Papelera Nacional S — Res. 687-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); Sistema de gestión SST en las empresas (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre SST (Sub materia: incluye todas); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER, en perjuicio del trabajador afectado, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relacionadas a la Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo, en perjuicio del trabajador afectado, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. La SIRE está negando el hecho de que las infracciones se encontraban prescritas; la SIRE omitió declarar la prescripción de oficio, pese que correspondía, en el presente caso se pretende desconocer sus argumentos. ii. De conformidad con la Resolución N° 066-2021-SUNAFIL-TFL Primera Sala fundamento 6.11, se dispone que la Ley N° 29873, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el artículo 53, confiere al empleador un deber de prevención el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o salud del trabajador. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST que establece que “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley, la imputación de la responsabilidad al empleador, por incumplimiento de su deber de prevención, requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y el incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En la misma resolución se establece presupuestos necesarios para que se establezca la responsabilidad de la empresa: el daño, la conducta antijurídica, la relación de causalidad y factor de atribución. iii. Se ha cumplido con la obligación relacionada con la Identificación de peligros y evaluación de riesgos-IPER. Sin embargo, la SIRE presenta, como único argumento para determinar la infracción, lo señalado en el punto IV del Acta de Infracción. Adicionalmente, tampoco se ha valorado el “Informe de monitoreo ocupacional de

agentes disergonómicos” por el periodo 2017, en el cual también se puede observar que se han identificado y desarrollado la totalidad de los peligros relativos a la manipulación de cargas con pesos superiores a los 3 kilogramos. Del mismo modo, dicho Informe desarrolla el reconocimiento, evaluación y control de agentes ocupacionales, los cuales son medibles con ayuda de equipos electrónicos y análisis de laboratorio, esto a fin de poner controles idóneos para la minimización de los riesgos y eliminación de los peligros. Por tanto, es evidente que la SIRE, al fundamentar su imputación, se limita a tomar como cierto lo alegado por la autoridad instructora y el inspector comisionado, sin revisar los medios probatorios planteados en el descargo. iv. Tampoco se ha analizado el documento denominado “Riesgo Matriz IPER” sobre el cual el inspector justifica la infracción que se imputa. Que, contrario a lo señalado por el inspector, dicho documento si detallan las actividades contempladas por la empresa como son empaquetado de hojas, traslado de productos, armado y pegado de cajas, habilitación del bobina, entre otras, funciones que desempeñaba el señor Rodríguez, lo que demuestra que si se identificó los peligros ergonómicos, físicos y mecánicos, entre otros, vinculados a las actividades que desempeñaba como operario de la empresa. En dicho sentido, se han identificado los peligros y riesgos propios de dichas actividades, así como las medidas de control prevista para eliminar o reducir dichos riesgos. v. Tampoco se ha tomado en cuenta el método de evaluación utilizado para la elaboración de la matriz IPER, cuyo objeto era definir la metodología a seguir para identificación de los los peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de medidas de control necesarias para asegurar que las actividades rutinarias y no rutinarias asociadas a las operaciones de la Empresa, no afecten la seguridad y salud de los trabajadores de PANASA. vi. De esta manera, ha quedado acreditado que PANASA, ha cumplido sus obligaciones respecto a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y, en ese sentido, que el accidente del señor Rodríguez no se originó en modo alguno como consecuencia de una falta de identificación de estos peligros y riesgos; sino, por el contrario, que se generó como consecuencia de un acto subestándar de parte del trabajador al manipular una carga mayor a la que tenía conocimiento que podía manipular dado su estado de salud. vii. Sobre la obligación en materia de formación e información, la SIRE concluye que no se advierte que los programas de capacitación brindado por PANASA han atendido los riesgos existentes en el trabajo, y que tampoco se han evaluado a los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. Se concluye que la capacitación habría sido sobre temas generales y no sobre los peligros y riesgos respecto a la actividad que realizaba el trabajador afectado al momento del accidente de trabajo. Del mismo modo se

señala que, al no haberse efectuado evaluaciones, no se puede advertir que el trabajador afectado conocía de los peligros y riesgos de la actividad que realizaba. viii. Sin embargo, sorprende que se indique que no se ha brindado capacitación cuando se han presentados los documentos que lo acreditan. Sobre la realización de evaluaciones por cada capacitación, lo señalado es falso, en la medida que se ha presentado el examen de capacitación IPER desarrollado por el señor Rodríguez, el 07 de septiembre del 2017 el cual contiene un listado de preguntas sobre los peligros y riesgos del puesto de operario. Sin perjuicio de lo señalado, nunca fue solicitado, durante todo el procedimiento inspectivo, que se exhiban las evaluaciones efectuadas. Que las capacitaciones sobre las que se solicita mayor documentación, las mismas fueron brindadas entre los años 2015 al 2017, sobre las que no se guarda mayor registro, ni documentación, en concordancia, con el Decreto Legislativo N° 1310 que establece que los empleadores tienen la obligación de conservar los documentos hasta por 5 años. ix. Aunado a ello, conforme a la “Ficha de restricciones en el puesto de trabajo” se debe tener en cuenta que el trabajador conocía sus restricciones médicas luego de la operación que tuvo en el tendón de la mano izquierda, no cumpliendo con dicha restricción y cargando pesos mayores a los 3 kilos mientras se encontraba encajando el papel copia. En tal sentido, no existe un nexo causal entre el accidente y las acciones de la empresa no correspondiendo atribuir responsabilidad alguna. x. Se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento, toda vez que la resolución adolece de una debida motivación pues la SIRE no ha cumplido con motivar como un supuesto incumplimiento referido a formación información, así como la identificación de peligros y evaluación de riesgos imputados, constituirían el hecho generador del accidente sufrido por el trabajador Rodríguez. Asimismo, no se ha pronunciado sobre los descargos que se ha presentado a lo largo del procedimiento, con los cuales ha demostrado que no existe responsabilidad por parte de la empresa, por lo que se debe declarar nula la resolución. xi. La resolución apelada vulnera el principio de razonabilidad, en ese sentido, el artículo 66.10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece como uno de los derechos de los administrados que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo de forma menos gravosa posible. Así como también el artículo 39 de la LGIT y artículo 47 del RLGIT que exige que la autoridad observe y aplique los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de imponer la sanción a los administrados, en concordancia con el artículo 248 del TUO de la Ley N°27444.

i. No se evidencia que las infracciones imputadas hayan prescrito de forma previa a la emisión de la resolución apelada, pues a dicha fecha había pasado 03 años, 11 meses y 06 días desde que se cometió la conducta infractora. ii. En cuanto al documento titulado “Registro Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control” vigente a la fecha del accidente de trabajo, en dicho documento no se cumple con identificar las actividades relativas al encajado, enzunchado y apilado de material, así como la totalidad de los peligros presentes relativos al puesto de trabajo (ergonómico, manipulación manual de cargas- objetos - cajas con peso superior a los 3 kilos) lo cual, no permitió que se

2 Notificada a la impugnante el 22 de agosto de 2022. Véase folio 85 del expediente sancionador.

evalúen todos los riesgos ni se adopten las acciones preventivas, medidas de control de acuerdo a la jerarquía establecida por la ley y correctivas suficientes, lo que se considera como causa del accidente de trabajo. iii. Por ello, resulta razonable que el inferior en grado haya concluido que no se realizó la identificación del peligro de las actividades relativas al encajado, enzunchado y apilado de material en el puesto de trabajo de operario, así como no haber establecido las medidas preventivas, de control y correctivas suficientes para evitar accidentes, falencias que se evidencian del documento obrante a fojas 41 y 42 del expediente inspectivo. iv. Así, no solo es responsabilidad al trabajador afectado, como si el accidente hubiese ocurrido solo por su negligencia; por el contrario, la falencia detectada en la matriz IPERC llevó a determinar a la Autoridad inspectiva como una de las causas básicas - factores de trabajo, que ha producido el accidente. Así, no se preció el peligro ergonómico, manipulación manual de cargas- objetos - cajas con peso superior a los 3 kilos para las actividades específicas realizadas por el trabajador afectado, conducta que se ha tipificado adecuadamente en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, pues es justamente las actividades que se encontraba realizando al momento del suceso dañoso que no fueron desarrolladas en la matriz de IPER. v. Sobre el “Informe de monitoreo ocupacional de agentes disergonómicos”, el mismo no obra adjunto a ninguno de sus escritos de descargo ni al recurso impugnatorio en análisis, evidenciándose que la inspeccionada solo hace referencia a un enlace de web que ha caducado a los 7 días de presentado su descargo. Por ende, no ha sido puesto a disposición de las instancias inferiores ni de la autoridad de segunda instancia a fin que sea evaluado, más aún si se tiene en cuenta los plazos para emitir pronunciamiento por cada autoridad. Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que la matriz IPER es un documento específico de gestión de la seguridad y salud en el centro de trabajo, que debe contener la descripción organizada de las actividades, riesgos y controles, que permite identificar los peligros y realizar la evaluación, control, monitoreo y comunicación de los riesgos. vi. De la evaluación de la documentación exhibida, no se acreditó haber proporcionado la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo anticipada, de manera periódica y eficaz en prevención de riesgos laborales en las funciones específicas que desarrollaba el trabajador afectado al momento del accidente, aunado que dicho trabajador se había reincorporado al trabajo luego de haber sufrido un accidente laboral contando con restricciones para el desempeño de su labor. vii. Ninguna de las capacitaciones se refiere a la función que se encontraba realizando de encajado, enzunchado y apilado de material; si bien se ha exhibido una capacitación referido a uno de los peligros “Manipulación manual de cargas”, no obstante, la misma corresponde al año 2015, por lo que, la Autoridad inspectiva concluye que no se evidencia que haya formado de forma periódica y eficaz en

