Municipalidad Provincial de Maynas — Res. 64-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipo de Protección Personal, Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub Materia: Incumplimiento en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Sub materia: Cobertura en salud, en Invalidez - Sepelio), Gestión Interna de Seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes), Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia Condiciones seguridad). 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no acreditar la entrega de EPP a favor del trabajador Erwinson Vilca Viena; tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT, sancionada con una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no acreditar contar con el IPER del puesto de trabajo “poda de árboles”, correspondiente al trabajador Erwinson Vilca Viena; tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT, sancionada con una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no acreditar contar con el registro de accidente de trabajo respecto del trabajador Erwinson Vilca Viena; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT, sancionada con una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por incurrir en incumplimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como consecuencia el accidente de trabajo acaecido con fecha 09/07/2018, la muerte del trabajador Erwinson Vilca Viena; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, sancionada con una multa ascendente a S/ 271,093.50 soles.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 12 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, con una multa ascendente a S/ 11,309.00 soles.

i. La resolución apelada de manera arbitraria aclara la tipificación de la conducta imputada estableciendo que de manera errada se tipificó la conducta en el numeral 28.10, artículo 28 del D.S. 019-2006-TR, variándola al numeral 28.11 del artículo 28

del RLGIT, concluyendo que dicho cambio no afecta el derecho a la defensa. Con lo cual se transgrede el derecho a la defensa y la debida motivación de las resoluciones.

ii. El presente procedimiento es nulo, pues el Informe Final narra de manera genérica la forma en que se produjo el accidente de trabajo del señor Erwinson Vilca Viena, no cumpliendo con realizar la constatación de los hechos conforme lo señala en el numeral 2.22 de la resolución impugnada, que afirma que el inspector que suscribe el Acta de Infracción no efectuó la verificación en la fecha del accidente de trabajo y sin mayor fundamento concluye que las causas del siniestro fue por la falta de entrega de equipos de seguridad, sin señalar que EPPs eran los que correspondían se les proporcione al referido trabajador.

iii. La sanción impuesta ha sido indebidamente aplicada, al no tomarse en cuenta ninguno de los criterios establecidos en el artículo 38 de la LGIT, tales como la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados, debiéndose indicar que sólo hay un trabajador afectado, y no 731 como erróneamente se señala y sin sustento, debiendo ser revocada la multa impuesta.

iv. Se afecta el debido procedimiento, vulnerándose el derecho a la defensa y la debida motivación, al no haberse valorado los actuados que obran en el presente procedimiento, sin tomar en cuenta el lineamiento N° 13-2008, ni la Resolución Directoral N° 264 2008-MTPE/2/12.320.disposiciones normativas que no habían sido invocadas en sus descargos a la Imputación de Cargos.

i. El sujeto inspeccionado relata genéricamente que se ha vulnerado su derecho a la motivación de las resoluciones, limitándose sólo a transcribir pronunciamientos del Tribunal Constitucional, no sustentando su pedido ni adecuándolo a razones que dieran lugar a la referida transgresión, verificándose además, que la determinación de las sanciones ha sido desarrollada por la Sub Intendencia, mediante resolución acorde con los criterios exigidos en el artículo 47 del reglamento de la LGIT, así como con el debido respeto a todas las exigencias y garantías procedimentales de carácter constitucional. Se ha revisado minuciosamente cada acto administrativo emitido, llegando a la conclusión que cumplen con la debida motivación en el marco del sumo respeto a las garantías de carácter procedimental.

2 Notificada a la inspeccionada el 09 de septiembre de 2021.

ii. De la revisión del expediente instructivo y sancionador, se advierte que se ha respetado el debido procedimiento pues la impugnante ha incurrido en una serie de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, omisiones y negligencias que han ocasionado el accidente mortal del señor Erwinson Vilca Viena. La inspeccionada ha gozado de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento administrativo sancionador de manera que se le ha permitido ejercer su derecho de defensa dándole oportunidad de exponer sus argumentos.

iii. El inspector a cargo apenas tuvo conocimiento del accidente de trabajo, procedió a realizar las respectivas indagaciones requiriendo información con la finalidad de analizar el grado de responsabilidad del empleador, constatándose que el trabajador accidentado en el momento en que ejecutaba sus labores carecía de equipos de protección. Sin perjuicio de ello, aun cuando hayan ocurrido factores personales, la inspeccionada es quien se encuentra a cargo del cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que, antes del inicio de la tarea que provocó el accidente, el sujeto inspeccionado no acreditó que su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo contaba con los estándares de trabajo correspondientes. Este incumplimiento es uno de los factores que ocasionan el accidente. Respecto de las condiciones de seguridad existentes, si bien el inspector que suscribe el Acta de Infracción no efectuó la verificación en la fecha de producido el accidente, basados en la documentación exhibida y los antecedentes obtenidos, se concluye que, las causas del accidente de trabajo fueron la falta de condiciones y entrega de equipos de seguridad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Municipalidad Provincial De Maynas

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 9 Iniciándose el plazo el 10 de septiembre de 2021.

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 30 de septiembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 011-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, señalando los siguientes alegatos:

- La resolución en revisión de manera arbitraria no contesta sobre la pretensión referida a la actuación de la Sub Intendencia, quien aclara la tipificación de la conducta imputada estableciendo que de manera errada se tipificó la conducta en el numeral 28.10, artículo 28 del D.S. 019-2006-TR, variándola al numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, concluyendo que dicho cambio no afecta el derecho a la defensa. Con lo cual, la resolución impugnada transgrede el derecho a la debida motivación de las resoluciones, pues no explica mínimamente cómo esta aclaración no genera indefensión.

- El presente procedimiento es nulo, pues el Informe Final narra de manera genérica la forma en que se produjo el accidente de trabajo del señor Erwinson Vilca Viena, no cumpliendo con realizar la constatación de los hechos conforme lo señala en el numeral 2.22 de la resolución impugnada, que afirma que el inspector que suscribe el Acta de Infracción no efectuó la verificación en la fecha de producción del accidente de trabajo y sin mayor fundamento concluye que las causas del siniestro fue por la falta de entrega de equipos de seguridad, sin señalar que EPPs eran los que correspondían se les proporcione al referido trabajador.

- La sanción impuesta ha sido indebidamente aplicada, al no tomarse en cuenta ninguno de los criterios establecidos en el artículo 38 de la LGIT, tales como la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados, debiéndose indicar que solo hay un trabajador afectado y no 731 como erróneamente se señala y sin sustento, debiendo ser revocada la multa impuesta.

- Se afecta el debido procedimiento, vulnerándose el derecho a la defensa y la debida motivación, al no haberse valorado los actuados que obran en el presente procedimiento, sin tomar en cuenta el lineamiento N° 13-2008, ni la Resolución Directoral N° 264 2008-MTPE/2/12.320.

Del Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (El énfasis es añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (El énfasis es añadido).

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“(…) El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. (…)

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”. (STC 00091-2005-PA,

fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

11 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

estado de indefensión frente al procedimiento, lo que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 011-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 06 de mayo de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Loreto, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 014-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Loreto, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones, y remitir copia de los actuados a la Gerencia General para su trámite correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.16.

TERCERO- Notificar la presente resolución a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS y a la Intendencia Regional de Loreto, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA