Nexa Resources Perú S.A.A — Res. 523-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes); y, Accidente de trabajo que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folio 82 (reverso) del expediente inspectivo. soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

incumplimientos que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 30 de abril de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Respecto al incumplimiento de la medida de requerimiento, sostienen que para que sea válida, es necesario que la misma se encuentre respaldada en un incumplimiento de la normativa legal por parte del administrado, el cual debe haberse sustentado y acreditado correctamente. Del mismo modo, para que al administrado se le importe una infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, la cual está destinada a verificar el cumplimiento de una obligación sustantiva, es necesario que la Autoridad Inspectiva tenga la facultad de determinar la existencia de las infracciones de carácter sustantivo que condicionaron el dictado de aquella medida de requerimiento, al momento de imputarle ambas infracciones. ii. Refieren que, si bien la infracción por no cumplir con una medida de requerimiento se dicta como una infracción adicional a los supuestos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, no deja de ser accesoria a estos últimos, en tanto que, para la detección de los potenciales incumplimientos sustanciales es determinante para que cualquier requerimiento posterior sea válido, incluyendo la medida de requerimiento. Ello se desprende de los criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 382-2021-SUNAFIL/TLF-Primera Sala. iii. Alegan que, la medida de requerimiento del 30 de abril de 2019, emplazaba para levantar la infracción imputada en materia de registro de accidente de trabajo e incidente; no obstante, sin perjuicio del hecho de que cumplieron con lo solicitado por la Autoridad Inspectiva, lo cierto es que dicha infracción, había prescrito a la fecha en que fue notificada el 14 de abril de 2021, tal como se encuentra detallado en el Informe Final de Instrucción.

iv. Señalan que, si es posible que la autoridad inspectiva le impute al administrado una infracción a la labor inspectiva, por no cumplir con subsanar una infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando la facultad de la autoridad para determinar la existencia de dicha infracción se encontraba prescrita. v. Que, si bien la autoridad sancionadora emplea una interpretación antojadiza de los plazos de prescripción, al excluir a la infracción por no cumplir con la medida de requerimiento de estos plazos, se debe tener en cuenta que, si las facultades de los inspectores de trabajo para imputar las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo ya habían prescrito a la fecha en la que se les notificó la imputación de cargos, la misma suerte debió correr todo acto relacionado con éste, incluyendo el requerimiento y posterior infracción a la labor inspectiva, por cuanto, la emisión de la misma presuponía el levantamiento de infracciones que se encontraban prescritas al momento en que fueron notificadas como tales a la compañía. vi. En consecuencia, cuestionan el que no es posible imputar una infracción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida de requerimiento, toda vez que las infracciones que el inspector consideró al momento de emitir la medida inspectiva, se encontraban prescritas, no teniendo facultad alguna para determinar la existencia de infracción y/o incumplimiento. En esta línea, cualquiera acto relacionado con infracciones y/o incumplimientos y/o hechos prescritos, no pueden ser materia de revisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo por mandato legal, entre estas, se incluye la medida de requerimiento. Así, la validez de esta última se hallaba condicionada a la vigencia de las infracciones cuya prescripción ha sido reconocida por la autoridad sancionadora. vii. Por otro lado, sostienen que cumplieron con la medida inspectiva de requerimiento, por lo que dicho extremo no se encuentra debidamente motivado. Señalan que, del reporte de investigación de incidentes, de fecha 23 de noviembre de 2016, es posible advertir que se implementó como medida de control el difundir los accidentes a los demás trabajadores de ventilación, hecho que se hizo efectivo, de manera inmediata, a la ocasión del accidente, lo que hace evidente que el estado de implementación de estas califica como realizada. viii. Por último, dentro de los controles implementados, consideran necesario realizar acciones preventivas las cuales consistieron en i) la prevención en RRCC, prevención de caídas respecto al uso de las escaleras; y en ii) reforzar la calidad del IPERC, de tal manera que se identifiquen los riesgos inherentes a la actividad y que podrían causar daños; acciones que cuya fecha máxima de efectividad fue determinada el 30 de noviembre de 2016; es decir, posterior a la emisión del reporte. Por ello, culminan indicando que no incurrieron en la infracción señalada, razón por la cual la multa emitida en la resolución apelada debe ser dejada sin efecto.