función a la totalidad de los peligros ergonómicos (manipulación manual de cargas- objetos - cajas con peso superior a los 3 kilos). viii. En relación a las demás capacitaciones exhibidas referidas a la IPER, importancia de cumplimiento de restricciones, medidas de comportamiento y acciones seguras mira antes de actuar, no se evidencia que sean capacitaciones sobre el puesto o función específica, más aún si de su contenido tampoco se puede desprender que estén referidos a los riesgos específicos a los que estaba expuesto el señor Rodríguez, así como las medidas preventivas y de control aplicables a tales riesgos, conforme se hace mención en el considerando 27 de la resolución apelada. ix. Sobre la documentación presentada, la impugnante no ha considerado en su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos el peligro ergonómico, manipulación manual de cargas- objetos - cajas con peso superior a los 3 kilos para las actividades realizadas por el trabajador afectado en el puesto de trabajo de operador, conforme a lo explicado en los considerandos previos de la presente resolución. De este modo, no pudo haber formado e informado de dichos peligros laborales, así como de sus medidas preventivas aplicables al trabajador afectado al no estar identificado en su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. x. Cabe señalar, en referencia al examen exhibido, durante las actuaciones inspectivas se le requirió presentar medios probatorios que acreditaran haber impartido la formación e información en la función específica, y en los peligros y riesgos que estaba expuesto el trabajador afectado, habiendo presentado una evaluación solo referida a la IPER. En consecuencia, se debe desestimar lo solicitado por la inspeccionada respecto de esta infracción. xi. En cuanto a las causas del accidente, si bien existen otras causas que no han sido reconocidas por la inspeccionada en su registro de accidente de trabajo, nada impide que la autoridad inspectiva pueda concluir que hayan confluido otros hechos que ocasionaron el accidente que se analiza. De este modo, las causas adicionales incluidas por el inspector del trabajo actuante se encuentran debidamente establecidas en función al modelo de árbol de causas, determinando que los incumplimientos detectados en la fiscalización fueron finalmente los antecedentes en el árbol de causas o, dicho de otro modo, evidenciaba la falta de control por parte de la inspeccionada que explica la lesión generada al trabajador accidentado. xii. Que, la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. De la revisión del Acta de Infracción, se evidencia que la Autoridad inspectiva, en el numeral 4.7 de los Hechos Constatados, precisaron la inadecuada Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y en el numeral 4.9 de los Hechos Constatados, señalaron la falta de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo sobre el puesto o función específica, como incumplimientos a la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a todas luces se evidencia la existencia del nexo causal entre los incumplimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo imputados a la inspeccionada, y el accidente de trabajo, encontrándose debidamente fundamentada la relación causa — efecto antes descrito, pues se encuentran debidamente acreditados los Incumplimientos en los que ha incurrido la inspeccionada, los mismos que fueron causa del accidente de trabajo ocurrido al trabajador afectado. xiii. Por otro lado, el inferior en grado determinó imponer la multa en función a la tabla de multas NO MYPE prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, modificada por el Decreto Supremo N°* 008-2020-TR; al respecto, cabe resaltar que esta tabla de multas establecía montos tasados por el legislador reglamentario; es

así que sobre los montos fijos y predeterminados debía calcularse la multa a imponer, según los criterios previstos en el artículo 38 de la LGIT (la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados); en ese sentido, la Autoridad de primera instancia carece de discrecionalidad para imponer una multa por un monto distinto que lo fijado en dicha tabla.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Papelera Nacional S A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de septiembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1380-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

i. Inaplicación de los artículos 51 de la LGIT y del artículo 252.2 del TUO de la LPAG, por lo que el procedimiento debe ser declarado nulo. En este punto, se debe indicar que, desde la ocurrencia del accidente, ha transcurrido el plazo de cuatro años para la determinación de sanciones. La propia Intendencia ha determinado en el gráfico del considerando 3.9 de la resolución impugnada que, en efecto, el plazo de prescripción se reanudó por la paralización de más de 25 días hábiles luego de presentado el primer escrito de descargos. Por tanto, a la luz de los hechos, no cabe duda de que entre el plazo del supuesto incumplimiento hasta la notificación de la Resolución de Sub Intendencia pasaron más de 4 años. ii. No obstante, de manera errónea, la Intendencia señala que para el cómputo de la prescripción se debe tomar en cuenta la suspensión de plazos regulado por Resoluciones de Superintendencia No. 74-2020- SUNAFIL, No. 80-2020-SUNAFIL, No. 83-2020-SUNAFIL y No. 87- 2020-SUNAFIL, sin tomar en cuenta que dicha suspensión no es aplicable al presente caso. Como puede observarse de las referidas resoluciones, la disposición de suspensión del cómputo de plazos era para las actuaciones inspectivas y los procedimientos administrativos sancionadores en trámite. Sin embargo, para el 16 de marzo de 2020 el procedimiento de investigación ya había concluido y para el 26 de junio de 2020 aún no existía un procedimiento sancionador (pues, la imputación de cargos fue notificada recién el 9 de julio de 2021). iii. Dicho ello, la Autoridad utiliza una interpretación extensiva antojadiza de la norma para evitar el cómputo prescriptorio. Aunado a ello, se debe señalar que la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia No. 026-2020 se señala que esta suspensión no es aplicable a los procedimientos pendientes de notificación por parte de la administración. Sin perjuicio de lo expuesto, y en el supuesto negado que se considere que sí corresponde aplicar la suspensión de plazos comprendido entre el 16 de marzo y el 26 de junio de 2020, aun así, operó el plazo de prescripción. iv. Inaplicación de los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG, al no haberse establecido el nexo de causalidad entre los supuestos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y el accidente. El Tribunal de Fiscalización Laboral (en adelante, el Tribunal), mediante la Resolución No. 464-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, estableció que, si y solo si, se demuestra la existencia de un nexo de causalidad entre el supuesto incumplimiento y los daños provocados por el accidente se estará ante un supuesto aplicable al 28.10. Cabe resaltar que, el Tribunal precisa que dicho análisis se encontrará en el Acta de Infracción; por lo que, ante una falta de este examen de causalidad se estaría ante una falta de motivación. Incluso, la Resolución de Sala Plena No. 005-2022-SUNAFIL/TFL ratificó la necesidad de un adecuado análisis del nexo de causalidad para imputar responsabilidad por el numeral 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT. v. Para el análisis del presente caso, en enero del 2016 al trabajador afectado se le realizó una operación en el tendón de la mano izquierda. Con la finalidad de velar por su seguridad y salud en el trabajo, se determinaron algunas restricciones importantes al momento de desempeñar sus labores, conforme puede observarse de la Ficha de Restricciones en Puesto de Trabajo, de fecha 16 de mayo de 2016. Sin embargo, el trabajador NO respetó las restricciones, lo que fue causa determinante del accidente. En efecto, la prohibición de cargar pesos mayores a 3 kilogramos se señaló de manera clara en la ficha de restricción del puesto de trabajo; así, la inspeccionada, en cumplimiento de su deber de prevención, adoptó la medida más idónea en aras de evitar un accidente. Esto se debe a que, conforme al artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se estableció el

mecanismo de prevención principal, el cual es la eliminación de los peligros y riesgos. La Intendencia no se pronunció respecto a la ficha de restricción que obra en el expediente inspectivo. Su falta de análisis y valoración vulnera el derecho de defensa pues con este documento se acredita el que si se cumplió con determinar el peligro ergonómico observado por la autoridad sancionadora. Dicha restricción solo aplicaba al trabajador, dada su condición de salud y no era propio del puesto de trabajo. vi. Ni en el Acta de Infracción ni la Resolución de Sub Intendencia o Intendencia cumplen con determinar la relación de causalidad. El hecho constatado 4.7 sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos no motivó la incidencia de la supuesta infracción en el accidente de trabajo. Lo cierto es que el Inspector realizó una argumentación general sobre la supuesta falta de información. vii. Siendo ello así, la supuesta infracción sobre el IPER no cumple con la exigencia establecida por el Tribunal, dado que no se motivó la causalidad de la supuesta falta sobre el accidente de trabajo. Ante ello, no se cumple con los requisitos mínimos para atribuirle responsabilidad a la Empresa por el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. viii. En esa misma línea, con relación a la supuesta infracción por formación e información, la Empresa cumplió con su obligación de capacitar de manera adecuada al trabajador afectado. Sin embargo, en el hecho constatado 4.9 del Acta de Infracción, el Inspector no analizó de manera adecuada dichas capacitaciones, menos estableció un nexo de causalidad entre el accidente y la imputación. Tal es así que, hasta el momento desconocemos las razones por las cuales se desacreditan las capacitaciones oportunamente realizadas al trabajador. Incluso, pese a existir una capacitación sobre carga manual que versa sobre la misma actividad que realizó el trabajador al momento del accidente, ésta no es tomada en consideración. ix. Inaplicación del numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, ya que se sanciona a la empresa pese a que no existe evidencia que incurrió en las conductas infractoras tipificadas. De acuerdo con la Resolución 056-2021 del propio tribunal, ante la comisión de una infracción la presunción de licitud, prevista en el inciso 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, obliga a la Administración a atribuir la responsabilidad de la infracción, solo sí ésta ha sido demostrada de forma fehaciente; de tal manera que, solo entonces puede obligarse al sujeto infractor al cumplimiento de la sanción. En esa misma línea, la Administración debe cumplir con el principio de impulso de oficio, regulado en el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, ya que son los encargados de acreditar la responsabilidad del administrado. Por lo que, no corresponde que recaiga la obligación de probar la inocencia a la Empresa, sino la Administración debe probar la supuesta ilicitud de las acciones. En dicha línea se encuentra la Resolución No. 025-2021, del propio tribunal. En este caso, contrario a lo establecido en la

presunción de licitud y carga de la prueba, la administración realizó un análisis general de la resolución mas no específico de los hechos del caso, razón por la cual no acredita, mediante una prueba directa, la concurrencia de los hechos infractores. x. Inaplicación del numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, dado que no se ha cometido ninguna conducta antijurídica. Así, el mencionado artículo establece que la responsabilidad es subjetiva, salvo los casos en los que se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. En el caso de las personas jurídicas no se puede determinar en estricto la existencia de dolo, la culpabilidad se identificaría como el llamado “déficit de organización”, de modo que su conducta sería reprochable cuando no se tomaron las medidas suficientes para impedir que se cometa una infracción. xi. En el presente caso, no existe un caso de antijuricidad, ya que la Empresa cumplió con sus obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. En efecto, PANASA consignó los peligros y riesgos previsibles y acordes al estándar de un empleador diligente en la Matriz IPER, además presentó una serie de capacitaciones específicas del puesto de trabajo del trabajador afectado. En efecto, la Matriz IPER detalla las actividades del puesto de trabajo que desempeñaba como son: empaquetado de hojas, traslado de productos, armado y pegado de cajas, habilitación de bobina, entre otros. Es preciso resaltar que el referido documento, contrario a lo indicado por la Autoridad Sancionadora, sí identificaba los peligros ergonómicos, físicos, mecánicos, entre otros, vinculados a las actividades que desempeñaba el trabajador como Operario en la Empresa. Incluso, la Autoridad no ha cuestionado la metodología de evaluación de los peligros y riesgos presentados por la Empresa para la elaboración del IPER. Ante ello, no es razonable cuestionar la Matriz IPER, cuando la revisión de la metodología utilizada es acorde a los estándares de la Autoridad. xii. Con relación a la supuesta infracción sobre formación e información, la Empresa cumplió con brindar una serie de capacitaciones sobre la manipulación de cargas y actividades conexas en el trabajo desde el año 2015 hasta la fecha del accidente. Incluso, el trabajador fue informado y suscribió su prohibición de trabajo sobre cargar más de 3 kilogramos. Por tanto, este conocía que no podía realizar el esfuerzo realizado el día del accidente; sin embargo, decidió omitir las instrucciones de la Empresa. En ese sentido, si se ha brindado capacitaciones. Por tanto, dicho trabajador contaba con las herramientas y conocimientos suficientes que le permitiesen desarrollar sus labores minimizando o reduciendo los peligros y riesgos a los que podría estar expuesto, no pudiendo imputarse responsabilidad a la Empresa por el accidente.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la solicitud de prescripción

“Artículo 252.- Prescripción 252.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado9”.

“Artículo 51.- Prescripción La facultad de la autoridad inspectiva para determinar la existencia de infracciones en materia sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la Ley prescribe a los cuatro (4) años (…)”.

1. El plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas es de cuatro años. 2. El cómputo del plazo se inicia desde la comisión de la infracción, observando la naturaleza de esta.

9 El subrayado no es del original.

3. Este plazo solo se suspende por el inicio del procedimiento administrativo sancionador que comprende la debida notificación de los hechos imputados. 4. Por tanto, finalizada esa diligencia, si el procedimiento continúa en un estado de inactividad, deberá inmediatamente reanudarse el referido cómputo luego de veinticinco (25) días hábiles.

“Como se ha dicho en los fundamentos precedentes la administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados entre los cuales se encuentra el instituto procesal de la prescripción (…)” (el subrayado es nuestro)

Sobre la regulación del estado de emergencia y la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos

10 Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS Artículo 255.- Procedimiento sancionador Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones: (…) 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 11 Fundamentos 9 del expediente N° 8092-2005-PA/TC. 12 Un ejemplo ilustrativo del mismo es el caso de la situación excepcional originada por la declaración del Estado de Emergencia Nacional por la aparición de la Covid-19, en cuyo contexto, la inactividad de las entidades obedeció a la imposibilidad de que sus servidores acudan a prestar servicios, dado el aislamiento social obligatorio a que hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y la restricción a la libertad de tránsito, determinada por el artículo 3º de la citada disposición normativa.

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo

Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales (…)”.

13 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Figura N° 01

Línea de Tiempo: Infracciones tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

14 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020. 15 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

Del precedente de observancia obligatoria y las conductas sancionadas bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

“6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)” (énfasis agregado).

Sobre las infracciones muy graves atribuidas

i) El daño. - Constituye el menoscabo, el detrimento, la afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, incide en las consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de Responsabilidad Contractual). ii) Conducta antijuridica. - Es el hecho contrario a la Ley al orden público y a las buenas costumbres. Así, “la conducta antijurídica puede definirse como todo aquel proceder contrario al ordenamiento jurídico, y en general, contrario al derecho. En ese contexto, en la responsabilidad civil por accidentes de trabajo la antijuridicidad es típica, porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo que ocurren en el centro de labores”17.

16 Casación N° 18190-2016 Lima 17 Casación N° 4321-2015 Callao.

iii) La relación de causalidad. - Es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido; este nexo, es fundamental porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. “El nexo causal viene a ser la relación de causa – efecto existente entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, pues, de no existir tal vinculación, dicho comportamiento no generaría una obligación legal de indemnizar. En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral; y, en segundo lugar, que el accidente de trabajo se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal, es necesario que se pueda afirmar que el daño ocasionado al trabajador es una consecuencia necesaria de una omisión por parte del empleador respecto a los implementos de seguridad otorgados al demandante para el desempeño de sus labores”. En el caso de los accidentes de trabajo, el nexo de causalidad supone la vinculación que debe existir entre la conducta antijurídica del empleador (incumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales en materia de higiene, seguridad y protección) que origina el daño sufrido por el trabajador (accidente) y las labores desarrolladas habitualmente en el centro de trabajo. iv) Factor de atribución. - Referido a quien va a responder por la inejecución de las obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo. Así, “los factores de atribución son aquellas conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos del daño de la víctima al responsable del mismo18.

