Pedregal S.A — Res. 779-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2259-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico correspondiente a la materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 106-2021- SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otra , dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 041-2022-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, de fecha 12 de enero de 2022 (en adelante, el Informe Final) , que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ica, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 316-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 21 de junio de 2022, notificada el 23 de junio de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 41,624.00 , por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Mediante escrito de fecha 13 de julio de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 316-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de la cual se identifican los siguientes principales argumentos:

Mediante Resolución de Intendencia N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 30 de mayo de 2023, notificado el 1 de junio de 2023, la Intendencia Regional de Ica declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sanción la sanción contra la administrada, sobre la base de los siguientes principales fundamentos:

Con fecha 22 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 077-2023- SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM N° 575 -2023-SUNAFIL/IRE-ICA recibido el 04 de julio de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EL PEDREGAL S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 077-2023-SUNAFIL/IRE-ICA, que confirmó la sanción impuesta de S/ 41,624.00 por la comisión , entre otra , dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 2 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EL PEDREGAL S.A.

Previa evaluación de los argumentos postulados en el recurso de revisión, resulta pertinente tomar en consideración la Resolución de Sala Plena Nº 003-2022- SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, el cual constituye precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, y que expresamente señala:

Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.

Sobre esa base, se advierte del recurso de revisión algunos argumentos genéricos, no ceñidos a los criterios antes señalados; es decir, no se ha incorporado en el recurso fundamentos encuadrados en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco, se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. En ese sentido, se precisa que esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o a la postulación de la afectación del debido proceso8, no tomando en consideración los argumentos que excedan a dichos presupuestos.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.

El RLSST establece las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo, las siguientes:

Sobre el particular, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales9, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo10.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; y e) en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (...) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología” (énfasis añadido). Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y

Estas obligaciones procuran que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no suponga que los riesgos a su integridad física, psíquica y mental no sean gestionados en la forma prescrita por la ley. Es así como la normativa busca lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones subestándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

En principio, la administrada sustenta su recurso impugnatorio desde la alegación de cumplimiento y la afectación de principios sustanciales asociados al debido procedimiento administrativo, lo cual constituye un directo cuestionamiento del nexo causal de las infracciones imputadas al administrado. Respecto del primer extremo, alega que respecto de cada una de las materias vulneradas consideradas como generadoras del accidente de trabajo (IPER y condiciones de seguridad: aviso y señales) se ha logrado acreditar su cumplimiento. En cuanto al segundo extremo, alega que se omitió determinar el nexo causal de las infracciones imputadas, al no fundamentar de qué forma las supuestas infracciones en el presente caso puntual y concreto causó el accidente de trabajo, debiendo establecer adecuadamente el supuesto nexo de causalidad entre las presuntas vulneraciones y el accidente de trabajo materia de análisis.

En ese sentido, resulta pertinente citar los alcances del principio de verdad material, según lo define el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG:

De acuerdo a ello, se establece que la decisión de la administración requiere encontrarse justificada desde el plano fáctico que compone el procedimiento. Dicho proceder exige a la administración el determinar más allá de toda duda razonable las aristas sustanciales de responsabilidad de la inspeccionada, a fin de justificar de manera solvente la imputación de las infracciones identificadas.

En ese mismo sentido, resulta pertinente tomar en consideración los alcances del precedente vinculante definido mediante Resolución de Sala Plena Nº 005-2022- SUNAFIL/TFL, de fecha 2 de agosto de 2022, el cual determina lo siguiente:

En ese entendido, corresponde analizar la concurrencia del nexo causal entre las infracciones atribuidas al administrado respecto del evento lesivo evaluado. Así, se verifica que al impugnante se le ha imputado dos infracciones contra la norma de seguridad y salud en el trabajo, que ocasionaron el accidente de trabajo de la Sra. Tapia , acontecido el 19 de setiembre de 2020, en específico, por no cumplir con la identificación de los peligros y evaluación de riesgos y la instalación de condiciones de seguridad: aviso y señales). Infracciones que componen la imputación contra la administrada y que procedemos a evaluar.

En cuanto a la materia de IPER, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. (énfasis añadido)

Asimismo, se tiene que el artículo 50 de la LSST, en concordancia con lo estipulado en el literal g) del artículo 26 del RLSST, establece que el empleador como medida de prevención de los riesgos laborales deberá gestionarlos, sin excepción, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo.

En ese sentido, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo señalado por el artículo 57 de la LSST, en concordancia con el primer párrafo del artículo 82 del RLSST.

Sobre dicho marco normativo, según la verificación de la Matriz IPER de la empresa inspeccionada, se identifican los siguientes peligros en la prestación de servicios: tránsito por hoyos – tránsito por charcos en líneas de parrón, flexión parcial de espaldas, movimiento repetitivo del hombro de forma constante, uso indebido de caballete y exposición de radiación solar.

En el marco de los hechos que generaron el accidente de trabajo de la Sra. Tapia , quien se accidentó al caer de un caballete sobre una zona pedregosa, se advierte la omisión en la Matriz del IPER de la “Presencia de piedras en zona de trabajo”, el cual genera el peligro correspondiente a “Tropiezo y/o caída al mismo nivel”. Dicha observación se encuentra respaldado por la verificación generada por el comisionado, el cual acreditó que el área donde prestó servicios el sujeto afectado constituía una zona pedregosa, conforme se verifica de las siguientes capturas:

En ese sentido, de la verificación de la Matriz de IPER, vigente a la fecha del accidente de trabajo, no se advierte que la administrada con antelación al accidente de trabajo haya identificado la totalidad de los riesgos que podría involucrar la prestación de servicios en la empresa, lo cual ha desencadenado que no tome medidas preventivas a fin de evitar su materialización. En ese sentido, se verifica que el sujeto afectado ha desempeñado la labor de obrera sin que la empresa haya adoptado medidas de control según el orden de prioridad, esto, de forma previa, al 19 de setiembre de 2020, que afectó a la misma en el momento de generado el accidente de trabajo.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo materia de evaluación, dando cumplimiento al principio de causalidad. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, respecto a la materia de Condiciones: aviso y señales, conforme al artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la materialización de un adecuado Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo exige, en primer orden, la eliminación de los peligros y riesgos, posteriormente, el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, entre otras. Dicha exigencia se encuentra asociada a los objetivos de planificación correspondientes, los cuales requiere la adopción de medidas de identificación, prevención y control, según lo regulado en el artículo 39 de la misma fuente. (énfasis añadido)

No puede perderse de vista que la obligatoriedad de la identificación de riesgos involucra una específica vinculación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, en referencia a lo regulado por el artículo 77 de la LSST. No debe perderse de vista que cada una de las exigencias precedentes requiere la visibilidad de la identificación de peligros y riesgos a fin de ejercer un adecuado control y aviso al personal que se desempeña en todo centro de trabajo.

Sobre dicho marco, la imputación de infracción de la presente materia se sostiene en razón a la ausencia de identificación y señalización de los riesgos ante la presencia de piedras en la zona de trabajo que advirtiera el peligro de la trabajadora afectada. Más allá que dicha condición del suelo resulte perceptible para cualquier trabajador, la ausencia de señalización constituye una flagrante transgresión a las condiciones de seguridad y salud en el ambiente de trabajo, lo cual no ha permitido adoptar medidas correctivas en centro de trabajo, bajo el auténtico ejercicio del principio de prevención que todo empleador debe practicar y garantizar.

Sobre la base de las capturas adjuntas precedentemente, se logra evidenciar que no ha existido señalización alguna que permita advertir del riesgo para los colaboradores de la empresa, los únicos identificados corresponden a la localización del área, más no respecto del aviso de la existencia del riesgo materia de análisis, así tenemos:

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo materia de evaluación, dando cumplimiento al principio de causalidad. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la condición de aviso y señalización en el centro de trabajo, conforme a las observaciones realizadas en autos en ese extremo, de acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, respecto de los argumentos formulados por la impugnante, corresponde precisar que, si bien la administrada advierte que en el descargo de imputación de cargo informó a la autoridad instructora de la subsanación de la omisión en la Matriz de IPER correspondiente a la identificación de la “Presencia de piedras en zona de trabajo” como un peligro en el centro de trabajo, se precisa que las materias de identificación de peligros y evaluación de riesgos y la condición de seguridad: aviso y señalización, constituyen materias infraccionadas reconocidas como causales directas del accidente de trabajo acontecido el 19 de setiembre de 2020, por tanto, no son pasibles de subsanación al calificar como hechos insubsanables.

Dicha condición fue oportunamente notificada a la administrada el 08 de febrero de 2021, adjunto a la medida de requerimiento, razón por la cual esta no contenía mandato alguno respecto a dichas materias, sino solo respecto a la correspondiente a “investigación de accidentes de trabajo”. En ese sentido, al calificar como causas inmediatas del accidente de trabajo al resultar imposible revertir sus efectos en el tiempo al haberse configurado el accidente de trabajo, la administración no puede aplicar ningún eximente de responsabilidad en favor de la administrada, desestimando este argumento alegado en su recurso impugnatorio.

En ese mismo sentido, las acciones desarrolladas por la administrada dirigidas a difundir los riesgos en el centro de trabajo no satisfacen el deber de prevención definida por ley, lo cual, si lo hubiera permitido la señalización oportuna en el área de riesgo, máxime si ninguno de los referidos por la administrada en actuación inspectiva se ha encontrado dirigido a prevenir a sus trabajadores del riesgo verificado en el área que aconteció el accidente de trabajo. De acuerdo a ello, la conclusión arribada por la autoridad de sanción respecto al proceder de la administrada se encuentra sustentada desde el aspecto fáctico y probatorio, que este Tribunal corrobora.

En ese sentido, sobre la base de los fundamentos precedentes, se verifica que el nexo causal entre las infracciones (IPER y condiciones de seguridad) y el accidente de trabajo han resultado plenamente instaladas, motivo por el cual corresponde confirmar este extremo de la Resolución impugnada.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, regula que los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), existiendo otra variante por la que los inspectores conmina al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

En esa línea de argumentación, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022, en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado, esta debe cumplir con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad para su emisión y de cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, ello en concordancia a lo dispuesto en los precedentes administrativos contenidos en Resolución de Sala Plena N° 008-2023 SUNAFIL/TFL y Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL.

Del examen de la medida de requerimiento que sustenta la infracción muy grave a la labor inspectiva, se puede advertir que la misma hace referencia a acreditar la correcta investigación del accidente de trabajo y la adecuada implementación del registro del accidente de trabajo, para lo cual establece algunas consideraciones y otorga el plazo de tres (03) días hábiles para su cumplimiento. Así tenemos:

Del contenido del mandato de la medida de requerimiento, se advierte que el comisionado ha exigido para el cumplimiento del mismo, lo siguiente: i) respecto de la investigación del accidente de trabajo, solicita el adecuado desarrollo del análisis de los hechos acontecidos, considerando las causas inmediatas, causas básicas y las fallas o deficiencias del sistema de gestión de SST, toma de declaraciones, comunicación al comité de SST, así como las medidas preventivas y correctivas y su control respectivo, entre otros; y, ii) en cuanto a la implementación del registro de accidente de trabajo, solicita consignar todas las causas y factores de riesgo, así como las medidas preventivas y correctivas desprendidas de la investigación y el análisis de causas y la evidencia del cumplimiento de las medidas adoptadas detectados como resultado de la investigación. (Énfasis añadido)

De acuerdo a ello, se advierte que el mandato de la medida de requerimiento entraña no solo la subsanación de la materia de investigación del accidente de trabajo sino labores de gestión dirigidas a la recopilación de información y de acciones que pudieran significar necesarias para la subsanación de dicha materia infraccionada. Por tanto, a criterio de este Tribunal se advierte que la definición de tres (03) días hábiles como plazo para el cumplimiento de la medida de requerimiento constituye a todas luces limitado sobre la base de lo exigido, pues no solo se ha exigido observaciones formales del registro de accidentes de trabajo, como lo alega el comisionado, sino se ha determinado un estándar en su contenido que constituye acciones que requieren, razonablemente, un plazo mayúsculo al otorgado a la administrada.

En ese sentido, este despacho resuelve dejar sin efecto la sanción formulada en contra de la administrada, respecto de la infracción tipificada bajo el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, subsistiendo la imputación respecto de las demás infracciones.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes —sin perjuicio del pronunciamiento que se emita como efecto de la nulidad desarrollada en la presente resolución—, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.