Plaza VEA Oriente S.A.C — Res. 150-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial). soft 16:45:30-0500 PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber efectuado una supervisión adecuada sobre las labores que desarrollaba el extrabajador afectado y no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 271,093.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, cuando se trata de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica, para contribuir a la no ocurrencia del accidente mortal; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 271,093.50.

i. Han omitido pronunciarse respecto a que no tienen conocimiento técnico sobre las labores de mantenimiento correctivo de la plataforma hidráulica, no pudiendo exigir labor de supervisión sobre actividades que no forman parte de su core business. Radicando allí la necesidad de contratar a una empresa tercerizadora con conocimientos técnicos y con experiencia comprobada para que brinde estos servicios de mantenimiento de la plataforma hidráulica, demostrando el irrazonable proceder de SUNAFIL ya que solicita que la empresa cliente supervise a la empresa contratista especializada en la actividad a realizar; si, tuvieran esa posibilidad, no sería necesario contratar a una empresa tercerizadora especialista, y si bien tienen la obligación de brindar las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a trabajadores externos destacados a sus instalaciones, no se ha determinado ni detallado cuáles eran las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo que deberían implementar ni cómo es que han incumplido con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo y que su inobservancia haya ocasionado el accidente, ni cuál es la norma que establece éstas obligaciones incumplidas. ii. En cuanto a la IPERC, no se señala cuál sería el motivo por el que se concluye que la falta de un requisito formal que no debe ser entregado a los trabajadores bajo cargo

ni tampoco a los trabajadores de empresas contratistas, sería la causa del accidente de trabajo mortal, presumiendo que su omisión generó el accidente falta; asimismo, señalan que la persona fallecida no era trabajador de su empresa, sino de una de sus contratistas y conforme lo establece el artículo 58 de la LSST y el artículo 77 de su reglamento, la obligación de contar con una IPERC es de la empresa empleadora de dicho trabajador y multarlos por no tener IPERC de una posición que su empresa no posee resulta absurdo. iii. No se ha demostrado que los supuestos incumplimientos detectados hayan generado efectivamente el accidente fatal, conforme a lo señalado por el Tribunal de Fiscalización, no todo incumplimiento implica responsabilidad del empleador en el accidente sino aquel que es determinante para que se produzca el evento dañoso, se señala también que el inspector efectúa una presunción sin mayor motivación del nexo de causalidad entre el incumplimiento y el accidente mortal; siendo que, la resolución impugnada supone que “de haber existido la IPERC no habría ocurrido el accidente”, realizando suposiciones que demuestran que no está suficientemente acreditado que el supuesto incumplimiento a la matriz IPERC habría sido el hecho generador del accidente, peor aún, si se toma en consideración que quien realiza estas labores no era la propia empresa sino un tercero, quien era el encargado de contar con la IPERC, cuya existencia ha sido acreditada ante el procedimiento inspectivo. iv. Se debe tener en cuenta que la LSST en su artículo 53 le confiere un deber de prevención, artículo que debe ser leído juntamente con el artículo 94 del RLSST, en la que precisa que para la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención, requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo, situación que no se ha logrado acreditar, señaló por el contrario el inspector, que las causas generadoras del accidente de trabajo serían otras distintas a aquellas por las que se imponen las presentes multas, por lo que solicitan se deje sin efecto la multa propuesta, toda vez que se vulnera el principio de tipicidad y de legalidad en su arbitraria imposición. v. No existe obligación de contar con una IPERC para labores que la empresa no realiza, limitándose solamente a citar normas legales, sin ningún tipo de análisis de hechos o pruebas, concluyendo que ha quedado acreditado que tenían la obligación de efectuar la identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto a los peligros y riesgos existentes cuando se trata de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica; no se ha realizado un correcto análisis ni motivación de por qué las labores de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica deben estar dentro de la IPERC, si dentro del procedimiento inspectivo a quedado demostrado que éstas actividades no son realizadas por la empresa, que se contrata a una tercera empresa para que se encargue de la realización de estas actividades y que esta tercera empresa sí cuenta

con la IPERC de las labores que se realizaban (mantenimiento) dentro de la empresa, entendiéndose que la IPERC se genera a partir de cada puesto de trabajo y no de todas las actividades que realicen en sus instalaciones por terceras empresas. vi. Al ser Plaza Vea una empresa cliente de ARESCO, no es legalmente posible que se le exija que identifique las actividades rutinarias y no rutinarias a las que están expuestos los puestos de trabajo de terceras personas, velar por la SST de los contratistas pasa por exigir que sus empleadores cumplan con tener su IPERC y los demás documentos propios del sistema de gestión de SST, siendo multados por no tener IPERC de las labores que realizaba una tercera empresa. vii. Las multas aplicables vulneran las normas aplicables al concurso de infracciones, conforme a lo establecido por el literal 6 del artículo 248 de la LPAG, concordante con el artículo 48-A del RLGIT, y en el supuesto que se considere que la empresa ha cometido la infracción consistente en el incumplimiento de la normativa de SST, se debió seleccionar únicamente una infracción y no dos infracciones conforme se ha establecido, atentando también contra el principio ne bis in ídem. viii. La resolución impugnada es contraria a criterios establecidos por el TFL de SUNAFIL, debido a que él mismo ha dejado sin efecto multas por accidente mortal señalando que el mismo no le resulta imputable y estableciendo a su vez una serie de criterios que deben tenerse en cuenta para la correcta imposición de sanciones en casos de accidentes mortales. ix. Asimismo, se les está exigiendo conductas no previstas legalmente, debido a que en cuanto a la multa por inadecuada supervisión solo hacen referencia a la inexistencia de personal que de manera permanente “supervise” la prestación de las labores de los trabajadores contratistas, siendo esta una sugerencia del inspector y no una obligación legal cuyo incumplimiento genere multa, señalando además que este es un incumplimiento legal que, quiebra el principio de presunción de inocencia y que ello justifica la imposición de multa al amparo de lo señalado en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, siendo que el artículo 26 de la LSST, señala que esta supervisión no solo no es permanente sino tampoco absoluta, debido a que señala que esta supervisión aplicará “según sea necesaria”. x. Sin embargo, de propio análisis realizado por el inspector se desprende que el mismo ha considerado que la omisión de la IPERC, no ha sido la causa que generó el accidente de trabajo mortal, pues de todas las causas que detectaron aparecen otras, pero ninguna relacionada a la IPERC, motivo por el que se debe dejar sin efecto.

i. Respecto a que no se debió exigir una labor de supervisión sobre actividades que no forman parte de su core business, al respecto es preciso señalar que el numeral I del Título Preliminar de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST), que describe el principio de prevención, dispone que todo empleador debe garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de sus trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. En ese sentido, podemos apreciar que la norma regula que la empresa tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de la persona accidentada, puesto que se encontraba dentro de sus instalaciones cuando ocurrió el accidente.

2 Notificada a la impugnante el 21 de marzo de 2022. Véase folios 216 del expediente sancionador.

ii. Por otro lado, el artículo 103 de la LSST, establece que la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. iii. Teniendo en cuenta lo expuesto, los argumentos de la inspeccionada respecto de la falta de responsabilidad en la comisión de las infracciones indicadas en los antecedentes de la presente resolución, por no ser el empleador de la persona accidentada, carece de sustento, toda vez que por mandato de ley, en caso de verificarse que un trabajador perteneciente a otra empresa, destacado a realizar actividades dentro de la empresa principal, sufre un accidente de trabajo, como consecuencia del incumplimiento de esta última, de su obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas y/o visitantes que desarrollen actividades en sus instalaciones, desarrollada en el artículo 68 de la LSST; le corresponde a la empresa principal asumir la responsabilidad que de la misma devengue. iv. Estando a ello, en el pronunciamiento venido en alzada se asume que la inspeccionada es administrativamente responsable ante la existencia de las infracciones a la normativa en seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la supervisión efectiva y la IPERC, puesto que de los documentos obrantes en el expediente de actuaciones inspectivas y de lo determinado en el Acta de Infracción, se ha podido determinar que la persona accidentada se encontraba realizando labores para las que no había sido autorizado, ello debido a que la empresa ARESCO S.A.C., solo brindaba servicios de mantenimiento preventivo al sujeto inspeccionado, servicio que sí se encontraba desarrollado en la IPERC del sujeto inspeccionado. v. Asimismo, se corrobora que el trabajador afectado estaba solo para realizar labores de mantenimiento preventivo, hecho que se corrobora con la manifestación del trabajador Erick Richard Marrufo Mundaca, el cual señala que el día que llegaron a realizar el mantenimiento preventivo de dos montacargas, fueron sacados de sus labores para atender la emergencia de la plataforma. Asimismo, se tiene que es el propio sujeto inspeccionado quien entregó los EPPs para el trabajo de mantenimiento de la plataforma hidráulica, brindando caretas, mandil e incluso la máquina de soldar, trabajo que se realizó en una máquina que se encontraba inoperativa y que a manifestación del trabajador Erick Richard Marrufo Mundaca, este equipo necesitaba ser desmontado y requería por lo menos de 3 a 4 días para poder repararlo, hecho que fue manifestado por el propio trabajador accidentado al jefe de mantenimiento de Plaza Vea Oriente, negándose este dos veces a hacer el trabajo; sin embargo, terminó cediendo ante la presión del mismo deje de mantenimiento. vi. De lo detallado se puede corroborar, que los trabajos realizados por el trabajador accidentado fueron por órdenes directas del sujeto inspeccionado y no del sub contratista, debido a que el procedimiento correctivo de plataforma hidráulica no

había sido aprobado, en ese sentido, y conforme a lo establecido se tiene que era obligación del sujeto inspeccionado velar por la seguridad y salud en el trabajo del trabajador accidentado debido a que la labor que ha realizado era por orden directa del mismo, debiendo contar con dicho procedimiento en su IPERC. vii. También se ha determinado que el sujeto inspeccionado no realizó una supervisión efectiva de las tareas que ejecutaba el trabajador accidentado, antes y durante el ejercicio de sus labores, toda vez que, conforme ha sido señalado por el inspector comisionado, y de la propia manifestación el jefe de mantenimiento este dijo que no vigilaba en forma permanente los trabajos, por lo que, se determinó que hubo una supervisión inadecuada, vulnerándose el artículo 26 del RLSST, y teniendo en cuenta que la orden impartida fue dada por el sujeto inspeccionado, estos debieron de cumplir su deber de supervisión, es decir, no permitir que un trabajador que no contaba con la capacitación propia para el desempeño de las labores de mantenimiento correctivo de la plataforma hidráulica, asimismo, que no contaba con ATS, realice dichos trabajos, mucho menos si no contaban con los equipos necesarios para realizar las labores encomendadas. viii. En cuanto a que no se ha precisado el nexo causal respecto a la IPERC por parte del inspector, se tiene que, en el Acta de Infracción, el supervisor comisionado ha detallado el análisis causal del accidente, en el que precisa como Causas Básicas – Factores de Trabajo: Liderazgo y/o supervisión inadecuados, no contaba con supervisor en el área de trabajo de modo permanente, Causa Inmediata – Acto Sub Estándar: Realizar el arreglo de la plataforma hidráulica, sin contar con IPER del mismo. ix. En cuanto a la tipificación de las infracciones, y la vulneración del principio de concurso de infracciones y ne bis in ídem, conforme lo establece el Tribunal de Fiscalización Laboral, se tiene que, el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal, y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dicho artículo. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (accidente de trabajo) y la subsunción en el citado artículo del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PLAZA VEA ORIENTE S.A.C.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 11 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 017-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en base a los siguientes argumentos:

i. Se ha vulnerado el principio de legalidad, en razón que solo se hace referencia a la inexistencia de personal que de manera permanente “supervise” la prestación de las labores de los trabajadores contratistas, estableciendo como una causa básica del accidente (factores de trabajo), un supuesto “liderazgo y/o supervisión inadecuados, por no contar con un supervisor en el área de trabajo de modo permanente” para supervisar al trabajador accidentado, lo cual no tiene base legal y por tanto no puede ser exigible ni pasible de multa. ii. Respecto a las medidas correctivas, SUNAFIL acepta que contar con un supervisor permanente es una sugerencia del inspector, y no una obligación legal cuyo incumplimiento genere una multa. iii. En este extremo, la Resolución de Intendencia reconoce que las resoluciones previas cometieron una ilegalidad al exigir contar con un supervisor de manera permanente y cambia el texto a “no vigilaba en forma permanente los trabajados, por lo que se determinó que hubo una supervisión inadecuada”; sin embargo, en vez de actuar conforme a derecho y dejar sin efecto dicha multa, busca parafrasear el motivo de la multa para no declarar su nulidad. Lo que se hace evidente en el numeral 10.11 de la resolución impugnada.

iv. Ahora bien, el artículo 26, literal c) del RLSST no exige contar con un supervisor en el área de modo permanente tampoco absoluta, pues señala expresamente que la supervisión aplicará según sea necesaria. v. Como lo hemos señalado y también en los descargos previos, la actividad que se realizó era una actividad especializada para lo cual se contrató a una empresa contratista especializada, respecto de la cual PVO no podría colocarles un supervisor que fiscalice su trabajo pues ello desnaturalizaría el vínculo de tercerización en la medida en que las actividades tercerizadas se caracterizan porque la empresa contratista realiza sus actividades con sus propios recursos y bajo su cuenta y riesgo. vi. Así pues, se considera que PVO debió tener supervisores que fiscalicen al trabajador accidentado, a pesar de que este pertenece a otra empresa contratista, lo cual vulnera el artículo 2 de la Ley 29245, pues se exige que los trabajadores de los contratistas estén bajo su exclusiva subordinación. vii. Esto no significa que la empresa principal no deba velar por la seguridad y salud de todas las personas que prestan servicios en sus instalaciones bajo la modalidad contractual que fuera. Pero tampoco es correcto señalar que PVO debió colocar un supervisor de forma permanente para que fiscalice la forma en la que se realizó este trabajo, pues esto significaría que todas las empresas del Perú deban contratar a un supervisor que deberá estar presente de forma permanente cada vez que alguna persona realice alguna actividad de mantenimiento, lo que es una exigencia legal inexistente en materia de SST y atenta contra la independencia con la que deben prestarse estos servicios. viii. Por lo antes señalado, corresponde dejar sin efecto la multa propuesta, pues se atenta contra el principio de tipicidad y legalidad, razón por la que, la Resolución de Intendencia debe ser declarada nula. ix. Se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, en razón que se ha aplicado dos multas por un mismo accidente y sin adecuada motivación. Siendo esto así, nuestro ordenamiento contempla el deber de los inspectores de trabajo de aplicar la norma de concurso de infracciones. Entonces, en el supuesto negado que vuestro Despacho considere una infracción consistente en el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud que ocasione un accidente de trabajo, entonces, se debió seleccionar únicamente una infracción y no dos infracciones. x. La resolución de Intendencia resuelve que no existe duplicidad de multa, pero dicha fundamentación no tiene sustento en norma jurídica alguna, ni señala cómo es que -legalmente- llega a dicha conclusión, vulnerando así el derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas en derecho. xi. De la revisión de los actuados se aprecia que se está analizando la existencia de los factores que generaron un accidente mortal, por lo que, no corresponde imponer dos sanciones por un mismo accidente, así como tampoco es posible que el mismo hecho tenga distintas causas que lo originen, pues eso llevaría a pensar que una misma consecuencia tiene dos hechos generadores independientes y no concomitantes, lo que sería una contradicción al momento de acreditar el nexo causal, demostrándose así que no se tiene claro, cuál fue la causa que generó el accidente fatal. xii. Sin perjuicio de los argumentos desarrollados, la resolución impugnada desestima la existencia de una doble imposición de multa y nuestros argumentos legales en base a opiniones y no a derecho, pues no se señala cuál es la norma legal que ampara dicha forma de resolver, lo que vulnera el principio de debido proceso que

está conformado por los derechos a la debida motivación, al derecho de defensa y al principio de legalidad o tipicidad. xiii. La resolución impugnada no ha realizado un riguroso análisis del nexo causal del accidente fatal, en razón que la inexistencia de IPERC no ha sido el nexo causal del accidente. En la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL/TFL, se declaró la nulidad de la sanción impuesta por un accidente de trabajo mortal, señalando que el mismo no le resulta imputable y estableciendo a su vez una serie de criterios que deben tenerse en cuenta para la correcta imposición de sanciones en casos de accidentes mortales, estableciéndose que será necesario que se acredite el nexo causal del accidente de trabajo y que este sea imputable a la empresa materia de fiscalización para el correcto establecimiento de una sanción. xiv. En el considerando 35 de la Resolución de Sub Intendencia, se hace un pobre análisis, pues sólo señala que “guarda relación con el accidente al existir una relación de causa efecto”, lo cual incumple con el criterio mínimo de motivación que ha establecido de forma obligatoria el Tribunal de Fiscalización Laboral. xv. Adicionalmente, esta afirmación es contradictoria con lo establecido en la conclusión del Acta de Infracción. De dicho texto se aprecia que el nexo causal sería otro distinto a aquél por el que se nos imponen las sanciones, pues señala que los hechos generadores del daño serían la realización de labores no previstas ni autorizadas y la tensión física y mental, hechos que no son materia de imputación, no señalando nada respecto del IPERC. xvi. Finalmente, señalan que ni la Resolución de Sub Intendencia, ni la resolución impugnada han detallado los elementos de la responsabilidad, sino que únicamente se han pronunciado escuetamente sobre el nexo causal, señalando que comparten lo resuelto en el Informe Final y que existiría relación de causa efecto, pero sin precisar a cuál de las dos multas se refieren. xvii. En este orden de ideas, SUNAFIL sostiene que el hecho de no contar con IPERC habría sido un incumplimiento que generó el accidente de trabajo mortal y por ello se multa en base al artículo 28.11 del RLGIT y no en base al artículo 27.3; sin embargo, su propio análisis señala lo contrario. No obstante, de la revisión del propio análisis realizado por el inspector se desprende que el mismo ha considerado que la omisión del IPERC no ha sido una causa que generó el accidente de trabajo mortal, pues dentro de todas las causas no aparece ninguna relacionada el IPERC. xviii. Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos, en el hipotético caso que se mantenga el error de considerar la obligación de contar con el IPERC, tampoco se puede multar al amparo del artículo 28.11 del RLGIT, pues en el cuadro de análisis de la cadena causal el inspector no ha considerado que la inexistencia de este documento sea una causa directa del accidente mortal; por lo que, deberá aplicarse la sanción

contenida en el artículo 27.3 que es una infracción grave. Por tanto, esta multa debe ser dejada sin efecto. xix. El trabajador accidentado pertenece a una empresa contratista y es dicha empresa la que realiza y gestiona su IPERC, PVO no fue empleadora del accidentado; por tanto, el IPERC es inexigible. Sin perjuicio de lo señalado, la SUNAFIL no ha realizado un correcto análisis ni motivación de por qué las labores de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica deben estar dentro del IPERC de PVO, si (i) en el procedimiento inspectivo ha quedado demostrado que estas actividades no son realizadas por la empresa, (ii) que se contrata a una tercera empresa para que se encargue de la realización de estas actividades y, (iii) que esta tercera empresa sí cuenta con el IPERC de las labores que se realizarán (mantenimiento) dentro de la empresa. xx. Lo que señalan tiene fundamento legal pues las normas de seguridad y salud en el trabajo establecen que la obligación de contar con la IPERC se genera a partir de cada puesto de trabajo, por lo que las empresas deben identificar las labores de los puestos de trabajo que mantengan en su organización y no de todas las actividades que se realicen en sus instalaciones terceras empresas, siendo estas empresas quienes deberán contemplar en sus IPERC las labores que realicen sus trabajadores. xxi. La resolución impugnada está multando por no tener una IPERC de las labores que realizaba una tercera empresa, adicional a la IPERC que ya fue elaborada por esta tercera empresa. A criterio de SUNAFIL, deben existir dos IPERC para esta labor (la de ARESCO, que existe, y la de PVO, que señalan debería existir), lo que es ilógico e ilegal-peligroso, pues se pueden establecer distintas medidas o contradictorias, generando inseguridad en la salud del trabajador. xxii. Niegan que haya sido PVO quien dirija la fuerza laboral de los trabajadores de la empresa ARESCO, pues la contratación de dicha empresa tenía por finalidad cumplir con los servicios de mantenimiento de los equipos de PVO, y es en el ejercicio de estas funciones donde acontece el accidente, por lo que, la IPERC que tiene la empresa ARESCO es el válido y aplicable; sin perjuicio de señalar que la eventual inexistencia de este documento sea el hecho generador (causa-efecto) de este daño.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente.”

10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, cómo se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones” 15.

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…)

14 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783. 15 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

Peligros y Evaluación de Riesgos, cuando se trata de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica, para contribuir a la no ocurrencia del accidente mortal.

Cabe precisar que, el señor Abarca jefe de Planeamiento de ARESCO S.A.C., solamente autorizó a los dos trabajadores, para que realicen mantenimiento a dos montacargas. Luego, de concluida dicha labor para que realice un punto de soldadura a una bisagra de la plataforma hidráulica. Pero, los dos colaboradores de ARESCO S.A.C., realizaron

labores no autorizadas como es la reparación de dicha plataforma, estando con cansancio mental y físico, habiéndose prestado los EPPs para soldar (careta y mandil), y no contaban con la respectiva matriz de IPER de dicha plataforma; y, también, estando comprometidos de viajar por la noche a la ciudad de Pucallpa, para realizar también una labor de mantenimiento de montacargas de Plaza Vea Oriente S.A.C.”.

16 Véase folios 89 y 91 del expediente inspectivo. 17 Véase folios 69 del expediente inspectivo.

exhibió el ATS de trabajos en caliente, que fue suscrito por el ex trabajador afectado, pese a que este desarrolló otro trabajo adicional como fue el mantenimiento preventivo de la plataforma hidráulica, y si bien el ex trabajador afectado era trabajador de la empresa tercerizadora Aresco S.A.C., quien sí contaba con dichos documentos de gestión de SST para desarrollar la labor mencionada; sin embargo, estos nos fueron aplicados ni exigidos por parte del encargado de supervisar dicho mantenimiento, el señor Arturo Alfredo Robles Montero, en su condición de jefe de mantenimiento del sujeto inspeccionado, como sí ocurrió en el caso de la ATS para trabajos en caliente (soldadura de bisagras de la plataforma hidráulica). Pese a que dentro de sus funciones se encontraban las de supervisar los trabajos de mantenimiento, conforme señaló en su entrevista del 07 de enero de 2021.

Causal debido a la investigación del accidente por parte del inspector comisionado, si bien es cierto, el mismo establece como Medida Correctiva: Implementar la presencia de un supervisor de modo permanente, cuando se trata de labores de mantenimiento preventivo o correctivo de los diversos equipos, máquinas, etc., del centro de trabajo en las áreas donde se realicen las labores. Esta conclusión resulta concordante con las arribadas por la jefa de SST de la impugnante en el registro de accidente de trabajo, quien luego de identificar los factores del accidente de trabajo, dispuso ejecutar como medidas correctivas la supervisión en la validación de los procedimientos de trabajo a realizar y controles implementados para la prevención de riesgos, situación que se reprodujo en la investigación del accidente de trabajo por parte del Comité de SST de la impugnante. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto a los peligros y riesgos existentes cuando se trata de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica, incumpliendo con el principio de prevención de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores que tienen vínculo laboral con la empresa como también con los trabajadores que no lo tienen, como son los trabajadores de sus proveedores o prestadores de servicios que destacan a su centro de trabajo.

Del principio del non bis in ídem 6.36 Debemos precisar que el principio de non bis in ídem se encuentra regulado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, mediante la cual el Estado se encuentra impedido de imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

18 Fund. Jur. N°. 3.3. 19 Fund. Jur. N°. 19. 20 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO

Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso de que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

21 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

Sobre la solicitud de informe oral 6.50 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

INFORMACIÓN ADICIONAL

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo Por no acreditar haber efectuado una supervisión adecuada sobre las labores que desarrollaba el ex trabajador afectado y no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo Por no acreditar contar con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, cuando se trata de reparación o mantenimiento preventivo o correctivo de la plataforma hidráulica, para contribuir a la no ocurrencia del accidente mortal. Numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PLAZA VEA ORIENTE S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 017-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 177-2021-SUNAFIL/IRE-HUA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 017-2022-SUNAFIL/IRE-HUA, en todos sus extremos. TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a PLAZA VEA ORIENTE S.A.C., y a la Intendencia Regional de Huánuco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20230215MCR