Open 24 E.I.R.L — Res. 390-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud e invalidez – sepelio); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); Coordinación sobre seguridad y salud entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo (Sub materia: Incluye todas); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); e, Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar las coordinaciones con la empresa Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., respecto del cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

i. Refieren que no se han valorado las pruebas ofrecidas que evidencian las coordinaciones diligentes con Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., toda vez que, se acreditó el cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo conforme a la Constancia N° 3059820 de fecha 03 de diciembre de 2018, que fuera entregada por Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C. a la empresa, a fin de acreditar la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo que exigimos conforme al contrato de locación de servicios celebrado. Además de ello, señala que llevó un registro fotográfico a fin de verificar la permanente vigilancia del servicio llevado a cabo por parte de la empresa contratista. ii. Alegan que, a pesar de las pruebas presentadas, la Sub Intendencia de manera arbitraria aplica un criterio subjetivo aduciendo una supuesta falta de coordinación cuando las medidas de coordinación alegadas no se encuentran reguladas y, en consecuencia, arbitrariamente decide sancionar incurriendo en la contravención de principio de legalidad y del debido procedimiento administrativo, afectando además el derecho de defensa. iii. Precisan que el trabajador accidentado era subordinado de la empresa contratista, como medio de prueba presentan el Parte S/N - 2018-C-MONTERRICO-SEINCRI, de fecha 28 de enero de 2019, emitido por el PNP Marcelo Rivera Martínez y el acta de levantamiento de cadáver, donde se verifica en el punto 7, referido a la vestimenta del occiso, que llevaba un polo plomo con el logo de la empresa contratista. En el contrato de locación de servicios se estableció que la empresa no asumía responsabilidad de pago por conceptos de derechos sociales u otros, respecto del personal contratado por la empresa contratista. iv. Señalan que, diligentemente realizaron la investigación del accidente de trabajo que generó el fallecimiento del señor José Dolores Chávez Delgado y el Informe N° 150-

SISOPV-2019 emitido por la Productora General, el que debe obrar en el expediente de este procedimiento, todo lo cual no ha sido tomado en cuenta. v. Dejan expresa constancia que los hechos ocurridos en el presente caso, no se enmarcan en los supuestos referidos por los artículos 103 y 68 de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el artículo 42 de la LGIT, que determinan responsabilidad de la empresa en el accidente mortal ocurrido. vi. Refieren que, en el numeral V de la resolución apelada se hace referencia al literal a) del artículo 26 del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no obstante, la Sub Intendencia no ha tomado en consideración que la empresa no tiene ni ha tenido en ningún momento una relación laboral con el trabajador fallecido, ni con la empresa contratista. vii. Sostienen que erróneamente la Sub Intendencia hace referencia al artículo 2 de la Resolución 957 – Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo – Decisión 584, sin embargo, no desarrollan simultáneamente con la contratista actividades en un mismo lugar de trabajo, consecuentemente no resulta ser solidariamente responsable. viii. Indican que los rasgos distintivos de una tercerización o alguna otra con desplazamiento laboral no se puede equiparar a un contrato de obra civil, por lo que, no puede generar alguna obligación de realizar acciones especiales sobre seguridad y salud en el trabajo, estas previsiones y control normativo son de cargo del empleador del occiso. ix. Consideran que nunca se cumplió con notificarle la prórroga del plazo de las actuaciones de investigación según establece el artículo 13.4 del RLGIT, ni le fueron puestos de conocimiento la imputación de cargos adjuntando el acta de infracción, conforme a los plazos que se establecen en la LGIT y el RLGIT. x. Manifiestan que se ha vulnerado lo señalado en el artículo 154 del TUO de la LPAG, respecto a la responsabilidad por incumplimiento de plazos en las actuaciones de las entidades, además de ello, se ha vulnerado el principio de legalidad y celeridad, por lo que, la resolución apelada adolece de defectos que acarren su nulidad.