i. Que, tanto en el Informe Final como en la resolución apelada, se concluyó que las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, no podían ser sancionadas al haberse superado el plazo de prescripción de cuatro años para determinar la existencia de infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del RLGIT, concordante con lo establecido en el artículo 252, numeral 252.2 del TUO de la LPAG. ii. Sin embargo, para la infracción a la labor inspectiva, referida a no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de abril de 2021, no transcurrió dicho plazo de prescripción. Por tanto, sobre esta última, las autoridades que condujeron el PAS en primera instancia determinaron responsabilidad por parte de la inspeccionada. iii. En ese sentido, esta acreditado en autos que la inspeccionada no cumplió en su totalidad con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento, dentro del plazo de dos (2) días hábiles, plazo que fue fijado por el inspector comisionado, de acuerdo a las facultades inspectivas previstas en el artículo 5 de la LGIT. Por lo tanto, la inspeccionada debe asumir las consecuencias de no haber acatado lo dispuesto en la misma, dentro del plazo señalado. iv. Sobre la revocación solicitada por la inspeccionada, se tiene que, dado que lo que se sanciona es un incumplimiento a la labor inspectiva, la infracción se configura cuando, vencido el plazo, el sujeto inspeccionado no acredita haber cumplido con la adopción de las medidas dictadas por el personal a cargo del caso. Por ello, con independencia de la prescripción declarada en fecha posterior, durante la tramitación del procedimiento sancionador, la ocurrencia del incumplimiento ya se había configurado al vencimiento del plazo de la medida de requerimiento, encontrándose con ello sustentada la imposición de la sanción en dicho extremo. v. Que, constituye un error de interpretación, considerar que las infracciones a la labor inspectiva siguen la suerte de las infracciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, determinadas por el inspector de trabajo. Ello porque, es el mismo Tribunal de Fiscalización Laboral, en la Resolución N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, quien reconoce que las mismas no tienen naturaleza secundaria.

3 Notificada el 05 de mayo de 2022. Véase folio 88 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE NEXA RESOURCES PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 709-2022-SUNAFIL/ILM, bajo los siguientes alegatos:

i. Refieren que, se ha aplicado de manera correcta el artículo 51 del RLGIT, sobre la la prescripción del plazo para determinar si habían cometido las infracciones en materia de SST; sin embargo, este criterio no ha sido aplicado con respecto a la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, que sanciona el no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; ello, bajo la lógica de que esta medida inspectiva fue notificada el 21 de marzo de 2019, por lo que, a diferencia de las infracciones en materia de SST, en su caso el cómputo del plazo de prescripción habría iniciado desde dicha fecha; por lo que, al momento de la notificación de la imputación de cargos, esta infracción no habría prescrito. ii. Asimismo, observan que la Autoridad Sancionadora en segunda instancia ha ratificado erradamente este criterio, valiéndose de lo establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFlL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021. iii. Aclaran que, en ningún momento han sostenido que las medidas de requerimiento tengan una naturaleza secundaria. Antes bien, lo que han cuestionado es que, si bien las infracciones por no cumplir con estas medidas son independientes, las mismas se originan en un incumplimiento laboral atribuido al sujeto inspeccionado. Ello se deriva del propio cuerpo normativo que regula el sistema inspectivo de trabajo, el tercer párrafo del artículo 14 del LGIT.

iv. Señalan que, si bien es cierto que la infracción a la labor inspectiva es independiente a las demás infracciones; para determinar si se ha observado el plazo de prescripción de ley, se debe analizar el contenido material de estas medidas inspectivas, el cual ha sido valorado -de manera inconsistente- por la propia Autoridad Sancionadora. Así, se puede apreciar que estas tres infracciones cuya subsanación fue ordenada por la Autoridad Inspectiva a través de la medida de requerimiento, respondían todas a los hechos transcurridos el 23 de noviembre de 2016; tal es así, que en el caso de las infracciones en materia de IPER y de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo, se requirió documentos que hayan sido emitidos de manera anterior a la ocurrencia del accidente, mientras que, en el caso de la infracción en materia de registro de accidentes, la misma estaba evidentemente referida al registro de lo ocurrido en aquella oportunidad. v. Sostienen que, en términos sustantivos, el contenido de la medida inspectiva de requerimiento se ceñía a la fecha del 23 de noviembre del 2016, por lo que la supuesta infracción originada por su incumplimiento debe tener a ésta como la fecha de inicio para el cómputo de los plazos de prescripción. vi. Refieren que, una interpretación contraria, podría dar lugar al absurdo jurídico de que, si una medida inspectiva de requerimiento es notificada luego de tres (3) años y once (11) meses de ocurridos los hechos materia de inspección, y posteriormente el Acta de Infracción que contiene el incumplimiento de esta medida de requerimiento es notificada tres (3) años y once (11) meses después de que aquella hubiere sido emitida, esta infracción no se encontraría dentro del plazo de prescripción y operaría válidamente. En otras palabras, se podría imputar una infracción a un sujeto producto de una inspección originada en hechos ocurridos casi ocho (8) años atrás. vii. Manifiestan que, la infracción a la labor inspectiva por no cumplir con la medida de requerimiento tampoco se encuentra exceptuada de estos plazos, toda vez que esta medida se emitió precisamente como parte de las actuaciones inspectivas desarrolladas en el marco de la orden de inspección dictada con ocasión del accidente de fecha 23 de noviembre de 2016; no pudiendo, por tanto, extenderse el plazo de prescripción de dicha infracción en perjuicio del administrado, más aún cuando la demora entre la ocurrencia del accidente y el despliegue de las inspecciones no es atribuible a la Compañía, sino a la inacción de la Administración y/o de las partes interesadas en accionar por esta vía. viii. Por otro lado, precisan que, la prescripción administrativa es una garantía para los administrados de que el procedimiento no podrá dilatarse de manera irrazonable o abusiva, pues ello atentaría contra su seguridad jurídica y contra sus expectativas de recibir o no una sanción de manera oportuna y congruente. Por lo demás, señalan que la prescripción y su aplicación práctica también se sustentan en el principio de predictibilidad o confianza legítima, el cual se encuentra plasmado entre los principios del procedimiento administrativo regulados en el Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. ix. Asimismo, alegan que, la sanción impuesta, a su vez, también desconoce que la medida de requerimiento es, por su naturaleza y por reconocimiento propio de la Autoridad Inspectiva en el Acta de Infracción, una actuación inspectiva que se desarrolla en el marco de una única orden de inspección; afirmar ello, no es desconocer la naturaleza independiente de las infracciones a la labor inspectiva,

sino que nos permite entender cómo, en un marco garantista que respeta el debido procedimiento, no resulta válido ni razonable fijar como fecha de inicio de cómputo de los plazos de prescripción, a un evento -la emisión de la medida de requerimiento- que ocurrió dos (2) años y cuatro (4) meses después de los hechos inspeccionados. x. Por tanto, solicitan se revoque la sanción impuesta, por cometer una infracción a la labor inspectiva, toda vez que el razonamiento detrás de la imputación realizada por la Autoridad Sancionadora contraviene los alcances de la prescripción administrativa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. (…)” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Figura N°: 01

Para el cumplimiento de la misma, se otorgó un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

10 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (….)”. 11 Principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 12 LGIT: Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva:

que las acciones u omisiones de los sujetos obligados, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, constituyen infracción a la labor inspectiva.

Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical. 2. El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia. 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”.

para determinar la existencia de la citada infracción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del RLGIT, en concordancia con lo establecido en el numeral 252.2 del artículo 252 del TUO de la LPAG. Asimismo, cabe precisar que, los hechos que configuran la infracción a la labor inspectiva, son conductas independientes entre sí, por lo tanto, más allá de la declaración de prescripción de las obligaciones en materia de SST, resulta exigible el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento adoptada durante el desarrollado de las actuaciones inspectivas de investigación, cuya sanción tiene como fin, garantizar la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva y el deber de colaboración a la cual se encuentran obligados todos los administrados.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 30 de abril de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por NEXA RESOURCES PERU S.A.A., en contra la Resolución de Intendencia N° 709-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 03 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2037-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 709-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a NEXA RESOURCES PERU S.A.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240529MCR – HR 10635-2019