Municipalidad Provincial de Quispicanchi - Urcos — Res. 1045-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1186-2021-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 484-2021-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de tres (03) infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo; así como, por la comisión de una (01) infracción muy

Que, mediante Imputación de Cargos N° 450-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 21 de setiembre de 2021, notificada el 12 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 651-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, de fecha 03 de diciembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Cusco, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 144-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, de fecha 18 de febrero de 2022, notificada el 28 de febrero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 80,828.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 17 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 144-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0134-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, de fecha 18 de julio de 20222, la Intendencia Regional del Cusco, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 23 de agosto de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional del Cusco, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0134-2022- SUNAFIL/IRE CUSCO.

La Intendencia Regional del Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000475-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 31 de agosto de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0134-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, que confirmó la sanción impuesta de S/ 80,828.00, por la comisión, entre otras, de tres (03) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Del mismo modo, la doctrina sostiene que es “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”9. Además, se señala que “si bien, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva; el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”10.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”11.

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo. Así, el Glosario de Términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y falta de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron el accidente de trabajo padecido por los señores Brígido Arotaipe Ramos (Conductor de trimoto) y Germán Peralta Ccanahuire (Encargado de compostera), en fecha 14 de enero de 2021.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales12, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo13.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que:

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225- 2015, Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”14, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes del accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por los trabajadores accidentados, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó:

En ese entendido, corresponde analizar si las infracciones muy graves imputadas a la impugnante, presentan el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo

Respecto a la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen “la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales” (énfasis añadido).

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que “el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo” (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que la Matriz de Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles - IPER-C (Para Covid-19)16, exhibida por la inspeccionada, es para obras de infraestructura, y de acuerdo a lo manifestado por el representante en la comparecencia indicó que es la matriz IPER que tiene en la municipalidad. Por tanto, el sujeto inspeccionado, para las actividades que venían realizando los señores Arotaipe y Peralta el 14 de enero de 2021, fecha en la que ocurrió el accidente, no había realizado la identificación de los peligros y riesgos asociados a las tareas de: recojo de residuos sólidos, transporte de los residuos con destino al botadero y el retorno del botadero con la trimoto vacía. En tal sentido, se advierte, de las actuaciones inspectivas practicadas por los inspectores comisionados que, el sujeto inspeccionado no ha cumplido con su obligación de elaborar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos para adoptar medidas de control (IPER); por tanto, al no elaborar esta matriz no se identificaron los peligros y riesgos relacionados al puesto de trabajo y en las tareas que

Al respecto, cabe señalar que, es por medio de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), que el sujeto inspeccionado debió haber proporcionado a los trabajadores accidentados la información sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades que realizaban, que pudieron prevenir daños a la salud de los trabajadores; en la citada matriz también se deben incluir todas las actividades, tanto las denominadas rutinarias y no rutinarias, aquellas que se realizan dentro y fuera de las instalaciones, obligación que en el caso de autos no se verificó.

Sumado a ello, se advierte que dentro de las causas que ocasionaron el accidente de trabajo, se tiene que esta omisión fue definida como una CAUSA BÁSICA: FACTORES PERSONALES: (…) falta de conocimiento del trabajador en la identificación de peligros y evaluación de riesgos (…), en perjuicio de los señores Brígido Arotaipe Ramos (Conductor de trimoto) y Germán Peralta Ccanahuire (Encargado de compostera).

