San Miguel Industrias PET S.A — Res. 219-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo: (sub materia: incluye todas), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER): (Sub materia: incluye todos), Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: registro de accidente de trabajo e incidentes). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar una oportuna identificación de peligros y, evaluación de riesgos, lo cual causó el accidente de trabajo en perjuicio del ex trabajador Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. La resolución apelada es nula por vulnerar derechos fundamentales, así como principios del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a las causales de nulidad previsto en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444 y de lo señalado en el artículo 139 de la Constitución.

ii. Se vulnera flagrantemente el derecho de defensa de la empresa, al omitir los argumentos señalados en los escritos de descargos, cuyo análisis siempre parte de establecer que la empresa no habría cumplido con sus obligaciones cuando ha quedado evidenciado que las razones que motivaron el accidente fueron conductas dentro del ámbito y esfera de control del ex trabajador del proveedor de la empresa y no representan incumplimientos imputables de la empresa.

iii. Lo más grave de la actuación de la Sub Intendencia al momento de expedir la resolución apelada es que en dicho acto se indica expresamente que si hubo un exceso de plazo en la actuación de la Autoridad instructora; sin embargo, sobre ello se señala que no afectaría la validez de dichas actuaciones, contraviniendo así el principio de legalidad y el derecho a la defensa.

iv. La resolución apelada vulnera flagrantemente el derecho a la debida motivación de los actos administrativos, y el debido procedimiento, según lo dispuesto por la LGIT y la Ley N° 27444, razón por la cual se debe declarar la nulidad.

v. La resolución apelada vulnera los principios de legalidad y verdad material previsto en los numerales 1.1 y 1.11 de la Ley N° 27444, por cuanto la Autoridad Instructora ha incurrido en error insubsanable al no revisar y acreditar el incumplimiento del contenido mínimo del Acta de infracción señalada en el artículo 54 de la LGIT, ya que la Inspección de Trabajo no cumplió con detallar la responsabilidad imputada a la empresa como sujeto inspeccionado y menos aún ha expresado los fundamentos facticos y jurídicos que lo sustentan.

vi. El Informe Final se ha expedido fuera del plazo establecido en el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, pues la Imputación de Cargos N° 1179-2020- SUNAFIL/ILM/Al1 fue notificado el 07 de octubre de 2020, por lo que el vencimiento de plazo para los descargos correspondientes vencía el 14 de octubre de 2020, debiendo respetar la Autoridad instructora un plazo de diez (10) días hábiles, luego de dicha fecha para la expedición del Informe Final, es decir este plazo venció el 28 de octubre de 2020, no obstante, éste mismo fue expedido el 05 de marzo de 2021, habiendo superado en exceso el plazo legal que corresponde.

vii. El Acta de Infracción evidencia una vulneración al principio de tipicidad la cual no ha sido tomado en cuenta por la autoridad instructora ni por la Sub Intendencia, pues se pretende sancionar a la empresa por haber cometido supuestas infracciones de disposiciones de la Ley N” 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de su Reglamento, sin haberse acreditado el supuesto incumplimiento.

i. Luego de la revisión efectuada de los actuados administrativos como son el Acta de Infracción, el Informe Final y la resolución apelada no contraviene en la forma ni en el fondo a la Constitución, ni a las leyes o normas reglamentarias; toda vez que contienen los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular.

ii. La resolución apelada se encuentra debidamente motivada conforme se puede verificar de los considerandos 6 al 36, en el que se ha expuesto una relación concreta y directa de los hechos constatados en las actuaciones inspectivas de investigación que consta en el Acta de Infracción, determinando de su análisis que la inspeccionada ha incurrido en la comisión de infracción prevista en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y dentro del marco constitucional del artículo 139 de la Carta Magna, al no haber acreditado que la Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos - IPER exhibido a la fecha del accidente de trabajo se encuentre elaborada conforme a ley, al no haber determinado en ella, las medidas de control que prevenga el accidente de trabajo ocurrido el 21/12/2017, el cual afectó al trabajador Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo, cuyo aspecto fue corroborado con las medidas correctivas que implementó en la investigación del accidente de trabajo exhibido por la inspeccionada.

2 Notificada con fecha 16 de agosto de 2021

iii. La resolución apelada, ha cumplido con los principios del procedimiento administrativo contemplado en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, como son: el principio de legalidad, verdad material, debido proceso, entre otros; los cuales rigen la potestad sancionadora administrativa, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG, como son: la legalidad, el debido procedimiento, la razonabilidad, la tipicidad, la causalidad, la presunción de licitud, entre otros; por consiguiente, contrariamente a lo alegado por la inspeccionada, existe conexión lógica entre la fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta a la inspeccionada por la infracción materia de autos.

iv. En el Acta de Infracción el personal inspectivo ha analizado que el incumplimiento de las obligaciones de efectuar una oportuna identificación de peligros y, evaluación de riesgos, constituye una causa del accidente de trabajo que le ocurrió al señor Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo, motivo por el cual se tipificó en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. El nexo causal se desprende de lo abordado de los hechos constatados del Acta de Infracción, además de lo consignado en el Registro de Accidente de Trabajo de la inspeccionada. Además, dicho incumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo le produjeron lesiones en el cuerpo, información que se extrajo del informe de Médico con la salvedad que en el expediente no obra documentación adicional que lo desvirtúe. En tal sentido, cabe resaltar que este incumplimiento, ya sea por acción o por omisión, ha generado el accidente de trabajo del señor Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo, pues hay una causalidad directa entre el referido incumplimiento y el mencionado accidente de trabajo.

v. Si bien el Acta de Infracción 1616-2018, de fecha 03 de julio de 2018 junto a la Imputación de Cargos N° 1179-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 07 de setiembre de 2020, se notificó a la inspeccionada el 07 de octubre de 2020, luego el Informe Final de Instrucción N° 0439-2021-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 05 de marzo de 2021, notificado válidamente el 18 de marzo de 2021, mediante Constancia de Notificación Electrónica habiendo transcurrido el plazo señalado; sin embargo, conforme a lo establecido en el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG la extemporaneidad de la notificación del Acta de Infracción o el Informe Final considerando su fecha de emisión no está afecta de nulidad, al no existir norma alguna que expresamente así lo establezca; en tanto, la autoridad administrativa, a pesar de ello, está obligada a emitir su pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad administrativa de la inspeccionada, toda vez que se trata de una situación de respeto al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la inspeccionada, que requiere ser determinada por dicha autoridad.

vi. De la revisión del Acta de Infracción efectuada por esta Intendencia, se advierte que contienen los datos de identificación de la inspeccionada; asimismo, se describieron las actuaciones inspectivas de investigación y comprobatorias que realizó el Inspector comisionado; no obstante, en el numeral IV, constan los hechos verificados que motivaron la emisión del acta y las normas que contienen las obligaciones infringidas por estos hechos. Así también figuran las calificaciones de infracción y sanciones que los Inspectores propusieron aplicar por los incumplimientos verificados antes citados; en consecuencia, se colige que el Acta de infracción fue expedida cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa

Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1277-2021-SUNAFIL/ILM, señalando que:

Sobre la vulneración al derecho de defensa.

- En el procedimiento el análisis siempre parte de establecer que SMI no habría cumplido con sus obligaciones, cuando ha quedado evidenciado que las razones que motivaron el accidente fueron conductas dentro del ámbito y esfera de control del ex trabajador de nuestro proveedor, y no representan incumplimientos imputables a SMI. De esta manera, sin contrastar o analizar tales hechos con los amplios argumentos de SMI en sus escritos de descargos, la autoridad inspectiva actúa en contravención de la garantía de derechos que se reconocen a SMI como administrado, quedando en una situación de indefensión absoluta.

- La Intendencia (que ha seguido el mismo criterio que la Sub Intendencia) al momento de expedir la Resolución materia de impugnación, indica expresamente que sí hubo un exceso de plazo en la actuación de la Autoridad Instructora, pero que ello no afectaría la validez de dichas actuaciones, lo que expresa contravención al Principio de Legalidad que inspira toda actuación de la Administración, asimismo, este exceso de plazo se ha hecho nuevamente manifiesto en el actuar de la Intendencia, habiendo excedido el plazo para pronunciarse sobre nuestro Recurso de Apelación.

- Si pese a tener la posibilidad de preparar y presentar descargos, éstos no son tomados en cuenta al momento de emitir una decisión, entonces en realidad no estamos ejerciendo nuestro derecho de defensa, pues éste, en la práctica no tiene eficacia alguna, lo que ocurre por motivos únicamente imputables a la autoridad inspectiva que no los considera al evaluar la existencia o no de la infracción.

Sobre la vulneración al derecho a la debida motivación de los actos administrativos.

- Ninguna instancia se ha tomado la molestia de identificar nuestra responsabilidad administrativa respecto a la situación analizada, es decir, que exista un nexo causal entre el supuesto incumplimiento de la normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su configuración.

Sobre la vulneración de los principios de legalidad y de verdad material

- La Sub Intendencia no ha cumplido con las verificaciones a las que estuvo obligada, de acuerdo con las normas aplicables, incumpliendo con las obligaciones que procedemos a detallar a continuación: Incumplió con determinar el nexo causal entre la supuesta infracción y el accidente que motivó la inspección; Incumplió pronunciarse sobre nuestros argumentos que dan cuenta de la inexistencia de responsabilidad de parte de SMI; Incumplió con sus obligaciones de respeto del plazo para la realización de sus actuaciones; y, No aplicó de forma correcta las normas legales correspondientes. Por lo que deviene en nulo el procedimiento en base al numeral 1) del Artículo 10 de la LPAG

Sobre la vulneración al principio de tipicidad

- La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción económica contra SMI vulnerando el principio de tipicidad, pues pretenden sancionarnos por haber cometido supuestas infracciones de disposiciones de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST), y de su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR (en adelante RLSST), sin haberse acreditado el nexo del supuesto incumplimiento.

Sobre la aplicación errónea del artículo 28, numeral 28.10 del RLGIT

- La Intendencia señala que el nexo causal se desprende de lo abordado en los hechos constatados del Acta de infracción, esto es, el incumplimiento de las obligaciones de efectuar una oportuna identificación de peligros y evaluación de riesgos. No obstante, en el Acta no existe argumento alguno que indique lo anterior, el único "argumento" utilizado por la Inspectora comisionada sobre supuestos incumplimientos de nuestra parte es el contenido de las medidas correctivas en la investigación del accidente de trabajo de fecha posterior al accidente de trabajo. Por tanto, la autoridad inspectora no ha centrado su análisis en base al IPERC vigente al momento del accidente y que fue debidamente remitida a la inspectora.

- Si se contaba con una matriz IPERC, que, en el año 2017, se encontraba aprobada desde el 04 de marzo de 2017, antes de la ocurrencia del accidente de trabajo, es decir, si se tenía identificado de manera oportuna los peligros y la evaluación de riesgos correspondiente, respeto de los montacarguistas de personal tercero, como fue el caso de RANSA.

- En cuanto a que la revisión del IPERC se efectuó el 22 de marzo de 2017, ello no puede ser mérito para aducir que nuestra parte incumplió con su obligación, por el contrario, en cumplimiento a nuestro deber de prevención, inmediatamente después de ocurrido el accidente de trabajo, procedimos a revisar nuestro matriz IPERC y como el resultado de toda evaluación, va a implicar mejoras en el control de riesgos.

- El accidente de trabajo fue totalmente imputable a la negligencia del trabajador, por tanto, se ha aplicado de manera errónea lo dispuesto en el numeral 28.10 del artículo 28° de la RLGIT; asimismo, no se ha cumplido con sustentar debidamente la existencia del nexo causal entre el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y la ocurrencia del accidente que ocasionó el daño a la salud del trabajador afectado. Dicho incumplimiento por parte del personal inspectivo, se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, debiendo declararse la nulidad del procedimiento.

Sobre la inaplicación del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT

- La disposición del RLGIT contempla la obligación, de parte de la Autoridad Instructora, de revisar el contenido del Acta de Infracción, de esta forma, se ha incurrido en un error, al no revisar y acreditar el cumplimiento del contenido mínimo del Acta de Infracción, ya que, la Inspección de Trabajo no cumplió con detallar la responsabilidad imputada a SMI como sujeto inspeccionado, y menos aún ha expresado los fundamentos fácticos y jurídicos que lo sustentan.

- Asimismo, el numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT contempla, dentro de los lineamientos a seguir por la Autoridad Instructora, el respeto a los plazos improrrogables a ser cumplidos para la expedición del Informe Final de Instrucción; sin embargo, la Imputación de Cargos N°1179-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, fue notificada el 07 de octubre de 2020, por lo que el vencimiento de plazo para los descargos correspondientes vencía el 14 de octubre de 2020, debiendo respetar la Autoridad Instructora un plazo de diez (10) días hábiles luego de dicha fecha para la expedición del Informe Final de Instrucción; es decir este plazo venció el 28 de octubre de 2020. No obstante, el mismo fue expedido el 05 de marzo de 2021, habiendo superado en exceso el plazo legal que corresponde, lo cual no ha sido adecuadamente valorado por la sub intendencia y la intendencia indicando, de manera totalmente ilegal, que el tiempo no

afecta la validez del acto realizado por la Autoridad Instructora, atentando contra los principios que inspiran los procedimientos administrativos.

Sobre la inaplicación del artículo 55 del RLGIT

- La norma otorga un plazo de treinta (30) días hábiles a las Intendencias para resolver un recurso de apelación, no obstante, dicho plazo no ha sido respetado al momento de expedir la Resolución de Intendencia materia del presente recurso; siendo que, nuestro recurso de apelación fue presentado, dentro del plazo otorgado, el día 04 de mayo de 2021, por lo que tomando en cuenta lo indicado en la disposición mencionada, la Intendencia debió pronunciarse sobre el mismo, como máximo, el día 15 de junio de 2021, situación que no se produjo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la aplicación errónea del numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

8 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 9 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijuricidad. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”11.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo

10 Casación N° 18190-2016 Lima 11 Casación N° 4321-2015 Callao

realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo12.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a indemnización en caso sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no

12 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima

determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

- El trabajador accidentado Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo es trabajador de la razón social: RANSA COMERCIAL S.A, quien a la fecha del accidente 21.12.2017 realizaba labores de montacarguista en las instalaciones de la impugnante.

- Se ha acreditado que el accidente de fecha 21 de diciembre de 2017, ocurrió cuando el trabajador afectado se dispone a buscar los códigos (HU) de las cajas con preformas para su despacho.

- Las actuaciones inspectivas se desarrollaron con el fin de investigar el accidente de trabajo del señor Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo, producido el día 21.12.2017, cuando el Señor Cervantes al disponerse a revisar unas cajas que se encontraban en el Almacén N° 1 para su traslado a su ubicación final, desciende del montacargas e ingresa entre las cajas que estaban ubicadas a la altura de la parte posterior del montacarga de SMI, conducido por el Sr. Gregorio Tejada quien se encontraba detenido realizando coordinaciones con su compañero Sr. Miguel Huertas. Al momento de agacharse para revisar el código (HU) de la caja, entra en el punto ciego del operador de montacargas quien, al iniciar la marcha, el pie del señor Cervantes es golpeado por el neumático posterior del montacarga

- En ese entendido, el comisionado ha establecido en el Quinto hecho verificado del Acta de Infracción que: “Respecto de la materia Identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPER), si bien el sujeto inspeccionado, exhibió el documento denominado Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos con fecha de revisión 22/12/2017, (posterior a la fecha del accidente) se verificó, que en dicho IPER respecto del puesto de trabajo de montacarguista, y la tarea búsqueda y escaneo manual de cajas se incluyeron medidas de control posterior a la fecha del accidente 21/12/2017, caben señalar que en el IPER se

precisan controles administrativos para tránsito peatonal en instalaciones de planta y todos los trabajos no rutinarios por contratistas en los almacenes que requieren permisos y autorizaciones respectivas, no indicándose de manera específica si estas medidas de control serán supervisadas por la inspeccionada SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A como empresa principal o la empresa tercerizada RANSA COMERCIAL S.A, lo que evidencia que a la fecha del accidente la inspeccionada no había determinado las medidas de control que prevenga el accidente de trabajo ocurrido el 21/12/2017; lo mismo que fue detallado como medidas correctivas en la Investigación del accidente de trabajo de fecha 25/06/2018 exhibida por la inspeccionada que indica: - Revisión y actualización del IPERC de la contratista RANSA COMERCIAL S.A y SMI. -Definir protocolos de limitación de acceso para trabajos en los pasillos de almacenes”, considerado dentro de las causas básicas: Factores del trabajo, falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos a fin de establecer las medidas de control.

“La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe: b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del

13 Arti 57 LSST6.12“El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan: a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.”

trabajo. c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos".

Figura N° 01:

14 Véase foja 24 del expediente de actuaciones inspectivas. 15 Véase foja 69 del expediente de actuaciones inspectivas.

Figura N° 02:

buscando los códigos (HU) de las cajas con preformas para su despacho. Por tanto, se encuentra plenamente determinado el nexo causal entre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riegos - IPER, al no encontrarse elaborado conforme a ley, al no haber determinado las medidas de control que prevenga el accidente de trabajo ocurrido el 12 de diciembre de 2017 y el accidente de trabajo, asociándose la responsabilidad a la impugnante por la causa del accidente de trabajo producido.

“Sobre la culpa corresponde indicar que el actuar imprudente implica la inobservancia de un deber legal exigible al sujeto. Este debe adecuar su comportamiento a lo prescrito por la norma; al no observar los parámetros normativos establecidos y, por ende, realizar la conducta tipificada, corresponde imputársele la comisión por un actuar imprudente, negligente, imperito o descuidado. Como se observa no existe una voluntad de transgresión de la norma, sino una desatención de esta que conllevó a la comisión de una infracción”16 .

“Las personas jurídicas responderán por su capacidad de cometer infracciones partiendo de la culpabilidad por defectos de organización. Aquí la falta de cuidado se evidencia por no haber tomado las medidas necesarias para el correcto desarrollo de sus actividades de conformidad con la normativa, las que hubiesen evitado la producción de infracciones. Al no adoptarlas, nos encontramos en el supuesto de déficit organizacional que acarrea la comisión de la infracción y, por ende, la imposición de una sanción”17 (énfasis añadido).

16 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo II. Página 457 17 MORON URBINA, Juan Carlos. Ob. Cit. Página 458. 18 Ver folios 05 del expediente inspectivo.

19 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). Lima: Gaceta Jurídica, Tomo II, págs. 861

Sobre la inaplicación del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT

“Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción El acta de infracción que se extienda debe poseer el siguiente contenido mínimo: a) Identificación del sujeto responsable, con expresión de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y actividad económica. Idénticos datos de identificación se reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor inspectiva o de empresas informales, se consignarán los datos que hayan podido constarse. b) La autoridad competente para imponer sanción, con expresión de la norma que le atribuye su competencia. c) (…) d) (…) e) La infracción o infracciones en las que se subsumen los hechos comprobados, los preceptos y normas que se estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal. f) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de

reincidencia en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha circunstancia con su respectivo fundamento. g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos responsables, con expresión de su fundamento fáctico y jurídico. h) La identificación del inspector o de los inspectores de trabajo que extienden el acta de infracción con sus respectivas firmas. i) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación". 6.34 Estando a lo precitado, se tiene que, de la revisión del Acta de infracción, esta no omitió algún requisito formal, como pretende alegar la impugnante; en tanto de los hechos verificados se advierte que la infracción incurrida, relacionada a la materia de seguridad y salud en el trabajo, fueron causa del accidente ocurrido al trabajador Ángelo Amilcar Cervantes Melgarejo.

“Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento formula un informe final de instrucción en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación del descargo. En este informe se declara la inexistencia de

infracción o, de corresponder, determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta”.

20 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL

Sobre la inaplicación del artículo 55 del RLGIT

21 “TUO de la LPAG Artículo II.- Contenido 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales”. 22 “TUO de la LPAG Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo (…) 151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.” 23 Fundamento 49 del Exp. N° 04532-2013-PA/TC.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que la multa subsistente en el presente procedimiento administrativo sancionador sería la siguiente:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Seguridad y Salud en el Trabajo No realizar una oportuna identificación de peligros y, evaluación de riesgos, lo cual causó el accidente de trabajo en perjuicio del ex trabajador Ángelo Amílcar Cervantes Melgarejo.

Numeral 28.10 del Artículo 28 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE S/. 9,337.50

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019- 2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

24 TUO de la LPAG, “Artículo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos 154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.”

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1277-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de agosto de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2266- 2018-SUNAFIL/ILM/SIRE3, por las consideraciones expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1277-2021-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA