Negociaciones Kavat S.A.C — Res. 483-2025

Mediante Orden de Inspección N° 2123-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1246-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de SST, por la falta de supervisión efectiva; en atención al accidente de trabajo ocurrido al señor David Alfredo Gálvez León (auxiliar de limpieza), el 21 de diciembre de 2019, verificándose incumplimientos que guardarían relación directa con la ocurrencia del accidente del trabajador.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 630-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 30 de octubre de 2020, notificada el 12 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 848-2021-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 05 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 06 de diciembre de 2021, notificada el 09 de diciembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 9,675.00 soles, por haber incurrido, en la siguiente infracción:

Con fecha 27 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1341-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de agosto de 20222, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 29 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1341- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001403-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 30 de mayo de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que NEGOCIACIONES KAVAT S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1341-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 9,675.00 soles, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de agosto de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por NEGOCIACIONES KAVAT S.A.C.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012- TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”11.

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por no acreditar haber realizado la supervisión efectiva de las labores que realizaba el trabajador, que ocasionaron el accidente de trabajo padecido por el señor David Alfredo Gálvez León (auxiliar de limpieza), el 21 de diciembre de 2019.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales12, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

En conexión con el principio de prevención, el literal a) del artículo 23 de la LSST prescribe que, el objetivo del sistema no es solo reparar daños, sino evitar que ocurran, mediante la identificación, evaluación y control de riesgos. Esta idea refuerza lo establecido en instrumentos internacionales como el Convenio 155 de la OIT, ratificado por el Perú. Si el empleador no implementa medidas preventivas eficaces, responde administrativa, civil y eventualmente penalmente, aunque no haya intención o dolo. Este principio se articula con el precedente vinculante de la Resolución 011-2022-SUNAFIL/TFL, que exige evidencia de supervisión efectiva como parte de esa protección.

Por su parte, el artículo 54 sobre el deber de prevención establece que este abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Por tanto, este artículo fortalece el de deber de prevención ampliado y coloca al empleador en una posición de garante integral de la seguridad del trabajador en todo contexto que derive de la relación laboral. Esta norma obliga a diseñar estrategias preventivas más completas, contemplando no solo el espacio físico de trabajo, sino también las situaciones derivadas del ejercicio de subordinación y las consecuencias prácticas de sus órdenes. 6.11 Asimismo, el artículo 26 del RLSST establece que, el empleador está obligado: “a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”14, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes de accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, corresponde analizar si las infracciones muy graves imputadas a la impugnante, presentan el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo investigado. Al respecto, de los actuados se advierte que se imputa a la impugnante, la infracción por no acreditar haber realizado la supervisión efectiva de las labores que realizaba el trabajador.

Respecto a la supervisión adecuada del lugar de trabajo para adoptar medidas preventivas de seguridad, sobre el particular el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783 (LSST), recoge el principio de prevención, mediante el cual se establece que: “El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral” (énfasis añadido).

En ese entendido, del acta de infracción se corrobora que la inspectora comisionada verificó que el accidente de trabajo ocurrió en circunstancias que: “el Administrador Luis Antonio Dávila Arosemena, dio la orden de que el accidentado señor Gálvez acompañe al trabajador Gerónimo Edgardo Fernández Guevara (Repartidor Motorizado) y se dirijan a la empresa El Rincón de la Sétima S.A.C., a fin de recoger tres pollos. En el trayecto

Respecto a la materia en análisis, se tiene que la inspectora comisionada, como resultado de la investigación del accidente de trabajo, así como de la entrevista realizada al administrador de la tienda (jefe inmediato del trabajador accidentado), documentos remitidos e investigación realizada por el empleador respecto del accidente de trabajo ocurrido al trabajador David Alfredo Gálvez León (auxiliar de limpieza), el 21 de diciembre de 2019, se verificó mediante el propio “Registro de Accidente de Trabajo” (obrante a folios 36 del expediente inspectivo), elaborado por el inspeccionado que, se consigna como CAUSAS BÁSICAS: FACTORES DE TRABAJO: Falta de planificación del trabajo por parte de la administración y desarrollo del trabajo fuera del horario laboral. Asimismo, se ha establecido como medida correctiva: amonestación al administrador, Luis Dávila y firma de compromiso en SST; capacitación en sus recomendaciones de SST por puesto de trabajo; y, la identificación de peligros y evaluación de riesgos-IPER.

Sumado a ello, también se ha verificado que el trabajador accidentado, David Alfredo Gálvez León, desempeñaba el cargo de auxiliar de limpieza al momento del accidente. Sin embargo, debido a la gran afluencia de comensales, el Administrador del centro de trabajo le ordenó acompañar a otro trabajador Gerónimo Edgardo Fernández Guevara con el cargo de repartidor motorizado, con destino a la empresa El Rincón de la Sétima S.A.C., a fin de recoger tres pollos. Esta actividad, además de no estar contemplada dentro de la organización de la empresa inspeccionada, es una tarea que habitualmente corresponde a la empresa proveedora, y no forma parte de las funciones de limpieza para las cuales fue contratado el trabajador accidentado, según consta en su contrato de trabajo. Asimismo, se constató que el turno del repartidor motorizado ya había concluido, por lo que la orden dada excedía las condiciones normales de trabajo. Fue durante dicho desplazamiento que se produjo un accidente de tránsito, resultando lesionado el trabajador David Alfredo Gálvez León. El hecho de haber emitido una orden indebida por parte del Administrador de Turno actuando en representación de la empresa inspeccionada, constituyó una acción que expuso al trabajador a un riesgo no previsto ni controlado, y que derivó directamente en el accidente. Asimismo, se evidenció que el empleador no adoptó medidas preventivas adecuadas, tales como la supervisión efectiva de las labores propias del cargo asignado, conforme a lo estipulado en el contrato de trabajo, lo que pudo haber evitado el siniestro que finalmente causó lesiones en la mano y rodilla derechas del trabajador, conforme al numeral 4.6 de los hechos verificados del Acta de Infracción.

Al respecto, como se ha señalado de las normas antes invocadas, constituye obligación de todo empleador adoptar las acciones pertinentes orientadas a cumplir con su deber

En tal sentido, se advierte que la impugnante no ha dado cumplimiento a su obligación referida a la supervisión efectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo; toda vez que, de acuerdo a la normatividad vigente, es obligación del sujeto inspeccionado, identificar la existencia de condiciones o actos subestándares, de manera que se pueda proceder a su inmediata corrección, teniendo la estricta obligación de disponer de una supervisión adecuada, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores, situación que en el caso de autos no se ha dado.

Por tanto, luego de la revisión exhaustiva de los actuados y lo alegado por la impugnante, se evidencia la falta de una adecuada supervisión de parte de la impugnante respecto a las labores que realizaba el trabajador el día de ocurrido el suceso, para adoptar medidas preventivas de seguridad, la misma que no permitió garantizar la seguridad y salud del trabajador, el cual por orden del administrador de la inspeccionada, acompañó al trabajador que desempeñaba el puesto de repartidor motorizado para juntos dirigirse a la empresa El Rincón de la Sétima S.A.C., para el traslado de productos (tres pollos), es cuando en el trayendo en motocicleta fueron impactados por un vehículo, resultado afectado el señor David Alfredo Gálvez León, sufriendo el accidente de trabajo que le causó heridas cortantes y contusiones en la mano derecha y rodilla derecha, habiéndosele otorgado descanso médico desde el 22 de diciembre hasta el 24 de diciembre de 2019.

Por lo que, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 21 de diciembre de 2019. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no acreditar haber realizado la supervisión efectiva de las labores que realizaba el trabajador.

Respecto a los argumentos sostenidos por la impugnante, referido a que, el accidente fue causado por un tercero, por lo que la empresa no puede ser considerada responsable del hecho; sobre el particular, indicar que la existencia de un tercero en el accidente no exime al impugnante de su deber de prevención conforme a los artículos 48 y 54 de la LSST. El riesgo al que fue expuesto el trabajador fue creado por una decisión interna de la empresa (asignación indebida de funciones), y ello activa la responsabilidad del empleador por no prever los peligros asociados a tareas no propias del cargo ni evaluadas previamente. Por lo que la falta de previsión de los riesgos en tareas impuestas fuera del perfil de puesto constituye una omisión sustancial, aunque el daño se materialice por causas externas.

En suma, el uso de EPP no neutraliza la ausencia de supervisión efectiva. Los equipos de protección personal deben ser adecuados al tipo de riesgo del puesto y actividad asignada. En este caso, el trabajador era auxiliar de limpieza, y el riesgo vial no estaba previsto ni evaluado en su matriz IPER (numeral 4.4 hechos verificados del acta de infracción). Además, la urgencia empresarial no puede justificar la exposición indebida a riesgos no controlados, menos aún sin capacitación previa ni autorización. Por tanto, el

En relación al ejercicio del ius variandi por necesidad operativa por medio del cual la impugnante pretende justificar su accionar en la delegación temporal de funciones al trabajador; indicar que este debe ejercerse dentro de los límites de razonabilidad, legalidad y sin afectar derechos fundamentales del trabajador, en el caso en particular, la nueva función implicó un nivel de riesgo completamente diferente, no existió evaluación previa, ni capacitación, ni consentimiento informado, vulnerándose el derecho del trabajador a la protección de su integridad física y salud. Finalmente, sobre el argumento que señala que el administrador fue sancionado y por ello, se pide el atenuante de la multa; cabe señalar que la sanción interna al administrador no suple la responsabilidad de la impugnante, quien responde por la cadena de mando y los sistemas de control internos. Además, la responsabilidad inspectiva no es transferible al trabajador o a un tercero individual, sino que recae sobre la organización como titular de la relación laboral. Por lo que la amonestación no elimina la infracción cometida ni los efectos del incumplimiento de las obligaciones preventivas, en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En ese mismo sentido, no corresponde aplicar una reducción proporcional de la multa conforme al artículo 257.2.a del TUO de la LPAG ni a la Ley Nº 30222, toda vez que la infracción imputada es de carácter insubsanable por haber puesto en riesgo concreto la vida e integridad del trabajador, lo que se materializó en un accidente laboral con descanso médico. Asimismo, no se acreditó ninguna medida de subsanación voluntaria previa a la fiscalización ni durante el procedimiento administrativo sancionador. Finalmente, ya se aplicaron los criterios de gradualidad establecidos en la normativa vigente, por lo que no corresponde el pedido de reducción de la multa.

Todos los alegatos presentados lo logran desvirtuar la infracción imputada bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Lo que se sanciona no es únicamente el daño, sino la omisión de una supervisión efectiva, el desvío funcional no evaluado, y la exposición innecesaria a un riesgo no inherente al puesto. El empleador no adoptó medidas razonables y específicas para evitar el accidente, lo cual activa la responsabilidad administrativa, independientemente de la actuación de un tercero o de medidas reactivas posteriores. Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta –entre otras condiciones– a su tramitación dentro de un plazo

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina señala que la caducidad tiene las siguientes características:

Cabe precisar que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la Imputación de Cargos, sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador y, una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

En el presente caso, el procedimiento inició el 12 de marzo de 2021 con la notificación de la Imputación de Cargos N° 630-2020-SUNAFIL/ILM/AI3, de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Resolución), tenía hasta el 13 de diciembre de 2021 para emitir y notificar la resolución de sanción.

En el presente caso, la Resolución de Sub Intendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 06 de diciembre de 2021, notificada el 09 de diciembre de 2021, es decir, dentro del plazo máximo establecido en el TUO de la LPAG. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo siguiente: Figura N° 01:

(Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción)

Se notifica la Resolución de Sub Intendencia N° 1293- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5 (resolución sancionadora)

Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador

La caducidad operó (al día hábil siguiente del plazo máximo para resolver) Inicio del cómputo de plazo

En tal sentido, la Resolución de Sub Intendencia N° 1293-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 06 de diciembre de 2021, que resuelve en primera instancia administrativa el presente procedimiento, fue notificada a la impugnante, el 09 de diciembre de 2021, esto es, dentro del plazo máximo señalado en el párrafo precedente. Por tanto, no corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente sancionador, debiéndose desestimar los argumentos esgrimidos por la impugnante en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.