Servicios Generales Jovarsaa E.I.R.L — Res. 1124-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de SST en el trabajo (Sub materia: notificación o aviso de accidente de trabajo mortal o incidente peligroso, registro de accidente de trabajo e incidentes), condiciones de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (sub materia: condiciones de seguridad), equipos de protección personal (sub materia: incluye todas), formación e identificación sobre seguridad y salud en el trabajo (sub materia: incluye todas), identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (sub materia: incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia a la labor inspectiva (comparecencia), tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

i. No se le notificó con la imputación de cargos con el acta de infracción, conforme se verifica en los actuados del expediente, asimismo, tampoco se notificó por casilla electrónica, afectando el principio al derecho de defensa y del debido proceso, pese a que ya se encontraba vigente el D.S. 003-2020-TR, publicada el 14.01.2020, infringiendo lo señalado en la Resolución de Superintendencia Nº 114- 2020-SUNAFIL, respecto a la notificación de los procedimientos sancionadores y la Directiva Nº 001-2017-SUNAFIL/INII, aprobada por Resolución de Superintendencia Nº 171-2017-SUNAFIL. ii. Respecto del IPER, se cumplió con exhibir el IPER de las labores que desarrollan dentro del almacén YARA, el que incluye la actividad de operador de cargador con fecha de elaboración 03.09.2019 vigente a la fecha del accidente, conforme a ley, identificando la labor del operador de montacargas. iii. Conforme a lo manifestado por el trabajador accidentado, no debió intervenir en los momentos que llegaron personas ajenas y debió dejar que los sujetos se lleven la mercadería, realizando su conducta al querer recuperar sus pertenencias personales, perjudicando su salud al intentar enfrentarse a los delincuentes, por lo que su representada no puede ser responsable. iv. Respecto a la labor inspectiva, no obstante, no han sido notificados de manera válida, pues su domicilio fiscal se encuentra ubicado en el Callao, y al no tener domicilio fiscal en La Libertad, debió notificarse por casilla electrónica, de acuerdo a las normas citadas.

v. Por ello, se afectó los principios del debido proceso, de interdicción para poder afrontar cualquier indefensión; asimismo, el principio de razonabilidad y de legalidad, en las sanciones administrativas.

i. Precisa que, la empresa administrada en ningún momento señaló que el domicilio al cual se realizó las actuaciones inspectivas no le pertenecía y que la persona que atendió al personal inspectivo no era su trabajador o representante, por lo que se concluye que la notificación se desarrolló de manera personal y válida, de acuerdo a lo señalado por el TUO de la LPAG. ii. Adicionalmente, señala que se realizó la visita de inspección el 17.01.2020, en donde el personal inspectivo ingresó al centro laboral, efectuando la misma de acuerdo a ley, y se notificó otro requerimiento de comparecencia al cual el sujeto inspeccionado asistió con normalidad; por tanto, no puede deslindar responsabilidad por la omisión de asistir al primer requerimiento de comparecencia. iii. Siendo así, al tratarse de un documento, cuya emisión fue anterior a la entrada en vigencia del uso de la casilla electrónica, existía imposibilidad de efectuarla a través de dicho sistema, debiéndose entonces, proceder de acuerdo a lo detallado en el numeral 12.1 del referido cuerpo normativo, procediendo a la notificación personal, de acuerdo a lo señalado por el TUO de la LPAG, emitiéndose por tanto, la Cédula de Notificación Nº 57734-2020 el mismo 26.11.2020, siendo que, al tratarse de una notificación manual, corresponde su diligenciamiento por parte del personal encargado de dicha notificación hasta el domicilio de la empresa. iv. Cabe precisar, de igual manera que, el administrado no ha señalado que, el domicilio consignado en la Cédula de Notificación Nº 57734-2020 (conforme obra a folios 10 del presente procedimiento administrativo sancionador), no sea suyo o que dicho domicilio no existe; por el contrario, conforme a las actuaciones inspectivas efectuadas en el marco de la Orden de Inspección Nº 055-2020- SUNAFIL/IRE-LIB, en mérito al cual, se inició el presente procedimiento, se verificó que, dicho domicilio si pertenece a la empresa inspeccionada. v. Asimismo, conforme a la referida cédula de notificación, el personal encargado de la notificación, verificó las características físicas del inmueble que pertenece a la empresa y, asimismo, dejó constancia que, una persona, trabajadora de la empresa y que recibió la notificación, se negó a firmar. Conforme a lo expuesto, se desestima lo señalado por la apelante en el presente extremo.

2 Notificada a la impugnante el 15 de agosto de 2022, véase folio 61 del expediente sancionador.

vi. En ese orden de ideas, el principio del debido procedimiento, implica que, el presente procedimiento sancionador, se hubiere tramitado conforme a ley, y al realizar la revisión exhaustiva del presente procedimiento sancionador y de la resolución recurrida, siendo que, en la tramitación del presente procedimiento, se verificó que, en la tramitación del mismo, se notificó conforme a ley a la administrada, desde el inicio del mismo (con la imputación de cargos, de manera conjunta con el acta de infracción), el informe final de instrucción y, ante los cuales, la administrada ejerció su derecho de defensa, a través de la presentación de sus descargos, se emitió la resolución ha sido emitida de acuerdo a la normativa vigente, considerando cada uno de los argumentos expuestos por la administrada en sus descargos; y finalmente, la administrada ejerció su derecho a presentar su recurso de apelación. vii. Es importante señalar previamente que, el hecho ocurrido está calificado eminentemente como un accidente de trabajo, al haberse dado en plena ejecución de labores, desarrolladas por parte del trabajador víctima del accidente, conforme a lo detallado en el Acta de Infracción N° 055- 2020-SUNAFIL/IRE-LIB; en la que, el inspector comisionado dejó constancia del hecho comprobado de la ocurrencia accidente de trabajo, el mismo que se produjo en circunstancias que, el 1 de setiembre del año 2019, el Gerente de Operaciones de la inspeccionada, Johan Vargas Altamirano, el cual se comunicó con el trabajador Campos Alva Pablo Eladio, quien ingresó a laborar para la inspeccionada el 1 de setiembre de 2019, en el cargo de operador de montecarga, a fin de que se apersone a la cochera de Salaverry donde se encontraba la máquina cargador frontal con la finalidad de conducirlo a las instalaciones de la empresa YARA PERÚ S.R.L., donde la inspeccionada prestaba servicios de tercerización; luego de sacar la mencionada maquinaria, el accidentado llegó aprox. a las 13:03 horas al lugar de destino, esto es, a la puerta de ingreso de la empresa YARA PERÚ S.R.L. indicándole en la garita de vigilancia que la puerta se encontraba cerrada no pudiendo ingresar comunicando este hecho al gerente de operaciones, el mismo que le pidió que espere ; siendo que a las 13:35 aproximadamente, llegó una camioneta donde dos personas lo interceptaron, bajándolo de la máquina de la cual cae de espalda mientras tanto uno de los sujetos prendió la máquina y acelera , estando en el suelo la llanta de la máquina le pasó por el pie izquierdo, causándole ruptura de peroné izquierdo. viii. En consecuencia, la responsabilidad de la empresa, sobre el accidente de trabajo ocurrido el 1 de setiembre de 2019, se encuentra totalmente acreditada y se ha verificado que se encuentra dentro del marco de la ley vigente. ix. Sobre el presente extremo, la administrada se limitó a señalar que, habría cumplido con exhibir el IPER, las labores que desarrollan dentro del almacén YARA, el que incluye la actividad de operador de cargador con fecha de elaboración 03.09.2019 vigente a la fecha del accidente, conforme a ley, identificando la labor del operador de montacargas; no obstante, la observación realizada por el personal inspectivo no es respecto de la consideración de la actividad, sino respecto a que no se consideró el peligro social de hurto, robo a mano armada, etc. en el centro de trabajo y riesgo de muerte o lesiones de los trabajadores, en la actividad de embolsado de fertilizantes y almacenamiento en su referido IPER. x. Estando a lo expuesto, desestima lo señalado por el administrado en el presente extremo, y señala que, no se ha configurado un exceso de punición, por ende, no se ha vulnerado el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de la multa impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.”

