Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – Sedapal — Res. 339-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materias: Cobertura en salud; Cobertura en invalidez - Sepelio); Gestión interna de SST (Sub materia: Registro de accidentes de trabajo e incidentes). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no acreditar haber cumplido la obligación de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista Consorcio San Juan de Lurigancho y subcontratista Hidroequipos y Servicios Técnicos S.A., debido a que no realizó las actividades de prevención necesarias que hubieran resultado de la evaluación de riesgos, tales como: la supervisión que debió efectuar en el lugar de trabajo de manera permanente, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 280,125.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no acreditó que a la fecha del accidente de trabajo que el trabajador Jorge Luis Cevallos Castro haya estado coberturado por el Seguro Complementario de Riesgo (SCTR): en las coberturas en salud; toda vez que el empleador no lo declaró para el periodo 01/11/2018 al 30/11/2018 según se verifica en la Constancia N° 0003029619, tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una sanción ascendente a S/ 5,602.50.

i. Mediante Carta N° 011-2021-ERC de fecha 07.06.2021, se hizo de conocimiento a la Autoridad Instructora I sobre la caducidad y nulidad del procedimiento sancionador por cuanto se advertía una vulneración al debido procedimiento, toda vez que la Orden de Inspección 18455-2018-SUNAFIL/ILM tuvo fecha 21.11.2018 y la notificación del Acta de Infracción fue el 03.06.2021, es decir después de haber transcurrido más de dos años, seis meses y doce días; por lo que el procedimiento inspectivo debió incurrir en caducidad. Del mismo modo, se hizo saber que el procedimiento sancionador con la Imputación de Cargos N° 1264-2020-SUNAFIL/ILM/AI1 ya había caducado el 14.12.2019 y, por ende, resultaba nula por cuanto la inspectora comisionada excedió los 30 días hábiles.

ii. En su momento, se advirtió que la inspectora no había llevado a cabo su labor con objetividad e imparcialidad, puesto que determinó que no hubo supervisión de la empresa cuando en el Contrato de Prestación de Servicios N° 118-2018-SEDAPAL

suscrito con el Consorcio San Juan de Lurigancho se establece sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y que la empresa subcontratada Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A. tenía como responsable al señor Edson Quinto Romero, quien verificó los trabajos el día del accidente, y también se apersonó el ingeniero de seguridad de la empresa contratada; por lo que quedó acreditado que hubo supervisión. Por consiguiente, las empresas contratadas tenían la responsabilidad de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, conforme lo establece los principios de prevención y responsabilidad; por lo que no se le puede atribuir no haber cumplido con su obligación de vigilancia.

iii. Se hizo de conocimiento que el trabajador fallecido pertenecía a la empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A.; por lo que el Acta de Infracción y la resolución apelada no han considerado esta información. En vulneración al principio de razonabilidad, se le impone multa cuando esta se debió proponer a la empresa subcontratista en mérito de los trabajadores con los que contaba a la fecha del accidente mortal.

iv. Tanto en el Acta de Infracción como en la resolución apelada, se ha verificado que, previo al accidente, su supervisor sí estuvo en el lugar de los hechos y dio instrucciones. El accidente ocurrió cuando la cuadrilla advirtió que la máquina de balde no desatoraba y bajan sin los implementos correctos, habiendo mala reacción a la caída del primer obrero (fallecido). El segundo no actuó con la debida instrucción con los equipos de protección personal, con línea de vida, siendo un acto inseguro. Estas acciones no le pueden ser imputables en forma directa al tener personal calificado e instruido conforme al IPER.

i. El 3 de Junio de 2021 se notificó a la inspeccionada la Imputación de Cargos N° 1264- 2020-SUNAFIL/ILM/AI1 junto con el Acta de Infracción y el proveído s/n de fecha 10 de mayo de 2021, conforme al cargo de recepción de la Mesa de Partes de la inspeccionada; por lo que el inferior en grado tuvo hasta el 3 de marzo de 2022 para notificar la resolución correspondiente, lo cual fue hecho el 21 de febrero de 2022, esto es antes de que se venza los nueve (9) meses calendario que establece el artículo 259 numeral 1 del TUO de la LPAG concordante con el artículo 53 numeral 53.4.2 del

2 Notificada a la impugnante el 11 de abril de 2022, ver folio 94 del expediente sancionador. RLGIT; por lo que no corresponde que se declare la caducidad del procedimiento sancionador.

