Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú — Res. 1198-2025

Mediante Orden de Inspección N° 124-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 85-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves, por no supervisar el uso efectivo gafas de seguridad y por no planificar adecuadamente el trabajo de manera que se realice en las áreas correspondientes, debidamente delimitadas y con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 97-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, de fecha 14 de abril de 2023, notificada el 17 de abril de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 126-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, de fecha 05 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cajamarca, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 159-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, de fecha 26 de mayo de 2023, notificada el 29 de mayo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 26,037.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 16 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 159-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 078-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 07 de agosto de 20232, la Intendencia Regional de Cajamarca declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la sanción impuesta, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 29 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 078-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N.º 786-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 06 de septiembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 078-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, que confirmó la sanción impuesta de S/. 26,037.00 por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, respectivamente, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 10 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 159-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 078-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 04 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

En conclusión, la nulidad alegada por la impugnante no debe ser acogida al no evidenciarse que se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.9

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Así, se sanciona a la impugnante, bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) el incumplimiento relativo a su obligación de efectuar una supervisión efectiva del uso de las gafas de seguridad de su trabajadora afectada; b) el incumplimiento de su obligación, vinculada con las condiciones de seguridad, relativa a la planificación adecuada del trabajo de manera que se delimiten las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.” (énfasis añadido).

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos10: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por la trabajadora accidentada, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso se aprecia del documento denominado “Anexo – Hechos Insubsanables”, así como del numeral 4.5 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, que la trabajadora realizaba labores a favor de la inspeccionada SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU, y con ocasión de éstas sufrió un accidente el 28 de enero de 2023, determinándose lo siguiente:

Del mismo modo, en el numeral 4.6 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de infracción, el inspector deja constancia de los certificados médicos que establecen el diagnóstico de la afectada y el periodo de descanso médico otorgado a la misma. Así, concluye, se ha llegado a determinar que el evento ocurrido el 28 de enero de 2023 califica como un accidente incapacitante parcial temporal respecto a la trabajadora, pues, la lesión producida ha generado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo, para lo cual se ha otorgado tratamiento médico hasta su recuperación por el periodo del 28 de enero de 2023 al 08 de febrero del mismo año.

De acuerdo con el principio de prevención establecido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST), la inspeccionada debe garantizar el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, salud y el bienestar de los trabajadores, inclusive de aquellos que no teniendo vínculo laboral presten servicios dentro del ámbito de su centro de trabajo.

Sobre el particular, el artículo 41 de la LSST, establece: “La supervisión permite: a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo; c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo, d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces y, e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” (énfasis añadido).

De otro lado, el literal c) del artículo 26 del RLSST, dispone lo siguiente: “El empleador está obligado a: c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores” (énfasis añadido).

Asimismo, con relación a la Supervisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el capítulo VIII denominado “Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el RSST en su artículo 85, establece que: “El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo” (énfasis añadido).

Cabe precisar que, la naturaleza de la LSST es de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, sobre la base de observación del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los empleados y sus empresas sindicales, quienes, mediante el diálogo, velan por la seguridad y el cumplimiento de la normativa en dicha materia. Por lo tanto, en la LSST y su reglamento se establece como obligación del empleador la de realizar una supervisión efectiva sobre las actividades que vienen ejecutando sus trabajadores, durante el desarrollo de sus labores, de ahí se desprende

Aunado a ello, consiste en el proceso de observación metódica en el puesto de trabajo a fin de identificar prácticas y condiciones subestándares existentes, y realizar una adecuada evaluación de exposición a pérdidas que permita adoptar medidas preventivas oportunas y eficaces. En tal sentido, la supervisión efectiva constituye un medio primordial para que el empleador pueda controlar los riesgos, así como para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligro que se vienen aplicando resultan eficaces.

En el numeral 4.8 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, se consignó lo siguiente:

En la presente investigación, el sujeto inspeccionado acreditó haber otorgado las gafas de seguridad a la trabajadora comprendida en la investigación; sin embargo, al momento del accidente de fecha 28/01/2023 la trabajadora no estaba utilizando dicho EPP. Sobre los equipos de protección personal en el régimen laboral de construcción civil, el artículo 6, numeral 6.14 del Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción establece: (…) Artículo 6.- obligaciones generales del/la empleador/a 6.14. Dotar a los/las trabajadores/as de equipos de protección personal (EPP), conforme a lo establecido en las normas que correspondan.

Sobre dicho comportamiento, esta Sala considera que la conducta infractora de la impugnante, de no cumplir con una supervisión efectiva en seguridad y salud en el trabajo, se sustenta en la inobservancia de supervisar el uso efectivo de las gafas de seguridad por parte de la trabajadora comprendida en la investigación.

En cuanto a la determinación del nexo causal entre el incumplimiento y el accidente de trabajo, se tiene que la impugnante ha presentado el formato denominado “Sistema Integrado de Gestión – Investigación de Accidentes de Trabajo”, de fecha 08 de septiembre de 2022. En el mismo se señala, como causa básica – factor de trabajo “Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada”. En el numeral 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector señala que de la investigación realizada mediante la metodología de análisis e investigación de accidentes denominada Técnica del Análisis Sistemático de Causas (TASC), se determinó, como causa básica del accidente – factor de trabajo: La falta de liderazgo y/o supervisión.

En ese sentido, en el numeral 4.9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción el inspector cumple con establecer la relación entre la conducta y el accidente, señalando que la impugnante “(…) no ha realizado una supervisión efectiva en seguridad y salud en el trabajo, respecto a la utilización obligatoria de las gafas de seguridad de la trabajadora comprendida en la investigación, al haber estado laborando en una obra de construcción (creación de los servicios de salud del hospital especializado en la red asistencia Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca), incumpliendo de esta manera con su obligación de evaluar y prevenir los riesgos en el trabajo, así como de ejecutar los mecanismos de supervisión y control para el cumplimiento de los estándares de trabajo [establecidos en la normativa interna – N. T. G.050]. Cabe agregar que el artículo 60 de la Ley 29783 establece que el empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones y verifica el uso efectivo de los mismos”. (énfasis añadido)

En relación con los alegatos expuestos por la impugnante, se advierte que estos se orientan a atribuir la ocurrencia del accidente de trabajo exclusivamente a la conducta de la trabajadora, sosteniendo que se le entregaron los EPP pertinentes y que se le brindó la capacitación e información necesarias para ejecutar sus labores en condiciones seguras. No obstante, corresponde precisar que el deber de supervisión que recae sobre la impugnante se vincula, entre otros aspectos, con la obligación de identificar las fallas o deficiencias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas indispensables para eliminar o controlar los riesgos inherentes a la actividad laboral.

Por ello, en cuanto a los alegatos señalados en el párrafo precedente, debe considerarse que a la impugnante no se le está imputando incumplimiento alguno vinculado con la obligación entregar los EPPs o brindar formación e información a la trabajadora afectada, por lo que no resultan idóneos dichos planteamientos en relación a enervar su responsabilidad en relación a la falta de supervisión que impidió se advierta el acto inseguro (no usar gafas de seguridad entregadas por el empleador) en la que incurrió la trabajadora afectada al momento del accidente. Por tanto, el deber de prevención, en el caso concreto, no se ve cumplido si es que no se ha demostrado el cumplimiento de todas las obligaciones que emanan de la legislación sobre prevención de riesgos laborales,

Cabe anotar que ha sido la propia inspeccionada quien determinó, a través de su registro de accidentes de trabajo, que hubo fallos en la supervisión de las labores de la trabajadora accidentada (supervisión inadecuada), por lo que ahora en el procedimiento sancionador no se puede desdecir de su investigación del accidente laboral al señalar que, al estar realizando labores administrativas y no ser una actividad de riesgo, no era necesario el uso de lentes protectores aspectos que, se desprende, han sido analizados al evaluar las causas del evento.

En relación a la conducta de la trabajadora, el personal inspectivo y la investigación del accidente de trabajo efectuada por la inspeccionada, concuerdan en señalar, como una de las causas del accidente de trabajo, la existencia de actos subestándares atribuibles a este último. Sin embargo, es preciso recordar que el artículo 42 de la LSST, establece que la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud, permite identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.

Así, a nivel doctrinario, el modelo recogido por el legislador se le denomina el método del árbol de causas, que se apoya en una concepción pluricausal del accidente; permite precisar y profundizar en el análisis causal, a través de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de causas o hechos causales que dieron lugar al accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos13. Lo anterior también ha sido reconocido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en los precedentes de observancia obligatoria establecidos en los considerandos 6.18 y 6.21 de la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL de fecha 2 de agosto de 2022, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2022.

Visto de este modo, no se desconoce que en la generación del accidente también hubo actos subestándares atribuibles a la trabajadora accidentada pero, a diferencia de los planteado por la impugnante, estos no fueron las únicas causas que explican el acaecimiento del accidente. Para la ocurrencia de este evento, también han existido

Lo expuesto por la misma administrada, a criterio de esta Sala, evidencia que no se contó con una supervisión efectiva durante las actividades realizadas por la trabajadora afectada. En ese sentido, se encuentra correctamente determinada la causalidad imputada por la administración, en tanto la supervisión inadecuada o deficiente ha sido causa del accidente de trabajo, siendo una infracción insubsanable, por lo que corresponde desestimar los alegatos planteados por la impugnante en este extremo.

Sobre el particular, debemos señalar que corresponde a los empleadores establecer las condiciones de seguridad necesarias a fin de mitigar los posibles peligros y riesgos en el centro de trabajo. En consideración a ello, cabe precisar que una condición insegura de trabajo, es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro para el trabajador al realizar su labor. La noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una instalación que puede causar un accidente a los trabajadores.

En tal sentido, se advierte que el artículo 17 de la LSST, establece respecto al Sistema de Gestión de la SST que, “El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente”. Asimismo, el artículo 48 del citado cuerpo normativo, dispone respecto al rol del empleador que, “El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo” (énfasis añadido).

Al respecto, el inspector comisionado evidenció en el numeral 4.13 al 4.17 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de infracción que, en relación a las actividades de la trabajadora afectada “Su labor diaria es trasladar los documentos antes indicados, después de la firma de sus compañeros (área de albañilería) los traslada al ingeniero de campo y luego al personal de SSOMA, al lugar donde se encuentren (primer piso, tercer piso del edificio, oficina, etc.) para luego archivar los documentos. Dicha actividad la realiza previo a sus labores de ayudante en albañilería (peón). Dicha información ha sido corroborada por el responsable de recursos humanos del sujeto inspeccionado”.

En dicho sentido, y tomando en consideración lo señalado en el artículo 7 de la Norma Técnica de Edificación G.050, Seguridad durante la construcción, se determinó que el sujeto inspeccionado debió delimitar las áreas de trabajo y prever que estas cuenten con las condiciones necesarias para que los trabajadores realicen sus labores. De este modo, debió establecer que las actividades administrativas [firma y archivo de documentos] se realicen en el área de administración y dirección (oficinas) y no en otras áreas, como el área de operaciones de obra -que presentan distintos tipos y niveles de riesgo-. En el presente caso, el accidente de fecha 28 de enero de 2023 ocurrió en el sétimo piso de la obra en construcción (área de operaciones), lugar en el que no correspondía que la trabajadora realice funciones administrativas.

Del mismo modo, en el numeral 4.16 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, citando la misma Norma Técnica G.050, se establece que el tránsito de personas ajenas a los trabajos de construcción debe ser guiado por un representante designado por el jefe de obra, haciendo uso de casco, gafas de seguridad y botines con punteras de acero. En el presente caso, señala el inspector, la trabajadora era una persona ajena al trabajo de construcción que se venía desarrollando en el sétimo piso del inmueble en construcción, a donde acudió para que el ingeniero de campo firme los documentos: ATS, registros de control de asistencia; check list de arnés, trabajo en altura, andamios, trabajo caliente, etc. Del mismo modo, el inspector de trabajo señaló que el traslado de documentos a diferentes áreas de la obra, para recabar las firmas correspondientes, es indebido por la exposición innecesaria, del trabajador encargado de tal labor, a los riesgos asociados a cada área de trabajo.

Cabe indicar que los hechos, antes descritos, contravienen el principio de prevención estipulado en el Título Preliminar de la LSST que señala que: “El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores (…)” (énfasis añadido).

Sobre dicho comportamiento, esta Sala considera que la conducta infractora de no cumplir con garantizar las condiciones de seguridad, se sustenta en la falta de una planificación adecuada del trabajo, de manera que este se realice en las áreas correspondientes, debidamente delimitadas y con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

En cuanto a la determinación del nexo causal entre el incumplimiento y el accidente de trabajo, se tiene que en el numeral 4.7 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción el inspector señala que, de la investigación realizada mediante la metodología de análisis e investigación de accidentes denominada Técnica del Análisis Sistemático de Causas (TASC), se determinó como causa inmediata del accidente – condiciones inseguras: Deficiente organización y ordenamiento de las labores.

En ese sentido, en el numeral 4.18 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector cumple con establecer la relación entre la conducta de la impugnante y el accidente, señalando que “(…) el sujeto inspeccionado no organizó ni ordenó las diferentes actividades que se desarrollan en la obra de construcción, de manera que cada una de ellas sea realizada por el personal competente y en el espacio que corresponde. Por lo que, expuso a la trabajadora afectada a los riesgos asociados a una o varias áreas distintas a las que pertenecía”. (énfasis añadido)

Respecto a los alegatos formulados por la impugnante en este extremo, se advierte que nuevamente se intenta atribuir de manera exclusiva a la trabajadora la responsabilidad por la ocurrencia del accidente de trabajo. No obstante, como ya se ha señalado, si bien no se desconoce que en la generación del accidente existieron actos subestándares imputables a la trabajadora accidentada, estos no constituyen la única causa que explica su ocurrencia. En efecto, también concurrieron condiciones inseguras que la inspeccionada debió controlar en cumplimiento de su deber de prevención. En consecuencia, en el presente caso corresponde igualmente descartar la tesis de la ruptura del nexo causal por un hecho determinante atribuible únicamente a la víctima, al carecer de sustento fáctico conforme a lo anteriormente expuesto.

En resumen, el análisis causal del accidente de trabajo puede presentarse mediante el siguiente esquema:

En ese sentido, los argumentos presentados en esta parte del recurso deben ser desestimados, ya que la resolución impugnada ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios obtenidos durante las etapas de inspección y sanción, sin vulnerar el derecho de defensa ni el derecho a la prueba del impugnante. Se ha llegado a conclusiones precisas y comprobadas de que los incumplimientos por parte del impugnante fueron la causa del accidente de trabajo ocurrido el 28 de enero de 2023.

Corresponde indicar que, contrario a lo alegado por la impugnante, de lo evidenciado en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, así como de la documentación exhibida por el sujeto inspeccionado, las pruebas aportadas y lo alegatos precisados, no han logrado desvirtuar las infracciones cometidas, que se encuentran directamente relacionadas con las causas del accidente de trabajo ocurrido.

En cuanto a la supuesta vulneración del principio de non bis in ídem, no resulta aplicable al caso, toda vez que la materia referida al “Sistema de Gestión SST en las empresas -, Supervisión”, regula la obligación del impugnante de efectuar una supervisión efectiva en seguridad y salud en el trabajo, en el presente caso, respecto al uso obligatorio de las gafas de seguridad de la trabajadora comprendida en la investigación, al haber estado laborando en una obra de construcción; por otra parte, en relación a la materia “Condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinarias – Condiciones de seguridad” se refiere a la obligación de garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor; por lo tanto, se tratan de dos incumplimientos diferentes con fundamentos distintos, debiendo desestimarse este argumento.

De otro lado, esta Sala ha analizado la motivación efectuada por la instancia de mérito en la resolución impugnada, encontrándose una justificación suficiente entre las imputaciones efectuadas y la subsunción de los comportamientos omisivos reprochados al empleador. Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre las infracciones imputadas subsistentes y el accidente de trabajo ocurrido el 28 de enero de 2023, habiéndose tipificado correctamente ambos incumplimientos. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar las infracciones tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; constituyéndose dichos incumplimientos en causas del accidente de trabajo de la trabajadora afectada.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.