Sociedad Minera Cerró Verde S.A.A — Res. 90-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/ incidentes peligrosos (sub materia: Incumplimientos en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materia: Registro de accidente de Trabajo e incidentes), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Sub materia: Cobertura en salud, Cobertura en invalidez – sepelio), Sistema de gestión SST en las empresas (sub materia: Control de las actividades de los trabajadores (supervisión) en SST). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de supervisión efectiva, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendiente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendiente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el incumplimiento de la normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, en materia de condiciones de seguridad, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendiente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con realizar el examen médico ocupacional de salida, a favor del señor Rudy César Velásquez Pantigoso, tipificada en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendiente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 05 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sancionado con una multa ascendiente a S/ 9,675.00.

i. Existen vicios en el procedimiento sancionador, ya que el Informe Final ha sido emitido fuera del plazo legalmente establecido, incumpliendo con lo señalado en el RLGIT. Los descargos fueron presentados el 2 de diciembre de 2020, sin embargo, el Informe Final fue emitido el 15 de enero de 2021.

ii. Tanto en el Informe Final como la resolución apelada, contiene una motivación aparente, ya que no se han tomado, ni valorado los documentos presentados durante las actuaciones inspectivas, ni mucho menos se han mencionado los mismos, siendo estos medios probatorios los reportes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Pala 15 y el Expediente N° 06053-2019-0-0401-JR-LA-09.

iii. Los inspectores no realizaron las actuaciones inspectivas para la verificación en casos de accidente de trabajo, debido a que no ha cumplido con recorrer el centro de trabajo, a efectos de investigar las causas que originaron el accidente de trabajo, pese a que tenían un plazo de 30 días.

iv. Los inspectores emitieron una medida inspectiva de requerimiento que no podía ser cumplida, ya que se trataba de hechos insubsanables.

v. Se ha vulnerado el Principio de Concurso de Infracciones, ya que se ha impuesto tres multas administrativas que tiene como sustento una misma omisión.

vi. La resolución apelada no ha aplicado el Principio de Retroactividad Benigna, se debió considerar para la imposición de la multa la cuantía vigente a la fecha en que se produjo el accidente de trabajo.

vii. En materia de supervisión efectiva, en el IPER presentado durante las actuaciones inspectivas claramente se determinó como uno de los riesgos a considerar el de atrapamiento, detallándose las medidas de control aplicables, no obstante, el accidente de trabajo se produjo por un hecho fortuito, ya que el clavo no ingreso completamente al alojamiento del talón, generando la apertura repentina de la compuerta del balde. No existiendo medios de prueba que demuestren que el incumplimiento imputado sobre una supuesta falta de supervisión haya ocasionado el accidente.

viii. En cuanto al IPER, por mandato legal se requiere que este documento se elabore en base a los procesos, actividades y tareas de la operación que ejecute el titular de la actividad minera de acuerdo con el anexo 8 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (en adelante, el RSSOM). En tal sentido, se ha identificado correctamente cada una de las tareas relacionadas al carguío de material.

ix. En cuanto a las condiciones de seguridad, se cumplió con realizar constantemente los mantenimientos preventivos y correctivos de la Pala 15, con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento.

x. En cuanto al examen médico ocupacional de salida, del señor Velásquez, se ha requerido hasta en dos oportunidades para que se apersone a las oficinas del servicio médico ocupacional a fin de que se realice dicho examen, pero hizo caso omiso, queda claro que

no se ha realizado una evaluación acertada de los medios de prueba referidos al proceso de consignación de beneficios sociales, que demuestran que cumplió en requerir por escrito al señor Velásquez, para que se realice el examen ocupacional de retiro.

i. De la supervisión efectiva, debe mencionarse que lo que se dilucida en este extremo no es sí el IPER Continuo haya evaluado el riesgo de atrapamiento, sino si el supervisor tomo toda precaución para proteger al trabajador afectado, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPER realizada, a fin de eliminar o minimizar riesgos, según lo dispuesto en el art. 38 inc, 3 del RSSOM. Debe considerarse que la conducta infractora se ha basado en el análisis que los inspectores de trabajo realizaron al IPER continuo, donde se dispuso con relación a la identificación de los peligros de operación de equipos móviles pesados y livianos se complete la lista de verificación del equipo. En tal sentido, no se puede sostener que los hechos hayan ocurrido por caso fortuito, en tanto dentro de los procedimientos de trabajo de la inspeccionada se encuentra previsto llenar esta lista de verificación del equipo, a efectos de inspeccionar que el equipo se encontraba en condiciones seguras antes de realizar la tarea.

ii. Se tuvo a la vista las matrices de gestión de riesgos de seguridad, las cuales, en la actividad de operación de camión de acarreo, solo se consignó como peligros otras actividades, siendo que, en ninguno de dichos medios probatorios, figura o identifica como peligro la apertura de la compuerta del balde, con posterior contacto con la tolva del camión y con posterior consecuencia de un fuerte remezón.

iii. Respecto a las Condiciones de Seguridad, al evaluar los reportes adjuntos a su recurso de apelación, se aprecia que los mantenimientos preventivos o correctivos que realizaron en la Pala 15 no contemplan el cambio de clavo, asimismo se tuvo a la vista el Check List Mantenimiento Preventivo y Mecánico Palas Eléctricas, del cual se desprende que realizó una inspección al juego de clavos de las compuertas, pero no consta indubitablemente que se hayan cambiado el juego de clavos.

iv. En cuanto al examen médico ocupacional de retiro, si bien acreditó haber cursado carta notarial al domicilio declarado por el trabajador, dándole un plazo de 15 días para que se practique el examen médico ocupacional de salida, la Notaría certificó que fue entregada el 30 de enero de 2020, estando a la fecha de cese del referido trabajador que fue el 31 de octubre de 2019, dicho examen debió darse como máximo en los siguientes 15 días calendario posteriores a los treinta días siguientes de culminado el vínculo laboral.

v. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, no correspondía subsanar esta obligación de seguridad y salud en el trabajo, por medio de esta medida, ya que se agotó

2 Notificada a la impugnante el 30 de julio de 2021.

el plazo máximo establecido por la normativa sectorial, tanto más si de lo que se trata es que se pueda evaluar lo más próximo posible el estado de salud del trabajador afectado después de su cese.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 D.S. 016-2017-TR, art. 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de agosto de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1206-2021-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Inaplicación del principio de razonabilidad

- Se inaplica el principio de razonabilidad, por cuanto se ha imputado 3 incumplimientos, como conductas independientes, cuando en realidad constituyen un mismo hecho, el incumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, establecido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, siendo una infracción continuada, conforme la Resolución de Superintendencia N° 110-2019-SUNAFIL; por lo que se debe declarar la

9 Iniciándose el plazo el 02 de agosto de 2021.

nulidad del procedimiento.

Inaplicación del principio de culpabilidad

- Se inaplica el principio de culpabilidad, respecto de la presunta infracción sobre el sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, como causa del accidente de trabajo, pues en el Acta de infracción se refiere que el supervisor que suscribe el IPERC Continuo debió asegurarse que el operador de equipo de carguío haya completado la “lista de verificación del equipo” y/o “check list digital”, lo cual hubiera permitido advertir en el IPERC Continuo el riesgo de probabilidad de que el balde se abra de manera inesperada, conforme se señala en la redacción del punto 4.9 del Acta de infracción; sin embargo, ello carece de sustento, por cuanto en el IPERC Continuo presentado se determinó como uno de los riesgos el de atrapamiento debido a la caída de material sobre el equipo de acarreo, detallándose las medidas de control aplicables.

- Asimismo, el 31 de enero de 2020, se presentó los “Reportes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Pala 15”, lo cual evidencia que se cumplió con realizar constantemente los mantenimientos preventivos y correctivos de la Pala N° 15, incluso se acredita que el 28 de mayo de 2019, antes del accidente, se realizó cambio del clavo de la compuerta del cucharon de la pala, lo cual no se ha valorado de manera objetiva, en tanto sólo se han basado en el comentario referencial del trabajador Martín Ochochoque para concluir que los clavos presentaron desgaste, estableciéndose sin un fundamento objetivo que se tome como causa del accidente. Sobre ello, la Resolución de Intendencia si bien evalúa ello, señala que no le genera certeza y lo contrasta con los presuntos medios probatorios acopiados por los inspectores, generando que su medio probatorio no sea tomado en cuenta en atención al principio de primacía de la realidad, atentando contra sus derechos.

- Se inaplica el principio de culpabilidad respecto a la materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, en el Acta de infracción se imputa la presunta conducta infractora referida a que en la “Matriz de gestión de riesgos de seguridad” no se ha identificado como peligro “la apertura de la compuerta del balde de la pala con posterior contacto con la tolva del camión y con posterior consecuencia de un fuerte remezón que ocasionó daño a la salud del trabajador afectado”, careciendo de toda razonabilidad, más aún si este no es un hecho frecuente dentro de su actividad, que amerite llegar a ese nivel de precisión.

- Asimismo, no se ha tomado en cuenta que el Decreto Supremo N° 024-2016-EM – RSSOM, ha establecido como una obligación que la matriz IPER y medidas de Control línea base, sea elaborada en base a procesos y tareas conforme a lo señalado en el Anexo 8 de dicho cuerpo legal, plasmándose este proceso en dos documentos recogidos en la misma norma como son: i) IPER de línea base y ii) IPER continuo. Por ello, el RSSOM, en tanto norma especial de seguridad y salud ocupacional aplicable al sector minero, ha sido elaborado en función a criterios técnicos desarrollados en su oportunidad por la autoridad minera. Sin embargo, la Resolución de Intendencia, pretende desconocer la aplicación de la norma especial por encima de la general, al exigir el cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 del RLSST, basándose en el artículo 3 de la LSST, sin advertirse el Informe N° 0017-2021- MTPE/2/15.2, que detalla el principio de especifidad, considerando que prima el RSOOM sobre el RLSST. En ese sentido, no puede sancionarse a su representada por un hecho fortuito, debiendo tener presente que se ha identificado claramente los peligros, riesgos y medidas de control de la tarea relacionada al carguío de material.

- Se inaplica el principio de culpabilidad respecto a las condiciones de seguridad adecuadas, sobre ello, mediante correo electrónico del 31 de enero de 2020 se adjuntaron los reportes

de mantenimiento correctivo y preventivo de la Pala 15, que acreditan que el clavo se encontraba en un buen estado de conservación, lo que no fue considerado ni por los inspectores, ni dentro del procedimiento sancionador, incluso acredita que el 28 de mayo de 2019, antes de que se produjera el accidente, se realizó el cambio del clavo de la compuerta del cucharon de la pala, demostrando la debida diligencia tomada por su representada; sin embargo, este accidente fue un hecho fortuito.

- No se ha evaluado y comprobado las exigencias basadas en el déficit de la organización, para cumplir con la exigencia de la responsabilidad subjetiva, lo cual no ha ocurrido porque se ha demostrado que no existe déficit de organización. Asimismo, debe demostrarse no solamente la existencia de una relación de causa y efecto (incumplimiento de la normativa – accidente de trabajo), sino todos los elementos exigidos para la determinación de la responsabilidad (conducta antijurídica y factor de atribución), lo cual en el presente caso no ha sucedido, debido a que no existen medios de prueba que demuestren que el incumplimiento imputado sobre una supuesta falta de supervisión haya ocasionado el accidente de trabajo.

- Respecto a no cumplir con el examen médico ocupacional, si bien se vieron imposibilitados de un primer requerimiento, debido al incumplimiento del señor Velásquez para el recojo de su liquidación de beneficios sociales y documentos laborales dentro de los que se incluía la solicitud para rendir el examen ocupacional de cese; por lo que, recurrieron al Poder Judicial para que se pueda realizar la entrega de dichos documentos, que fue presentada el 7 de noviembre de 2019 y admitida a trámite el 18 de noviembre de 2019, luego al percatarse que el trabajador no había cumplido con realizar el examen ocupacional de cese, por segunda vez su representada cumplió con enviarle una carta notarial requiriéndole a que realice dicho examen dentro de los 15 días de recibida dicha solicitud, debiéndose considerar el último párrafo del artículo 119 del RSSOM que señala que la empresa queda exceptuada de responsabilidad por la realización del examen médico del señor Velásquez; sin embargo, la Resolución de Intendencia, ha realizado una interpretación errónea, en la cual se exige que se haga una primera convocatoria en los 30 primeros días de terminado el vínculo laboral y una segunda convocatoria en los 15 días siguientes, cuando la norma no establece dichas exigencias y conteos de plazos. Por lo que su conducta no es antijurídica debido a que se ajusta a lo establecido en el art. 119 del RSSOM.

Se inaplican los principios de debido procedimiento y presunción de licitud

- Los inspectores no realizaron ninguna verificación presencial al centro de labores a fin de investigar adecuadamente las causas que originaron el accidente, únicamente se realizaron visitas de menos de 15 minutos en su domicilio fiscal, teniendo solo una modalidad informativa relacionada al motivo de la orden de inspección, si bien se hace referencia a la existencia de lluvias en la ciudad de Arequipa, que motivaron el cierre de la vía de ingreso al Asiento Minero, debe tenerse presente que la Orden de Inspección tenía una duración de 30 días hábiles, plazo suficiente para poder realizar la visita al Asiento Minero en otra

oportunidad, omisión que no permitió que los inspectores tengan un conocimiento adecuado de los hechos y circunstancias del accidente, ya que no se entrevistaron a testigos, como el caso de los técnicos de mantenimiento o el Superintendente de Operaciones de Mina, quienes se encontraban en posibilidad de explicar las condiciones técnicas de los vehículos involucrados cuando se produjo el accidente.

- No se ha tomado en cuenta lo considerado en la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII, punto 7.3.4 y 7.5.1, por cuanto se sustenta el Acta de infracción en el Informe del Accidente y declaración del señor Martín Ochochoque, quien no es referente idóneo para declarar sobre los motivos técnicos causa del accidente. Sobre ello, el Tribunal de Fiscalización Laboral se ha pronunciado en la Resolución N° 0008-2021-SUNAFIL/TFL, considerando que la omisión de actuaciones probatorias afecta de manera directa el procedimiento sancionador. En ese contexto, se les ha pretendido trasladar la carga de la prueba, aun cuando el deber de la autoridad es tener la certeza de que los hechos imputados realmente fueron cometidos por la empresa, peor aún rechazan de plano los medios probatorios aportados, cuando la regla para ello, según el principio de presunción de inocencia es que estos generen una duda razonable en la administración, siendo así la Sub Intendencia y los inspectores vulneran el principio de presunción de inocencia, al solicitar un medio probatorio que genere una certeza más allá de la duda razonable exigida por el mencionado principio. En ese sentido, tanto en la Imputación de Cargos como en la Resolución de Sub Intendencia, se han vulnerado los principios del debido procedimiento y presunción de inocencia.

Solicitud del uso de la palabra

- Solicitan el uso de la palabra, al amparo del numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 177 del TUO de la LPAG, en ejercicio de su derecho de contradicción. Señala que en el presente recurso de revisión incluye supuestos de mala aplicación del principio de non bis in ídem, debida motivación e incluso falta de antijuricidad de la conducta imputada, por lo que solicitan el uso de la palabra.

Se vulnera el principio de tipicidad

- A través del escrito presentado el 16 de diciembre de 2021 presentado por la impugnante, se expone que se vulnera el principio de tipicidad, en tanto se aplicó un tipo infractor inexistente al momento de la supuesta infracción, ya que el trabajador cesó el 31 de octubre de 2019, a la fecha de la comisión de la presunta infracción, esta no se encontraba tipificada en el RLGIT, por lo que no se le puede sancionar a la empresa por la infracción relacionada al numeral 28.13 del RLGIT, por no acreditar un examen médico ocupacional, más aún si en la Resolución de Sub Intendencia N° 1280-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, en un caso idéntico, concluye que el tipo infractor propuesto no se subsume al supuesto hecho generador dado que no se encontraba vigente al momento de la supuesta infracción por lo que se vulnera el principio de tipicidad. VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Inaplicación del principio de razonabilidad

y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

10 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 11 4. Tipicidad. - Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley permita tipificar por vía reglamentaria.

infracciones, el cual establece que éstas proceden cuando han “transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo”12. Y, a continuación, el TUO de la LPAG establece los casos en que las entidades no podrán atribuir ese supuesto e imponer una multa, bajo sanción de nulidad13.

12 Numeral 7 del artículo 248 del TUO de la LPAG 13 Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5. 14 Cfr. Víctor Sebastián Baca Oneto, La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley de Procedimiento Administrativo General (En Especial, Análisis de los Supuestos de Infracciones Permanentes y Continuadas), Revista Derecho & Sociedad (2011): 273. 15 La citada guía fue emitida por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del MINJUS en el marco de sus funciones para promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 54° del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS, aprobado con Decreto Supremo N° 013-2017-JUS. 16 MINJUS. Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. 2da edición, aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ del 7 de junio de 2017, p. 25.

su represión, conformados por: i) la observancia del lapso de treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción; y, ii) se acredite haber solicitado al administrado demostrar que cesó la infracción dentro de dicho plazo.

Con relación a la aplicación del principio de culpabilidad 6.12 El principio de culpabilidad se encuentra regulado en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que establece: “la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.”

17 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, págs. 18 Título Preliminar de LSST. – I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos

asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes19. Como consecuencia de ello, si se considera que es el empleador el obligado a prevenir los riesgos laborales, garantizando el establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar de sus dependientes, resulta razonable que se le impute al mismo las consecuencias legales, jurídicas y económicas que afecten la vida, salud e integridad de quienes tenía el deber de proteger20. Por tanto, resulta clara que la responsabilidad subjetiva en este caso es atribuible al empleador, a título de culpa, imprudencia o negligencia, en tanto no efectuó todas las medidas necesarias para evitar que los incumplimientos a las normas en seguridad y salud en el trabajo se constituyan en causas del accidente de trabajo, por lo que la inspeccionada debe asumir las consecuencias que sobrevengan.

- Específico, derivado del genérico deber de protección que incumbe al empresario respecto del trabajador; - Originario, ya que cumple la obligación únicamente con el suministro de datos por parte del empresario acerca de los riesgos que se pueden derivar del hecho de trabajar en ese concreto ámbito; - Simple, por cuanto basta con comunicar a los trabajadores, los riesgos del trabajo y las medidas preventivas; y - Meramente pasivo desde la perspectiva de los sujetos hacia los que va dirigido. La formación supone:

que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 19 Título Preliminar de LSST. – II. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigente 20 Acuña Arréstegui, María Elena (2017). Los límites de la responsabilidad del empleador en el pago de indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo (Trabajo Académico para optar el grado de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). PUCP, Lima. Págs 11 y 12. En: http://hdl.handle.net/20.500.12404/8404 21 Título Preliminar de LSST. IV. Principio de Información y capacitación: Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia

- Un plus del deber de informar, pudiendo la información ser considerada como un paso previo a la formación. - Un deber específico, de corresponderse con la necesidad de instrumentar y tutelar programas sobre cómo haya de desarrollarse el trabajo en un ambiente de seguridad que el empresario debe haber dado a los trabajadores. - Pretende, a diferencia de la información, la modificación de los comportamientos, de forma que se fomente el interés por la prevención y propiciar la adquisición de una serie de conocimientos que contribuyan a eliminar o reducir la siniestralidad laboral y crear una cultura preventiva.”22

22 FERNANDEZ GARCIA, Ricardo. La formación e información como como pilar de la prevención de riesgos laborales. En: Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 147, abril de 2017, p.09. URL: http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=63bae50d451e-47f9-9cd9- 239fb5df0733%40sessionmgr4006 23 ¿Responsabilidad subjetiva u objetiva en materia sancionadora? Una propuesta de respuesta a partir del ordenamiento peruano, del Sr. Víctor Sebastián Baca Oneto, fojas 8. 2271_responsabilidad_subjetiva_u_objetiva_en_materia_sancionadora.pdf 24 Fs 14,15

impugnante, este último documento se encuentra relacionado a un caso en concreto. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Constitucional ha señalado, “c) Principio de especificidad: Esta regla dispone que un precepto de contenido especial prima sobre el de mero criterio general. Ello implica que cuando dos normas de similar jerarquía establecen disposiciones contradictorias o alternativas, pero una es aplicable a un aspecto más general de situación y la otra a un aspecto restringido, prima está en su campo específico. En suma, se aplica la regla de lex posteriori generalis non derogat priori especialis (la ley posterior general no deroga a la anterior especial).”

Sobre la aplicación de los principios de debido procedimiento y presunción de licitud

Sobre la solicitud del uso de la palabra

“Décimo Sexto.- De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N. º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros)".

(…) “Décimo Octavo.- Sobre el particular es importante precisar que el recurrente cuestiona el hecho de que se le haya privado o impedido ejercer su derecho de defensa por medio del informe oral; sin embargo, ello no constituye una vulneración de este derecho constitucional toda vez que no significó un impedimento para el ejercicio del derecho de defensa del recurrente, ya que este Colegiado en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto manifestando que en los supuestos en que el trámite de los recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorios del derecho de defensa la imposibilidad del informe oral; dado que el accionante ha podido presentar sus alegatos por escrito a fin de sustentar su impugnación. En consecuencia, no se ha producido vulneración alguna del derecho constitucional de defensa del recurrente."

”…no resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe…”

escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos.

Con relación al principio de tipicidad

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

Emisión del Acta de infracción

13.02.2020

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en materia de supervisión efectiva, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/ 9,675.00 Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo, en materia de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/ 9,675.00 Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo en materia de condiciones de seguridad de las maquinarias, ocasionando el accidente de trabajo del señor Rudy César Velásquez Pantigoso. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/ 9,675.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-T SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1206-2021- SUNAFIL/ILM, de fecha 26 de julio de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4846-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 1206-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la sanción impuesta por no cumplir con realizar el examen médico ocupacional de salida, tipificado en el numeral 28.13 del artículo 28 del RLGIT; dejando sin efecto la multa impuesta por dicha infracción. CONFIRMAR dicha Resolución en los extremos referentes a las tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas cada una de ellas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA