Servicio Nacional de Metereologia e Hidrologia - Senamhi — Res. 574-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Estándares de seguridad (Sub materia: Protección colectivas); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incluye todas); Sistema de gestión de SST en las empresas; Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Incluye todas); Coordinación sobre seguridad y salud entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento expedida el 25 de julio de 2018.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no otorgar el beneficio establecido en clausula novena del Convenio Colectivo de Trabajo 2012-2013, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/28,012.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la verificación de la medida de requerimiento programada para el 06 de agosto de 2018 a las 8:30 horas, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/50,422.50.

i. Alega vulneración al debido procedimiento, considerando que en fecha 26 de febrero de 2020 se notificó a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente la Imputación de Cargos. Posteriormente, el 23 de setiembre de 2022, se notificó a la misma procuraduría la Resolución de Sub Intendencia N° 108-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5. De esta manera, en el presente caso ha operado la caducidad del procedimiento, considerando que la notificación de la resolución apelada se ha efectuado fuera del plazo de nueve meses contando desde la fecha de notificación de la imputación de cargo, el mismo que operó el 23 de setiembre de 2022.

ii. Se ha vulnerado normas presupuestales, toda vez que, con una motivación aparente, se trasgrede normas de rango constitucional referidas al presupuesto público. La resolución apelada no ha considerado que lo establecido en el convenio,

2 Notificada a la impugnante el 06 de marzo de 2020, véase folio 221 del expediente sancionador. 3 Véase folios 273 y 310 del expediente sancionador.

materia de inspección, trasgrede normas de orden público las cuales son de obligatorio cumplimiento.

iii. Por otro lado, el agravio se sustenta en la inaplicación de la causal de eximente referida al obrar en cumplimiento de un deber, en atención a lo regulado en los artículos 6 de la Ley 29812 y 29951 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012 y 2013.

iv. Existe agravio por la inaplicación de la eximente de responsabilidad referida a la orden obligatoria de la autoridad competente. Así, a pesar de existencia de la normatividad presupuestaria analizada, la inspeccionada, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la mencionada clausula novena, solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público MEF la ampliación del programa del compromiso anual. Sin embargo, con Oficio N° 030-2018-EF/50.0 dicha dirección indicó que, dentro de los alcances del artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público se encuentra la prohibición de beneficios, entre otros, la entrega de uniformes, por lo que la Resolución apelada no ha valorado la eximente de responsabilidad prevista en el numeral 1 del literal d) del artículo 257 de la Ley del procedimiento administrativo general.

i. Sobre la solicitud de caducidad del procedimiento administrativo sancionador, en el presente procedimiento sancionador se inició con la notificación de la Imputación de Cargos N° 266-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 13 de febrero de 2020, y el Acta de Infracción N° 1929-2018-SUNAFIL/ILM. Precisa que la notificación se efectuó en la dependencia de la inspeccionada, el 03 de marzo de 2020, conforme Cédula de notificación N° 15058-2020, que obra a folios 221 del expediente sancionador. Por otro lado, se observa que se efectuó la notificación a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, en fecha 26 de febrero de 2020, conforme a la cédula de notificación N° 15059-2020, que obra a folios 222 del expediente sancionador. ii. Luego, la Autoridad Sancionadora emitió la Resolución de sub Intendencia N° 108- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 03 de febrero de 2021, la cual fue notificada a la inspeccionada vía casilla electrónica el 05 de febrero de 2021, asimismo, se puso en conocimiento a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente la misma resolución, en acto de notificación de fecha 23 de setiembre de 2022, vía cédula de

