San Fernando S.A — Res. 158-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Formación e información sobre SST, Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: incumplimientos en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial), Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Sub materia: Prevención de riesgos). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no haber realizado la evaluación IPER del área de trabajo donde ocurrió el accidente, ubicado en su planta de abono líquido, previo a la fecha 29/09/2020, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 338,818.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no informar sobre los peligros y riesgos presentes en el área donde ha ocurrido el accidente, debido a que no se realizó la evaluación IPER previo a la fecha 20/09/2020, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 338,818.50.

i. La imputación efectuada requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor que desempeña el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de SST. ii. La muerte del señor Cesareo fue por falta de oxígeno dentro del tanque al que se introdujo por voluntad propia. Por tanto, para determinar si existe nexo causal entre la no evaluación en el IPER de los peligros y riesgos del área de trabajo con el accidente mortal, se debe absolver el motivo del porqué el trabajador ingreso a la zona de los tanques. iii. La empresa si cumplió con su deber de información de los peligros y riesgos en el área de trabajo. iv. El inspector incurrió en motivación aparente.

i. Si bien todo trabajador está obligado a cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de SST, conforme lo establece el art. 79 de la LSST, ello no exime o sustituye la obligación del empleador en su condición de garante de las condiciones de SST, lo señalado requiere que el empleador tome las medidas preventivas de control respecto de los equipos o elementos que se encuentran en la misma área donde se desarrollan otras tareas, asegurando que los procedimientos y

2 Notificada a la impugnante el 14 de octubre de 2021, véase folio 231 del expediente sancionador.

tareas encargadas se realicen de acuerdo a lo planificado, ejerciendo una supervisión de estas, de manera efectiva, teniendo en cuenta que los peligros y riesgos que tiene la zona no está sujeta solo al que propiamente realiza una tarea específica, sino todo aquel que con ocasión de alguna actividad se encuentre en la misma área. ii. El IPER, de fecha 07/11/2019, de la planta de Abonos Anita y el IPER, de fecha 01/10/2020, no acreditaban la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en el área del accidente. iii. La inspeccionada debió contar con IPER de los riesgos en el área del accidente en la fecha de tal acontecimiento, identificación que debió estar plasmada en el IPER; sin embargo, no se evidencia que la inspeccionada haya cumplido con el documento que lo acredite; considerándose ello como una causa básica del accidente de trabajo / factores de trabajo, por una gestión de riesgos insuficiente del área de trabajo, puesto que a falta de un IPERC en donde se debió haber consignado los peligros y evaluación de los riesgos en el área, este no pudo ser difundido entre los trabajadores para su conocimiento, seguridad y aplicación del mismo, que pudieron haber servido para eliminar los peligros y riesgos y que, en su defecto, contendrían la aplicación de sistemas de control a aquellos peligros que no pueden ser eliminados. iv. Se ha determinado la responsabilidad que tiene el sujeto inspeccionado en su calidad de empleador y de garante de SST, puesto que debió haber realizado la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en el área del accidente, conforme se deja constancia en el acta de infracción. v. El inspector comisionado si ha actuado bajo los parámetros de ley, pues ha realizado la valoración correspondiente de los medios de prueba que sirvieron para la determinación de la propuesta de multa en el acta de infracción. vi. No se evidencia que la resolución apelada adolezca de una debida motivación, toda vez que existe una clara correspondencia entre los hechos constatados, medios de prueba presentados y las normas jurídicas infringidas. Asimismo, tampoco se han inobservado los principios que rigen la potestad sancionadora.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Del Recurso De Revisión

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR. IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SAN FERNANDO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 86-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

- No existe una debida motivación en el acto administrativo impugnado, pues no ha existido motivación sobre lo alegado respecto a la aplicación del artículo 53 de la Ley N° 29783 y el artículo 94 del Reglamento de la Ley N° 29783. - La intendencia no ha advertido que, para imputar responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención, se requiere que: i) Se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor que desempeñaba el trabajador; y, ii) Del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. - El daño generado al trabajador no fue una consecuencia directa de la labor que desempeñaba en su puesto de trabajo, pues no se encontraba dentro de sus funciones ingresar a la zona de tanques y mucho menos introducirse dentro del tanque de 10m3, y así incluso lo ha reconocido la propia intendencia. - No existe pronunciamiento respecto al argumento referente a que la causa del accidente fue por una conducta que no guardaba relación con las labores del trabajador, siendo más bien, consecuencia de la desobediencia del propio trabajador, incumpliendo la orden dispuesta por su superior de no ingresar al tanque (minutos antes del accidente, el trabajador llamó por teléfono a su superior, el Señor Avelino Barrera López (sobrino del trabajador accidentado), indicándole que una tapa del filtro había caído dentro del tanque de 10m3, y este le precisó que no ingrese al tanque. Esto se acredita con la declaración efectuada el 21 de setiembre del 2020, que obra en autos). Asimismo, manipuló el tanque que se encontraba cerrado herméticamente cerrado con sus respectivas tapas. - Existe una motivación aparente en la decisión impugnada respecto de que la empresa habría incumplido respecto de su deber de información y capacitación de los peligros y riesgos del área de trabajo. - Si cumplió con informar los peligros y riesgos del puesto y ambiente de trabajo. - No existe una debida valoración de los medios probatorios que acreditan que la empresa si cumplió con su deber de información y capacitación. - No se ha advertido que no existe nexo causal entre la ausencia de IPER y el accidente mortal, como el Tribunal lo ha señalado en la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. - Nuestro sistema ha adoptado la teoría de la Causa Adecuada, que postula que la causa es “aquella que normalmente produce un determinado resultado”, y no cualquier hecho anterior a tal resultado. - La no valoración en el IPER no guarda relación de causalidad con la muerte del trabajador.

- Conforme al Programa Anual de SST del año 2020, ya se tenía programada la revisión y aprobación de los IPER de todos los centros de trabajo para los meses de agosto, setiembre y octubre del 2020, con lo que se acredita que la elaboración de dicho IPER ya se encontraba en proyecto, por lo que no se puede imputar algún incumplimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”. (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). (énfasis añadido)

9 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

10 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”. 11 LSST, “Artículo 53. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que producto de la vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva”. 12 RLSST, “Artículo 94.- Para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo.”

Sobre las causas que dan origen al accidente de trabajo

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:

- Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador.

13 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 14 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 15 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

- Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares.

- Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente.

- Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente” (énfasis añadido).

Sobre la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

16 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 17 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual).

ii) Conducta antijuricidad. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”19.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”.

En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus

18 Casación N° 18190-2016 Lima 19 Casación N° 4321-2015 Callao

obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo.

iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo20.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal.

ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a indemnización en caso sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190-2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional.

iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada

20 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

No haber realizado la evaluación IPER del área de trabajo donde ocurrió el accidente

- Como se verifica del acta de infracción, los comisionados establecieron como causa del accidente de trabajo: i) Acto Riesgoso: Ingreso a espacio confinado (tanque), empleador describe en registro de accidente que desconoce los motivos por el cual trabajador decidió entrar al tanque; ii) Condición Riesgosa: Espacio confinado (tanque) contiguo a donde realizaba limpieza de filtros, sin las señalizaciones de advertencia respectivas.

- Asimismo, como se ha señalado en la misma acta, no se han identificado los peligros y evaluado los riesgos en el área del accidente, los mismos que deben contemplar medidas de control que eviten o disminuyan la exposición de los trabajadores que con ocasión de su trabajo se encuentren en el área, medidas como señalización de advertencia, informativas, prohibiciones, elementos de seguridad de bloqueo de acceso a espacios peligrosos, etc.

No informar sobre los peligros y riesgos presentes en el área del accidente

- De los actuados se ha corroborado que la impugnante contaba con IPER, el mismo que tenia como fecha 07 de noviembre de 2019, del cual se evidencia que no se ha cumplido con la información en relación a los peligros y riesgos del área “Planta de Abono Líquido”, los mismos que recién se señalaron el 01 de octubre de 2020 (fecha posterior al accidente).

- Cabe señalar que, como ha sido establecido por los comisionados, en el IPER debió haberse considerado que si bien el área tiene una serie de elementos (tanque, filtros, tuberías, etc.) estos son contiguos y cercanos a las tareas que se puedan realizar en el área. Por lo que, la información de los peligros y riesgos que tiene la zona o área de trabajo, no está sujeta solo al que propiamente realiza una tarea específica, sino a todo aquel que con ocasión de alguna actividad debe ingresar al área.

Información Adicional

Finalmente es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrativo sancionador serían las siguientes:

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Seguridad y Salud en el Trabajo No haber realizado la evaluación IPER del área de trabajo donde ocurrió el accidente, ubicado en su planta de abono líquido, previo a la fecha 29/09/2020. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/. 338,818.50 Seguridad y Salud en el Trabajo No haber informado los peligros y riesgos presentes en el área donde a ocurrido el accidente, debido a que no se realizó la evaluación IPER previo a la fecha 20/09/2020. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/. 338,818.50

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por SAN FERNANDO S.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 86-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 159-2020-SUNAFIL/IRE-LIMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 86-2021-SUNAFIL/IRE-LIM en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a SAN FERNANDO S.A. y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA