Sociedad Minera el Brocal S.A.A — Res. 378-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial (Sub materia: incluye todas), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por el incumplimiento en las condiciones de seguridad en lugares de trabajo, que ocasionó el accidente de trabajo mortal, sufrido por el trabajador Carlos Alberto Cabello Vicente, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. No se tomó en cuenta los medios probatorios presentados respecto del accidente de trabajo, que tuvo como origen el acto sub estándar o acto inseguro que incurrió el propio trabajador, fue la conducta negligente que propició el accidente que tuvo como consecuencia su fallecimiento. Es así que de acuerdo a lo manifestado por el supervisor este indica cual es la ruta para seguir al trabajador afectado a fin de ejecutar el aborto y además le informa que en el CX 993 no hay acceso ya que se encuentra bloqueado con malla y señalización. ii. Se vulneró el principio d verdad material, no se verificó plenamente los hechos que sirvieron de motivación a la decisión, pese a la propia responsabilidad del trabajador, quien decidió desactivar el bloqueo del CX 933 el cual tenía la señalización expresa de prohibición de ingreso, por lo que, no existe una causalidad directa, inmediata o más próxima entre el accidente y la supuesta infracción. iii. Se vulneró el principio de tipicidad, sosteniendo que nos encontraríamos en la infracción cometida en el 28.10 del art. 28 RLGIT, no obstante, no se cumplió con acreditar la concurrencia de todos los elementos que resultan necesarios para que se configure dicha infracción, el trabajador pese haber recibido cinco capacitaciones decidió no tener en cuenta las recomendaciones de estas. Además, de no establecerse el nexo causal. iv. Existen severos vicios de motivación, el análisis efectuado por la primera instancia contiene una motivación aparente, pues trata de encausar las infracciones en el supuesto que regula el 28.10 RLGIT. v. Si bien es la empresa principal, no se le puede responsabilizar por todos los sucesos que se produzcan en sus instalaciones, más aún si el accionar de la principal es limitados en lo referido a la empresa tercerizadora quien es una empresa especializada y que conoce con mayor suficiencia los riesgos de su actividad, no pudiéndose intervenir en la organización de actividades de la contratista. vi. El plazo para determinar las infracciones se encuentra prescrito, al haber pasado más de 4 años desde la supuesta infracción, teniendo en cuenta que el acta de infracción fue notificada el 08 de junio 2022 y el accidente se generó el 02 de abril 2018.

i. El computo del plazo se inicia a la fecha d la comisión de la infracción, fecha del accidente 02/04/2018, así como, teniendo en consideración el inicio del procedimiento sancionador 08/06/2022, el que suspendió el computo de los plazos de prescripción, los días para la presentación de los descargos y para emitir la resolución de subintendencia, sin que se cumpla el requisito para reanudar el computo de plazo de prescripción, que es mantener paralizado el procedimiento por más de 25 días hábiles, no se evidencia que se haya superado el periodo de prescripción. ii. La inspeccionada en la descripción de causas que originaron el accidente de trabajo indica entre estas como condición subestándar asegurar bloquear incorrectamente a pesar que la labor contaba con el bloqueo físico malla electrosoldada y señalización no se colocó el dique adicional que solicita el estándar, así, colocándose en las medidas correctivas se adoptó colocar un bloqueo permanente en el ingreso y colocar bloqueo rígido en el ingreso, asimismo, en el documento SIGMASS E8.03 estándar de bloqueo de labores minadas de taladros largos, se consignó la información relacionada con la causa del accidente y la medida previamente indicada, este incumplimiento en las condiciones de seguridad y salud de acuerdo al quinto hecho verificado del Acta de Infracción permitió el acceso al lugar del accidente al trabajador , tras la implementación de controles insuficientes para evitar el ingreso a una zona restringida. iii. Si bien existen actos subestándares y factores personales, al finalizar la investigación también dentro de las causas que originaron el accidente de trabajo como causas inmediatas se encontraba la condición sub estándar del aseguramiento /bloqueo incorrecto como condiciones de seguridad insuficientes, lo que debió ser implementado por la inspeccionada quien es la que esta a cargo de las personas que prestan servicios dentro de su centro de labores. iv. El accidente mortal no se produjo por incumplimientos al deber de prevención a cargo de la inspeccionada, en lo que respecta a no adoptar condiciones de seguridad suficientes, por lo que se ha dejado sentado que el incumplimiento en materia de SST que ha sido considerado como una de las causas del accidente mortal, desprendido del propio registro de accidente de trabajo y el informe técnico de investigación d accidente de trabajo, siendo la propia inspeccionada quien ha determinado que el incumplimiento se encuentra relacionado con el aseguramiento/bloqueo incorrecto fue una de las causas vinculadas al accidente, lo que releva al personal inspectivo tener que probar el nexo causal con otros medios

2 Notificada a la impugnante el 13 de marzo de 2023, véase folio 197 del expediente sancionador (Tomo III).

de investigación, por lo que no se transgredió el principio de tipicidad o el derecho a la debida motivación. v. La inspeccionada en su calidad de titular minera debe garantizar la vigilancia del cumplimiento de las normas legalmente vigentes, por lo que, si aún no es el empleador directo del trabajador afectado, en su condición de empleador principal debió establecer los mecanismos adecuados para proteger la vida e integridad personal del personal que presta servicios en sus instalaciones.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 149-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del principio de legalidad y observancia del debido procedimiento, el accidente que tuvo el señor Cabello el 02 d abril de 2018, tuvo como origen el acto sub estándar o acto inseguro en el que incurrió el propio trabajador, al haber realizado una actividad fuera del procedimiento establecido para su labor, lo que tuvo como consecuencia su deceso. No existe congruencia entre la infracción imputada, y el supuesto contenido en el numeral 28.10del art. 28 del RLGIT, del mismo modo, se comprueba de la copia de manifestación del supervisor Caballón, que fue puesto a disposición de los inspectores, y del cual expresa que no solo le indica al señor Cabello

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

cual es la ruta que debe seguir para ejecutar la labor sino también le informa que en el CX993 no hay acceso ya que se encuentra bloqueado con la malla y señalización, resultando ilógico la responsabilidad a El Brocal. ii. No fue aplicado a cabalidad el principio de verdad material, solo se analizó parcialmente la información brindada, asimismo, se ha tenido una interpretación sesgada de los hechos verificados, imputando responsabilidad por el accidente sufrido al trabajador, a pesar de que la empresa no resulto responsable por los actos cometidos. Sobre la base de un análisis deficiente se nos imputa un supuesto de infracción que exige que entre el accidente de trabajo y el incumplimiento de la normativa en materia de SST exista una causalidad directa (numeral 28.10 RLGIT) cuando entre el accidente sufrido por el señor Caballero y el presunto incumplimiento que se nos imputa no existe causalidad directa. iii. No fue aplicado debidamente el principio de tipicidad, se ha realizado una interpretación extensiva de los supuestos incumplimientos a la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo en los cuales habría incurrido la empresa. En el presente caso se sostiene que nos encontraríamos incursos en la infracción contenida en el numeral 28.10 del art. 28 del RLGIT, no obstante, no se ha efectuado una debida imputación de las infracciones, siendo que no se ha cumplido con acreditar ni siquiera mínimamente la concurrencia de todos los elementos que resultan necesarios para que se configure dicha infracción. Existe amplia evidencia a partir de la cual se puede concluir que el accidente que originó la muerta del señor Cabello se produjo como consecuencia de la realización de un acto estándar. iv. El análisis efectuado por la administración contiene una motivación aparente, pues pretende encausar las infracciones en el supuesto regulado en el numeral 28.10 del art. 28 del RLGIT, cuando en ningún extremo de los razonamientos se cumple mínimamente con expresar o dar indicios de la manera en que los supuestos incumplimientos están relacionados con el accidente. v. No se nos puede responsabilizar por absolutamente todos los sucesos que se produzcan en nuestras instalaciones y en base a ello, extendernos la imputación en función al numeral 28.10 del RLGIT, debe tenerse presente que el accionar de una empresa principal es limitado en lo referido a las actividades que realiza una empresa tercerizadora y de forma especial, en el desarrollo de las actividades de una contratista minera, tratándose de una empresa especializada esta es quien conoce con mayor suficiencia los riesgos que suponen su actividad, no encontrándose la empresa principal en posición de cuestionar e interferir en la organización de las actividades de dicha empresa. Por ello, el Brocal no interfiere en la organización de las actividades de la contratista, claro está que si valida el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST. vi. Existe una interpretación errónea del numeral 28.10 del RLGIT, la administración no ha desarrollado sus consideraciones en base a las cuales subsume un accionar u omisión de El Brocal en este supuesto, no identificamos los elementos para configurar esta infracción, se pretende atribuir las consecuencias del accidente a El Brocal indicando se

permitió el acceso al lugar del accidente al señor Cabello, porque los controles implementados resultan insuficientes para evitar el ingreso a una zona restringida. Se desconoce y restan valor a los hechos acreditados que el acceso se haya encontrado bloqueado con una malla electrosoldada y un letrero de señalización totalmente visible de prohibido el ingreso, sino también el hecho de que el supervisor dio una indicación expresa d por dónde debí acceder el trabajador y no la instrucción de no ingresar por el Cx 993. vii. Se incurrió en una interpretación errónea del numeral 48.1-C del RLGIT, pues se incurrió en una incorrecta tipificación de la infracción imputada, pues se nos atribuye la comisión de una infracción calificada muy grave, establecida en el numera l28.10 del RLGIT, cuando dicha infracción requiere que se establezca una relación de causalidad entre el incumplimiento advertido en materia de seguridad y salud en el trabajo y el accidente que produce la muerte o invalidez del trabajador, nexo que no se verifica en el presente caso, pues quedo acreditado la negligencia del trabajador que tuvo como consecuencia su lamentable fallecimiento, por lo que, no corresponde a El Brocal las consecuencias previstas en el numeral 48.1-C del RLGIT. viii. El acta de infracción e imputación de cargos N°1029-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada a nuestra empresa el 08 de junio de 2022, recoge supuestas infracciones sobre un accidente ocurrido el 02 de abril de 2018, es claro que la acción ya había prescrito.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito

administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa

expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona

9 En el presente caso, se ha tomado en cuenta el tipo del numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, antes de ser modificado, puesto que, al momento de la imposición de la resolución de sanción, y de acuerdo al momento que sucedió el accidente, se encontraba vigente este tipo. 10 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 11 Casación N° 18190-2016 Lima

en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores” 12.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo13.

12 Casación N° 4321-2015 Callao 13 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016 LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

Figura N° 01

14 Manifestaciones por accidente mortal: Supervisor de Mina Oscar Caballón Capcha, Gerente de Obra Felix Francia Mendoza (véase folio 77 y 84 expediente sancionador Tomo I) 15 Véase folios 581-582 expediente de investigación Tomo III.

seguridad y salud, apreviniendo así los riesgos que podrían ocurrir, y para ello debe tener una vigilancia y supervisión permanente con la empresa contratista que efectúa actividades en su centro de trabajo, para evitar la ocurrencia de eventos dañosos.

“6.14. Como se ha pasado apreciar de los considerandos previos, son fundamentos de nuestro sistema jurídico la protección de la vida, la dignidad y el trabajo, motivo por el que la protección de la integridad y seguridad de las personas merece la mayor atención del Sistema de Inspección del Trabajo. Por ello, cuando ocurre un accidente de trabajo con consecuencia mortal, la respuesta administrativa laboral debe considerar la materialización de estos ejes rectores. Cabe añadir que la vida y dignidad en el trabajo, al constituirse en derechos fundamentales prioritarios, no pueden ser encuadrados a las meras previsiones contractuales que pretendan fragmentar la responsabilidad del ente empleador con relación a la seguridad y salud en el trabajo.

busca hacer eficaz los derechos fundamentales en el trabajo. Con ese objetivo, la normativa del Sistema de Inspección del Trabajo ha dispuesto una gama de sanciones agravadas referidas a afectaciones como derechos colectivos (numeral 48.1 B artículo 48 del RLGIT), el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil (numeral 48.1-D del artículo 48 del RLGIT). Así como el caso del fallecimiento de un trabajador en su centro de labores (48.1-C del artículo 48 del RLGIT) cuando se determina el nexo causal entre dicho resultado y la inobservancia de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador.

En este escenario, la responsabilidad administrativa de la empresa principal resultará válidamente determinada siempre que se acredite que su incumplimiento en el deber de coordinación y/o vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo ocasionó (fue nexo causal) del accidente de trabajo- materia del reproche administrativo-. En cuyo caso, la determinación del quantum de la sanción dependerá de la naturaleza del incumplimiento y de la evaluación del nivel de riesgo derivado de la falta de coordinación, pero sin el agravamiento que contiene el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT. ii) Sub contratación parcial con confluencia de trabajadores de la empresa principal: Cuando los trabajadores de la empresa contratista, que funge de empleador directo o formal, concurren con la planilla de la empresa principal realizando labores semejantes, se configura un escenario de responsabilidad compartida en materia de seguridad y salud en el trabajo. En esta situación, plantea que la confluencia de ambos trabajadores (de la contratista y principal) al compartir el mismo entorno de trabajo y ejecutar labores semejantes, genera un riesgo compartido. Por tanto, de haberse determinado que el incumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa principal fue nexo causal del accidente reprochado, corresponderá la determinación de la responsabilidad administrativa y para el quantum de la misma se debe observar el agravamiento punitivo contenido en el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT, es decir, considerando el universo de trabajadores afectados al que corresponde a la planilla de la principal. 6.35. En el presente caso, es pertinente señalar que las resoluciones emitidas por las instancias previas dentro del procedimiento administrativo sancionador no desarrollaron de manera debida la motivación correspondiente a la determinación del quantum de la sanción impuesta. 6.36. Si bien el acta de infracción inicial hace una referencia preliminar a la multa, resulta evidente que, en las resoluciones posteriores, tanto en la resolución de primera instancia como en la de segunda instancia16, no se realiza un análisis claro y expreso respecto de: i) La determinación del número de trabajadores afectados, conforme a los parámetros establecidos en la Resolución de Sala Plena N.° 002-2025- SUNAFIL/TFL. ii) La aplicación concreta de la escala de multas vigente y la justificación del monto aplicado. iii) La valoración de eventuales agravantes o atenuantes que incidan en la cuantificación final de la sanción. 6.37. La ausencia de esta motivación vulnera los principios de debido procedimiento administrativo y de motivación de los actos administrativos, recogidos en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 6.38. Asimismo, se configura la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, referida a la falta de motivación, al haberse omitido un elemento esencial para

16 Véase folios 93 al 103 y 126 al 129 (expediente sancionador Tomo III).

la validez del acto administrativo como es la fundamentación suficiente y razonada del quantum de la multa impuesta. 6.39. Así, se ha identificado que la conducta reprochable de la impugnante no ha sido correctamente motivada, puesto que, la resolución de primera instancia como en la de segunda instancia, han configurado la sanción impuesta sin explicar de formar clara y precisa la determinación del número de trabajadores afectados, en atención a los fundamentos expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 002-2025-SUNAFIL/TFL, tampoco se observa la aplicación concreta de la escala de multas vigente y la justificación del monto aplicado en atención a la configuración de una infracción muy grave, prevista en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, de igual modo, no se realizó una valoración de posibles eventuales agravantes o atenuantes que pudieran incidir en la cuantificación de la sanción , en relación a la ocurrencia del accidente de trabajo mortal.

17 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...)

comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de la sanción.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta

fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

Administrativo General y conforme al criterio vinculante fijado en la Resolución de Sala Plena Nº 002-2025-SUNAFIL/TFL.

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 942- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 25 de agosto de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1956-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 942-2022- SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 25 de agosto de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.52 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250416EKAJ – HR 63947-2023