Sociedad Minera Cerró Verde S.A.A — Res. 547-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Accidente de Trabajo que cause muerte o invalidez permanente total o parcial (sub materia: Incluye Todas), Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (sub materia: Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes) y, Sistema de gestión de SST en las empresas.

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remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber realizado la vigilancia y cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto de la empresa GEOGRILL S.A.C., en relación al accidente acaecido al trabajador Ronald Wilson Quispe Papatingo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. La actuación de SUNAFIL ha sido contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso. En primer lugar, la resolución apelada valida el contenido del Informe Final, que no contiene información completa sobre las actuaciones realizadas. El Acta de Infracción recoge como hechos verificados a aquellos recopilados en una Orden de Inspección distinta a la que ha originado el presente procedimiento, lo que vulnera nuestro derecho de defensa; pues no se toma en cuenta que el sustento del incumplimiento imputado tiene como fundamento los actuados en la Orden de Inspección de la empresa Geodrill S.A.C., que no han sido incorporados a la Orden de Inspección, ni mucho menos hemos tenido acceso a los mismos durante las actuaciones inspectivas. ii. La resolución apelada acoge el punto 24 del Informe Final, en relación a que, en el requerimiento de comparecencia, se solicitaron documentos que acrediten la vigilancia y cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, concluyendo válidamente que se pudo presentar el Análisis de Riesgo Operacional (ARO) elaborado por los trabajadores, el día en el que se produjo el accidente. Sin embargo, nunca se nos solicitó dicho documento, sino que se ha determinado que no existe en base a las actuaciones inspectivas realizadas a la empresa contratista. Asimismo, no se ha tomado en cuenta las declaraciones del trabajador accidentado y de los testigos, adjunto al registro de accidente de trabajo, donde se señala que si elaboraron el ARO antes del inicio de la tarea. iii. Se incumplió la Directiva N° 002-2016-INII – “Reglas generales para la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo”, al no notificar todos los incumplimientos considerados como insubsanables durante las actuaciones inspectivas, vulnerándose el principio de legalidad, lo que conlleva a la nulidad del proceso. Sobre este aspecto, la resolución apelada ha acogido los argumentos señalados en el Informe Final, al

señalar que incide en la conducta infractora que se nos atribuye; lo que vicia de nulidad lo actuado en el procedimiento sancionador. iv. No se han realizado actuaciones mínimas conforme lo señalado en el punto 7.3.4 de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII – “Reglas generales para la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo” para la investigación de accidentes de trabajo, debido a que los inspectores no han cumplido con realizar el recorrido en el centro de trabajo (Asiento Minero Cerro Verde), con la finalidad de verificar lo hechos como sustento de las imputaciones formuladas. v. No se ha probado que el supuesto incumplimiento de realizar la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo a la contratista haya sido la causa del accidente de trabajo, considerando que de acuerdo al artículo 68 de la LSST, seríamos responsables solidarios de los daños que pudieran generar, en el caso se determine la causalidad entre el incumplimiento y el accidente. Sin embargo, se comete error en tanto dicho dispositivo legal no plantea la solidaridad en el plano del ius puniendi del Estado, sino a un tipo obligacional frente a los trabajadores; por lo que, se vulnera los principios de legalidad, tipicidad y causalidad. En tal sentido, de considerar que habría existido un incumplimiento en la coordinación con la empresa contratista, este debería haber sido considerado como una infracción grave. vi. La resolución apelada contiene una motivación aparente que determina la nulidad del procedimiento, ya que no se han valorado los documentos presentados en las actuaciones inspectivas, así como los siguientes aspectos: la relación de causalidad de la infracción con el accidente, que no se desprende de la solidaridad del artículo 68 de la LGSST. vii. El Informe Final ha sido emitido fuera del plazo legalmente establecido, incumpliendo lo señalado en el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT y el punto 7.1.2.6 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII. Además, no existe informe que haya ampliado el plazo para su emisión. viii. No se incurrió en la infracción imputada, pues el accidente de trabajo tuvo como origen la comisión de un acto subestándar por parte del trabajador Quispe Patatingo, quien incumplió los procedimientos y controles que regulaban la tarea. Respecto al IPERC, de la tarea de perforación horizontal a rotopercusión, el riesgo de atrapamiento, si estaba identificado en la matriz IPERC línea de base, conforme a la documentación que se presentó en la comparecencia del 14 de setiembre de 2018. ix. Se señala que no se cumplió con verificar en el PETS, perforación horizontal a rotopercusión los estándares de seguridad y salud respecto al mantenimiento del equipo. Cabe precisar que, por el propio diseño y operación de la máquina, las guardas se abrían, por lo que, no se trata de desperfecto que requiera de mantenimiento. Para poder corregir los dados que van dentro de la grampa hidráulica se requiere la coordinación de los trabajadores involucrados, medida de control que se encuentra establecida en el PETS, lo que no fue cumplido por el trabajador accidentado, a pesar de que ha sido capacitado, lo cual ha sido reconocido en su declaración.

i. Los inspectores de trabajo comisionado no están impedidos de tomar los hechos que se recaben en otras órdenes de inspección que se vinculen con las materias que se inspeccionaron, a través de comprobación de datos regulada en el literal c) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT. ii. Así, debe señalarse que la Orden de Inspección N° 275-2018-SUNAFIL/INSII, dirigida a GEODRILL S.A.C., se llevó a cabo para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, en su condición de empleador del trabajador accidentado; mientras que, la Orden de Inspección N° 274-2018-SUNAFIL/INSII, se apertura para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones que le corresponde como empresario principal, al amparo del artículo 68 de la LSST. iii. Cabe precisar que, al momento de extenderse el Acta de Infracción, se añadió un elemento adicional que no fue objeto del deber de vigilancia por parte de la inspeccionada con relación al accidente materia de análisis (C. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Supervisión en SST). En tal sentido, a fin de poder dar inicio al procedimiento sancionador respecto de este hecho adicional, se debió haber dejado establecida su existencia en la constancia de hechos insubsanables, al igual que el incumplimiento del deber de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el IPERC de línea base y el PETS que inobservó la contratista GEOGRILL S.A.C. y que la inspeccionada tome conocimiento del mismo conforme a lo ordenado en el punto 7.8.3. de la Directiva N° 002-2016-INII; por lo que, al no haberse cumplido con lo dispuesto en esta disposición, corresponde que esta instancia revoque este extremo, dejando a salvo el valor probatorio de los hechos antes referidos. iv. No resulta veraz que los inspectores de trabajo comisionados no se hayan apersonado al Asiento Minero Cerro Verde, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 7.3.4. de la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII – “Reglas generales para la fiscalización en seguridad y salud en el trabajo”, ya que en el punto III. Medios de Investigación del Acta de Infracción, se ha señalado que con fecha 11 de setiembre de 2018 entre las 13:51 horas y 14:05 horas se realizó una visita inspectiva en el centro de labores donde ocurrió el accidente, lo cual también se debe apreciar de la Constancia de Actuaciones Inspectivas emitida en dicha fecha. v. Uno de los deberes que nace en un contexto de concurrencia empresarial, es el deber de vigilancia, el cual faculta al empleador principal a controlar y exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas contratistas, subcontratista y entidades de intermediación laboral, de las cuales se vale para el desarrollo de sus actividades, conforme al artículo 68 de la LGSST. Por ende, desde el lado del empresario principal o el titular minero existen obligaciones a su cargo que también coadyuvan a que no se generen accidentes de trabajo, lo que en el presente caso debió materializarse con el cumplimiento de su deber de vigilancia respecto de las materias de seguridad y salud en el trabajo (IPERC y PETS) que su contratista inobservó. Como consecuencia de no haber controlado estos aspectos de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte del GEOGRILL S.A.C., es que la inspeccionada permitió que su contratista realizara sus servicios, sin

2 Notificada a la impugnante el 23 de setiembre de 2021, véase folio 88 del expediente sancionador.

contar con las medidas de prevención para evitar accidentes, sumándose a las causas establecidas por la contratista. vi. Por ende, se ha cumplido con una de las condiciones establecidas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, que exige que el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente, por lo que no se atenta contra el principio de tipicidad. vii. En torno a la responsabilidad solidaria que se ha interpretado del literal d) artículo 68 de la LSST, esta instancia indica que la responsabilidad que se le imputa a la inspeccionada no es de carácter solidaria, sino más bien responsabilidad directa, en tanto el deber de vigilancia es de su cargo y no de la contratista a la que debió controlar que cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo; por ende se debe revocar este extremo de lo resuelto por la autoridad de primera instancia. viii. No se advierte que haya motivación aparente que determine la nulidad de la resolución apelada, en tanto lo relativo a la relación causal de la infracción con el accidente ha sido respondido conforme se advierte en el considerando 3.12 del presente pronunciamiento, y confirmado con lo explicado en los considerandos 3.13 a 3.15 de esta decisión. Asimismo, lo relacionado con la responsabilidad solidaria como título de imputación de la infracción ha sido revocado. ix. Respecto a lo que ha consignado la autoridad sancionadora en el considerando 26 de la resolución apelada, se advierte que se habla de una contratista que no es la que ha formado parte de las investigaciones y respecto de materias que no son las que se han imputado no ejercer el deber de vigilancia, corresponde que se revoque también este extremo de lo resuelto, sin que ello enerve su responsabilidad. x. Aun cuando se desconoce que la autoridad instructora haya emitido el Informe Final fuera de plazo, contemplado en el numeral 7.1.2.6. de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII, esto no origina la nulidad de lo actuado en tanto la LGIT y el RLGIT no disponen dicha consecuencia. No obstante, si la inspeccionada considera que existe infracción a los plazos legalmente establecidos, el procedimiento sancionador no es el cauce para dilucidar dicho asunto, sino la queja por defecto de tramitación, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Por ende, no se ha vulnerado ninguno de los principios que alega. xi. Ahora bien, respecto al accidente que se analiza, no solo puede ser atribuible a la conducta del trabajador accidentado, sino que se ha identificado que la contratista GEOGRILL S.A.C., es responsable de los factores de trabajo – causas básicas que contribuyeron al evento y en el presente caso, al incumplimiento del deber de vigilancia. xii. Respecto a la matriz IPERC de línea de la contratista, de acuerdo a lo comprobado por los inspectores comisionados, lo que se le imputa no está referido a que su contratista no haya identificado el riesgo de atrapamiento, sino que no hizo una evaluación correcta de dicho riesgo, lo que determinó que en el PETS de perforación horizontal a rotopercusión no se haya señalado estándares de seguridad adecuado en caso a los dados de la grampa hidráulica se movieran. No habiéndose tenido solo a la vista el

PETS, sino también el informe de investigación del incidente del equipo investigador de la contratista, donde se ha reconocido que la secuencia de pasos para la manipulación de los dados no estaba contemplada en el procedimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1503-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Como se aprecia del expediente sancionador, se dio inicio el 21 de febrero de 2021, con la notificación de la Imputación de Cargos N° 1290-2019-SUNAFIL/ILM/AI1. Teniendo en cuenta ello y el periodo de suspensión de plazo debido al estado de emergencia por Covid-19, el presente procedimiento vencía como máximo el 22 de febrero de 2021; sin embargo, hemos sido notificados con la resolución de primera instancia el 25 de febrero de 2021, es decir, fuera del plazo de nueve meses establecido para resolver, acarreando la caducidad del presente procedimiento. Cabe precisar que, no hemos sido notificados con ninguna resolución por la cual se haya ampliado el plazo para resolver el procedimiento.

ii. Se ha vulnerado el debido procedimiento, en la medida que se recogen hechos verificados a aquellos recopilados en actuaciones inspectivas realizadas en una orden de inspección distinta a la que ha originado el presente procedimiento. En el acta de infracción se ha considerado como hecho verificado por los inspectores de trabajo, información recopilada en la Orden de Inspección N° 275-2018-SUNAFIL/INSSI, dirigida a GEOGRILL S.A.C.

iii. Del mismo modo, no se han realizado las actuaciones mínimas conforme lo señala la Directiva N° 002-2016-SUNAFIL/INII para la investigación de accidentes de trabajo, no habiendo cumplido con realizar el recorrido en el centro de trabajo, con la finalidad de verificar los hechos que alegan como sustento de las imputaciones formuladas.

iv. Se ha inaplicado el principio de culpabilidad en el procedimiento sancionador y se presume la responsabilidad objetiva, en la medida que se han realizado una serie de imputaciones que cuentan con diversas inconsistencias. Como obra del procedimiento sancionador, se indicó que no acreditamos haber efectuado las coordinaciones con la empresa contratista GEOGRILL S.A.C., con respecto a la vigilancia y cumplimiento de la normativa de SST que ocasionaron el accidente en base a que: No existió una adecuada identificación de los peligros y riesgos de la tarea de perforación horizontal a rotopercusión en la materia IPER línea base y, además que, no se señalan los estándares de seguridad en el PETS “perforación horizontal o rotopercusión” respecto al mantenimiento del equipo. Este argumento carece de sustento fáctico, pues el riesgo de atrapamiento al realizar la tarea de perforación horizontal a rotopercusión, si estaba identificada en la matriz IPERC línea base conforme a la documentación que presentamos en la comparecencia de fecha 14 de setiembre de 2018, lo que no ha sido tomado en cuenta por los inspectores de trabajo, ni por la autoridad instructora.

v. Asimismo, se indica que no cumplimos con verificar que en el PETS perforación horizontal o rotopercusión se señala los estándares de seguridad respecto al mantenimiento del equipo, al respecto, como se indica en el acta de infracción, por el mismo sistema de operación de la máquina, el o los dados se abrían y que se tenía que parar la operación para corregir el o los dados que iban dentro de la grampa hidráulica y que esta operación de corrección se efectuaba en coordinación entre los tres trabajadores de la guardia (perforista y 2 ayudantes de perforista), por lo que no se trata de un desperfecto de la máquina que requería un mantenimiento, sino que es parte del propio diseño y operación de la misma. Advirtiendo que, los trabajadores que realizan la operación debían mantenerse en comunicación y coordinación constante, precisando sobre el cuidado de no colocar las manos en los lugares donde podrían quedar atrapadas o aprisionadas, control que no fue cumplido por el trabajador accidentado, pese a haber sido capacitado.

vi. Se afecta el principio de tipicidad, en la medida que la infracción contenida en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT exige que se acredite que el accidente sea consecuencia de una infracción a la normativa de seguridad y salud en el trabajo, lo que no ha ocurrido en el presente caso, debido a que no se ha logrado verificar la existencia de un nexo causal entre los incumplimientos de SST detectados y el

accidente; por el contrario, se acreditó que el mismo fue generado por una negligencia del trabajador accidentado, sin que hayamos tenido ningún tipo de responsabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”9.

9 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 1290-2019- SUNAFIL/ILM/AI1 21/02/2020 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 170-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE3 25/02/2021

Sobre la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo

(PETS), en perjuicio del trabajador Ronald Wilson Quispe Patatingo, siendo esto causa básica del accidente.

10 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 11 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“La obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones (…)”.

• Causas del accidente:

Causas Inmediatas:

- Acto sub estándar:

12 Véase folio 08 del expediente inspectivo. 13 Véase folio 13 del expediente inspectivo. 14 Véase folio 22 del expediente inspectivo.

➢ “Uso incorrecto del equipo: El ayudante decide corregir la ubicación de la grampa hidráulica, sin comunicar la acción al operador”, según se establece en el registro de accidentes de trabajo y según su declaración de fecha 31 de agosto de 2017, del señor Ronald Wilson Quispe Patatingo. - Condición sub estándar: ➢ No se determinó

Causas Básicas:

- Factores personales: ➢ “Criterio errado/errores de juicio”, conforme a lo consignado en el Registro de Accidente de Trabajo de la inspeccionada.

- Factores de Trabajo: ➢ “identificación y evaluación de la exposición a perdidas inadecuadas. La secuencia de pasos para la manipulación de los dados de la grampa no está contemplada en el procedimiento de EC_GEOpr017 Perforación Horizontal a Rotopercusión”, conforme a lo consignado en el Registro de Accidente de Trabajo de la inspeccionada. ➢ Identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER línea base deficientes, al no haber identificado los peligros en las labores de perforación horizontal a rotopercusión, ni haberse evaluado correctamente el peligro en el uso de la máquina de perforación Geo 100, dentro de ellos los riesgos de atrapamiento que se podría producir en el uso de la máquina. ➢ Liderazgo Supervisión deficiente, ya que no se efectúo el IPERC continuo respectivo o denominado en el presente caso “Análisis de riesgo operacional”, según PETS exhibido, a la fecha del accidente, 26 de agosto de 2017, donde se haya identificado los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores en el empleo de la máquina de perforación Geo 100. ➢ Falta de PETS adecuados para la labor, no señala los estándares de seguridad respecto al mantenimiento del equipo, ya que, de la visita efectuada y de lo señalado también por los señores Luis Cappa Tomaya – Ingeniero de Seguridad y Richard López Gonzales – Ingeniero Residente, por el mismo sistema de operación de la máquina, los dados se abrían y se tenía que parar la operación para corregir el o los dados que iban dentro de la grampa hidráulica, labores que se tenían que efectuar en coordinaciones entre los tres trabajadores, pero en el PETS antes mencionado, no existe ningún estándar de seguridad al respecto, ni se señala las prohibiciones en cuanto ano efectuar ningún mantenimiento cuando ocurría este hecho.

• Medidas Correctivas: ➢ Concientización en los temas siguientes: “No exponerse a la línea de fuego” y “Cuidado de manos, actos inseguros, llenado consiente del aro”. ➢ Revisión, evaluación y modificación del procedimiento EC_GEOpr17 Perforación Horizontal a Rotopercusión. ➢ Evaluación del funcionamiento e implementación de controles de la máquina Geo 100.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo - como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto

emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (fundamento 69) (énfasis añadido).

15 Véase fojas 02 del expediente inspectivo.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber realizado la vigilancia y cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

16 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 17 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 18Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 19 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

respecto de la empresa GEODRILL S.A.C., en relación al accidente acaecido al trabajador Ronald Wilson Quispe Papatingo.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1503-2021- SUNAFIL/ILM, de fecha 21 de setiembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3660-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1503-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes, remitiéndole los actuados correspondientes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Presidente

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la cual se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por el impugnante respecto, cuanto menos, al extremo referido a la institución de la caducidad administrativa.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la institución de la caducidad administrativa del TUO de la LPAG, en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

Respecto A La Caducidad Del Procedimiento Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO

8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legamente impuesta, deberá, además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos (énfasis añadido).

23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva (…) (énfasis añadido).

conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido” (énfasis añadido).

SOBRE LA REGULACIÓN DE LA CADUCIDAD Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve {9} meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

“Disposiciones complementarias transitorias (…) Décima. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 259 del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1272, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite. (Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 1272)” (énfasis añadido)

1. El plazo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses, computados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. 2. El plazo de 9 meses puede ser ampliado excepcionalmente, antes de su vencimiento, por un máximo de 3 meses, encontrándose debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. 3. El ejercicio de esta facultad discrecional requiere que el órgano competente emita una resolución. 4. La autoridad administrativa podrá declarar de oficio la caducidad del procedimiento o podrá ser solicitado por el administrado. 5. La declaración de caducidad mantiene subsistente las actuaciones de fiscalización y determinados medios probatorios, bajo ciertas condiciones.

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Como ya se mencionó, este plazo es ininterrumpido y no se admite su suspensión. El cómputo del plazo de caducidad de un procedimiento sancionador comienza en la fecha de iniciación del procedimiento y no en la de su notificación al administrado. Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún”.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular” 20.

20 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 21 Juan Carlos Morón diferencia entre caducidad de la acción, caducidad carga, caducidad sanción y caducidad perención. Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 527.

motivada por el transcurso del tiempo. Asimismo, la eficacia es un principio que fundamenta la regla de caducidad, porque al establecer un lapso en que la administración debe resolver, se garantiza que actúe eficaz y eficientemente.

SOBRE LA REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

“17. Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de transcendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que se contrapone a los hechos humanos.”

1. Que, el transcurso del tiempo crea y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” o adquisición de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el derecho material y procesal etc.

22 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.” 23 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando

admitir la suspensión de la caducidad la misma resultaría afectando al administrado, debido a un hecho determinado por la propia autoridad administrativa. Asimismo, se afectaría el debido procedimiento ante una suspensión del plazo de caducidad que no se encuentra formal ni expresamente suspendido.

corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 24 Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 528 25 TUO de la LPAG, “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.” 26 Jaime Orlando Santofimio, Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017,

implica que dicho riesgo lo asuma el administrado, cuando es la administración la que se encuentra en una mejor situación para enfrentar ese riesgo.

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; mi voto es porque se DECLARE la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, devolviendo los actuados a la Intendencia, procediendo conforme a ley.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES