Promex Servicios Empresariales S.R.L — Res. 1491-2025

Mediante Orden de Inspección N° 94-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 672-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 21 de marzo de 2022, notificada el 23 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1227-2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 20 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia de Lima Metropolitana la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 1437-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4, de fecha 19 de diciembre de 2022, notificada el 21 de diciembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 100,653.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 13 de enero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1437-2022-SUNAFIL/ILM/SISA4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 281-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de abril de 20232, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 02 de mayo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 281-2023- SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003163-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 12 de octubre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 281-2023- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 100,653.00, por la comisión, entre otra, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento9, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Es oportuno señalar que las infracciones a las normas de trabajo pueden ser consideradas como subsanables o insubsanables, según el comportamiento antijurídico comprobado y los efectos que este genera (en particular, si el daño puede ser revertido o no, conforme con la naturaleza jurídica de ciertos derechos laborales y la calificación de los hechos efectuada por el inspector de trabajo, conforme con las funciones que cumple).

No obstante, de manera general, en el segundo párrafo del artículo 49 del RLGIT se ha establecido que las infracciones son subsanables siempre que los efectos de la afectación del derecho o del incumplimiento de la obligación puedan ser revertidos. Es así como el Tribunal de Fiscalización Laboral establece como precedente de observancia obligatoria que10:

En el presente caso, se advierte la existencia de hechos insubsanables, lo cual resulta coherente con la constatación de un accidente de trabajo con consecuencia mortal. Este carácter se configura porque los efectos del incumplimiento —la afectación irreversible a la vida del trabajador— no pueden ser revertidos. La imputación se centró en la omisión y deficiencia en la aplicación de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en la no inclusión del riesgo eléctrico dentro del IPERC y del PETS correspondientes a la tarea ejecutada, lo cual fue determinado como la causa directa del accidente fatal. En consecuencia, el inspector comisionado concluyó que dicho incumplimiento, tipificado como infracción muy grave conforme al numeral 28.10 del RLGIT, resulta insubsanable al haber ocasionado el fallecimiento del trabajador.

En el presente caso, se advierte la existencia de hechos insubsanables, conforme a la verificación de un accidente de trabajo con consecuencia mortal, debidamente constatado por la autoridad inspectiva. Este carácter se configura porque los efectos del incumplimiento —la afectación irreversible a la vida del trabajador— no pueden ser revertidos. La imputación se centró en la omisión y deficiencia en la aplicación de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en la no inclusión del riesgo eléctrico dentro del IPERC y del PETS correspondientes a la tarea ejecutada, lo cual fue determinado como la causa directa del accidente fatal. En consecuencia, el inspector comisionado concluyó que dicho incumplimiento, tipificado como infracción muy grave conforme al numeral 28.10 del RLGIT, resulta insubsanable al haber ocasionado el fallecimiento del trabajador.

Asimismo, la calificación de insubsanable responde al principio de irreversibilidad del daño, reconocido en la Ley N° 29783 y en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, toda vez que la consecuencia del incumplimiento —accidente de trabajo con conseciencia

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”11. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”12

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.13

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se verifica que los hechos atribuidos a la impugnante PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. corresponden al incumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente respecto de la gestión de riesgos laborales, conducta tipificada como infracción muy grave conforme al numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT. Dicho incumplimiento se fundamenta en la omisión de la obligación de identificar los peligros y evaluar los riesgos (IPERC), así como de elaborar y aplicar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) adecuados a la tarea ejecutada. En efecto, el IPERC correspondiente a la labor de “limpieza de terreno” no contempló el peligro vinculado a la presencia de cables o conductores energizados sin aislamiento, ni el PETS incluyó el riesgo de contacto eléctrico asociado a dicha actividad, omisiones que fueron determinantes en la ocurrencia del accidente de trabajo con consecuencia mortal.

La empresa PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L., contratista de ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA), tenía a su cargo la ejecución de obras eléctricas, proyectos y actividades de mantenimiento, contando con personal propio. Entre ellos se encontraba un ayudante electricista que realizaba labores de limpieza superficial del terreno en la subestación eléctrica 011-69, alimentador 1069, Sechura. Durante el desarrollo de dicha tarea, el trabajador entró en contacto con un conductor energizado sin aislamiento, sufriendo una descarga eléctrica que le provocó el desceso del trabajador. (énfasis añadido)

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo y/o en el desarrollo de las labores, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo.14

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

Asimismo, el artículo 63 de la LSST señala que: el empleador adopta las medidas necesarias de manera oportuna cuando se detecte que la utilización de equipos de trabajo represente riesgos específicos para la seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, también establece en su artículo 69 que los empleadores que cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. (énfasis añadido)

Además, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...)”. Asimismo, su artículo 50

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes de accidente de trabajo son consecuencias directas de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

Respecto a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Prevención de riesgos, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en

En ese contexto normativo, del punto 1 del numeral 4.7 de la Sección Hechos Constatados del Acta de Infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que las deficiencias identificadas en el IPERC y en el PETS de la parte inspeccionada no permitieron una planificación adecuada y suficiente de las actividades preventivas, conforme a las exigencias establecidas por la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dichas omisiones resultaron determinantes para la configuración de las infracciones muy graves tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, al haberse acreditado un nexo causal directo entre la ausencia de medidas preventivas y la ocurrencia del accidente de trabajo mortal. Las deficiencias advertidas no fueron meramente formales, sino que comprometieron la implementación de controles esenciales destinados a prevenir el riesgo eléctrico, cuya materialización ocasionó el deceso del trabajador.

Imputación por IPERC Deficiente (Incumplimiento del deber de identificación de peligros y evaluación de riesgos) La normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que el empleador tiene la obligación de elaborar, implementar y mantener actualizada la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) para cada puesto o actividad, a fin de prevenir la exposición de los trabajadores a riesgos ocupacionales. En el presente caso, el inspector comisionado constató que la Matriz IPERC (Versión 05) correspondiente a la actividad de “limpieza de terreno” no incluyó el peligro de “presencia de cables o conductores energizados sin aislamiento alguno”, pese a que dicha condición era inherente al entorno de la subestación donde se realizaba la labor. (énfasis añadido)

La omisión del riesgo eléctrico en la identificación de peligros impidió que se adoptaran las medidas de control y planificación adecuadas, generando una exposición directa al peligro no previsto. El accidente mortal (descarga eléctrica) se produjo precisamente por contacto con un conductor energizado no aislado, evidenciando que la deficiencia del IPERC tuvo una incidencia causal directa en la materialización del riesgo. En ese entendido, el nexo causal entre la inobservancia del deber de prevención y el accidente de trabajo se encuentra debidamente determinado, conforme al criterio de la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral, que establece que debe demostrarse la relación directa entre la omisión de las medidas de seguridad y el resultado dañoso verificado.

Imputación por PETS Incompleto (Incumplimiento del deber de control y estandarización de tareas seguras) De acuerdo con la normativa vigente, el empleador debe establecer Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que garanticen la ejecución segura de las tareas, especialmente aquellas que implican riesgo eléctrico o trabajo en instalaciones energizadas. En el caso verificado, el inspector determinó que el PETS elaborado para trabajos de “toma de tierra” no contemplaba la actividad específica de limpieza de superficie del terreno, ni incluía el riesgo de contacto eléctrico asociado a dicha tarea. La inexistencia de un procedimiento escrito que regule de manera expresa la ejecución segura de la labor impidió la adopción de medidas de control preventivo frente al peligro eléctrico. Esta omisión contribuyó de manera directa y determinante a la ocurrencia del accidente, configurando una infracción muy grave insubsanable, conforme al numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT, en concordancia con el principio de irreversibilidad del daño previsto en el artículo 48° del mismo reglamento. (énfasis añadido)

En ese marco, el inspector comisionado sustentó la calificación de infracciones muy graves no únicamente en la existencia formal de los instrumentos de gestión preventiva (IPERC y PETS), sino en las deficiencias sustantivas que presentaban dichos documentos, las cuales tuvieron una incidencia causal comprobada en el accidente mortal. La omisión del riesgo eléctrico, tanto en la identificación de peligros como en la planificación del trabajo seguro, impidió la adopción de medidas de control efectivas, comprometiendo el deber de prevención y generando un resultado irreversible: la pérdida de la vida del trabajador.

Además, el inspector comisionado identificó deficiencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y en la supervisión efectiva de las labores, conforme a lo señalado en los literales b) y c) del numeral 4.8 de la Sección Hechos Constatados del Acta de Infracción. Tales observaciones evidencian que no se garantizó una planificación preventiva adecuada ni un control efectivo de la ejecución de las tareas en la subestación eléctrica, lo que impidió adoptar medidas de control frente al riesgo eléctrico presente y conllevó a la ocurrencia del accidente de trabajo con consecuencia mortal.

Sobre el particular, es importante señalar que la LSST, reconoce, en el empleador, el liderazgo y compromiso en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando en el artículo 41, de la norma en mención, disponiendo:

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.”

Se afirma que la empresa ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA), como empresa principal y titular de la infraestructura eléctrica, era la responsable de garantizar las condiciones de seguridad en el centro de trabajo, conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Electricidad. En su razonamiento, el accidente se habría producido por la existencia de un cable subterráneo energizado que ENOSA mantuvo activo sin previa coordinación ni aviso a las empresas contratistas, generando un riesgo que escapaba totalmente al control operativo de la empresa. Bajo este enfoque, la empresa plantea que su intervención fue estrictamente operativa y subordinada, mientras que la decisión técnica de energizar las líneas correspondía exclusivamente a la empresa principal.

Asimismo, PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. subraya la participación directa de SERVICIOS TÉCNICOS ZORRITOS S.R.L., identificándola como la empresa encargada de la supervisión técnica y de la seguridad eléctrica, contratada directamente por ENOSA para vigilar, inspeccionar y controlar las labores ejecutadas por las distintas contratistas. A criterio de PROMEX, la omisión de ZORRITOS S.R.L. en ejercer una supervisión efectiva y preventiva resultó determinante en la ocurrencia del siniestro, ya que de haber cumplido sus funciones de control y validación de condiciones seguras, el accidente “no se habría producido”. En ese sentido, la empresa argumenta que debió incorporarse a la supervisora como parte responsable, o en su defecto, acumularse los expedientes sancionadores a fin de identificar la verdadera cadena de responsabilidades concurrentes.

Del mismo modo, PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. señala la intervención de EOS S.A., otra contratista de ENOSA que realizaba trabajos simultáneos en la misma subestación eléctrica y bajo la supervisión común de ZORRITOS S.R.L.. Este hecho, según la empresa, evidencia que existió una concurrencia de causas y omisiones ajenas a su control, derivadas de la falta de coordinación y control integral en un entorno compartido de riesgo eléctrico, cuya gestión correspondía a la empresa principal y su supervisora técnica.

En conjunto, los alegatos de la impugnante buscan reformular el marco de atribución de responsabilidad, sosteniendo que el accidente no fue consecuencia directa de una omisión propia, sino de una deficiencia sistémica en la gestión de seguridad de las empresas involucradas, particularmente de la principal y la supervisora. Sin embargo, dicho planteamiento, aun cuando podría evidenciar la existencia de corresponsabilidad operativa, no exime la obligación legal de PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. como empleadora directa del trabajador accidentado con consecuencia mortal, conforme al principio de responsabilidad indelegable previsto en el artículo 28 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin embago, como empresa empleadora, PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. tenía la obligación de garantizar que las labores asignadas al trabajador se desarrollen bajo condiciones seguras, identificar y evaluar los riesgos inherentes a la tarea (mediante la Matriz IPERC), elaborar y aplicar procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) específicos para cada actividad, proporcionar los equipos de protección personal adecuados, capacitar al personal antes del inicio de labores y supervisar directamente la ejecución de las tareas. Dichas obligaciones derivan de los artículos 28, 29, 37 y 42 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento (D.S. N.° 005-2012-TR), que establecen que el empleador es responsable de eliminar o minimizar los peligros existentes en el centro de trabajo y de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la vida, integridad y salud de sus trabajadores.

Adicionalmente, conforme al artículo 59 de la Ley N° 27444, la tercerización de actividades no traslada la titularidad ni la responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones legales del sujeto principal. Y de acuerdo con el artículo 264 de la misma norma, la responsabilidad administrativa es autónoma e independiente, por lo que cada empresa responde por sus propios actos u omisiones dentro del ámbito de su competencia. En ese sentido, la existencia de una empresa principal o supervisora no modifica el rol de PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. como empleador directo ni su deber de prevención y control operativo respecto de su personal en campo.

Por tanto, la omisión de identificar el peligro de contacto con conductores energizados, la falta de medidas de control específicas y la ausencia de supervisión directa en la zona de trabajo constituyen incumplimientos sustantivos del deber de prevención, generando una infracción muy grave conforme al numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, imputable exclusivamente a PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L., en su calidad de titular de la relación laboral y responsable de cumplir con el principio de prevención de la seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, conforme al análisis realizado por las inspectoras comisionadas en el Acta de Infracción, se concluye que el accidente mortal fue consecuencia directa del incumplimiento del deber de prevención por parte de la empresa inspeccionada, descartándose la participación causal de terceros. Se estableció que el trabajador realizaba labores de limpieza superficial del

El equipo inspectivo consignó en el Acta de Infracción que los hechos se sustentaron en dos incumplimientos calificados como infracciones muy graves en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por: (i) la omisión en la identificación del riesgo eléctrico dentro de la Matriz IPERC (Versión 05), que, si bien contemplaba la actividad de “limpieza de terreno”, no incorporó el peligro crítico de presencia de cables o conductores energizados sin aislamiento alguno, impidiendo la adopción de medidas de control y planificación adecuadas y generando una incidencia causal directa en la materialización del accidente mortal; y (ii) la deficiencia en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), que no consideró la actividad específica de limpieza de terreno ni el riesgo de contacto eléctrico asociado a dicha tarea. Sobre esta base, se estableció un nexo causal directo entre las omisiones detectadas y el accidente mortal, reafirmándose que la responsabilidad recaía en el empleador directo, cuya obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo es indelegable, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En ese marco, las causas determinantes del accidente se centraron en deficiencias sustantivas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente, en la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPERC), y en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). Estas omisiones fueron calificadas como incumplimientos sustantivos y no subsanables, generando un nexo causal directo con el accidente mortal, por lo que se tipificaron como infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, concluyéndose que la causa determinante del siniestro fue la falta de prevención atribuible a la empresa inspeccionada.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular, tratándose de medidas inspectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debió acreditar dentro del plazo otorgado la adopción de las acciones correctivas requeridas, como la actualización del IPERC, el PETS o el registro de accidentes. Al no hacerlo, incurrió en incumplimiento del requerimiento inspectivo, configurando una infracción muy grave, sin perjuicio de la extensión del acta de infracción y de la sanción que corresponda. (énfasis añadido)

Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo15, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable16, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector17.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador18. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad19.

Respecto a los alegatos formulados por la impugnante, se advierte que estos carecen de sustento, toda vez que la infracción se configuró con el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de abril de 2019, notificada en su casilla electrónica el mismo día, mediante la cual se le otorgó un plazo de dos (2) días hábiles para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente respecto al Registro de Accidentes de Trabajo, así como la actualización del IPERC y del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) relacionados con el accidente mortal ocurrido el 27 de febrero de 2019. La empresa PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. no cumplió con presentar la documentación requerida dentro del plazo otorgado ni formuló justificación válida sobre su imposibilidad material o legal de hacerlo, incumpliendo con ello su deber de colaboración y obstaculizando la función fiscalizadora de la autoridad inspectiva.

En relación con los argumentos de defensa, la empresa se limitó a cuestionar el procedimiento sancionador alegando vulneración del derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo, por considerar insuficiente el plazo otorgado para presentar sus descargos, sin acreditar hechos concretos que desvirtúen el incumplimiento constatado. Sin embargo, la autoridad inspectiva actuó dentro de los plazos y competencias previstas por la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y su Reglamento (D.S. Nº 019-2006-TR), otorgando un plazo razonable conforme a la naturaleza de la medida, limitada a la presentación de documentos preexistentes del Sistema de Gestión de SST. Asimismo, si bien la empresa exhibió con posterioridad un Registro de Accidentes de Trabajo, dicho documento no cumplió con la información mínima exigida por la normativa vigente, por lo que fue valorado como insuficiente para subsanar la infracción. En consecuencia, se confirma que la omisión en la entrega oportuna de la documentación requerida configuró válidamente la infracción muy grave a la labor inspectiva, siendo improcedente el alegato de nulidad por defecto procedimental.

Es oportuno señalar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”. Por lo que, su configuración se efectúa independientemente de las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral o en materia de SST, que se detecten.

De la revisión de la medida inspectiva de requerimiento se advierte que el inspector comisionado ha realizado una correcta aplicación de los artículos 1420 de la LGIT y 17.221 del

Por lo tanto, la impugnante se encontraba en la obligación de dar cumplimiento a dicha medida de requerimiento de manera íntegra, esto es, a cada uno de los requerimientos efectuados por la comisionada, supuesto, que como se ha señalado, no ha cumplido. En tal sentido, en aplicación del principio de razonabilidad, y luego de la valoración, por parte del comisionado y esta Sala, de los hechos y medios probatorios aportados, se evidencia el incumplimiento del deber de colaboración por parte de la impugnante, así como el no cumplimiento de lo solicitado en la medida inspectiva de requerimiento, correspondiendo confirma la sanción por dicha infracción.

En tal sentido, no corresponde acoger el alegato de la impugnante, referente a la vulneración del principio de legalidad al emitirse la medida de requerimiento. Cabe señalar que las resoluciones del Tribunal, invocadas por la impugnante, resuelven los recursos de revisión en cada caso en particular, no constituyendo precedentes vinculantes. Sin perjuicio de ello, las mismas contemplan el criterio de validez en la emisión de la medida de requerimiento, que como se ha señalado en los fundamentos precedentes, en el presente caso ha sido correctamente emitida.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312- 2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de las infracciones imputadas, determinando las conductas infractoras y la fundamentación jurídica al respecto.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio ni al deber de motivación, encontrándose debidamente acreditada las infracciones imputadas.

En relación con el alegato formulado por la empresa sobre la supuesta caducidad del procedimiento sancionador y la prescripción de la potestad sancionadora, corresponde examinar sus pretensiones en el marco normativo aplicable. La impugnante sostiene que la autoridad habría excedido los plazos legales para el desarrollo de las actuaciones inspectivas y del procedimiento sancionador, lo que, según afirma, vulneraría los principios de legalidad, debido procedimiento y plazo razonable. No obstante, dicha pretensión omite la distinción normativa y funcional entre los plazos inspectivos, de carácter instrumental, y el plazo sustantivo de prescripción de la potestad sancionadora, con finalidades y efectos jurídicos distintos; esta diferencia resulta determinante para la valoración de la impugnación.

La determinación sobre la existencia de caducidad o prescripción en el Expediente Sancionador N° 3730-2020-SUNAFIL/ILM exige distinguir con claridad entre: (i) el plazo de duración del procedimiento administrativo sancionador, orientado a garantizar celeridad y razonabilidad procesal; y (ii) el plazo de vigencia de la potestad sancionadora, que delimita la capacidad jurídica de la autoridad sancionadora para imponer sanciones. En el caso concreto, la empresa confunde el vencimiento del plazo inspectivo con la extinción de la potestad sancionadora; el primero constituye, en principio, una irregularidad formal de la etapa de investigación que no configura automáticamente caducidad del procedimiento, salvo que quede acreditada una dilación indebida imputable a la administración que haya afectado gravemente el debido proceso o el principio del plazo razonable.

Respecto del alegato sobre exceso del plazo inspectivo, la empresa invoca que la fase de investigación superó el término máximo de treinta (30) días hábiles previsto en el artículo 13° de la Ley N° 28806 y señala que entre la emisión del Acta de Infracción N° 124-2019- SUNAFIL/INSSI, de fecha 17 de abril de 2019, y la notificación de la Imputación de Cargos N° 672- 2022-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 21 de marzo de 2022, transcurrió un lapso superior a dos años y once meses. Sin embargo, conforme al régimen del TUO de la Ley N° 27444 y a la doctrina administrativa, la superación del plazo inspectivo no implica, por sí misma, la extinción de la potestad sancionadora; dicho plazo es orientador de la actuación inspectiva para asegurar prontitud en la obtención de medios probatorios, y solo una demora injustificada y atribuible a la autoridad, debidamente probada, podría llevar a declarar la caducidad o vulneración del debido procedimiento.

En cuanto a la prescripción de la potestad sancionadora, la empresa sostiene que transcurridos más de cuatro años entre la comisión de la infracción (abril de 2019) y la emisión de la Resolución de Intendencia N° 281-2023-SUNAFIL/ILM (04 de abril de 2023) se habría configurado la prescripción extintiva. No obstante, el cómputo del plazo prescriptorio de cuatro años debe considerarse conforme a las reglas de interrupción y suspensión previstas en el ordenamiento: el inicio formal del procedimiento sancionador, en tanto acto interruptor,es la notificación de la imputación de cargos. En el presente expediente, la Imputación de Cargos N° 672-2022-

Sobre la validez del inicio del procedimiento y el plazo para presentar descargos, la empresa cuestiona el plazo de cinco (5) días hábiles fijado en la Imputación de Cargos, alegando afectación al derecho de defensa. Corresponde señalar que el artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444 establece que, en los procedimientos sancionadores, el administrado cuenta con un plazo no menor de cinco ni mayor de diez días hábiles para presentar descargos; por tanto, el plazo otorgado se ajusta al marco legal. Además, del examen del expediente se advierte que la notificación fue válida y que la empresa tuvo oportunidad real de ejercer su defensa, sin que conste en autos menoscabo al debido proceso.

En conclusión, del análisis conjunto de las actuaciones y conforme a las normas aplicables sobre prescripción, interrupción y plazos procedimentales, se concluye que el procedimiento sancionador no incurrió ni en caducidad ni en prescripción extintiva de la potestad sancionadora. El trámite se desarrolló dentro de los márgenes establecidos por el ordenamiento, considerando la interrupción del cómputo prescriptorio con la imputación de cargos y la observancia del mínimo legal para descargos, por lo que las alegaciones de la empresa carecen de fundamento jurídico y corresponde confirmar la validez y regularidad del procedimiento sancionador.

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.