i) Teoría de la Responsabilidad Contractual. - Según esta teoría el empleador como consecuencia del contrato de trabajo es deudor de la seguridad del trabajador, por tal motivo todo accidente laboral que esta sufra siempre le será atribuible, pues existe una presunción de culpa patronal. ii) Teoría del dolo o culpa. – Esta teoría parte del principio que quien por dolo o culpa causa un daño debe responder por el daño ocasionado. De acuerdo con esta teoría, el trabajador para tener derecho a una indemnización debe probar la culpa de su empleador por el accidente sufrido, la cual puede derivarse de acciones u omisiones, o el incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por tanto, en base a esta teoría, para poder tener derecho a la indemnización en caso de sufrir un accidente de trabajo es necesario demostrar que la causa del accidente es una actuación negligente del empleador. Asimismo, concluye que el empleador no está obligado a indemnizar al trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo si previamente no se ha probado la existencia de negligencia por parte

18 Casación Laboral N° 4258-2016-Lima.

del empleador en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sobre lo propuesta por esta teoría, la Corte Suprema mediante Casación 18190- 2016-LIMA contempla al deber de prevención como una obligación de medios, pues la sola ocurrencia del Accidente de Trabajo no determinará la atribución automática de la responsabilidad del empleador. En tal sentido, para que ello ocurra, deberá demostrarse que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de una obligación de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del empleador y el accidente de trabajo. En otras palabras, deberá acreditarse que el incumplimiento del empleador es consecuencia inmediata y directa de la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. iii) Teoría del Riesgo Social. - Esta teoría parte de la premisa que los accidentes de trabajo mayormente no son responsabilidad del empleador ni del trabajador, porque las consecuencias de estas deben recaer sobre la colectividad y no sobre determinada empresa. Esta teoría constituye la base de los sistemas de seguro obligatorio mediante los cuales, producido el daño al trabajador, la colectividad debe buscar su reparación, distribuyéndola entre toda la sociedad, garantizando al afectado a percibir ingresos suficientes que sustituyan los dejados de percibir a consecuencia del daño sufrido.

“Octavo (…) 9. La relación causal en los accidentes de trabajo: (…) En el campo laboral la relación causal exige en primer lugar la existencia de vínculo laboral y en segundo lugar que el accidente de trabajo que cause daño se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo o con ocasión del mismo. (…) Noveno. - Interpretación de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. (…) Probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de su deber de prevención, hecho que genera la obligación patronal de pagar a la víctima o sus derechohabientes una indemnización que será fijada por el juez conforme al artículo 1332° del Código Civil, salvo que las partes hubieran aportado pruebas documentales o periciales sobre el valor del mismo.”

19 De folios 74 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

dolor en el codo izquierdo y no le tomó importancia hasta luego de dos horas que el dolor se agudizó, entonces decidió acudir al tópico.

Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Figura Nº 02

20 A folios 41 y 42 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

donde señala que se encontraba realizando el encajado de papel copia tamaño oficio (en la P22) y, luego del encajado y enzunchando (encintar), lo cargaba y trasladaba de la mesa de trabajo hacia la parihuela. De dicha descripción efectuada tampoco se advierten elementos que permitan concluir que dichas actividades se encuentran en la matriz IPER presentada al presente procedimiento.

De la formación e información en SST

21 A folios 77 y 78 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

22 RLSST, Artículo 27.- El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención: a) En el puesto de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.. b) En los cambios en las funciones que desempeñe, cuando éstos se produzcan. c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, cuando éstos se produzcan. d) En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. e) En la actualización periódica de los conocimientos. La Autoridad Administrativa de Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en seguridad y salud en el trabajo; estas capacitaciones son consideradas como válidas para efectos del cumplimiento del deber de capacitación a que alude el artículo 27 de la Ley. Artículo 29.- Los programas de capacitación deben: a) Hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo. b) Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. c) Ofrecer, cuando proceda, una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados. d) Ser evaluados por parte de los participantes en función a su grado de comprensión y su utilidad en la labor de prevención de riesgos. e) Ser revisados periódicamente, con la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ser modificados, de ser necesario, para garantizar su pertinencia y eficacia. f) Contar con materiales y documentos idóneos. g) Adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. En el caso del Sector Público las acciones de capacitación se realizan en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1025, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento.

Figura N° 03

accidente de trabajo. De este modo, no es solo que la impugnante debía cumplir con su obligación de formación e información de manera anual, conforme lo establece el literal b) del artículo 35 de la LSST, sino que este estaba obligado a garantizar oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, de acuerdo con el literal g) del artículo 49 de la LSST, lo que no se ha probado.

Sobre el examen del nexo causal

23 A folios 74 del expediente de actuaciones inspectivas.

organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.

• Cuando ocurre un accidente, algunos de los factores que intervienen en el desarrollo de la actividad productiva se ven afectados por modificaciones que desencadenan el daño. La investigación consistirá, por tanto, en identificar los factores modificados, es decir, las condiciones de trabajo habituales que sufrieron variaciones, las que podrán estar referidas a personas, tareas, materiales y medio en que se desarrolla la actividad.

• Los factores modificados que intervienen en el accidente, en función de su carácter, pueden ser ocasionales o permanentes esto significa que pueden corresponder a hechos puntuales o a situaciones que se mantienen en el tiempo.

• Cada hecho o variación se convierte en un antecedente de otro, llamado consecuente, de tal forma que en un árbol de causas el origen del accidente sólo será antecedente, los hechos intermedios serán antecedentes del que le sigue y consecuentes del que le precede y, por último, la lesión sólo será consecuente.

• En la confección del árbol de causas todos los hechos deben ser demostrables y comprobables. En un árbol no se admiten juicios de valor, opiniones o hipótesis, puesto que esto podría llevar a que se aceptase una reconstrucción del accidente sobre supuestos, lo que implicaría un fracaso en la investigación.

“6.18 De esta forma, una investigación de la inspección del trabajo puede bien determinar un árbol de causas, (….) En el examen de la inspección del trabajo —que debe trasladarse al acta de infracción— los órganos del procedimiento administrativo sancionador deben ocuparse de establecer la suficiencia en la determinación de los nexos causales exigidos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT, para así establecer si existe uno o más de un incumplimiento que sea suficientemente apto para convertirse en causa del accidente de trabajo y, por lo tanto, punible bajo el tipo sancionador correspondiente.”

24 OIT. Investigación de accidentes de trabajo a través del método del árbol de causas. Manual de formación para investigadores (2021). Recuperado el 9 de diciembre de 2021, de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_717401.pdf

(A) ¿Qué incumplimiento se ha reputado como causal? (B) ¿Qué se considera como factor que originó el accidente? ¿Satisface el análisis causal cada imputación? ¿Se ha justificado el examen causal entre el incumplimiento (A) (B)? 1) No cumplir con la Identificación de Peligros y evaluación de riesgos. 1) La inspeccionada no identificó todos los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo, conforme al puesto de trabajo que desempeñaba el trabajador accidentado, conforme al desarrollo descrito en el numeral 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. Si, porque al no haberse identificado las actividades realizadas por el trabajador al momento del accidente, no se pudo identificar la totalidad de peligros en el puesto de trabajo del trabajador afectado, tampoco siendo posible se

25 De acuerdo al Glosario de Términos del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el factor de trabajo está asociado al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros

evalúen todos los riesgos ni se adopten las acciones preventivas, medidas de control y correctivas suficientes. 2) No cumplir con formación e información sobre SST. 2) La inspeccionada no realizó la formación e información al trabajador accidentado sobre la prevención de riesgos en su puesto de trabajo, conforme al desarrollo descrito en el numeral 4.9 del Acta de Infracción. Si, porque el incumplimiento en dicha materia impidió que el trabajador recibiera la formación e información sobre SST de manera anticipada, periódica y eficaz, en prevención de riesgos laborales en las funciones específicas que desarrollaba al momento del accidente, debiendo considerarse que dicho trabajador se había reincorporado al trabajo luego de haber sufrido otro accidente laboral.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplió con las obligaciones relacionados a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER, en perjuicio del trabajador afectado. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplió con las obligaciones relacionados a la Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo, en perjuicio del trabajador afectado. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PAPELERA NACIONAL S A en contra de la Resolución de Intendencia N° 1380-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 19 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 845-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1380-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PAPELERA NACIONAL S A y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250618RZR – HR 117331-2023