i. Respecto al deber de vigilancia, la doctrina hace referencia a que este se encontraría a cargo del empleador principal, pero esto debe ser entendido en sentido lato, ya que la disposición legal que se analiza hace referencia a dos categorías de sujetos obligados por dicha obligación: “al empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas,

2 Notificada a la impugnante el 25 de julio de 2022. Véase folio 69 del expediente sancionador.

subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores” o al “quien asuma el contrato principal de la misma”. El caso materia de análisis se refiere al primer supuesto en tanto el inspeccionado no asume el contrato principal de los servicios, sino que es contratista del Banco BBVA, pero a su vez subcontrató los servicios de la empresa Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C.; en tal sentido, su deber de vigilancia reside en controlar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo a la subcontratista en tanto ambas desarrollan actividades conjuntamente en las instalaciones que disponga la inspeccionada, según se tuvo a la vista del contrato de servicio N° 2019, de fecha 21 de enero de 2019 y la manifestación realizada por escrito por la apoderada del inspeccionado, y la carta notarial de fecha 30 de marzo de 2019, remitida por el inspeccionado a la empresa subcontratista. ii. Por tanto, es claro que el inspeccionado tuvo a su cargo la obligación de vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la subcontratista Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., en tanto esta última desplazo al señor José Dolores Chávez Delgado para que preste sus servicios por orden del inspeccionado, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan al Banco BBVA como empresa principal en este proceso de descentralización de servicios. iii. De la revisión de la documentación que obra en el expediente sancionador, se advierte que no obra documentación alguna que acredite el cumplimiento de su obligación de vigilancia por parte del inspeccionado a su subcontratista. Respecto a la carta notarial de fecha 30 de marzo de 2019, cabe anotar que, no basta con solicitar a la subcontratista la documentación que acreditaba la implementación de su sistema de seguridad y salud en el trabajo, esto es la existencia de registros de capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, dictados al personal designado para la obra realizada en el Jockey Club del Perú, actas de charlas de seguridad y salud brindadas por la subcontratista con sus colaboradores, entrega de cargos de los elementos de protección personal que se haya entregado a los trabajadores asignados a estas labores, así como el detalle de la indumentaria de protección con la que ejecutan sus trabajos en altura, etc.; sino de garantizar la vigilancia si efectivamente su subcontratista está cumpliendo con sus deberes en materia de seguridad y salud en el trabajo, verificando no solo que cuente con los documentos e instrumentos obligatorios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que además estos estén desarrollados debidamente. iv. Se advierte que mediante la Orden de Inspección N° 5386-2019-SUNAFIL/ILM, se otorgó al inspector comisionado el plazo de treinta (30) días hábiles para realizar las actuaciones inspectivas de investigación, el cual se computa desde la diligencia de comprobación de datos que se realizó el 27 de marzo de 2019, y culminó el 06 de mayo de 2019, fecha en la que se llevó a cabo la última diligencia con la recepción de acuse de recibo, por lo que, las actuaciones inspectivas de investigación se ejecutaron dentro del plazo establecido por la autoridad competente; es decir, sin exceder el plazo máximo de 30 días hábiles que se refiere el artículo 13 del RLGIT. v. No obstante, es necesario precisar que el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG prescribe que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo, en consecuencia, si bien el acta de infracción de fecha 06 de mayo de 2019, junto a la imputación de cargos de fecha 06 de noviembre de 2020, se notificó al inspeccionado el 04 de diciembre de 2020, habiendo transcurrido el plazo señalado; sin embargo, la extemporaneidad de la notificación del acta de infracción considerando su fecha de emisión no está afecta de nulidad, al no estar así previsto en la LGIT ni en el RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE OPEN 24 E.I.R.L.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1261-2022-SUNAFIL/ILM, en base a los siguientes argumentos:

i. Refieren que SUNAFIL realiza una interpretación extensiva para determinar la supuesta infracción imputada, incurriendo en la inaplicación de lo dispuesto por el artículo 248 del TUO de la Ley 27444, que establece que no se admite interpretación extensiva o por analogía de infracciones, debiendo encontrarse tipificadas expresamente. ii. Precisan que, la supuesta infracción alegada por la Intendencia es la contenida en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Sin embargo, ha quedado claro en el

procedimiento que no fueron el empleador del trabajador fallecido, pues quien era el empleador es Q Toldos, lo que ha sido reconocido expresamente por el representante de Q Toldos, según las pruebas aportadas y ha sido reconocido además por la Intendencia de Lima Metropolitana en la resolución objeto del presente recurso de revisión. iii. En tal sentido, sostienen que es errónea la interpretación y aplicación del artículo 28 numeral 10 del RLGIT, por cuanto el señor fallecido no era un trabajador de Open 24 EIRL, sino de la empresa Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., por lo que, era ésta última la responsable de cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. iv. Alegan que se ha interpretado erróneamente el artículo 68 de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, imputando infracción en aplicación del literal d) del artículo 68 de la Ley 29783. v. Sin embargo, del contenido de la resolución objeto del presente recurso de revisión, numerales 3.10 al 3.12, se advierte que la interpretación del artículo 68, literal d) efectuada por SUNAFIL es errónea y además extensiva y, por tanto, contraria al principio de tipicidad del procedimiento administrativo sancionador. vi. Resaltan que no ejercían el control real del espacio físico pues no era el propietario del lugar donde ocurrieron los hechos, pues como se ha demostrado en este procedimiento el lugar el accidente fue Jockey Club del Perú, Jardín Principal Puerta 4 de la Av. El Derby – Surco. Asimismo, señalan que, Open 24 EIRL, no constituía el empleador principal, por cuanto quien encargó el evento fue el Banco BBVA. vii. Manifiestan que realizaron y tomaron todas las medidas a su alcance como parte de sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, verificando la contratación del SCTR por parte de Q Toldos. Asimismo, señalan que llevaron un registro fotográfico con el que se verifica el cumplimiento con EPP por parte de Q Toldos, evidenciándose con ello que actuaron diligentemente dentro de su esfera de dominio del lugar y condición. viii. Consideran que, no tenían una relación de tercerización o relación laboral con Q Toldos. El servicio que se prestó fue uno de obra de naturaleza civil. ix. Agregan que el lugar donde se produjo el accidente y donde Q Toldos realizaba el servicio no constituía el centro de trabajo y/o instalaciones de Open 24 EIRL, la SUNAFIL yerra al considerar que ambas empresas desarrollaban conjuntamente actividades en dicho lugar, Open 24 no tuvo derecho de propiedad sobre el lugar donde sucedieron los hechos. x. Alegan que la acreditación del cumplimiento de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo corresponde a Q Toldos, pues ha sido demostrado que era el empleador del trabajador fallecido. xi. Consideran que, han acreditado haber actuado diligentemente en su condición de tercero que no ejecutaba la obra en el lugar del accidente, ya que acredito realizar coordinaciones previas como lo son la exigencia del SCTR y EPPS a Q Toldos. xii. Señalan que los hechos ocurridos en el presente caso, no se enmarcan en los supuestos referidos por los artículos 103 y 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o el artículo 42 de la Ley General de Inspección del Trabajo, que determinen responsabilidad de OPEN 24, por cuanto no existe tercerización de servicios y/o vínculo laboral alguno. xiii. Sostienen que se infringe lo dispuesto en el artículo 248 del TUO de la LPAG, referido al principio de tipicidad. xiv. Por otro lado, alegan que las funciones y actuaciones del sistema inspección de trabajo se rige por principios fundamentales que están detallados en el artículo 2 de la Ley 28806, como principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección

del Trabajo y el deber contenido en el artículo 16 del Reglamento, referido al principio de legalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los alcances del Accidente de Trabajo

9 Cabanellas Torres, G. (2001). Diccionario de derecho laboral. Editorial Heliasta. 2da Edición, p. 18. 10 Almansa Pastor, J. (1991) Derecho de la Seguridad Social. 7 ed., Madrid: Tecnos, p.238-239. 11 Casación Laboral N° 6230-2014-LA LIBERTAD.

“i) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud en el trabajo.

ii) Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: - Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. - Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre otros.

iii) Causas inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. - Condiciones subestándares: constituye toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. - Actos subestándares: se refiere a toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente (énfasis añadido)”.

12 Ley N° 29783, Artículo 1. Objeto de la Ley: La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 13 Ley N° 29783, I. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

“(…) la obligación esencial de todo empleador es cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil. (..) es necesario considerar, como se ha precisado antes, que era obligación de la recurrente probar haber cumplido todas sus obligaciones legales y contractuales, especialmente las de seguridad, sin embargo, no ha acreditado haber actuado con la diligencia ordinaria al ejercer su deber de garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida y la salud de sus trabajadores” (énfasis añadido).

“En materia de seguridad y salud en el trabajo, la entidad empleadora principal responde directamente por las infracciones que, en su caso, se comentan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, los trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que desarrollen actividades en sus instalaciones. Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicios temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el

14 Artículo II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores destacados en sus instalaciones”15.

“6.15 En ese entendido, debemos señalar que el tipo de análisis de los accidentes de trabajo puede ser multicausal y, en esa medida, es posible que la imputación por la infracción contemplada en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT obedezca a más de una subsunción plausible, si el inspector actuante da cuenta del nexo de causalidad entre la falta determinada y el tipo sancionador de dichos artículos. De esa forma, dos o más incumplimientos pueden ser plenamente aptos de producir el hecho reprochado (el accidente de trabajo) y la subsunción en cualquiera de los citados numerales del artículo 28 del RLGIT es autorizada por la gravedad de la afectación al interés público al que la sanción atiende: la protección de la salud y la vida de los trabajadores. (…) 6.20 Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador. 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el

15 Artículo 103 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783.

acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción. (…)”

Coordinación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo,

“Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: (…) b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. (…) d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente

del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse.

aspectos sobre seguridad y salud en el trabajo, en el que la locadora se comprometió al cumplimiento estricto de esta normativa, que además era obligatorio para el ingreso de su personal a las instalaciones del Jockey Club del Perú, dado que su inobservancia imposibilitaba la realización de cualquier obra”; donde refiere que las citadas materias son de cargo de la empresa Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., -empleador del accidentado-, sin embargo, no tiene en cuenta que la inspeccionada en su calidad de principal está obligada por ley a vigilar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C. como es identificar peligros, evaluar riesgos, establecer medidas de control, verificar que las capacitaciones proporcionadas por el empleador (Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C.) sean las necesarias y suficientes para capacitar al trabajador en los riesgos detectados, verificar el uso correcto de los Equipos de Protección Personal, lo cual no lo hizo. Finalmente, en la carta notarial de fecha 30 de Marzo del 2019 remitida por la inspeccionada a la subcontratada Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., se ratifica la no entrega oportuna por parte de esta última, de los cargos de entrega de equipos de protección personal, de los registros de capacitación en temas de seguridad laboral, de las actas de las charlas de seguridad, del trámite de cobertura SCTR, respecto del accidentado José Dolores Chávez Delgado, aunado a lo indicado precedentemente ratifica que la empresa inspeccionada no realizó la Coordinación pertinente sobre Seguridad y Salud con la subcontratada Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., sobre el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de su contratista; al haberse detectado incumplimientos a las normas laborales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a dicha materia (…)”.

Figura N° 01

En ese sentido, se advierte que la empresa Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., posee la calidad de sub contratista.

por no realizar las coordinaciones con la empresa Q’ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., respecto del cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No realizar las coordinaciones con la empresa Q´ Diseños Toldos y Estructuras S.A.C., respecto del cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por OPEN 24 E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1261-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 22 de julio de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4427-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1261-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a OPEN 24 E.I.R.L., a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250423MCR – HR 138126-2022