Servicios Industriales de la Marina S.A — Res. 938-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Incluye todas); Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (Submateria: Prevención de riesgos); Investigación de Accidentes de Trabajo/Incidentes Peligrosos (Submateria: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause daño a la salud de trabajador); Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Registro de Accidentes de Trabajo e Incidentes). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

salud en el trabajo vinculado con el IPERC, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con tener actualizado su estudio de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos antes del accidente de trabajo, conforme a Ley, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT2. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la Medida Inspectiva de Requerimiento debidamente notificada vía casilla electrónica el 23 de febrero de 2022 habiéndose otorgado tres (3) días hábiles, cuyo plazo máximo era hasta el 28 de febrero de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,908.00.

i. No se está describiendo una infracción tutelada, simplemente se encuentra analizando circunstancias dentro de todo el fuero administrativo y, adicional a ello, en ningún momento señala un supuesto incumplimiento a la medida inspectiva, por lo que no se puede pretender establecer una multa cuando la misma no se encuentra debidamente detallada. En todo momento la impugnante ha cumplido con considerar como peligro el uso de la escalera, conforme lo detallado en el numeral 5.6; sin embargo, en el siguiente numeral se entra en contraposición de ideas que no genera certeza jurídica ni razonable en base a una debida motivación de la resolución. Conforme lo señala el IPERC, se están estableciendo todos aquellos posibles peligros que puedan ocurrir dentro de esa área productiva y con correspondencia a los puestos de trabajo. ii. Sobre la medida inspectiva, en el punto 5.13 de la resolución apelada, la administración pretende imputar el supuesto incumplimiento con respecto a la

2 Se ha rectificado el error material en el tipo, conforme la resolución de segunda instancia, fundamentos 3.1. a 3.4.

matriz IPER. Sin embargo, se está incurriendo en contradicción toda vez que el numeral 5.10 establece la procedencia del IPER aportado.

i. De acuerdo a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debió tener su matriz IPERC por cada puesto de trabajo, con una descripción detallada de cada actividad, donde se identifique el peligro, así como la evaluación de riesgos del puesto de supervisión de maniobras (inestabilidad, el resbale, caída o rotura de escalera), con la evaluación del peligro en el uso de escalera metálica (portátil) para la actividad realizada sobre la base metálica, actividad que efectuaba el señor Espinoza el día de ocurrido el accidente en fecha 12 de febrero de 2020, esto de acuerdo al giro del negocio de la inspeccionada. ii. Durante la etapa de investigación la inspeccionada presentó la matriz del IPER de fecha 24 de junio de 2019, donde, conforme lo indica el considerando 4.15) de los hechos constatados del Acta de Infracción, no se tiene identificado el peligro de uso de escalera metálica (portátil) para la actividad, por lo que, no se evaluó el riesgo de la inestabilidad, por ende, no se desarrollaron las medidas preventivas según el orden de prioridad establecidos en el artículo 21 de la LSSST. iii. La inspeccionada faltó a su deber de prevención, por cuanto a la fecha del no contaba con el respectivo IPER de acuerdo a ley, por ello, no puede argüir que, cumplió con considerar el peligro en el uso de la escalera, cuando lo cierto es que, en la descripción del PELIGRO de la matriz IPER que la inspeccionada ofreció señala: “El personal hace uso de los andamios o plataformas al armarlos y/o desarmarlos para su colocación en los trabajos de las naves, estructuras en fabricación o reparación”. Lo cual no guarda relación con la actividad que realizó el trabajador el día del accidente-uso de escalera de 3.5 metros de altura (escalera metálica portátil). iv. Es así que, el peligro a identificar de acuerdo a las actividades en específico que realizaba el trabajador afectado el día de ocurrido el accidente, en concordancia con lo señalado por la autoridad inspectiva, eran: PELIGRO-uso de escaleras metálicas portátil; escalera no cuenta con punto fijo, como topes o sujeción mediante cabos para evitar el resbale de la escalera, y, trabajos sobre base metálica usando equipos con estructura metálica sin contar con base de apoyo que evite su inestabilidad, de ello sus RIESGOS-inestabilidad, el resbale, caída o roturade escalera y resbale de la escalera, con las consecuencias de caída de altura del trabajador que la usa, por lo que, pretender eximirse de responsabilidad al señalar como peligro identificado “El personal hace uso de los andamios o plataformas al armarlos y/o desarmarlos para

3 Notificada a la impugnante el 10 de julio de 2023.

su colocación en los trabajos de las naves, estructuras en fabricación o reparación”, no resulta correcto, dado que, el peligro identificado debió hacer referencia a un acto que puede ocasionar un potencial daño en la actividad propia que realizaba el señor Espinoza en el uso de la escalera metálica portátil, mientras que el riesgo debió identificar la probabilidad de que un hecho peligroso ocurra y a la gravedad de sus consecuencias, como la ocurrida el día del accidente, cuando el trabajador tuvo una caída de altura que le ocasionó fracturas múltiples en el humero-hombro izquierdo. v. En tal sentido, al analizar las causas del accidente de trabajo efectivamente, se ha comprobado que de haber cumplido la inspeccionada con la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control de forma correcta, se hubiera podido impedir el accidente acaecido, pues, el inspector comisionado realizó sus investigaciones, recabando información recibida por la inspeccionada; tras el análisis efectuado, determinó dicho incumplimiento como causa del accidente ocurrido al señor Espinoza. vi. Al analizar las causas del accidente de trabajo efectivamente, se ha comprobado que de haber cumplido la inspeccionada con lo señalado en la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, se hubiera podido impedir el accidente acaecido. En ese sentido, de acuerdo al principio de causalidad previsto en el artículo 248 del TUO de la LPAG, corresponde sancionar a la inspeccionada por las omisiones incurridas, toda vez que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, no enervando sus argumentos dicha responsabilidad. vii. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, el día de la verificación del cumplimiento de la citada medida, la inspeccionada efectuó un cumplimiento parcial, toda vez que presentó la documentación concerniente al registro e investigación de accidentes, empero, no mostró documento que acredite la identificación de peligros y evaluación riesgos. En este punto, conviene precisar que la medida de requerimiento se extendió debido a que durante las actuaciones de fiscalización la inspeccionada, pese a los requerimientos efectuados por el inspector actuante, no alcanzó documento alguno referido a dicha matriz IPER a la fecha del accidente 12 de febrero de 2020 elaborado de acuerdo a ley debidamente suscrito por los encargados de su elaboración (CSST). En consecuencia, la medida inspectiva de requerimiento, emitida por el inspector actuante es válida; careciendo de sustento lo esgrimido por la inspeccionada en este extremo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, que confirmó la sanción impuesta de S/ 24,196.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 11 de julio de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 31 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. La resolución impugnada acepta que existen errores que trasgreden la tipicidad encuadrada dentro del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo; ya que no solamente acepta su error en el hecho de establecer la razón social sino, aún más grave, al sindicar y aceptar el error en la tipicidad, como se señala en el fundamento 3.3 de la resolución impugnada. La administración no puede alegar su propio error para justificar su actuar contrario a derecho; ya que atenta contra el Debido Proceso; el principio de protección de la confianza legítima; ya que este error no puede generar derechos ni obligaciones dentro de las partes; toda vez que se encuentra afectando la esfera jurídica de la tipicidad establecida en el propio RLGIT; por lo cual este acto deviene en la nulidad de todo lo actuado. ii. Dicha situación resulta perjudicial dentro del presente expediente, ya que todo el panorama previo ha sido bajo una tipicidad errónea que, recién en Resolución de Intendencia, precisa en advertir quitándole merito e importancia y agregando que son simples errores materiales. Este hecho resulta una clara violación incluso al Principio de Legalidad dentro de nuestro ordenamiento sociolaboral; ya que no puede pretender equipar el ejercer una defensa sobre un hecho en base a un tipo específico; y que recién a estas alturas del proceso administrativo establezca otro tipo señalando que es solo un simple error. iii. Respecto al incumplimiento en materia de SST, el IPER presentado claramente señala “El Personal hace uso de los andamios o plataformas al armarlos y/o desarmarlos para su colocación en los trabajos de las naves, estructuras en fabricación, o reparación”. No se justifica que la administración no tenga ello en cuenta, ya que en términos equivalentes e iguales lo señalado corresponde a una escalera metálica

portátil que se encuentra sobre una base metálica y, por lo tanto, usa una estructura metálica y no cuenta con un punto fijo. iv. Respecto a la medida de requerimiento, en ningún momento se establece que la impugnante se ha negado en brindar la información oportuna; es la administración quien pretende tergiversar lo aportado sin otorgar mérito y brindando una interpretación errónea.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Del precedente de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)” (énfasis agregado).

Sobre las infracciones muy graves en materia de seguridad y salud atribuidas

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de

Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual). ii) Conducta antijuridica. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”10. iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo. iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo11.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal. ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente

10 Casación N° 4321-2015 Callao. 11 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“Octavo (…) 9. La relación causal en los accidentes de trabajo: (…) En el campo laboral la relación causal exige en primer lugar la existencia de vínculo laboral y en segundo lugar que el accidente de trabajo que cause daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo o con ocasión del mismo. (…) Noveno. - Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (…) Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo.”

Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

FIGURA N° 01

según el orden de prioridad para controlar o eliminar el riesgo, lo que determinó la afectación del denunciante.

FIGURA N° 02

“Siendo ello así, se determina que el IPER aportado por el sujeto inspeccionado no se encontraba conforme a Ley, al no identificar los peligros y evaluado los riesgos indicados en anteriores considerandos, lo que implicó una Causa Básica – Factor de Trabajo del accidente de trabajo de fecha 12/02/2020, en el que resultó perjudicado el trabajador Willman Marcial Espinoza Vergara, al no haber identificado los peligros 1) uso de la escalera metálica portátil sobre estructura metálica, (2) escalera que no cuenta con un punto fijo y (3) trabajos sobre base metálica con equipos de estructura metálica ni evaluado los riesgos en la Matriz IPER aportada por el sujeto inspeccionado, lo que contribuyó a que se produzca el accidente de trabajo indicado, al no permitir que los trabajadores del sujeto inspeccionado cuenten con un IPER conforme a Ley que les permitiera estar prevenidos de los peligros y los riesgos a los que están expuestos en cada una de las actividades que desarrollan en su centro de trabajo”.

(A) ¿Qué incumplimiento se ha reputado como causal? (B) ¿Qué se considera como factor que originó el accidente? ¿Satisface el análisis causal cada imputación? ¿Se ha justificado el examen causal entre el incumplimiento (A) →(B)? 1) No se acreditó tener actualizado su estudio de Identificación de peligros y evaluación de riesgos, antes del accidente, conforme a ley. 1) Factor de Trabajo: No se ha identificado los peligros 1) uso de la escalera metálica portátil sobre estructura metálica, (2) escalera que no cuenta con un punto fijo y (3) trabajos sobre base metálica con equipos de estructura metálica, y no se han evaluado los riesgos en la Matriz IPER. Si, porque el no contar con un IPER conforme a Ley impidió al trabajador afectado estar prevenido de los peligros y los riesgos a los que estaba expuestos en la actividad desarrollada, impidiendo, además, que se adoptasen medidas preventivas tendientes a evitar la ocurrencia del daño, lo que habría evitado la ocurrencia del accidente.

Sobre la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad

económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

FIGURA N° 04

“23. Conforme se estableció en los criterios de observancia obligatoria aprobados en los fundamentos 6.8, 6.9 y 6.10 de la Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, las entidades, el análisis de las infracciones a la labor inspectiva tipificados en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT “… deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia. 24. Así, el análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida inspectiva de requerimiento debe encontrarse estrictamente vinculado con su génesis y debe circunscribirse a la obligación material (reflejada en una infracción muy grave) que justifique su emisión. Todo esto debe comprobarse de la revisión de los actuados en la etapa de fiscalización.

25. Debemos señalar que, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, deben ser analizadas en atención a los siguientes criterios, siguiendo dicho orden de prelación: 25.1. Legalidad. - Debe ser evaluada, partiendo del cumplimiento de lo dispuesto en el bloque de legalidad invocable, el cual está comprendido por los artículos 141 de la LGIT y 172 del RLGIT, sobre la medida inspectiva de requerimiento, estos deben haberse comprobado la existencia de una infracción y que la misma pueda ser objeto de subsanación. Siendo que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, tal y como se señaló en el considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/ TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. 25.2. Razonabilidad. - El artículo IV3 Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce a la misma como un principio del procedimiento administrativo. Siendo que para satisfacer el principio de razonabilidad debe esta medida inspectiva mantener proporción entre los medios y fines, esto es, que dentro de los márgenes de discrecionalidad que tiene la autoridad inspectiva se debe elegir/optar por una que sea proporcional al fin perseguido por la administración. Por tanto, este aspecto debe ser evaluado desde el punto de vista de la mesura que se debe tener entre los medios utilizados y los fines perseguidos con la medida inspectiva de requerimiento […]” (resaltado agregado)

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto

inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

12 TUO de la LPAG, incisos 1.1 y 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar. 13 Cassagne, Juan Carlos. El acto administrativo, teoría y régimen jurídico. Ediciones Olejnik, 2019, p. 86. 14 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica, p. 93.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con tener actualizado su estudio de IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS antes del accidente de trabajo, conforme a Ley. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones

de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 155-2023- SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 07 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 527-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Subintendencia N° 347-2023-SUNAFIL/IRE-CAL/SISA, de fecha 02 de marzo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 155-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A., y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730RZR – HR 148408-2023