ii. En el presente procedimiento no se le ha imputado al inspeccionado el incumplimiento del deber de supervisión de las labores realizadas por los trabajadores accidentados a la fecha en que ocurrió el evento, sino la inobservancia del deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que, como empresa principal, le correspondía efectuar sobre la contratista Consorcio San Juan de Lurigancho y que se extiende también a su subcontratista Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A., al contratada por el referido Consorcio para que le preste servicios de mantenimiento de limpieza de redes con máquina balde en el distrito de San Juan de Lurigancho.

iii. Del Contrato de Prestación de Servicios N° 118-2018-SEDAPAL se observa que en su contenido no se ha establecido regulación alguna con relación a la vigilancia que le correspondía realizar a la contratista sobre el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, menos aún se aprecia que se le haya exigido a la contratista Consorcio San Juan de Lurigancho y a las subcontratistas con las que tenga relación contractual, como la empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A., que cuenten con un supervisor en forma permanente en los lugares de trabajo.

iv. La inspectora comisionada tuvo a la vista el Informe N° 07-2018-CSST emitido por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre el accidente de trabajo acaecido el 5 de noviembre de 2018, donde concluyó, entre otras cuestiones, que el Consorcio San Juan de Lurigancho no realizó una supervisión eficaz a su contratista en campo y tampoco en la documentación y que la empresta subcontratista Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A. no realizó una supervisión adecuada a favor de personal a su cargo y que no cuenta con un ingeniero especializado seguridad y salud en el trabajo.

v. No se desconoce que en el acaecimiento del accidente laboral materia de análisis concurrieron también actos inseguros imputables a los trabajadores accidentados, pero de acuerdo a lo expuesto en el fundamento 3.10 de la presente resolución esta no sería la única causa que explicaría el evento que derivó en la muerte del señor Jorge Luis Cevallos Castro y los daños a la salud del señor Wilder Alexander Nieves Cevallos.

vi. La infracción sancionada no le ha sido atribuida en condición de empleador, sino de empresario principal entendiendo como tal a aquel empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquel y que se desarrolla en su centro de trabajo lo cual no quiere decir que las otras empresas involucradas no hayan cometido incumplimientos tal como se dejó constancia en el literal J) del tercer hecho verificado del Acta de Infracción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 2 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 590-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Inaplicación e incorrecta interpretación de la Ley N° 29245, artículos 4° y 9°.

- Ha cumplido con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, el mismo que se ha plasmado en el Contrato de Prestación de Servicios N° 118-2018-SEDAPAL. Por consiguiente, las empresas contratadas, tenían la responsabilidad de velar por la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, conforme así lo establece el Principio de Prevención y Responsabilidad que se encuentra establecido en la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, no se puede atribuir el hecho de no haber cumplido con la obligación de la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Por contrato, el Consorcio San Juan tenía un prevencionista y SEDAPAL tenía como responsable al señor Edson Quinto Romero, con lo que quedó acreditado que hubo supervisión.

- No se debe considera como afectados a los trabajadores de SEDAPAL, sino al número de trabajadores de la Empresa Hidroequipos de Servidos Técnicos S.A.

- Previo al accidente el Supervisor de SEDAPAL estuvo en el lugar de los hechos y dio instrucciones, por lo que el accidente ocurrió cuando la cuadrilla de la empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos S.A. advirtió que la máquina de balde no desatoraba, bajando sin los implementos correctos, habiendo incluso mala reacción a la caída del primer obrero (fallecido), el segundo no actuó con EPP´s ni con línea de vida, siendo un acto inseguro. Acciones que no pueden ser imputables a SEDAPAL en forma directa.

- Ha operado la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

9 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos o vinculados a la infracción muy grave impuesta. Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”10.

10 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

ACTUACIONES

FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 1264-2020- SUNAFIL/ILM/AI1 3 de junio de 202111 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 252-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE1 21 de febrero de 202212

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

11 Folio 25 del expediente sancionador. 12 Folio 78 del expediente sancionador. 13 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”14.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

14 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 15 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

16 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 17 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. para el trabajador; y e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”. 6.23 Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”18, señalándose de manera expresa que:

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 19.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y,

18 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 19 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)”

“Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores.

b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. (énfasis añadido)

20 OSPIINA SALINAS, Estela, y BEJAR CARDENAS, Elio. El deber de Coordinación Interempresarial. Lima: Análisis Laboral. Edición de Aniversario, 2017, p. 43. Sin embargo, si esta última incumple con sus deberes asignados, la empresa principal, en virtud del deber de prevención erga omnes y del deber de garantizar la aplicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que ostenta, deberá acudir al auxilio directo del trabajador desamparado por la empresa tercerizadora”21 (énfasis añadido).

21 Ibíd. p. 45

diámetro de buzón, con una profundidad de 4 m aproximadamente) para retirar el remanente de los residuos sólidos del alcantarillado. Alrededor de los 5 minutos de haber ingresado, el trabajador se desvanece dentro del buzón, por lo que, el trabajador Jorge Luis Cevallos Castro, decide ingresar al buzón para el rescate de su compañero, percibe los gases y decide retirarse. Durante su ascendencia a través del cable acerado de la máquina de balde y casi llegando a la superficie se desvanece, cayendo al interior del buzón por lo que se procedió a dar aviso a los Bomberos”.

“6.5.14. En tal sentido, la supervisión en la seguridad y salud en el trabajo constituye un concepto amplio que define a acciones significativas que posibilitan la mejora continua, siendo entonces un instrumento trascendente en el diseño, desarrollo, guía y parámetros dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la “supervisión” no se reduce a la figura de un personal (“supervisor”) cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control (“supervisar”). El concepto, en realidad, alude a los procedimientos y métodos diseñados y establecidos por el empleador —deudor de seguridad— para medir, recopilar y prevenir con ello los riesgos y peligros en el trabajo. Dicha metodología y procedimientos deben ser comprobables por la inspección del trabajo a través del deber de colaboración y el ejercicio de las facultades de la inspección del trabajo.

Empresa Consorcio San Juan de Lurigancho: - No cuenta con Línea Base del SGSST. - No cuenta con Política de SST, con firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. - No evidenció la consulta con los trabajadores en la elaboración de las Políticas en SST. - No evidenció el Acta de Constitución e Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. - La Matriz IPERC, no tiene fecha de elaboración y aprobación y las firmas respectivas. - No evidenció ningún registro obligatorio en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, de los trabajadores accidentados. - En la Matriz IPERC, no están claramente señalados las actividades respecto a los peligros expuestos. - No evidenció la formalidad de la sub contratación de la empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos SA.

- El Mapa de Riesgos proporcionado no cuenta con señales de prohibición e información. - No cuenta con Médico Ocupacional.

Empresa Hidroequipos de Servicios Técnicos SA: - No cuenta con un Sistema de Gestión de Segundad y Salud en el Trabajo. - No cuenta con Registros de Capacitación en materia de SST. - No cuenta con Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. - No cuenta con un Plan Anual y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. - No cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. - No cuenta con un Ingeniero especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo. - No cuenta con Médico Ocupacional. - No cuenta con Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. - No cuenta con Procedimiento de Trabajo de Alto Riesgo. - No evidenció capacitación en monitoreo de gases tóxicos. - No evidenció monitoreo de gases tóxicos. - No evidenció Registro de entrega de EPP's y EPC's. - No evidenció registro de inspección de pre uso de EPP's. - No evidenció el último registro del EMO periódico. - No evidenció el perfil de puesto de trabajo. - No evidenció el MOF.”

los trabajadores son los que ejecutan las acciones, resulta indispensable -como parte de los mecanismos de prevención- que todos los procedimientos sean claros y de pleno conocimiento de los trabajadores, otorgando las herramientas necesarias a los trabajadores para el desempeño de sus funciones, sumado al hecho que deben encontrarse implementadas las medidas de control necesarias, asegurando las condiciones de seguridad adecuadas. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditar haber cumplido la obligación de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista Consorcio San Juan de Lurigancho y subcontratista Hidroequipos y Servicios Técnicos S.A., debido a que no realizó las actividades de prevención necesarias que hubieran resultado de la evaluación de riesgos, tales como: la supervisión que debió efectuar en el lugar de trabajo de manera permanente.

Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No acreditó que a la fecha del accidente de trabajo que el trabajador Jorge Luis Cevallos Castro haya estado coberturado por el Seguro Complementario de Riesgo (SCTR): en las coberturas en salud; toda vez que el empleador no lo declaró para el periodo 01/11/2018 al 30/11/2018 según se verifica en la Constancia N° 0003029619.

Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL, en contra de la Resolución de Intendencia N° 590-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 3190-2020- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 590-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240403CEC