Pesquera Caral S.A — Res. 1098-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); Formación e información sobre SST (Sub materia: Incluye todas); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: Incumplimientos en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial); Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en invalidez-sepelio); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Gestión interna de SST (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

no acreditar capacitación suficiente, ni acreditar gestión de riesgos suficiente; incumplimientos que causaron el accidente de trabajo ocurrido el 20 de mayo de 2021.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no acreditar capacitación suficiente (específica), tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 93,588.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no acreditar gestión de riesgos suficiente (controles insuficientes), tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente de S/ 93,588.00.

i. Señala que ha listado las capacitaciones que corren en el expediente y que resultan tener una conexión directa con el puesto de trabajo del Sr. Borja. ii. En ese marco, refiere que los inspectores no han tomado en consideración la capacitación sobre reglamento de SST y donde existe la declaración firmada por el Sr. Borja, que contiene las especificaciones de su trabajo y los riesgos que puede estar expuesto, no cumpliéndose el principio de tipicidad y debido procedimiento. iii. Por otro lado, respecto a la infracción por no acreditar gestión de riesgo suficiente, señala que, como empresa, contaba con supervisor de seguridad, que precisamente fue el Sr. Díaz Del Castillo (fallecido). Asimismo, señala que la operación estaba correctamente dirigida; sin embargo, se advierten dos conductas de carácter subjetivas que motivaron el accidente: “(...) al Sr. Borja se le advirtió casi de inmediato de su acción, la misma que no fue acatada y casi de forma inmediata se desvanece, segundos después el Sr. Díaz Del Castillo cree poder rescatar al Sr. Borja, pero sin los implementos de seguridad para entrar a la bodega. Lo que no evalúa la administración son estos dos hechos (...) no existió una falta de deber de prevención (...) la razón del lamentable accidente fue la negligencia”.

i. Si bien el trabajador Borja Zegarra Martín Humberto, para el año 2020, contaba con capacitaciones, no se observa capacitaciones específicas en el puesto de trabajo conforme la evaluación de riesgos en la matriz IPER. Además, precisa que en años anteriores, las capacitaciones, en su mayoría, han tenido una duración de 5 minutos, por lo cual resulta insuficiente tal período de tiempo.

ii. Si bien dentro del reglamento de SST aparecen las especificaciones del puesto de trabajo y riesgo, ello no suple la capacitación específica que debió recibir el trabajador afectado en el tema específico de "descarga prima", labor que ejercía el trabajador para la empresa, ya que debe entenderse que cada puesto de trabajo contiene una serie de riesgos y peligros, por lo que el empleador está en la obligación de transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica. Así, la falta capacitación suficiente (especifica) contribuyeron a las causas del accidente de trabajo (accidente de trabajo mortal), quedando demostrado el nexo causal.

iii. Si bien dicho trabajador "no obedeció a las instrucciones", conforme lo alega la impugnante; ello no es argumento valedero que lo exima de su deber de garante ante la seguridad y salud en el trabajo, puesto que debió haber realizado las acciones que corresponda, entre ellos, la supervisión efectiva, a fin de controlar, eliminar, contrarrestar y/o minimizar el riesgo o el peligro, pues conforme se desprende de los hechos constatados, el trabajador afectado sufrió el accidente mortal como consecuencia de la ausencia de los implementos de seguridad como son: arnés de seguridad conectado a la línea de vida (la embarcación cuenta con puntos de anclaje en el interior de la boca de escotilla para su sujeción), máscara de cara completa antigases, resultando evidente que las medidas de control no fueron suficientes, no se ejecutó una supervisión efectiva de lo contemplado en el IPERC.

iv. Partiendo como premisa el grado de responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo que tiene la impugnante en su calidad de empleador y conforme se desprende de lo resuelto por el inferior en grado, se colige su culpabilidad, en su calidad de garante de la seguridad y salud en el trabajo de sus empleados; puesto que, aquellas funciones y responsabilidades de las personas implicadas en la prevención y gestión de los riesgos laborales quedan claramente definidas y planificadas y se someten a un seguimiento periódico. Por último, recalca que los

2 Notificada a la impugnante el 15 de agosto de 2022. Véase folio 183 del expediente sancionador.

sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) responden al objetivo de identificar y minimizar los riesgos en el lugar de trabajo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17. Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PESQUERA CARAL S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 157-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. Adjuntó como prueba, en relaciones a las capacitaciones, un importante número de documentos que verificarían la existencia de capacitaciones efectuadas al Sr. Borja, las mismas que se han dejado de lado, por no contener la firma del trabajador. ii. Por tanto, la Administración sí considera que las capacitaciones descritas se encuentran enmarcadas dentro de las actividades propias del puesto de trabajo del trabajador; no obstante, al no encontrarse firmadas por el trabajador capacitado, concluye que éstas no fueron realizadas, sin embargo, se trata de una presunción y no una certeza. iii. Conforme fue demostrado, el Plan Covid-19 presentado, antes del accidente, establecía que las capacitaciones serían firmadas únicamente por el capacitador, por lo que era objetivo y claro que las capacitaciones no estarían firmadas por los trabajadores. Así, bajo el principio de verdad material, debe presumirse la veracidad de la afirmación del administrado. iv. De este modo, sostiene la inexistencia del nexo causal y los presupuestos facticos para la aplicación debida del artículo 94° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. v. Por último, recalca que la empresa contaba con todos los elementos de seguridad y eso lo reconocen los propios inspectores, sin embargo, es la negligencia de los trabajadores y su conducta temeraria que conllevó a no usarlos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis agregado).

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la

estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18.

produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p. 238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

“Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se

12 Artículo 1 de la LSST. 13 Principio de Prevención regulado en el Artículo I del Título Preliminar de la LSST.

puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

“Capacitación: En relación al trabajador Borja Zegarra Martín Humberto. Para el año 2020 se cuenta con capacitaciones, sin embargo, no se observa capacitaciones específicas en el puesto de trabajo conforme la evaluación de riesgos en la matriz IPER, cabe precisar que en años anteriores en su mayoría corresponde a capacitaciones de 5 minutos. Por lo cual resulta insuficiente la capacitación, conforme lo señala: Lo analizado en concordancia con: Glosario de Términos del D.S. 005-2012-TR (…)”.

Verificándose de lo señalado que los comisionados no han establecido el nexo causal de la conducta infractora señalada con el accidente de trabajo.

“En este orden de ideas, el sujeto inspeccionado al no acreditar la capacitación específica (descarga materia prima) al momento del accidente de trabajo y la ausencia de los implementos de seguridad "arnés de seguridad", máscara de cara completa antigases, constituyen causas básicas generadoras del accidente de trabajo; toda vez que las condiciones de seguridad en el área de trabajo eran insuficientes, no eran las adecuadas, así como la baja percepción u conocimiento del riesgo por parte del trabajador afectado (factores de trabajo), en esta medida las conductas infractoras califican corno falta grave

como eventos que tienen estrecha vinculación generadoras del accidente de trabajo quedando desvirtuado lo señalado en sus descargos”.

Al respecto, se advierte que dicha instancia hace un análisis general de la infracción imputada para determinar el nexo causal con el accidente de trabajo, limitándose a complementar dicha imputación con la referencia al uso de equipos de protección personal y a las condiciones de seguridad, que constituyen conductas diferentes a la atribuida y sancionada.

“(…) Del análisis si bien el empleador describe en el registro de accidente que se advierte al trabajador: "(…) el Sr. Martín Borja Zegarra Ingresó, sin autorización, por la boca de la escotilla de la bodega para descargar la materia prima restante del comportamiento de popa de lado babor. A los pocos minutos, se percata de ello el motorista de la embarcación pesquera tiburón 9, el Sr. Juan Uchuya, y se acercó a reclamarle al Sr. Borja por encontrarse en esa ubicación y peor sin usar “máscara de cara completa antigases”, haciéndole caso omiso y continuando con dicha labor (...). Del mismo hecho se advierte que las medidas de control no son suficientes, considerando que debe tenerse una supervisión efectiva como medida de control que procure cumplir los procedimientos de trabajo, pasando en todo caso a una paralización de la actividad ante un peligro con riesgo de consecuencia grave más aún si se está ante un acto subestándar. Cabe precisar que en relación al procedimiento de trabajo de descarga de materia prima no se evidencia, especificaciones de como trasladarse o realizar las maniobras alrededor de la escotilla de la bodega de la embarcación, por parte de los chateros. Que de la visita no se observa señalización de advertencia, prohibición y uso obligatorio de EPP, control que se identifica en la matriz IPER. Así mismo respecto al trabajador José Fernando Díaz del Castillo se advierte que si bien entro en acción de rescate el mismo se hizo sin el control que requiere tal acción en espacios confinados, por lo cual también se observa la falta de supervisión en las medidas de control que requiere al realizar dicha actividad”.

“(…) es que el inspector advierte que las medidas de control no son suficientes, considerando que debe tenerse una supervisión efectiva como medida de control que procure cumplir los procedimientos de trabajo, pasando en todo caso a una paralización de la actividad ante un peligro con riesgo de consecuencia grave; sin embargo, dicha supervisión efectiva no se ha cumplido, asimismo no se niega que en la ocurrencia del accidente de trabajo contribuyó el trabajador accidentado al no obedecer las instrucciones; sin embargo, el sujeto inspeccionado no ha demostrado en el procedimiento inspectivo que haya controlado antes del inicio de los trabajos y en momentos previos a la ocurrencia del accidente que se haya cumplido con las medidas de seguridad (…)”.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal

en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14” (énfasis agregado).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por PESQUERA CARAL S.A., y en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 369-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 15 de junio de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 586- 2021-SUNAFIL/IRE-LIM/SIAI, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 369-2022- SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 15 de junio de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO.- Notificar la presente resolución a PESQUERA CARAL S.A., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución. QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20231115CEC