Seguroc S.A — Res. 403-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: incluye todas), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materias: Notificación o aviso de accidente de trabajo mortal o incidente peligroso, registro de accidente de trabajo e incidentes), Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimientos en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial), Equipos de protección personal (Sub materia: incluye todas), Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron accidente de trabajo mortal, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 346,698.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por el incumplimiento de notificación o aviso del accidente de trabajo mortal o incidente peligroso, tipificada en el numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa de facilitar el requerimiento de información (07/01/2021), tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. En tanto no se compruebe que la omisión o conducta del administrado sea la causa directa del accidente mortal, no puede hacerse responsable al mismo de dicha transgresión ni de las consecuencias que se deriven de la misma, en vez de realizar un análisis de ello solamente se ha insistido a nivel fáctico en las absurdas conclusiones subjetivas. La administración no ha probado ni ha generado convicción alguna de que las supuestas omisiones formales que se nos imputan hayan sido la causa directa del accidente. ii. Por nuestra parte no se ha incurrido en la infracción consistente en la supuesta y negada transgresión del artículo 54 de la Ley 29783, en que no habríamos identificado en el IPERC los peligros referentes al traslado del trabajador por medio de transporte de terceros y las condiciones de seguridad referentes a dicho medio de transporte de terceros donde se desplazaba aquel, señalándose que nos debíamos asegurar de que el conductor de la empresa de transporte descansara, que los vehículos de dicha compañía tuviesen la correspondiente revisión técnica y que nos subrogáramos en casi todas las obligaciones de la transportistas), lo que

según a criterio de dichos funcionarios, esta omisión nuestra fue la causa directa del accidente de tránsito. iii. Nuestra empresa si contaba con una matriz IPERC para el cargo de agente de seguridad/supervisor, incluyendo la mención expresa a “accidentes de tránsito”, como a este fin se desprende de lo actuado, resultando evidentemente subjetivo, ajeno a derecho y ajeno a todo contexto legal que el referido documento se deba haber precisado supuestos como el de la revisión técnica que “nos correspondía asegurar-2, en vehículos de terceros o que se usen cinturones de seguridad en el viaje. iv. No encontramos en la normativa de SST mención alguna relacionada con suposiciones o exigencias expresas, para el caso de transporte o traslado de trabajadores por parte de terceros, que obliguen al empleador a constar más allá de la apariencia razonable si la empresa formal que realizara el traslado, cuenta con vehículos que tienen el mantenimiento adecuado o si, durante el trayecto del viaje, los pasajeros y el conductor usan los cinturones d seguridad. v. En este contexto de indefinición y falta de precisión normativa, solo en el caso en el que se pruebe que el empleador incurrió en una evidente transgresión de sus deberes citados como tales de manera textual, como, por ejemplo, que haya contratado a una empresa informal, con choferes sin licencia de conducir o que transporte a los pasajeros en camiones de cargas, podría hablarse de una transgresión del deber de prevención, cosa que no ha sucedido ni se ha probado por parte de SUNAFIL. vi. Tampoco es ajustada a derecho la multa derivada de la supuesta negativa a facilitar el requerimiento d información realizado por el inspector actuante, ya que contraviene a lo señalado en la resolución que se impugna por parte nuestra, si se envió por la casilla electrónica con fecha 07/01/2021 la data materia d petición.

ii. El artículo 53 de la LSST y el artículo 94 del RLSST establecen que el empleador tiene el deber de prevenir accidentes, incluso durante el traslado fuera del centro de trabajo si está relacionado con órdenes laborales. En el caso en particular, no se

2 Notificada a la impugnante el 17 de abril de 2023, véase folio 76 del expediente sancionador. identificaron ni evaluaron los riesgos del traslado por terceros (vehículo sin revisión, sin medidas mínimas de seguridad), lo cual violó normas como el artículo 54 de la LSST, acreditándose el incumplimiento del deber de prevención, por lo que, se confirma la responsabilidad de la empresa y se ratifican las sanciones impuestas en primera instancia. 1.6. Con fecha 09 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de la Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 120-2023- SUNAFIL/IRE-LIB.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR. 3.4. En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SEGUROC S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 09 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 120-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. La Intendencia ha variado la calificación de las infracciones, sin motivación ni justificación, modificando su descripción y sustento legal (ahora art. 28.10), impidiendo su impugnación vía recurso de revisión, reservado solo para infracciones muy graves.

ii. La resolución impugnada se aparta del criterio del Tribunal de Fiscalización Laboral, que exige probar que el incumplimiento normativo fue causa directa del accidente (Res. 005-2022 SUNAFIL/TFL). No se demuestra de manera concreta cómo la supuesta omisión en el IPERC causó directamente el accidente mortal. Solo repite argumentos anteriores sin nuevos elementos de juicio ni pruebas claras, con lo cual se pretende exigir al empleador responsabilidades desproporcionadas, como verificar si choferes de terceros descansan adecuadamente o si pasajeros usan cinturón, sin base legal ni prueba de relación causal con el accidente.

iii. No se ha probado que el accidente fue producto de la omisión señalada en el IPERC. Se desconoce incluso si el accidente fue causado por factores externos como deslizamientos o derrumbes.

iv. Se vulnera el principio de causalidad, dado que la normativa exige demostrar que la omisión fue la causa directa y determinante del daño, lo cual no se ha hecho en ninguna etapa del procedimiento. La resolución se aparta injustificadamente del precedente vinculante, carece de motivación adecuada y debe ser declarada nula por no cumplir con los requisitos legales de fundamentación y prueba del nexo causal.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el accidente de trabajo

“a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho” 9.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, esto es, “todos los antecedentes recopilados que han dado lugar al accidente, así como los vínculos lógicos y cronológicos que los relacionan; se trata de una representación de la red de antecedentes que han provocado directa o indirectamente la lesión”10. En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un

9 Citado en el considerando tercero de la Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD. 10 MONTEAU, M. “Análisis y presentación de informes: investigación de accidentes” En Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tomo II, cap. 57, Madrid: OIT, p. 57.26.

incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.

Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

Sobre la infracción muy grave atribuida

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijurídica. - Es el hecho contrario a la Ley, al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores” 12.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de

11 Casación N° 18190-2016 Lima 12 Casación N° 4321-2015 Callao

atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo13.

Sobre la infracción muy grave atribuida a SEGUROC S.A. 6.11. Así, en examen del expediente inspectivo, se observa que el inspector comisionado consignó en los hechos constatados del Acta de Infracción, lo siguiente:

Figura N° 01

13 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima 6.12. Asimismo, la autoridad inspectiva de trabajo recoge del registro de accidente de trabajo, como causas del accidente de trabajo lo siguiente:

Figura N° 02

Figura N° 03

14 A través de la Resolución N° 008-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 24 de mayo de 2021, recaída en el expediente N° 277-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se especificó que el Acta de Infracción tiene la naturaleza de acto administrativo de trámite (fundamento 6.23).

Constitucional, recaída en el expediente N° 02698-2012-AA/TC, señala que “dichas actas no están exentas del deber de motivación de los actos administrativos, así como de la ponderación de todas las pruebas aportadas, pues precisamente dan inicio al procedimiento administrativo sancionador en ciernes, siendo que la decisión tomada por la autoridad laboral traerá como consecuencia la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias. Dicha inspección debe estar dotada de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en términos constitucionales”.

Figura N° 04

15 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. (…). (el resaltado es nuestro)” 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.” 17 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II., p .421.

se establece a partir “la falta de colaboración en no facilitar la documentación necesaria ocurrida en fecha 07 de enero de 2021”. 6.33. Sin embargo, como se puede apreciar en el acta de infracción, en el numeral 4.4 de los Hechos Constatados, el inspector actuante basó su requerimiento de información notificado el 07/01/2021, en la falta de información remitida por la empresa inspeccionada, como respuesta al requerimiento del 30/12/2020, misma que fue atendida de manera posterior por el mismo inspeccionado. El inspector determina, del análisis de la información, que: “el sujeto inspeccionado no cumplió con presentar la totalidad de la información requerida, ya que con fecha 07/01/2021 no cumplió con presentar la información requerida con fecha 30/12/2020 la que se encontraba con apercibimiento de sanción por la no presentación conforme se puede observar del requerimiento de información de dicha fecha, notificada a través de la casilla electrónica. No obstante, a lo expuesto, ante un nuevo requerimiento de información, través de su apoderado acreditado en la presente investigación, presentó documentación laboral consistente en:

- Vigencia Poder, copia de DNI, carta poder; - constancia de baja de trabajador; - certificado de defunción; - registro de asistencia a capacitación de IPER; - carta dirigida a la AAT comunicando error de datos en reporte de trabajador de fecha 04/01/2021; - reporte de notificación de fecha 28/12/2020; - reporte de notificación de fecha 04/01/2021; - registro de accidente de trabajo, informe de accidente de trabajo; - registro de entrega de EPPs; - matriz IPER, certificado de trabajo y carta de liberación de CTS.” 6.34. Por ello, el personal inspectivo remite nuevo requerimiento, de fecha 07/01/2021, precisando que al no haber no haber cumplió con el punto (2) No presentar constancia de alta de trabajador; y, punto (7) no presentar matriz IPER18,respecto al requerimiento de información del 30/12/2020 en el plazo máximo señalado que fue notificado el 04/01/2021, se hace efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia por dicha conducta ha incurrido en obstrucción a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, volviéndosele a requerir por última vez (07/01/2021). A lo que el inspeccionado responde con la presentación de la siguiente documentación: - Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, fecha de actualización 01/07/2020. - Certificado de trabajo donde se observa, entre otros, que el trabajador laboro desde el 01/10/2012.

18 Folios 38 - 39 del expediente de investigación digital. - Documento dirigido al banco internacional del Perú comunicando, entre otros, la fecha de cese del trabajador 29/10/2020.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis agregado).

una infracción específica en materia labor inspectiva. En el presente caso, al no haberse realizado dicha labor de forma adecuada, se ha incurrido en un error de tipificación y calificación, lo cual vulnera los principios de tipicidad y debida motivación previstos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, afectando gravemente la validez del acto administrativo emitido. 6.40. La ausencia de esta motivación vulnera los principios de debido procedimiento administrativo y de motivación de los actos administrativos, recogidos en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 6.41. Así, se ha identificado que las conductas reprochables de la impugnante no han sido correctamente motivadas, puesto que, la resolución de primera instancia como en la de segunda instancia, han configurado la sanción impuesta sin explicar de formar clara y precisa el nexo causal en relación a la ocurrencia del accidente de trabajo mortal, respecto de la infracción prevista en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, así como, la negativa de brindar la información requerida por el inspector actuante prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT en atención a los fundamentos expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL. 6.42. Es pertinente precisar que corresponde a la autoridad administrativa realizar un análisis correcto y una adecuada sustentación de cómo la inspeccionada habría incurrido en una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo en aquel supuesto donde se produce un accidente mortal y una infracción a la labor inspectiva por la supuesta negativa de brindar la información. La ausencia de dicho análisis y motivación vulnera los principios de tipicidad y de debida motivación que rigen las resoluciones administrativas.

19 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “(...) motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos. Del mismo modo, la conducta de la Administración debe ser objetiva y clara en cuanto a la determinación de la sanción.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando

existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SEGUROC S.A., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 527-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 09 de setiembre de 2021, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 119-2021- SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 527-2021-SUNAFIL/IR- LL/SIRE, de fecha 09 de setiembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución al SEGUROC S.A., y a la Intendencia Regional de la Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y salud en el trabajo No cumplir con la notificación o aviso del accidente de trabajo mortal o incidente peligroso. Numeral 27.2 del artículo 27 del RLGIT. GRAVE CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de la Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.54 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250423EKAJ - HR 89236-2023