4 Notificada a la impugnante el 16 de junio de 2023, véase folio 320 del expediente sancionador. notificación N° 32720-2022, bajo ese escenario, no se advierte la caducidad administrativa del procedimiento sancionador, toda vez que la Resolución de sub Intendencia N° 108-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 03 de febrero de 2021, fue notificada antes del vencimiento del plazo de nueve (9) meses calendario. A efectos de la contabilidad de dicha institución jurídica, el plazo se inició con la notificación a la inspeccionada el 03 de marzo de 2020, habiéndose notificado la resolución de primera instancia en la misma sede de la inspeccionada, el 05 de febrero de 2021. iii. Sobre el incumplimiento sancionado en materia sociolaboral, señala que la regulación de índole presupuestal no es un factor que enerve la exigencia de que una entidad pública cumpla con sus obligaciones laborales, toda vez que ello privaría a los trabajadores de dicho derecho, constitucionalmente adquirido y protegido, al haberse recogido en la Convención Colectiva de Trabajo por el periodo 2012-2013. iv. Sobre las limitaciones existentes en las normas presupuestales, el Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias sobre la materia, como las recaídas en los Expedientes N° 008-2005-PI/TC, 003-2013-PI/TC, 004-2013-PI/TC y 0023- 2013-PA/TC, en relación con la negociación colectiva de los servidores públicos y los límites establecidos en las normas presupuestales. Por tanto, no se advierte que lo resuelto por la autoridad de primera instancia, tendiente a salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados, haya vulnerado las normas presupuestales, por lo que corresponde desestimar las alegaciones presentadas por la inspeccionada en dicho extremo. v. De lo actuado en el procedimiento sancionador, se advierte que no se ha justificado, en modo alguno, que la actuación de la inspeccionada se encontraba sujeta al cumplimiento de un deber legal en atención a las normas del sector público que describe. Sobre la causal que alude, debe considerarse lo señalado en el literal b) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG. vi. No esta acreditado que la inspeccionada haya agotado todas las gestiones razonablemente exigibles para poder efectuar la provisión y/o el gasto necesario para cumplir con las obligaciones laborales pendientes de otorgamiento a los trabajadores afectados. Debe insistirse que, al tratarse de derechos que nacen de una convención colectiva, las clausulas reguladas en ella tienen fuerza vinculante entre las partes que la celebraron, además de tratarse de derechos constitucionalmente adquiridos y protegidos por el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, corresponde que se desestime los alegatos por la inspeccionada en ese extremo. vii. Finalmente, no es competencia de esta administración el evaluar la validez de los pactos o acuerdos colectivos y determinar con base en ello la nulidad de alguna de sus cláusulas, considerando que es la propia inspeccionada, en su legítimo interés, quien debe accionar y requerir el pronunciamiento del órgano jurisdiccional correspondiente. Sin perjuicio de ello, no es posible que este despacho advierta que la inspeccionada haya recurrido satisfactoriamente ante el órgano jurisdiccional y se haya determinado la nulidad, en la via judicial, de los acuerdos arribados en la Convención Colectiva de Trabajo, periodo 2012-2013. De esta manera se puede concluir que la misma mantiene la fuerza vinculante en el ámbito concertado, conforme se señala en el inciso 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú.

Del Recurso De Revisión

5 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 2.4 En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

III. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA – SENAMHI

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Vulneración al debido procedimiento administrativo: de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento inició el 26 de febrero de 2020, con la notificación de la Imputación de Cargos a la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, por lo que la autoridad sancionadora tenía hasta el 2 de marzo de 2021 para emitir y notificar la resolución de sanción. No obstante, la Resolución de Sub Intendencia N° 108-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, fue notificada con fecha 23 de setiembre de 2022, cuando el procedimiento ya había caducado.

ii. Alega contravención al precedente vinculante establecido en la resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL: Sobre el principio de culpabilidad y disponibilidad presupuestal en entidades públicas.

iii. Agravio referido a la inaplicación de la causal de eximente referida al obrar en cumplimiento de un deber. Su representada no puede acordar, reajustar o incrementar remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios en la administración pública sin restricción alguna, pues el derecho a la negociación colectiva, como todo derecho, no es absoluto, sino que tiene límites legales,

pues la protección al presupuesto público también se encuentra reconocido constitucionalmente con el fin de no causar un desbalance en el presupuesto público, cuyo dinero pertenece a todos los ciudadanos.

iv. Agravio referido a la inaplicación, aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral. La resolución impugnada no emite pronunciamiento respecto a la validez de la clausula novena del referido convenio, pues conforme se ha esgrimido en su debida oportunidad, la cláusula novena resultaría nula.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”6.

6 Morón Urbina, J.C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., 14va Ed., Tomo 2, pp. 538 – 539.

Figura N° 01: Línea de Tiempo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA – SENAMHI en contra de la Resolución de Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA – SENAMHI, recaído en el expediente sancionador N° 1755-2018-SUNAFIL/ILM, de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

TERCERO. - Notificar la presente resolución al SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA – SENAMHI y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240612ECHV – HR 37736-2018