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 14 de enero de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con la Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a la supuesta interpretación errónea del artículo 11 del Decreto Supremo N° 017-2017-TR, pues, para que la IPERC sea elaborada y actualizada identificando los peligros presentes de la actividad que realizaban los trabajadores accidentados, requiere de la ocurrencia de un hecho similar anterior (otro accidente), que en el presente caso no había ocurrido. Sobre el particular, se ha comprobado que la impugnante no ha cumplido con su obligación de elaborar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos para adoptar medidas de control (IPER), y al no elaborar esta matriz no se identificaron los peligros y riesgos relacionados al puesto de trabajo y en las tareas que venían ejecutando los trabajadores el día que ocurrió el accidente; por lo que, los trabajadores no tenían conocimiento respecto a los peligros y riesgos existentes en su puesto de trabajo, sumado a ello, lo alegado por la impugnante no tiene asidero legal ni jurídico, pues la obligación relacionada a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, no está supeditada únicamente a la generación de hechos o sucesos anteriores, pues de conformidad al artículo 57 de la LSST y el artículo 82 del RLSST, se tiene que el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Respecto al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos señalar que, el artículo 38 de la LSST, establece que, la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa: a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otros derivados de la práctica preventiva (..).

Por su parte, el artículo 32 del RLSST, disponen lo siguiente:

En esa misma línea, el artículo 9 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-TR, establece:

Siendo esto así, en el presente caso, los inspectores comisionados, han dejado constancia en el Acta de Infracción que, la impugnante no tenía el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2021, en la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo, en tanto que, se ha corroborado que fue presentado por Gladys Silvia Quispe Qquero, jefe de seguridad y salud en el trabajo, revisado y aprobado por el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el jefe de Recursos Humanos y revisado y aprobado por el gerente municipal. Sobre este documento se indica que, en la fecha en que ocurrió el accidente no existía, toda vez que la señora Gladys Silvia Quispe Qquero no laboraba para el entonces inspeccionado, ya que de acuerdo a su manifestación y el contrato administrativo de servicios que presentó en la visita inspectiva del 16 de junio de 2021, ella empezó a laborar recién el 18 de mayo de 2021, y en el numeral 5 de dicho documento se aprecia que el entonces inspeccionado no cuenta con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y hace referencia al mes de junio de 2021, lo que corrobora que en la fecha en que ocurrió el accidente, la impugnante no contaba con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, en el numeral 13 del citado Plan, se advierte el cronograma de actividades del 2021, donde se aprecia que éstas están programadas desde el mes de mayo en adelante, lo que también evidencia de que, para el 14 de enero de 2021, fecha del accidente de trabajo, la impugnante no contaba con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 14 de enero de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no contar con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo a la fecha del accidente de trabajo.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que, sí cuentan con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, solo que este se elaboró después del accidente de trabajo, por tanto, señalan que, no puede sancionarse “por no haber elaborado el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo”, cuando en realidad se ha elaborado y aprobado dicho plan. Al respecto, alegan que, debe aplicarse el principio de racionalidad y proporcionalidad, dado a que en la Administración Pública los instrumentos de gestión, requieren de un tiempo prudencial, tanto más por cuanto no existe en la normativa una fecha tope para tener por elaborado y aprobado dicho plan y de existir es de obligación de la entidad sancionadora señalar la normativa, de lo contrario se vulnera el principio de legalidad y tipicidad.

Sobre el particular, se tiene que lo alegado por la impugnante no lo exime de responsabilidad, en tanto que, la obligación relacionada a la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una obligación permanente pues la planificación de la actividad preventiva no es una obligación que se tenga que ver suspendida al inicio de cada ejercicio. Por tanto, habiéndose corroborado que el citado plan fue elaborado con posterioridad al accidente de trabajo, se comprueba con ello que, no resulta pertinente para acreditar la existencia del citado documento de gestión en seguridad y salud en el trabajo, a la fecha del accidente de trabajo ocurrido a los señores Brígido Arotaipe Ramos (Conductor de trimoto) y Germán Peralta Ccanahuire (Encargado de compostera). En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Respecto a la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, se debe tener en cuenta que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que, si bien la inspeccionada exhibió el registro de charlas informativas y entrega de recomendaciones, se verifica que no ha cumplido con proporcionar a los trabajadores Brígido Arotaipe Ramos (Conductor de trimoto) y Germán Peralta Ccanahuire (Encargado de compostera), capacitaciones específicas en los peligros y riesgos relacionados a sus puestos de trabajo y funciones que desempeñaban, ya que los registros están referidos solo a charlas informativas y donde únicamente se ha dejado constancia de la asistencia del señor Germán Peralta Ccanahuire.

Por otro lado, realizadas las investigaciones respecto del accidente de trabajo de los señores Brígido Arotaipe Ramos y Germán Peralta Ccanahuire, se tiene que laboraron para la impugnante en la ocupación de Conductor de trimoto y Encargado de compostera, respectivamente, dejándose constancia en los hechos constatados del Acta de Infracción, las causas del accidente de trabajo siguientes:

Sumado a ello, se advierte de autos que, el propio sujeto inspeccionado recomienda como medida correctiva, la capacitación del personal en manejo en trochas, y se evidencia que ha cumplido con ejecutar esta medida preventiva, toda vez que ha acreditado haber capacitado en dicha materia al trabajador que actualmente labora conduciendo la moto carga en trocha (encargado de transportar los residuos sólidos recogidos en la ciudad de Urcos con destino a la compostera), habiendo acreditado dicho cumplimiento con el certificado y el registro de capacitación de fecha 16 de julio de 2021.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 14 de enero de 2021. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con el deber de formación e información de los trabajadores afectados.

Respecto a la infracción por no haber brindado capacitación a los trabajadores accidentados, la impugnante alega que no se ha valorado que, a partir del 02 de enero de 2021 han realizado charlas informativas a los trabajadores, tal como se acreditan en los registros de asistencia, en la cual se puede observar que uno de los trabajadores implicados aparece firmando dichas capacitaciones más no el otro, refieren que con esto se cumplía con la citada obligación, porque escapa de su responsabilidad que los trabajadores no concurran a dichas charlas. Sobre el particular, si bien refieren haber brindado charlas informativas a los trabajadores afectados, cabe señalar que no solo se trata de charlas informativas, sino de brindar capacitaciones que garanticen, oportuna y apropiadamente, la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica; sin embargo, esta situación no ha ocurrido, pues como prueba de dicho incumplimiento, es que se ha originado el accidente de trabajo que fue materia de investigación.

Asimismo, debe recordarse a la impugnante que, en cumplimiento del principio de prevención y el principio de información y capacitación, es obligación del empleador garantizar el establecimiento de medios y condiciones que protejan la salud y el bienestar de los trabajadores, así como garantizar la oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, lo que no ha sido constatado en el presente caso. En ese entendido, se verifica que de las acciones ejecutadas el día del accidente de trabajo, la impugnante incumplió con dicho deber de prevención. En tal sentido, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”17. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad18.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1119 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 23 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia”, notificado a la impugnante a través de la visita inspectiva realizada en fecha 16 de junio de 2021, por medio del cual se citó a la impugnante a la comparecencia en las instalaciones de la SUNAFIL Cusco, ubicada en la Av. Camino Real N° 100 - Cusco programada para el día 23 de junio de 2021 a las 9:30 horas, con el objeto de exhibir y/o presentar documentación referida al trabajador Arotaipe Ramos Brígido. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, el día y hora fijado, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a la diligencia programada, pese a encontrarse debidamente notificado, incurriendo en una infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

En ese entendido, como se ha establecido en el Acta de Infracción, el comisionado ha determinado como parte de los hechos constatados, en el numeral 4.3 que, “estando

Como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de la referida diligencia, alegando al respecto que, se ha realizado una motivación insuficiente, por cuanto en la solicitud de reprogramación que presentaron al requerimiento de comparecencia, sí, mencionan los motivos que justifican la solicitud y la inconcurrencia del representante, puesto que a la fecha no había designado un Procurador Público Municipal. Además, refieren que estaba sustentado en las consecuencias de la pandemia Covid-19 y los constantes cambios de personal; no obstante, señalan que el 25 de junio de 2021, se apersona de forma voluntaria la abogada Amparito Moscoso Valenzuela, siendo partícipe de la diligencia en la cual proporciona documentación.

Sobre el particular, debemos señalar que el literal a) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, establece que constituye condición eximente de la responsabilidad por infracciones el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada20. En similar sentido, el punto 7.1.5.2. de la versión 02 de la Directiva N° 001-2017- SUNAFIL/INII – “Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL (en adelante, la Directiva), señala respecto del caso fortuito o fuerza mayor lo siguiente: “(…) Respecto al literal a), caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada; deben estar referidas a hechos producidos antes de la primera actuación inspectiva en la cual participe el administrado, debiendo ser acreditado con documento público de fecha cierta, salvo que sean hechos de conocimiento público”.

Morón Urbina define al “caso fortuito” como: “(…) un proceso causal que no es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre y presenta un nexo causal entre la acción de éste y el resultado; no obstante, es un proceso que no resulta previsible. En todo sentido, se caracteriza por su imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación entre la voluntad del agente y el resultado”21.

Partiendo de ello, para considerar un evento como fortuito y eximente de responsabilidad, debe determinarse, en primer lugar, la existencia del evento y, adicionalmente, que este reviste de las características de extraordinario, imprevisible e irresistible22.

En el caso en particular, la impugnante alega que la inasistencia del representante se debió a los estragos de la pandemia y los cambios de personal. Al respecto, se tiene que, la impugnante debió prever dicha situación, ya que conforme se indicó, la notificación del requerimiento de comparecencia data del día 16 de junio de 2021 y considerando que la comparecencia fue programada para el 23 de junio de 2021, tuvo el plazo suficiente para delegar y/o designar a su representante a fin de que este comparezca a la diligencia de comparecencia programada por el inspector comisionado, por lo cual, no puede pretender eximirse de responsabilidad; por tanto, se evidencia que la impugnante no actúo diligentemente en atender a un requerimiento de comparecencia en virtud a su deber de colaboración con la inspección del trabajo.

En tal sentido, se puede advertir una secuencia en el proceder del sujeto inspeccionado que no permite apreciar que, en virtud a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, debía cumplir con la asistencia a la diligencia de comparecencia programada por los inspectores de trabajo como parte del desarrollo de las actuaciones inspectivas, de conformidad con el artículo 9 de la LGIT23. En tal sentido, se evidencia que la impugnante no actuó diligentemente, y que lo alegado no justifica la inasistencia a la diligencia de comparecencia.

Ahora bien, la impugnante debe entender que independientemente de haber cumplido o no con los posteriores requerimientos, en el presente procedimiento sancionador se analiza la conducta de no comparecer pese a haber existido el respectivo requerimiento; es así que, la administrada no debe perder de vista que la conducta infractora analizada, está orientada a sancionar la ausencia de cumplimiento por parte de la impugnante, esto por el incumplimiento al requerimiento de comparecencia, al no comparecer en la fecha señalada por el inspector actuante.

Asimismo, se debe señalar en el presente caso, dada la naturaleza de la infracción cometida, ésta de ninguna manera puede ser susceptible de subsanación, pues si bien la impugnante refiere haberse apersonado de forma voluntaria, en razón de la asistencia de la abogada en representación de la Municipalidad en fecha 25 de junio de 2021, siendo participe de la diligencia en la cual proporcionó documentación solicitada; debe tener presente que las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata y son

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participó de la referida diligencia, así como tampoco ha acreditado la existencia de una causal eximente de responsabilidad. Por lo que, el incumplimiento de su deber de diligencia, no la exime de responsabilidad, por la no participación de su representante en la diligencia de comparecencia de fecha 23 de junio de 2021, para la cual se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento en el referido requerimiento de comparecencia, advirtiendo que la inasistencia a la citada comparecencia constituye infracción a la labor inspectiva.

Por tanto, al no tener asidero legal, que la impugnante trate de deslindar su responsabilidad de no haber asistido a la comparecencia citada, corresponde desvirtuar lo argumentado en este extremo de su recurso de revisión. Por tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 144-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, como la Resolución de Intendencia N° 0134-2022-SUNAFIL/IRE CUSCO, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse respetado el

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.