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

establecida en el marco del Sistema de inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES JOVARSAA E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de setiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 195-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

9 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

i. Que, su representada en ningún momento fue notificada con el Acta de Infracción y la Imputación de Cargos, y que se debió de notificar a su domicilio fiscal ubicado en la Mza L Lote 12 Int. Piso 3 A.H. José Boterin (Espalda Cementerio Baquíjano) Provincia Constitucional del Callao, ya que no contamos con domicilio en La Libertad. ii. Sostiene que, se ha infringido abiertamente lo establecido en el RLGIT y el punto 7.1.2.6 de la Directiva Nº 001-2017-SUNAFIL/INII, aprobada por la Resolución de Superintendencia Nº 171-2017-SUNAFIL, lo que determina la nulidad de todo lo actuado, debiendo notificarse nuevamente. iii. Alega que, el día de la ocurrencia del accidente el trabajador, este no se encontraba realizando trabajo alguno, la maquina estaba apagada, se encontraba esperando en la garita y al ver que se estaban llevando el montacargas (cargador frontal) quiso sacar sus pertenencias personales, por lo que, debió dejar que se lleven la maquinaria. iv. Que, como lo ha manifestado en el recurso de apelación la actitud tomada por el trabajador, al momento que se presentaron las personas ajenas, él no se encontraba en el montacargas (Cargador Frontal), había bajado y apagado la máquina, y el accidente se produjo por la culpa inexcusable y negligencia del propio trabajador. v. Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia en la fecha 22 de enero 2020, señala que el inspector comisionado indicó que procedió a notificar a la señora Ana Paula Palma Rodríguez en calidad de apoderada, a quien se le entrego el requerimiento de comparecencia, pero que no fue notificado válidamente a su domicilio fiscal, por lo que, no pudo apersonarse. vi. Considera que su derecho a la defensa, el principio de razonabilidad, el derecho a la debida motivación y el principio de legalidad, han sido vulnerados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y derecho de defensa

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

potestad sancionadora administrativa11, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

advierte que la impugnante fue debidamente notificada, como se observa del folio 10 del expediente sancionador, en el cual se observa que se le notificó de forma física tanto el acta de infracción y la imputación de cargos. Por otra parte, corresponde precisar que dicho domicilio no fue cuestionado por la impugnante durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, en las que participó su representante Ana Paula Palma Rodríguez. En ese sentido, corresponde desestimar dicho alegato.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

12 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado). 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 14 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Figura N° 01

Sobre el tipo infractor contenido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

15 “Artículo 4.- Ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en: 1. Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. (…)” 16 Numeral 3 de la Relación de Criterios Aplicables en la inspección de Trabajo, aprobado mediante Resolución Directoral N° 029-2009-MTPE/2/11.4.

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”20.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo

17 Feyer, Anne-Marie y Williamson, Ann (1998). Factores humanos en los modelos de accidentes. En Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y OIT, p. 56. 18 Concepto desarrollado por esta Sala en reiterados pronunciamientos, contenidos en la Resolución 066 -2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 046 -2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, Resolución 033 -2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 19 Casación N° 18190-2016 Lima 20 Casación N° 4321-2015 Callao

realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo21.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA, contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el

21 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

“Respecto a la materia inspectiva de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): Si bien el sujeto inspeccionado exhibió un documento denominado IPERC de la sede Almacén Yara Salaverry en la cual se incluye la actividad de Operador de Cargador, con fecha de elaboración el 03/09/2019, vigente a la fecha del accidente de trabajo, el mismo se encuentra conforme a ley, al no haber identificado el Peligro: Social en el centro de trabajo (Hurto, Robo a mano armada, etc, realizados por terceros) y el Riesgo: Muerte o Lesiones de Trabajadores o clientes, daño a la propiedad, en la actividad: Embolsado de Fertilizantes y Almacenamiento. Más aún si la maquinaria: Minicargador Frontal de placa K-570 marca Komatsu, se encontraba en mantenimiento en un taller fuera de las instalaciones de la empresa principal donde el sujeto inspeccionado presta el servicio de Tercerización de Servicios con Desplazamiento Continuo de Empaque y Embarque de productos terminados, a fin de realizar la actividad de gestión integral de embolsado de productos fertilizantes, estiba y desestiba, cuando sea requerido (…)”.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”23. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

22 Véase folio 4 del expediente sancionador. 23 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

en el numeral 4.10 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, se tiene lo siguiente:

Figura 02

Figura 03 Causas del accidente de trabajo

“6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente”

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva Inasistencia a la diligencia de comparecencia de fecha 22 de enero de 2020. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SERVICIOS GENERALES JOVARSAA E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 195-2022- SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 12 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 150- 2020-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 535 -2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 10 de setiembre de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 195-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por el incumplimiento en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).

TERCERO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 195-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, por la inasistencia a la diligencia de comparecencia de fecha 22 de enero de 2020.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a SERVICIOS GENERALES JOVARSAA E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231122JCR