión constituye una infracción a lo dispuesto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Por lo tanto, se encuentra plenamente acreditado el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 22 de febrero de 2019, correspondiendo confirmar la sanción administrativa impuesta en este extremo.

En relación con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, dispone que el empleador debe establecer procedimientos claros y adecuados para la ejecución segura de tareas, en especial aquellas que impliquen riesgos significativos. Asimismo, el artículo 80 del citado reglamento indica que dichos procedimientos deben detallar paso a paso las tareas peligrosas, identificando los riesgos involucrados y las medidas preventivas aplicables. Por tanto, constituye una obligación del empleador prever, dentro de sus PETS, los riesgos específicos derivados del uso de equipos de transporte como montacargas en zonas compartidas con personal a pie.

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el numeral 5.7 de los hechos constatados el Acta de Infracción, ha establecido lo siguiente:

Tras la investigación realizada por el inspector designado, se han identificado las causas que condujeron al accidente: Figura N° 02

En el presente caso, el personal inspectivo ha determinado que el accidente se produjo en el marco de una maniobra de traslado de jaulas de balones de GLP con visibilidad frontal obstruida, empleando un carro transportador. A dicho respecto, se verificó que el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) aprobado por la empresa contratista SOLHYM S.A.C. no contemplaba el riesgo de impacto entre el montacargas y las jaulas, ni

Por su parte, si bien el PETS de SOLGAS S.A. permitía el desplazamiento en reversa, no lo exigía como medida obligatoria cuando la carga obstaculizaba la visión frontal, ni consideraba dispositivos auxiliares como guías, espejos estratégicamente ubicados, o el uso del claxon, conforme lo recomienda el Manual del Montacargas Toyota, el cual advierte expresamente que ante obstrucción visual el operador debe desplazarse hacia atrás o contar con un guía que verifique la ausencia de obstáculos, a fin de evitar accidentes.

Tales omisiones resultan contrarias a lo previsto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SOLGAS S.A., cuyo artículo 34 obliga al conductor a verificar que la carga no obstruya la visión, y el artículo 63 prohíbe expresamente transportar objetos que impidan la visibilidad. Del mismo modo, se incumplieron disposiciones del D.S. Nº 42-F Reglamento de Seguridad Industrial, específicamente el artículo 930, que exige el uso de señales acústicas (bocinas, campanas) al operar vehículos en zonas con visibilidad reducida o presencia de peatones.

Asimismo, se infringió la Resolución Ministerial Nº 375-2008-TR, artículo 382, que establece que los empleadores deben incluir en su matriz de riesgo disergonómico las tareas que impliquen posturas forzadas, como la rotación del tronco y cuello en más de 30° al operar maquinaria en reversa, al considerarse un riesgo significativo de trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, esta condición no fue evaluada ni gestionada en el PETS presentado.

Por tanto, se configura un nexo causal directo entre la deficiencia del PETS y el accidente, en tanto la inspeccionada permitió que una tarea de alto riesgo se ejecute sin una evaluación adecuada ni medidas de control efectivas, pese a contar con normativa técnica y legal que obligaba a prevenir situaciones de visibilidad restringida y posturas forzadas. La omisión en la identificación del peligro, la falta de adecuación del procedimiento seguro de trabajo y el incumplimiento de normas reglamentarias en materia de seguridad y salud en el trabajo fueron factores concurrentes que propiciaron la materialización del accidente.

Respecto a “No cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos”; sobre el particular el Acta de Infracción ha establecido, lo siguiente:

En ese sentido, de la investigación realizada por el inspector comisionado, se han determinado las siguientes causas que originaron el accidente:

Sobre la materia referida a la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), se advierte que, de la documentación presentada por la inspeccionada, no se identificaron adecuadamente los peligros vinculados al traslado de jaulas de balones de GLP en montacargas en cuatro niveles, actividad que dificulta la visión frontal del operador y genera riesgos evidentes de impacto, aplastamiento y caída de balones desde altura.

En particular, se verificó que la IPER no contemplaba como peligro el impacto del montacarga contra las jaulas de GLP ni el riesgo de golpes o aplastamientos de trabajadores, pese a que esta maniobra era ejecutada de manera habitual en las instalaciones de SOLGAS S.A., sin la asistencia de guías u observadores, y recurriendo únicamente a la experiencia del conductor para el cálculo del espacio durante el desplazamiento y descarga de la carga.

Asimismo, si bien podría considerarse que se trata de un incumplimiento en un documento de carácter formal, lo cierto es que el acta de infracción no se limitó a

En ese sentido, sí se evidencia un análisis de causalidad suficiente, al establecerse que la omisión en la identificación del peligro y evaluación del riesgo en las IPERs de las empresas involucradas guarda relación directa con el accidente de trabajo ocurrido, por lo que corresponde confirmar la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por incumplimiento de las obligaciones en materia de identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas correctivas conforme a la normatividad vigente.

En el presente caso, el personal inspectivo ha determinado que no se efectuó una supervisión efectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, al verificarse que la inspeccionada no identificó los peligros y riesgos asociados al traslado de jaulas de balones de GLP apiladas en niveles que dificultan la visión frontal del conductor del montacargas, ni adoptaron las medidas preventivas adecuadas para mitigar dichos riesgos, tal como se observa a continuación por medio del Acta de Infracción lo siguiente:

Así pues, a partir de la investigación llevada a cabo por el inspector comisionado, se identificaron las siguientes causas que dieron origen al accidente:

En efecto, se constató que la supervisión en SST fue deficiente, pues no se incorporaron en el Procedimiento de carga y descarga de balones de GLP las medidas correctivas necesarias, y se aprobó un procedimiento contradictorio con lo consignado en el RISST, permitiendo el traslado de jaulas que obstruyen la visión, sin evaluar ni implementar las recomendaciones técnicas del Manual de Montacargas, tales como la instalación de espejos en lugares estratégicos y guías para conductores.

En atención a lo esgrimido, es oportuno mencionar que, de conformidad con los artículos 16 y 47 de la Ley General de Inspección del Trabajo (LGIT), los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos y merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Por tanto, considerando que los hechos constatados por el personal inspectivo en el acta de infracción gozan de la presunción de veracidad, y estando que la inspeccionada no han desvirtuado dicha presunción aportando pruebas en defensa de sus respectivos derechos e intereses, se estima el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, incurriendo en deficiente supervisión que constituye una infracción a la normativa vigente.

Finalmente, en el presente caso, se ha acreditado que el accidente de trabajo ocurrido el 22 de febrero de 2019 en la planta de envasado de GLP de SOLGAS S.A. —que afectó a un trabajador de la empresa contratista SOLHYM S.A.C.— se originó por múltiples incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, los cuales guardan un nexo causal directo con el evento lesivo.

Dichos incumplimientos se agrupan en cuatro materias fundamentales:

En aplicación del precedente vinculante aprobado mediante la Resolución de Sala Plena Nº 005-2022-SUNAFIL/TFL, se ha determinado que, para acreditar la configuración de una infracción en materia de SST con resultado dañoso, no basta la constatación del incumplimiento normativo, sino que además debe acreditarse el nexo de causalidad entre dicho incumplimiento y el accidente de trabajo ocurrido.

En el presente caso, la autoridad inspectiva ha cumplido con este estándar, al vincular de manera específica y suficiente cada infracción con el hecho dañoso, por lo que corresponde confirmar la sanción administrativa impuesta por la comisión de infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En resumen, el análisis del nexo causal del accidente de trabajo puede representarse de la siguiente manera mediante el siguiente gráfico:

En cuanto a la supuesta exoneración de responsabilidad por actos del trabajador, dicho argumento carece de sustento, toda vez que la responsabilidad administrativa del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) es de naturaleza objetiva, conforme lo establece el precedente vinculante aprobado por la Resolución de Sala Plena Nº 005-2022-SUNAFIL/TFL. Este criterio establece expresamente que el empleador es responsable del deber de prevención respecto de todos los riesgos derivados del trabajo, incluso aquellos generados por actos inseguros de los trabajadores, cuando estos ocurren en contextos sin controles eficaces o con procedimientos deficientes.

Adicionalmente, en el presente caso no se ha acreditado que el trabajador haya incurrido en una conducta temeraria o haya contravenido órdenes expresas. Por el contrario, el accidente fue consecuencia directa del uso de un montacargas con la visión frontal totalmente obstruida, sin guía ni desplazamiento en reversa, en condiciones que vulneraban tanto el Reglamento Interno de SST de SOLGAS como el Manual del montacargas Toyota. En tal sentido, corresponde recordar que, conforme al principio de prevención consagrado en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador tiene la obligación de garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida,

Por otro lado, respecto al alegado cumplimiento de las obligaciones de capacitación, corresponde precisar que dicha materia no constituye el objeto del presente procedimiento sancionador, el cual se refiere a infracciones concretas relacionadas con la deficiente identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), la existencia de un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) inadecuado, la omisión de medidas preventivas en el uso del montacargas y la falta de supervisión efectiva. En consecuencia, la mera referencia a capacitaciones impartidas no resulta suficiente ni pertinente para desvirtuar las infracciones verificadas, que responden a obligaciones normativas autónomas y guardan nexo causal con el accidente investigado.

En lo que respecta a la alegación sobre una supuesta imputación múltiple indebida de infracciones, debe aclararse que la existencia de varias infracciones autónomas se encuentra plenamente justificada, en tanto cada una corresponde a deberes distintos previstos en la normativa de SST y, además, todas están directamente relacionadas con el accidente ocurrido, conforme exige el citado precedente vinculante. Así, se imputaron infracciones diferenciadas por: omisión de medidas preventivas específicas en el uso del montacargas (numeral 28.10 del RLGIT); procedimientos inseguros en el PETS (numeral 28.10 del RLGIT); deficiencias en la IPER (numeral 28.10 del RLGIT); y supervisión ineficaz (numeral 28.12 del RLGIT).

Cada una de estas imputaciones posee un contenido normativo propio, y se ha acreditado que los incumplimientos señalados contribuyeron causalmente al accidente. Por tanto, no se configura una doble imputación ni se vulneran los principios de razonabilidad o proporcionalidad, máxime si la calificación de las infracciones fue debidamente motivada y proporcional a la gravedad del hecho, el cual involucró lesiones a un trabajador.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.