Pesquera Capricornio S.A — Res. 861-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: incluye todas); formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: incluye todas); gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y registro de accidente de trabajo e incidentes). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, ocasionando el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, ocasionando el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no presentar el Registro de Accidente de Trabajo actualizado, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

i. Que, se establece contradictoriamente que, si bien hemos cumplido con identificar el riesgo en nuestro IPER, no habríamos implementado un procedimiento escrito, lo cual representa una interpretación del inspector, pues la empresa identificó los riesgos del puesto de tripulante y justamente precisó entre ellos, el oleaje brusco, lo que acredita el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 77 y 83 del RLSST. El hecho determinado como infracción, como sería “no contar con un procedimiento escrito” lo que no existe ni en la ley, ni en el reglamento como un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, tampoco puede subsumirse dentro de la genérica falta establecida en el acta de infracción, por lo que la infracción carece de tipicidad. ii. Que, nuestra empresa cumplió con presentar la capacitación en SST brindada al trabajador, específicamente en seguridad, prevención de accidentes en la embarcación, la capacitación en accidentes fue realizada por la empresa, su insuficiencia o no, es un tema subjetivo, que no ha desarrollado el inspector en el Acta de Infracción y resolución apelada, pues ha señalado que no se consideró la

implementación de PETS y que capacitaciones fueron únicamente en el año 2016 y no 2020, además no se señalan las razones por las cuales descarta o no considerada adecuada la capacitación sobre accidente otorgada al trabajador, lo que vulnera el deber de motivación y debido proceso para ejercer el derecho de defensa. Que, existe una falacia en el razonamiento contenido en la apelada, pues si existe en autos la capacitación dada en el año 2020, considerando que en el año 2020 estábamos en pandemia y que capacitaciones variaron y hasta se suspendieron, tenemos que con fecha 10 de mayo de 2020 se publicó el D. Legislativo 1499, dispositivo que delimitó sobre capacitaciones en materia de SST. iii. Que se cuestiona no haber llevado a cabo un adecuado proceso de investigación, por lo que encontramos un divorcio entre la falta propuesta con los hechos en donde se subsume la citada falta. La autoridad debe entender que el llenado del formato de accidente de trabajo se encuentra consignado en forma completa cada uno de ítems que lo contiene, siguiente el formado establecido en la R.M. 050-2013-TR. El hecho que el inspector bajo su preferencia señale que debió hacer de un modo y otro, son apreciaciones subjetivas que no puede ser considerados como incumplimiento a la ley, pues en este caso, la ley establece el formato exacto que se debe utilizar y considera que mínimamente debe contener la información del citado formato. iv. Que, no se han aplicado los principios de gradualidad ni proporcionalidad a las multas impuestas con relación a las supuestas infracciones cometidas, dado que, según el reglamento de la ley general de inspección del trabajo, el inspector se encuentra facultado a graduar la multa en base a márgenes, lo cual hace imprescindible, para garantizar un debido procedimiento, que éste exponga los motivos que justifican la graduación de la multa propuesta. v. Que, se les pretende sancionar dos veces, por una misma infracción, es decir, a criterio del inspector las supuestas conductas que evidenciarían una supuesta infracción son sancionadas de manera independiente, sin embargo, las mismas se encuentran basadas en un mismo hecho, el cual sería sancionable con una sola multa. En el supuesto negado que se considere que la empresa habría incumplido la normativa de la materia, lo cual es falso, debemos mencionar que no corresponde la propuesta de dos multas muy graves, sino solo de una de ellas, toda vez que la verificación se refiere a un mismo hecho, en contravención del principio de non bis ídem, se envió la información solicitada en requerimientos posteriores tras otros requerimientos, por lo cual estaría subsanada la imputación que legalmente se nos condena. Adicionalmente, no se ha observado por el inspector a cargo, una grave vulneración de nuestro derecho de defensa, toda vez que afirma la validez de un concurso de infracciones que en su errado criterio estaría permitida por nuestro ordenamiento, cuando de acuerdo con el artículo y la resolución de Superintendencia, ningún tipo de concurso está permitido en nuestro ordenamiento jurídico, debiéndose aplicar únicamente una multa.

i. Que, el incumplimiento se encuentra referido a la falta de identificación del peligro, evaluación de riesgos y medidas de control según el orden de prioridad, que en conjunto durante la etapa de fiscalización laboral, identificó omisiones en el IPERC, toda vez que al no realizar un discernimiento de cada peligro detectado, no se puedo identificar el riesgo adecuadamente, es decir, no se identificó el riesgo de la exposición a posturas disergonómicas, es así que, las medidas de control instauradas, si bien forman parte de los controles administrativos y equipos de protección personal, lo cierto es que, en atención a la actividad de pesca, que es de alto riesgo, era necesario que el inspeccionado implemente un procedimiento escrito de trabajo seguro con la descripción específica de la forma de como desarrollar una tarea de manera correcta desde su inicio hasta su fin, a efectos de prevenir posibles accidentes como el ocurrido el día 23 de mayo de 2020, en el cual resultó afectado el señor Fiestas, puesto que, al momento de realizar sus actividades debido a una fuerte matera provoca la tensión del cabo cuando estaba gareteando en la parte de la popa del winche produciendo una contracción muscular en el hombro derecho del trabajador, como consecuencia- desgarro de tendón del hombro derecho S46.0 y posteriores descansos médicos, por lo que, tales omisiones impidieron evaluar correctamente el peligro, el riesgo y las medidas de control de forma debida, lo que generó la ocurrencia del accidente, y que al analizar las causas del accidente de trabajo efectivamente, se ha comprobado que de haber cumplido la inspeccionada con la identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER, se hubiera podido impedir el accidente. ii. Contrario a los que afirma la inspeccionada, y como ha sido determinado en el presente procedimiento administrativo sancionador, correspondía a la inspeccionada impartir formación e información en seguridad y salud en el trabajo al señor Fiestas, respecto a la función específica que se desarrollaba al momento del accidente, lo que no hizo, según los hechos constatados no se capacitó al trabajador en temas sobre posturas ergonómicas, antes del accidente de trabajo ocurrido el 23 de mayo de 2020, se puede observar que, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, sobre el tema “seguridad, prevención de accidentes a las embarcaciones” en el cual participó el señor fiestas, de fecha 16 de mayo de 2020, no se tiene como tema otorgado al trabajador – posturas ergonómicas, es decir, se observa que no se brindó capacitaciones en prevención de peligros y riesgos en el puesto de trabajo de tripulante en la embarcación pesquera “Ceci”. Y en cuanto al análisis realizado por el inspector de trabajo sobre una capacitación deficiente por la omisión en la implementación de un procedimiento escrito de trabajo seguro, no resultan ser apreciaciones subjetivas, toda vez que este documento describe específicamente la forma concreta de como realizar las tareas en cada puesto de trabajo, compuesta en un conjunto de pasos, pautas e indicaciones en función a la prevención de riesgo laborales al momento de realizar las actividades, por lo que, es de importancia su aplicación, lo cual hubiera coadyuvado en una capacitación adecuada al puesto de tripulante. iii. La emergencia sanitaria causada por el Covid19, y las medidas emitidas por el D. Leg. 1499, no resulta ser un obstáculo a sus obligaciones, puesto que, el numeral 7.3 de la citada normativa, indica que el empleador se obliga al cumplimiento de su plan de

2 Notificada a la impugnante el 30 de enero de 2023. Véase folio 117 del expediente sancionador.

capacitaciones en forma virtual habiendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas, por lo que, el sujeto inspeccionado debió aplicar mecanismos adecuados que permitiesen la capacitación centrada en el puesto de trabajo de tripulante que desempeñaba el señor Fiestas. iv. El registro de accidente de trabajo ofrecido no se encuentra conforme a ley con la información mínima obligatoria, razón por la cual, lo argumentado en el recurso de apelación carece de fundamento y no logra desvirtuar la infracción incurrida. v. La resolución apelada no ha transgredido el principio de non bis in idem al no concurrir la identidad de sujetos, hechos y fundamentos en las infracciones que se analizó toda vez que, se precisó que las infracciones no versan sobre los mismos hechos; en igual sentido, respecto a concurso de infracciones, si bien, dos se encuentran tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y una en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, se debe precisar que, son netamente independientes la una de la otra. vi. En el cálculo de la multa se ha observado el principio de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer las multas administrativas, pues su dictado obedece de manera estricta a los parámetros legalmente establecidos por el ordenamiento de inspección de trabajo, estando la resolución apelada debidamente motivada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PESQUERA CAPRICORNIO S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de enero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 017-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, señalando los siguientes alegatos:

i. Que las infracciones imputadas sobre incumplimiento del IPER y Registro de Accidente de Trabajo, son perfectamente subsanables, existiendo un error por parte de los inspectores en tipificarlas como insubsanables, siendo este un vicio del procedimiento que acarrea su nulidad. ii. Con relación al punto de no haber cumplido con un estudio de IPER conforme a ley, se establece contradictoriamente que, si bien hemos cumplido con identificar el riesgo en nuestro IPER, no habríamos implementado un procedimiento escrito, lo cual representa una interpretación del inspector, pues la empresa identificó los riesgos del puesto de tripulante y justamente precisó entre ellos, el oleaje brusco, lo que acredita el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 77 y 83 del RLSST. El hecho determinado como infracción, como sería “no contar con un procedimiento escrito” lo que no existe ni en la ley, ni en el reglamento como un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, tampoco puede subsumirse dentro de la genérica falta establecida en el acta de infracción, por lo que la infracción carece de tipicidad. Agrega que el principio de legalidad ha sido mancillado por cuanto a pesar de verificarse actitud diligente en el cumplimiento de sus obligaciones al consignar el IPERC, hubo una interpretación subjetiva del inspector. iii. Con relación a no otorgar formación e información sobre SST adecuada en el puesto de trabajo, el trabajador si tenía las capacitaciones que por ley deben ser otorgadas pero el inspector y la intendencia alegan que era necesario otro tipo de capacitaciones no exigidas por ley como son las ergonómicas, las cuales no tendrían ningún sentido, toda vez que el trabajador era tripulante y tenía pleno conocimiento de los protocolos de pesca, aunado que no era trabajador nuevo, alega que su empresa cumplió con presentar la capacitación en SST brindada al trabajador, específicamente en seguridad, prevención de accidentes en la embarcación, su insuficiencia o no, es un tema subjetivo, que no ha desarrollado el inspector en el Acta de Infracción y resolución apelada, pues ha señalado que no se consideró la implementación de PETS y que capacitaciones fueron únicamente en el año 2016 y no 2020, además no se señalan las razones por las cuales descarta o no considerada adecuada la capacitación sobre accidente otorgada al trabajador, lo que vulnera el

deber de motivación y debido proceso para ejercer el derecho de defensa. Que, existe una falacia en el razonamiento contenido en la resolución, pues si existe en autos la capacitación dada en el año 2020, considerando que en el año 2020 estábamos en pandemia y que capacitaciones variaron y hasta se suspendieron, tenemos que con fecha 10 de mayo de 2020 se publicó el D. Legislativo 1499, dispositivo que delimitó sobre capacitaciones en materia de SST y suspende las capacitaciones presenciales, y respecto a las capacitaciones virtuales, en el año 2020 prácticamente no se realizaron actividades y por la condición de tripulante es ilógico la capacitación virtual. Lo cierto y real es que el trabajador fue capacitado en accidentes, según lo referido e identificado en su IPERC iv. Que se cuestiona no haber llevado a cabo un adecuado proceso de investigación, por lo que encontramos un divorcio entre la falta propuesta con los hechos en donde se subsume la citada falta. La autoridad debe entender que el llenado del formato de accidente de trabajo se encuentra consignado en forma completa cada uno de ítems que lo contiene, siguiente el formado establecido en la R.M. 050-2013-TR. El hecho que el inspector bajo su preferencia señale que debió hacer de un modo y otro, son apreciaciones subjetivas que no puede ser considerados como incumplimiento a la ley, pues en este caso, la ley establece el formato exacto que se debe utilizar y considera que mínimamente debe contener la información del citado formato. v. Sobre otros derechos vulnerados menciona el principio de tipicidad, y el derecho a una decisión motivada y fundada en derecho, indica que las imputaciones referidas a supuestas infracciones son falsas al haber cumplido de manera legal y diligente tal cual consta en todos los elementos aportados. vi. Que, no se han aplicado los principios de gradualidad ni proporcionalidad a las multas impuestas con relación a las supuestas infracciones cometidas, es obligación del inspector indicar no solo la sanción que propone sino que también es obligación hacer expresa mención de los criterios utilizados, dicha obligación constituye una manifestación del respecto a su derecho de defensa, para verificar el cumplimiento del principio de razonabilidad dado que, según el reglamento de la ley general de inspección del trabajo, el inspector se encuentra facultado a graduar la multa en base a márgenes, lo cual hace imprescindible, para garantizar un debido procedimiento, que éste exponga los motivos que justifican la graduación de la multa propuesta que no resulta razonable la imposición de la multa duplicada por un mismo hecho o que se origina de un mismo supuesto. vii. Que, se les pretende sancionar dos veces, por una misma infracción, es decir, a criterio del inspector las supuestas conductas que evidenciarían una supuesta infracción son sancionadas de manera independiente, sin embargo, las mismas se encuentran basadas en un mismo hecho, el cual sería sancionable con una sola multa. En el supuesto negado que se considere que la empresa habría incumplido la normativa de la materia, lo cual es falso, debemos mencionar que no corresponde la propuesta de dos multas muy graves, sino solo de una de ellas, toda vez que la

verificación se refiere a un mismo hecho, en contravención del principio de non bis ídem. Adicionalmente, no se ha observado por el inspector a cargo, una grave vulneración de nuestro derecho de defensa, toda vez que afirma la validez de un concurso de infracciones que en su errado criterio estaría permitida por nuestro ordenamiento, cuando de acuerdo con el artículo y la resolución de Superintendencia, ningún tipo de concurso está permitido en nuestro ordenamiento jurídico, debiéndose aplicar únicamente una multa, toda vez que ambas provienen de un mismo hecho y se encuentran cuantificadas de la misma manera. Repite el argumento de su apelación, en el sentido de que la obligación ilegal de los determinado y confirmado por Resolución de Subintendencia debe ser plenamente descartada pues implica una clara vulneración al derecho de defensa, debido procedimiento y vulnera la nulidad del Acta de Infracción e Imputación de cargos.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos:

i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

9 Resolución de Sala Plena Nº 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del precedente de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

publicación en el diario oficial El Peruano, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida.

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)” (énfasis agregado).

Sobre las infracciones muy graves atribuidas

salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal.” (énfasis añadido).

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual). ii) Conducta antijuridica. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”10. iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y

10 Casación N° 4321-2015 Callao.

protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo. iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo11.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal. ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016- LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“Octavo (…) 9. La relación causal en los accidentes de trabajo:

11 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

(…) En el campo laboral la relación causal exige en primer lugar la existencia de vínculo laboral y en segundo lugar que el accidente de trabajo que cause daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo o con ocasión del mismo. (…) Noveno. - Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (…) Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo.”

Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) 6.25 Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la LSST, dispone que: “(…) sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)” (énfasis añadido).

de cada peligro detectado, no se pudo identificar el riesgo adecuadamente, es decir, no se identificó el riesgo de la exposición a posturas disergonómicas, es así que, las medidas de control instauradas, si bien forman parte de los controles administrativos y equipos de protección personal, lo cierto es que, en atención a la actividad de pesca, que es de alto riesgo, era necesario que el inspeccionado implemente un procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) con la descripción específica de la forma de cómo desarrollar una tarea de manera correcta desde su inicio hasta su fin.

embarcación en una misma fila, sin diferenciarlos correctamente y sin determinar a qué peligro corresponde cada riesgo, y cual sería la medida de control a aplicarse a cada caso, lo cual ha sido identificado por el Inspector comisionado como causa de accidente de trabajo porque esta deficiencia no permitió eliminar o controlar el peligro identificado de oleajes bruscos en altamar.

ocurrido el 23 de mayo de 2020. Por tanto, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Sobre la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo

12 RLSST, Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Las capacitaciones deben ser presenciales atendiendo a los temas dispuestos en el plan anual de capacitaciones aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 27-A.- Las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27, son aquellas que se realizan: a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. b) Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea; o, en la tecnología. En los demás casos, el/la empleador/a puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento. 13 Artículo IV del Título Preliminar de la LSST.

puesto de trabajo. Sobre el particular, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

14 Artículo 7.- Capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 7.1 Las capacitaciones presenciales a las que se refiere el artículo 35 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, se aplican únicamente en los siguientes supuestos durante la Emergencia Sanitaria: a) Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o duración; y, b) Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o actividad a realizar por el/la trabajador/a. 7.2 Las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan adoptándose las medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento social, la utilización de equipos de protección personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad competente. 7.3 El/la empleador/a se obliga al cumplimiento de su Plan de Capacitaciones en forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas. 15 Artículo 35.- Responsabilidades del empleador dentro del Sistema de gestión de la SST. Para mejorar el conocimiento sobre la SST, el empleador debe: b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo.

(A) ¿Qué incumplimiento se ha reputado como causal? (B) ¿Qué se considera como factor que originó el accidente? ¿Satisface el análisis causal cada imputación? ¿Se ha justificado el examen causal entre el incumplimiento (A) (B)? 1) No se acreditó la planificación, organización y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1) IPERC no adecuado (porque no contenía medidas de control apropiadas que pudieron ayudar a prevenir riesgos disergonómicos frente a oleajes bruscos en el mar, como pudo ser la implementación de un PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) por ser trabajo de alto riesgo debió implementar este PETS como medida de control de dicho riesgo).

Si, porque en la matriz IPER en el puesto de TRIPULANTE se identificó como peligro OLEAJES BRUSCOS y como riesgo ESTIRAMIENTO MUSCULAR, cuando debió establecer como riesgo EXPOSICIÓN A POSTURAS DISERGONÓMICAS, y en las medidas de control debió considerar la implementación de un PETS a fin de que el trabajador sepa cómo actuar ante oleajes bruscos durante el desarrollo de sus labores. Además, las medidas de control de la matriz IPER no fueron debidamente identificadas

porque se insertó de forma conjunta todos los riesgos y peligros al que estaba expuesto el TRIPULANTE sin individualizar cada uno para una mejor identificación, control y eliminación.

2) Capacitación insuficiente (al no tener medidas de control bien implementadas en el IPERC, como la implementación de un PETS, la capacitación que tenía el trabajador antes del accidente era insuficiente, siendo importante resaltar que el trabajador accidentado no registra ni una sola capacitación en temas ergonómicos antes del accidente). Hubo una capacitación sobre el tema “seguridad, prevención de accidentes a las embarcaciones” pero no hay evidencia que se haya incluido el tema de riesgos disergonómicos. Si, porque de haber tenido el trabajador accidentado una capacitación adecuada en materia de ergonomía y sus labores específicas, le hubiera permitido realizar su trabajo de forma correcta y evitar el accidente de trabajo.

Sobre la imposibilidad de subsanar el IPERC 6.52 Al respecto, la impugnante alega que la infracción imputada sobre incumplimiento del IPER, es perfectamente subsanable, existiendo un error por parte de los inspectores en tipificarla como insubsanable.

16 Directiva, aprobada por la Resolución de Superintendencia N°186-2019-SUNAFIL que aprueba Reglas Generales para la fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual estuve vigente desde el 04.06.2019 hasta el 20.10.2020.

efectos irreversibles— no necesariamente tiene la calidad de insubsanable si es que no se han determinado daños que no puedan revertirse. 6.31. Respecto a la infracción por no contar con RISST, se advierte que la comisionada no ha determinado el aparente efecto irreversible de dicho incumplimiento. Asimismo, si bien el comportamiento de la impugnante, en la fecha señalada por la comisionada, ya constituía una conducta antijurídica, los efectos de la misma pudieron ser reparados en su totalidad, desapareciendo la ilegalidad del actuar del empleador. De esa forma, no se advierte que dichos efectos hayan generado una situación jurídica irreversible, como ocurre, por ejemplo, en el caso de accidentes de trabajo que tienen como una de sus causas determinantes el no contar con el RISST”.

Sobre la gradualidad de la sanción 6.56 La Impugnante señala que no se han aplicado los principios de gradualidad ni proporcionalidad a las multas impuestas siendo obligación del inspector indicar no solo la sanción que propone, sino que también es obligación hacer expresa mención de los criterios utilizados para verificar el cumplimiento del principio de razonabilidad.

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

existe normativa que permita al personal inspectivo o sancionador graduar las multas con criterios de proporcionalidad aplicados al caso en concreto, ya que se trata de un sistema de multas tasada, el cual, según el artículo 38 de la LGIT determina que las multas se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) gravedad de la falta cometida b) número de trabajadores afectados y c) tipo de empresa.

Sobre el principio non bis in ídem

a. Identidad de sujetos: Si cumple, porque ambas infracciones son contra el mismo administrado. b. Identidad de hechos: En las infracciones sancionadas, los hechos que se le atribuyen a la inspeccionada son distintos, toda vez que el incumplimiento referido a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos no es igual que el incumplimiento referido la formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo. Configurándose cada uno como un hecho distinto. c. Identidad de fundamentos: En este aspecto si coinciden porque ambas infracciones son de materia de seguridad y salud en el trabajo.

Sobre el concurso de infracciones

17 Jiménez Alemán, J. A. (2018). Notas acerca del concurso de infracciones en el Derecho Administrativo Sancionador: caso peruano. Derecho & Sociedad, (50), 57-58. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ derecho sociedad/article/view/20374. 18 Ídem, 21.

trabajo, lo que implica la determinación de conductas diferentes. Por lo que tampoco corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con sus obligaciones relacionadas a la Identificación de los Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), lo que constituyó causa de accidente de trabajo (23 de mayo de 2020) resultando afectado el trabajador Martín Wilfredo Fiestas Ayala. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con sus obligaciones relacionadas a la formación e información en seguridad y salud en el trabajo, lo que constituyó causa de accidente de trabajo (23 de mayo de 2020) resultando afectado el trabajador Martín Wilfredo Fiestas Ayala. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con el registro de accidente de trabajo actualizado conforme a ley, al no contener la información mínima obligatoria. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PESQUERA CAPRICORNIO S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 017-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 24 de enero de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Callao, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 281-2020- SUNAFIL/IRE-CAL, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 017-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, en el extremo referente a las dos infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PESQUERA CAPRICORNIO S.A. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA